Dice mucho acerca de una sociedad la forma en que esta responde a diferentes acontecimientos. En este respecto, las últimas semanas en Colombia ofrecen dos casos de particular interés: el anuncio de Ingrid Betancourt de su intención de demandar al Estado como responsable de su secuestro, y la negación de la visa para ingresar a los Estados Unidos al periodista Hollman Morris.
En el primero de ellos la respuesta de los medios de comunicación y de la ciudadanía es prácticamente igual al tratamiento que reciben algunas celebridades en otros países, en tanto que incluso hasta los mas íntimos detalles acerca de sus vidas empiezan a airearse. Cada aspecto relacionado con la noticia es seguido con detenimiento por una masa ávida de información de cualquier tipo, siempre y cuando esta sea de fácil asimilación. Así, en el caso de Betancourt aparece rápidamente un importante número de columnas de opinión y editoriales en los principales periódicos y revistas del país, así como artículos en blogs independientes, todo esto acompañado de un cubrimiento masivo en radio y televisión, mientras los grupos en las redes sociales crecen de forma exponencial. Salvo contadas excepciones, todos ellos comparten un aspecto: condenar la actitud de Betancourt y mostrar el rechazo a su iniciativa. Aunque tal vez un tema más de carácter legal que de opinión pública, este es un claro ejemplo de movilización.
Un marcado contraste aparece con el caso de Hollman Morris, a quien luego de recibir una beca de la Nieman Foundation para realizar estudios en la prestigiosa Universidad de Harvard, le fuera negada su visa para ingresar a los Estados Unidos, alegando normas sobre "actividad terrorista" que hacen parte de la llamada Ley Patriota de 2001. Los supuestos vínculos entre Morris y grupos terroristas, desde luego, no han sido probados, y por el contrario en varias ocasiones el periodista ha sido víctima de descalificaciones por parte de las FARC. Si bien la noticia de la negación de la visa ha aparecido en los principales medios de comunicación, no hay siquiera algo cercano a lo que se podría llamar una respuesta de la opinión pública frente a este hecho y su actitud ha sido más bien de silencio. Hay un evidente descontento, pero este proviene principalmente de organizaciones de periodistas y otras en defensa de los derechos humanos, como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión de Libertad de Prensa e Información, la Fundación para la Libertad, y el Comité de Protección a Periodistas, algunos de los cuales han dirigido comunicados a la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, solicitando reconsiderar la decisión. Contrario al caso mencionado anteriormente, los artículos de opinión en periódicos y revistas locales se pueden contar los dedos de una mano, el cubrimiento en otros medios masivos es bastante limitado, y las iniciativas ciudadanas en redes sociales así como los miembros en ellas, más bien escasas. Más aún, y de forma paradójica, tal vez las reacciones más fuertes han aparecido en medios norteamericanos como el Washington Post, el Los Angeles Times y el Latin American Herald Tribune, entre otros.
Morris, quien dirige el programa de televisión Contravía, se ha caracterizado por ser un duro crítico de las políticas del Estado colombiano en los últimos años, por investigar y hacer públicos temas como los nexos entre Estado y paramilitarismo, así como los repetidos abusos en términos de violación de derechos humanos por parte de la administración que termina. Su labor le ha hecho merecedor de importantes reconocimientos a nivel local, como el Premio India Catalina a Contravía como el mejor programa periodístico, y el Premio Nacional Simón Bolivar a mejor crónica en televisión. A nivel internacional, Morris ha recibido el premio de Human Rights Watch en 2007 por su trabajo a favor de los derechos humanos, y el premio Internacional a la Libertad de Prensa de 2007 en Canadá, entre otros.
Desafortunadamente, su reconocida carrera periodística también le ha significado múltiples amenazas a su vida que hace algunos años lo obligaron al exilio temporal en España, y más recientemente a ser víctima de la campaña de desprestigio llevada a cabo durante los últimos años contra la Corte Constitucional, periodistas críticos del gobierno y la oposición en general. En meses pasados salían a la luz pública documentos encontrados en las oficinas del DAS donde aparecen pruebas de los objetivos trazados para el espionaje de cada uno de estos sectores, así como la manipulación de la información que conocería el país a través de algunos medios de comunicación. En uno de estos documentos -en papel membreteado con los escudos de la República de Colombia y del DAS- aparece Hollman Morris como uno de los blancos de los planes de espionaje y desinformación, en el que se establece como objetivo: "iniciar campaña desprestigio (sic) a nivel internacional a través de las siguientes actividades: comunicados; inclusión video FARC." y a renglón seguido: "Gestionar la suspensión de la visa." En repetidas ocasiones el gobierno ha desconocido sus vínculos con estos planes y pareciera que se quiere dar la apariencia de que la agencia de inteligencia llevaba a cabo estas actividades como simple entretenimiento de sus funcionarios sin ningún objetivo político de fondo.
Supongamos por un momento que la versión del gobierno es cierta y que este no es responsable por lo que aparece en los documentos mencionados. ¿Sería la respuesta del gobierno ante el caso de la negación de visa a Morris, exactamente igual a la que hasta ahora ha mostrado, es decir, de total silencio? ¿Estaría el gobierno igual de cómodo si periodistas amigos del régimen y cercanos al Palacio de Nariño recibieran el mismo tratamiento que Morris? Si bien las relaciones de Colombia con los Estados Unidos han sido caracterizadas históricamente por una marcada asimetría en el poder de las partes, en ocasiones anteriores la voz de protesta del gobierno colombiano se ha hecho escuchar cuando ministros o miembros del servicio diplomático han sido maltratados en aeropuertos internacionales o atacados por los medios de comunicación de otros países, incluido los Estados Unidos.
Desde luego, el gobierno saliente no puede estar más satisfecho con estos acontecimientos, más aún cuando el mismo presidente el año pasado acusaba a Morris de complicidad con las FARC y de hacer "apología del terrorismo"; extrañas acusaciones contra un periodista que también ha recibido el rechazo de las organizaciones criminales con las cuales buscan relacionarlo.
Si bien no es sorprendente la respuesta del gobierno ya que el resultado se acomoda perfectamente a sus intereses, sí es desoladora la respuesta de la opinión pública: el silencio fúnebre que ha acompañado estos hechos. Es incomprensible cómo en algunos casos el país se levanta y descarga toda su rabia mostrando su inconformismo e indignación ante ciertos temas, mientras que en otros, como las persecuciones a la oposición, violaciones de derechos humanos, espionaje y campañas de desinformación, pasan a ser considerados simples "lunares de un gran gobierno". Antes se hablaba de un país dormido ante cualquier hecho público, pero las marchas, discusiones en foros y membresía en redes sociales muestran que esto no necesariamente es así. Ojalá estas movilizaciones no sólo sirvieran para legitimizar los errores del Estado sino que también se centraran en objetivos más trascendentales como la libertad de expresión, el derecho a la vida, y la transparencia del gobierno.
Deja también mucho que desear la postura de la admiminstración Obama al impedir la entrada de un destacado defensor de los derechos humanos a un país cuyo discurso en los últimos años se ha basado en la difusión de la democracia. ¿Están acaso la defensa de los derechos humanos y la verdad en contra de la promoción de la democracia? Esto, sin duda, está en contra del discurso usado para intervenir en Irak y Afganistán y deja un mal precedente para "aventuras democráticas" futuras.
Versión en Coordinación Colombiana de Medios Alternativos
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