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| Foto: Roberto D'Aubuisson. Fuente: Wikipedia |
El viernes pasado el Presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de la masacre del corregimiento de El Salado, la peor masacre cometida por grupos paramilitares en Colombia. En su declaración, Santos reconoce las fallas del Estado, la condición de víctimas de quienes allí perdieron su vida, familiares, bienes o tierras, al tiempo que destaca el esfuerzo del gobierno en reparar el dolor causado por los grupos violentos. En un país marcado por la polarización ideológica, este tipo de actos apunta en la dirección correcta en términos de avanzar en el lenguaje del conflicto; en reconocer a las víctimas por lo que son en lugar de buscar posibles justificaciones a las atrocidades, y en transformar el discurso y el imaginario colectivo en torno a las partes involucradas en el conflicto armado.
En el caso de El Salado, como en otras de las masacres cometidas por paramilitares, se tiene un aceptable balance histórico de los hechos, las víctimas y sus victimarios (Ver, por ejemplo, www.verdadabierta.com). Sin embargo, los avances en términos de la concientización de la sociedad civil respecto a estos acontecimientos y sus responsables son bastante cuestionables, lo que impide pasar la página y pensar en un escenario ideológico diferente al que ha generado tanto daño.
La experiencia de otros países en su intento por superar períodos de conflicto violento muestra algunas de las dificultades asociadas al manejo del discurso de guerra y de eventual reconciliación. En un estudio reciente publicado en el Human Rights Quarterly, Julie M. Mazzei muestra el limitado avance de El Salvador en modificar su discurso público más de diez años después de las revelaciones hechas por la Comisión de la Verdad tras los acuerdos de paz de 1992. Así, mientras los victimarios no reciben una condena social por sus actos –siguen siendo admirados y despiertan fervor en varios sectores de la población-, las víctimas siguen siendo identificadas como "insurgentes" o "terroristas". Roberto D'Aubuisson, por ejemplo, quien fuera encontrado responsable de organizar escuadrones de la muerte que torturaron y asesinaron a miles de salvadoreños durante la guerra civil, organizó uno de los dos partidos más importantes, la Alianza Republicana Nacional (ARENA) de centro-derecha; al mismo tiempo, para muchos de sus seguidores D’Aubuisson es un "héroe", que trajo al país "Paz, Progreso y Libertad", por lo cual "hay que trabajar por [sus] principios". De forma paralela, los desmovilizados y demás integrantes del hoy partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), siguen siendo estigmatizados de acuerdo a categorías propias del período de conflicto.
En las ciencias sociales se ha identificado el discurso -hablado y escrito- como un medio fundamental por el cual compiten diferentes grupos y que representa una fuente específica de poder, explica la autora. Controlar el discurso público implica tener la posibilidad de legitimar y mantener la dominación institucional y a su vez perpetuar los significados de dicho discurso, el cual, como es de esperarse, es típicamente controlado por los grupos económicos más poderosos. Una Comisión de la Verdad, más allá de su tarea en la reconstrucción de los hechos, debe contribuir a la creación de un nuevo orden moral y político, para lo cual es necesario proveer los medios que permitan hacer un quiebre en la dominación del discurso. Así, es necesario reconocer que ciertas acciones fueron indebidas, ilegales e ilegítimas, lo que implica reconocer a quienes fueron objetivo de tales acciones como víctimas y a sus responsables como victimarios.
Mazzei explica que quienes cometieron las atrocidades en El Salvador no contaron su versión de los hechos públicamente, mientras que las víctimas no tuvieron la oportunidad de hablarle al país ni pudieron retar el discurso existente que los identifica como "insurgentes" y "comunistas". Contrasta esto con los casos de Chile, donde el Presidente Aylwin pidió perdón a las víctimas en nombre de las instituciones del Estado, y el de Argentina donde el Presidente Alfonsín dio a las cortes los nombres de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
El estudio concluye que tras establecer la verdad se requiere más que reformas institucionales y cambios estructurales. Es necesario un cambio de largo plazo en el discurso, que reemplace las categorías con las que se abordaba el conflicto y que, por ese camino, ubique a cada una de las partes en su respectivo lugar; es también necesario deslegitimizar el discurso previamente existente ya que, de una u otra forma, este justificaba las atrocidades.
A pesar del largo camino que Colombia necesita recorrer en términos de reconocer y reparar a sus víctimas, actos como el del pasado viernes por parte del gobierno son destacables. Sin embargo, no sólo es necesario que la sociedad civil exija muchas más iniciativas de este tipo sino que, como iniciativa propia, empiece a transformar su visión del conflicto y las categorías con que se refiere a cada una de las partes. Ya es hora de dejar de culpar a las víctimas por su tragedia y de empezar a señalar a los verdaderos responsables; en este respecto, fallos judiciales como los relacionados con la parapolítica deberían ser internalizados por toda la sociedad si esperamos algún día superar la espiral de violencia de estas décadas.
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Referencias:
El Espectador, Julio 8, 2011 "Santos pide perdón por masacre de El Salado."
Mazzei, Julie M. (2011) Finding Shame in Truth: The Importance of Public Engagement in Truth Commissions. Human Rights Quarterly Vol. 33, 431–452.
Ruiz, Marta (2008) Masacre de El Salado, Bolivar. Verdad Abierta, Agosto de 2008.
