Más allá de las actividades relacionadas con temas de defensa, con las que usualmente se asocia a los diferentes ejércitos nacionales, estos se involucran en actividades productivas que en muchos casos llegan a tener un impacto importante en la economía. El ejemplo tradicional es el de la industria militar, que con la creciente complejidad asociada a la producción de armamento desde finales del siglo XIX propició la emergencia de industrias dedicadas exclusivamente a ello. En muchos de estos casos los militares se vinculan a los procesos productivos e incluso llegan a tener un control completo sobre los sectores involucrados. No obstante, varios ejércitos han tenido un papel mucho más importante en la economía. En Latinoamérica, por ejemplo, han estado presentes en los sectores de petróleo y acero (Argentina y Brasil), turismo y agricultura (Cuba) y fondos de pensiones (El Salvador, Honduras y Guatemala) entre otros, con potenciales efectos importantes en la vida política de estas sociedades.
El último número del Latin American Politics and Society incluye un artículo de Kristina Mani que busca entender algunas de las implicaciones de la labor del ejército en diferentes sectores de la economía. Su mayor presencia se ve incentivada por su nivel de coordinación interno, su capacidad de movilización para atender necesidades inmediatas y su bien definida estructura jerárquica; sin embargo, esto también genera importantes retos para sociedades con instituciones democráticas débiles. Primero, estas actividades económicas generan cierta autonomía presupuestal para el ejército, lo que reduce su dependencia de los gobiernos civiles; segundo, el acceso del ejército a los recursos del Estado -por medio de contratos- contribuye a perpetuar prácticas clientelistas; y, tercero, al involucrarse en la actividad productiva, el ejército desvía la atención prestada a los temas de defensa nacional.
Para entender la relación entre ejércitos empresariales y el resto de la sociedad la autora distingue dos tipos de empresas militares en la región: industrializadoras –cuyo objetivo es reducir la dependencia de la inversión extranjera-, y las que “construyen nación” –dedicadas a promover el desarrollo social y mejorar la distribución del ingreso y la cohesión social. Utilizando un enfoque histórico-institucional, Mani propone tres factores que determinan el éxito y duración de estas empresas: una coyuntura económica crítica que obliga a revisar las prioridades económicas del ejército; las prioridades estratégicas de las fuerzas armadas; y las oportunidades coalicionales de los militares.
Así, compara inicialmente los casos de Argentina y Brasil, donde la Gran Depresión desató importantes cambios en los modelos económicos y abrió las puertas a una creciente intervención estatal. En los dos países, las necesidades estratégicas de los militares se concentraban en las áreas de defensa nacional y adquisición de armamento, pero difirieron en las oportunidades coalicionales que encontraron en la sociedad. En Brasil, el modelo de Estado Novo de Getulio Vargas asignaba un papel preponderante a las fuerzas armadas, lo que les significó importantes prerrogativas para el desarrollo de su industria, algo que se mantuvo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En Argentina, por el contrario, el ejército encontró grandes obstáculos para formar una coalición fuerte con las élites burocráticas y del sector privado en la era post-Perón. Así, tras el fin de las dictaduras, mientras en Brasil el ejército continuó controlando el sector de defensa, en Argentina el modelo militar-empresarial quedó totalmente deslegitimado.
Tras el abandono parcial del modelo de estado interventor durante los años noventa, este volvió a cobrar importancia en la última década; no obstante, en términos de industrialización, el ejército ha estado subordinado al control civil en la planeación de proyectos y toma de decisiones
Ahora, en cuanto al papel del Estado como "constructor de nación", Mani compara los casos de Cuba y Ecuador. En el primero se destaca el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la construcción del orden socialista bajo las órdenes del Partido Comunista. Esto se traduce en un alto nivel de coordinación que -de acuerdo a la autora- ha sido esencial para sortear la crisis generada tras el fin de la Guerra Fría e iniciar transformaciones económicas sin tener que recurrir al abandono de la ideología. En Ecuador, por el contrario, muchas de las iniciativas de los militares eran vistas con escepticismo por parte de la empresa privada, lo que imposibilitó el desarrollo de un ejército empresarial.
A diferencia de los ejércitos con actitud industrializadora, otros países de la región han dado un papel más importante al ejército en el proceso de "construcción de nación", como es el caso de las permanentes intervenciones en Bolivia y Venezuela en provisión de servicios públicos, promoción de desarrollo económico y control del petróleo.
Como lo indica la autora, las complicaciones que surgen a partir de la involucración del ejército en este tipo de actividades es que aparte de la autonomía presupuestal, acceso a recursos estatales y continuación de prácticas clientelistas, que se mencionaron antes, el ejército consigue legitimidad ante las masas, lo que significa que está en capacidad de combinar recursos económicos y apoyo popular para desafiar un sistema democrático. De esta forma, si el ejército va a jugar un papel importante en la economía, es necesario garantizar que esté bajo permanente control civil; en tanto las instituciones democráticas no estén en pie y firmes, es indeseable un ejército relativamente autónomo tanto presupuestal como operativamente.
Finalmente, un tema importante que no aparece en el estudio y que merece una investigación detallada, es el de ejércitos legales que desarrollan, promueven o apoyan de forma clandestina actividades productivas o de prestación de servicios de carácter ilegal: por ejemplo, tráfico de armas, drogas, personas, crimen organizado o ejércitos privados ilegales. En estos escenarios, la autonomía de las instituciones castrenses y su acceso a recursos públicos, combinado con los intereses de sectores –legales e ilegales- que se benefician de llevar prácticas al margen de la ley, pueden consolidarse como importantes desafíos a sistemas democráticos o convertirse en obstáculos para el avance de políticas que buscan mejorar el bienestar social y económico de la población.
No sorprende mucho que en sociedades donde la democracia es aún bastante débil y las Fuerzas Armadas juegan un papel protagónico, aparezcan todo tipo de dificultades para la aprobación e implementación de políticas públicas progresistas que podrían aliviar algunos de los problemas más acuciantes del grueso de la población. Las Fuerzas Armadas deben tener el respaldo de la sociedad, desde luego; pero si lo que se busca es consolidar una verdadera democracia, los intereses militares –legales o ilegales- no pueden estar por encima de aquellos de la sociedad.
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Referencias
Mani, Kristina (2011) Military Entrepreneurs: Patterns in Latin America. Latin American Politics and Society, Vol. 3, No. 53, Fall.
El último número del Latin American Politics and Society incluye un artículo de Kristina Mani que busca entender algunas de las implicaciones de la labor del ejército en diferentes sectores de la economía. Su mayor presencia se ve incentivada por su nivel de coordinación interno, su capacidad de movilización para atender necesidades inmediatas y su bien definida estructura jerárquica; sin embargo, esto también genera importantes retos para sociedades con instituciones democráticas débiles. Primero, estas actividades económicas generan cierta autonomía presupuestal para el ejército, lo que reduce su dependencia de los gobiernos civiles; segundo, el acceso del ejército a los recursos del Estado -por medio de contratos- contribuye a perpetuar prácticas clientelistas; y, tercero, al involucrarse en la actividad productiva, el ejército desvía la atención prestada a los temas de defensa nacional.
Para entender la relación entre ejércitos empresariales y el resto de la sociedad la autora distingue dos tipos de empresas militares en la región: industrializadoras –cuyo objetivo es reducir la dependencia de la inversión extranjera-, y las que “construyen nación” –dedicadas a promover el desarrollo social y mejorar la distribución del ingreso y la cohesión social. Utilizando un enfoque histórico-institucional, Mani propone tres factores que determinan el éxito y duración de estas empresas: una coyuntura económica crítica que obliga a revisar las prioridades económicas del ejército; las prioridades estratégicas de las fuerzas armadas; y las oportunidades coalicionales de los militares.
Así, compara inicialmente los casos de Argentina y Brasil, donde la Gran Depresión desató importantes cambios en los modelos económicos y abrió las puertas a una creciente intervención estatal. En los dos países, las necesidades estratégicas de los militares se concentraban en las áreas de defensa nacional y adquisición de armamento, pero difirieron en las oportunidades coalicionales que encontraron en la sociedad. En Brasil, el modelo de Estado Novo de Getulio Vargas asignaba un papel preponderante a las fuerzas armadas, lo que les significó importantes prerrogativas para el desarrollo de su industria, algo que se mantuvo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En Argentina, por el contrario, el ejército encontró grandes obstáculos para formar una coalición fuerte con las élites burocráticas y del sector privado en la era post-Perón. Así, tras el fin de las dictaduras, mientras en Brasil el ejército continuó controlando el sector de defensa, en Argentina el modelo militar-empresarial quedó totalmente deslegitimado.
Tras el abandono parcial del modelo de estado interventor durante los años noventa, este volvió a cobrar importancia en la última década; no obstante, en términos de industrialización, el ejército ha estado subordinado al control civil en la planeación de proyectos y toma de decisiones
Ahora, en cuanto al papel del Estado como "constructor de nación", Mani compara los casos de Cuba y Ecuador. En el primero se destaca el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la construcción del orden socialista bajo las órdenes del Partido Comunista. Esto se traduce en un alto nivel de coordinación que -de acuerdo a la autora- ha sido esencial para sortear la crisis generada tras el fin de la Guerra Fría e iniciar transformaciones económicas sin tener que recurrir al abandono de la ideología. En Ecuador, por el contrario, muchas de las iniciativas de los militares eran vistas con escepticismo por parte de la empresa privada, lo que imposibilitó el desarrollo de un ejército empresarial.
A diferencia de los ejércitos con actitud industrializadora, otros países de la región han dado un papel más importante al ejército en el proceso de "construcción de nación", como es el caso de las permanentes intervenciones en Bolivia y Venezuela en provisión de servicios públicos, promoción de desarrollo económico y control del petróleo.
Como lo indica la autora, las complicaciones que surgen a partir de la involucración del ejército en este tipo de actividades es que aparte de la autonomía presupuestal, acceso a recursos estatales y continuación de prácticas clientelistas, que se mencionaron antes, el ejército consigue legitimidad ante las masas, lo que significa que está en capacidad de combinar recursos económicos y apoyo popular para desafiar un sistema democrático. De esta forma, si el ejército va a jugar un papel importante en la economía, es necesario garantizar que esté bajo permanente control civil; en tanto las instituciones democráticas no estén en pie y firmes, es indeseable un ejército relativamente autónomo tanto presupuestal como operativamente.
Finalmente, un tema importante que no aparece en el estudio y que merece una investigación detallada, es el de ejércitos legales que desarrollan, promueven o apoyan de forma clandestina actividades productivas o de prestación de servicios de carácter ilegal: por ejemplo, tráfico de armas, drogas, personas, crimen organizado o ejércitos privados ilegales. En estos escenarios, la autonomía de las instituciones castrenses y su acceso a recursos públicos, combinado con los intereses de sectores –legales e ilegales- que se benefician de llevar prácticas al margen de la ley, pueden consolidarse como importantes desafíos a sistemas democráticos o convertirse en obstáculos para el avance de políticas que buscan mejorar el bienestar social y económico de la población.
No sorprende mucho que en sociedades donde la democracia es aún bastante débil y las Fuerzas Armadas juegan un papel protagónico, aparezcan todo tipo de dificultades para la aprobación e implementación de políticas públicas progresistas que podrían aliviar algunos de los problemas más acuciantes del grueso de la población. Las Fuerzas Armadas deben tener el respaldo de la sociedad, desde luego; pero si lo que se busca es consolidar una verdadera democracia, los intereses militares –legales o ilegales- no pueden estar por encima de aquellos de la sociedad.
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Referencias
Mani, Kristina (2011) Military Entrepreneurs: Patterns in Latin America. Latin American Politics and Society, Vol. 3, No. 53, Fall.
