El Contrabando y la Fragilidad del Sistema Político

El negocio de la importación ilícita de mercancías golpea duramente la economía nacional en tanto el Estado deja de recibir los recursos que deben pagar quienes se benefician del comercio transfronterizo. En los casos de licores y cigarrillos, el contrabando significa para los departamentos colombianos la pérdida de una de sus principales fuentes de recursos, con lo que se afectan también la inversión en salud, educación y deporte.

Desembarque en Puerto Nuevo, La Guajira

También se ven perjudicadas por el contrabando las empresas que juegan bajo las reglas de la legalidad, ya que al hacerlo incrementan sus costos y los precios que cobran, con lo que a su vez se desincentiva la demanda por sus productos. Los consumidores, por su parte, enfrentan importantes dificultades al reclamar por la calidad de sus productos ya que, como es lógico, quienes venden mercancías de contrabando no ofrecen las garantías que sí brindan aquellos en la legalidad. 

Con este panorama, pareciera que las consecuencias del contrabando, aunque significativas, se restringieran únicamente a la esfera económica de la vida del país. Así, un manejo más eficiente de los recursos tanto del gobierno nacional como de las entidades sub-nacionales, a través de programas de inversión social, bastaría para solventar las dificultades mencionadas. Más aun, si la situación fuera la descrita, ¿qué necesidad habría de utilizar los recursos de la nación -fuerza pública, tecnología, funcionarios de diferentes instituciones del Estado- en atacar el contrabando y agotar lo que, según gran parte de la opinión pública, es la única oportunidad de empleo de muchos ciudadanos y, por consiguiente, aceptable?

Desafortunadamente, la realidad está lejos de ser así. Es claro que el comercio informal en zonas de frontera es más que normal y carece de toda lógica desviar recursos a perseguir y criminalizar personas que simplemente, de acuerdo a una racionalidad económica básica, compran los productos de la canasta básica en el lado de la frontera donde resulte más beneficioso. No es ese tipo de práctica la que nos preocupa.

Sin embargo, el negocio del contrabando no se restringe a personas que cruzan una línea imaginaria para hacer sus compras; en mercancías como el combustible, licores, cigarrillos, y múltiples víveres, la actividad transfronteriza está controlada por poderosas organizaciones criminales con enormes recursos económicos, y en varios casos, también con importante poder político.

La reciente experiencia de Paraguay es bastante útil para mostrar el alcance del fenómeno del contrabando a gran escala. En Ciudad del Este, ubicada en el sureste paraguayo, y donde coinciden sus fronteras con Brasil y Argentina, múltiples actores ilegales han aprovechado su posición geográfica favorable para el comercio ilegal de drogas, armas y, en especial, cigarrillos. Actualmente Paraguay produce cerca del 10% del tráfico mundial de cigarrillos ilegales, con una estructura de costos inferior incluso a la de China, la permanente violación de cualquier mínimo estándar de calidad, y una producción anual de cerca de 70 mil millones de cigarrillos, que representan alrededor de US$1000 millones. Hasta ahí nada muy lejano de la percepción generalizada sobre este tipo de negocios ilegales.

Horacio Cartes. Fuente: Despierta Paraguay

No obstante, la historia va más allá. Detrás de esta actividad se encuentran personajes como el empresario y dirigente deportivo Horacio Cartes, quien hizo parte de su fortuna en los negocios del comercio de licor y cigarrillo y que, de acuerdo con el portal WikiLeaks, ha utilizado sus empresas para coordinar una red internacional de lavado de activos. Cartes ha sido vinculado con el juicio político del pasado mes de junio que terminó con la remoción de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay, es actualmente precandidato a la presidencia del país suramericano y favorito para ganar las elecciones del próximo año; consecuencias impensables si seguimos considerando el contrabando como un simple negocio transfronterizo de ciudadanos comunes.

Más allá de su impacto en las finanzas nacionales y regionales, este tipo de situaciones muestra el desafío que ofrece el contrabando a la misma institucionalidad de los países tolerantes con esta práctica. Las jugosas ganancias que genera esta actividad ilícita, y la menor atención que recibe frente a otras que parecieran ser más acuciantes, convierten al contrabando en una amenaza latente al sistema político y a la continuidad de los regímenes democráticos, como bien lo ilustra la experiencia reciente de Paraguay.

Así, las implicaciones económicas, sociales y políticas del contrabando obligan a que éste ocupe una posición alta en la lista de prioridades del Estado. En un país que ha sido víctima de todo tipo de criminalidad, el fracaso en enfrentar este fenómeno abre también una puerta a la inestabilidad política, condición determinante del atraso social y económico.

Desembarque en Puerto Nuevo, La Guajira (Agosto de 2012):

Contrabando e Instituciones en La Guajira

El pasado martes en el puesto de control de la Policía cerca al municipio de Cuestecitas, departamento de La Guajira, dos policías fueron heridos por ataques de contrabandistas de combustible, uno de ellos con disparo de bala de escopeta. Durante la madrugada del jueves, seis carrotanques cargados de gasolina pasaron disparando sobre el puesto de control, sin importar el llamado de la fuerza pública por detenerlos, ni su respuesta ante los ataques de los transportadores del líquido. 

Como siempre que se establecen este tipo de controles, durante esta semana la situación en la carretera ha sido bastante tensa, con un permanente desafío a la autoridad, acciones violentas y ataques planeados por parte de los contrabandistas. El objetivo buscado con estas prácticas es llevar el combustible de origen venezolano hacia el interior del país y así obtener una ganancia a partir del importante diferencial de precios respecto a aquellos que se pagan más al norte. 

En las carreteras del departamento son frecuentes los accidentes de tránsito a causa de las altas velocidades a las que viajan todo tipo de vehículos cargados de combustible -las llamadas Caravanas de la Muerte (ver vídeos al final)-, hasta el punto que parte de los paisajes del departamento son algunos de ellos calcinados a los lados de la carretera. Mientras tanto, las calles de Cuestecitas están abarrotadas de combustible, y su población -incluyendo menores de edad-, circula tranquilamente por ellas, como si en lugar de gasolina y ACPM se tratara de víveres o manufacturas; hace algunos meses un accidente en la vía amenazó con, literalmente, hacer explotar el pueblo. 

Al hablar con la comunidad acerca de estos hechos, su respuesta es que el contrabando es la única actividad económica posible, que existe una total falta de proyectos productivos para la región y que, al fin y al cabo, durante toda su vida se han dedicado a practicas como las mencionadas, ya sea con combustible o con cualquier otro tipo de mercancías. 

Esto es poco sorprendente. Lo que sí llama la atención es que muchas personas influyentes en la región utilicen las mismas explicaciones para justificar situaciones como las que a diario se viven en las carreteras de La Guajira. Es decir, pareciera que las pocas oportunidades que ofrece el departamento, así como el arraigo cultural que tienen muchas de las prácticas comerciales de la población, la condenaran a realizar actividades delictivas y altamente riesgosas durante toda su vida. 

Utilizar del problema social como explicación para la situación de ilegalidad en que vive buena parte del la población de La Guajira equivale a perpetuarla y, por ese camino, perpetuar también los lamentables indicadores socio-económicos que ubican a este departamento como el más pobre y desigual del país. 

Sin embargo, la cultura y la falta de oportunidades no son las únicas respuestas típicas a los problemas de La Guajira. En algunos casos estas se abandonan y se opta por la falta de presencia del Estado -entendiéndola como el giro de recursos desde el gobierno central hacia el departamento-, creyendo que esta será la solución mágica a los problemas estructurales del mismo. Pareciera querer ignorarse el avanzado estado de captura de los procesos de contratación en el departamento, y lo infructuosos que, por décadas, han resultado los recursos que la nación ha destinado al mismo. 

En cambio, es poco lo que se dice acerca del funcionamiento de las instituciones políticas de La Guajira, variable fundamental para el desarrollo económico. Situaciones como el permanente irrespeto a la autoridad, la virtual ausencia del imperio de la Ley, los limitados procesos de rendimiento de cuentas y respuesta por parte de sus gobernantes, el lamentable funcionamiento de la justicia en el departamento, y un silencio cómplice de los entes competentes frente a todos estos fenómenos, sólo sirven para profundizar el vacío institucional de La Guajira. Esto, a su vez, genera condiciones aún más adversas para el inicio de un proceso de desarrollo que beneficie a la comunidad, y que logre, por fin, romper el círculo vicioso de atraso e ilegalidad. 

Tal vez deberíamos empezar por revisar el funcionamiento de estas instituciones, y condenar los ataques –violentos, legales y tácitos-, a la institucionalidad del departamento, en lugar de seguir utilizando la excusa del “tema social” o de la cultura como excusa para condenar a una comunidad al atraso y la marginación. Estos han sido un caballito de batalla útil para evitar el inicio de una lucha frontal contra la ilegalidad, pero al mismo tiempo han servido para perpetuar las duras realidades del departamento.

Adenda: Mientras termino de escribir este artículo me llega información de que en Cúcuta, algunos habitantes se han tomado el puente Simón Bolívar y han quemado instalaciones de la Dian como resultado de un operativo frente al contrabando de arroz,.... 

Aquí, más información sobre estos hechos:

http://www.rcnradio.com/noticias/protesta-en-zona-fronteriza-de-cucuta-por-operativos-contra-el-contrabando-16088

http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/maleteros-quemaron-puestos-de-control-de-la-dian_12141643-4

Video Caravanas de la Muerte: 

Video ataque a vehículo de la fuerza pública:

El Encuentro Chávez-Santos y las Soluciones Maximalistas

El día de ayer se llevó a cabo la esperada reunión entre los mandatarios de Colombia y Venezuela, la cual se había visto aplazada desde junio a causa de la enfermedad de Hugo Chávez. Como antesala a esta reunión, la semana pasada el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, en reunión con líderes de la oposición venezolana sugirió la redacción de un manifiesto en donde se le increpara a Santos su cercanía con el Presidente venezolano. Su argumento: los principios democráticos no tienen precio y no se pueden negociar a cambio de 800 millones de dólares que es lo que se ganaría tras la normalización de las relaciones comerciales con el país vecino.

A partir de ese momento varios medios de comunicación han asumido la dicotomía propuesta por el ex presidente como suya: ¿Qué vale más: el comercio o la democracia? La pregunta resulta en sí misma tendenciosa y de alguna forma obliga a una respuesta “políticamente correcta” en la que el cuestionado tiene que inclinarse por la segunda opción: los principios democráticos no se pueden sacrificar a cambio de ningún incremento en el volumen de comercio. ¿Cómo podría ser de otra forma?

Más aún, dado que instrumentos regionales como la Carta Democrática Interamericana indican el férreo compromiso de los países signatarios con la democracia, pareciera interpretarse la posición de acercamiento de Santos al gobierno de Chávez como una afrenta a la misma por parte de Colombia. Sin embargo, la dicotomía planteada tiene por lo menos dos atenuantes que vale la pena considerar. 

Primero, el contexto en el cual se da el acercamiento entre los dos gobiernos. Cualquier conocedor de mecanismos de resolución de conflictos no dudaría en afirmar que las soluciones maximalistas - entendidas como aquellas donde se ponen en juego los temas más álgidos dentro de la agenda de las partes- en general conducen al fracaso de la negociación. Por el contrario, los conflictos que logran ser resueltos de forma exitosa se caracterizan por un proceso de generación de confianza entre las partes. En estos, la negociación de aspectos que no son trascendentales en la agenda de cada uno de ellos garantiza la normalización de las relaciones y así poder seguir avanzando.

El contexto de la relación entre Colombia y Venezuela es uno de crisis tras la incursión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano en 2008 y la posterior respuesta de Chávez, luego buscar una salida maximalista –comercio versus democracia- no nos llevaría a ningún lado.

El segundo tema importante frente a la solución maximalista es el de la posición de Colombia en la región. Si bien Colombia tiene un compromiso en la defensa de la democracia, como todos los demás países de la región, ¿por qué tiene que ser ella quien lidere un movimiento de protesta contra el régimen venezolano, como lo propone Uribe?

En pocos días más de 30 mandatarios del continente visitarán Venezuela, lo que de alguna forma indica algún tipo de reconocimiento al gobierno venezolano. ¿Debe Colombia ir en contra de esta postura regional y declararse como un férreo defensor de la democracia increpando a Venezuela? ¿Olvidamos acaso que aparte de los intereses comerciales de los que habla Uribe, también hay temas de seguridad e infraestructura en los que es importante para Colombia contar con la cooperación de su vecino?

No es este el espacio para hablar acerca del derrumbamiento de la democracia en Venezuela y sus posibles implicaciones para la región; punto concedido a los críticos del sistema político del país vecino. Sin embargo, si de algo nos sirve la experiencia internacional es para mostrar que las soluciones maximalistas sólo conducen al fracaso de las negociaciones, y que en un período de crisis como el que los dos países han vivido en los últimos años, el paso más importante e inmediato es la normalización de las relaciones y el avance en la cooperación.

Los grandes ideales, a pesar de su trascendencia y deseabilidad, pueden convertirse en obstáculos importantes en momentos de crisis y solo servir para proponer dicotomías tendenciosas como la que se debate por estos días en Colombia.

Contravía: "¿La paz regresa a Colombia? La sociedad toma la iniciativa"

Corrupción, Escándalos y Competencia Política: Lecciones para Colombia

Uno de los problemas políticos más generalizados en Latinoamérica es el de la corrupción; por ejemplo, de acuerdo al Latinobarómetro, los ciudadanos de la región consideran que cerca del 70% de los funcionarios públicos de su país son corruptos, mientras que cerca del 80% considera que en los últimos años se ha hecho poco o nada por reducir los niveles de corrupción. Con frecuencia salen a la luz pública escándalos relacionados con este fenómeno y no pocas veces los gobiernos locales y nacionales inician campañas para luchar en su contra. Sin embargo, a pesar de que la corrupción pareciera ser parte de la vida política de la región, los escándalos de este tipo se dan de forma discontinua, lo que hace pensar que muchos actos de corrupción nunca son conocidos por el público. En un artículo reciente en el Journal of Comparative Politics, Manuel Balán intenta explicar qué hace que algunos actos de corrupción se conviertan en escándalos mientras muchos otros permanecen ocultos.

Para esto el autor reta dos posiciones convencionales que explican los escándalos de corrupción. Una que los utiliza como indicadores de una democracia sana donde los mecanismos de rendición de cuentas funcionan satisfactoriamente; y otra que simplemente asocia los escándalos de corrupción a mayores niveles de la misma. Por el contrario, Balán argumenta que dados los incentivos de los actores políticos y las restricciones impuestas por posibles competidores, los escándalos de corrupción se desatan precisamente por la competencia entre tales actores.

Es decir, los políticos al interior de la coalición de gobierno, quienes en general tienen acceso a información que desconoce el público, eligen selectivamente qué información filtrar a los medios de comunicación y entidades de control. Esta actuación hace parte de dos posibles estrategias: una con la que se busca ganar poder dentro de la coalición de gobierno al hacerle daño a algunos aliados políticos, y otra con la que se busca abandonar esta coalición afectando a sus líderes al relacionarlos con un escándalo de corrupción. Así, el autor propone que los gobiernos con altos niveles de competencia interna, así como aquellos que enfrentan una oposición débil, son más vulnerables a sufrir escándalos de corrupción.

Balán presenta evidencia de Argentina y Chile utilizando como base de datos las noticias acerca de casos de corrupción en cada uno de estos países que aparecieron en el Latin American Weekly Report de 1989 a 2007, así como en importantes periódicos de cada uno de ellos. Así, durante el primer gobierno de Ménem Argentina se caracteriza por una intensa competencia al interior del Peronismo y una oposición bastante débil; en este escenario los escándalos de corrupción abundan. Esta situación cambia hacia el final de su segundo período con una reducción en la competencia interna al gobierno y un fortalecimiento de la oposición; como resultado de esto, explica el autor, los escándalos de corrupción fueron mucho menores durante este período. Una dinámica similar ocurre en los gobiernos posteriores.

Para el caso de Chile, los primeros diez años de los gobiernos de la Concertación estuvieron caracterizados por una baja competencia intrapartidista y una oposición –heredera del régimen Pinochetista- bastante fuerte. Como resultado de esto, los escándalos de corrupción fueron pocos. Sin embargo, la llegada del Partido Socialista al poder y el debilitamiento de la oposición por temas como la captura de Pinochet, generan una alta competencia intrapartidista y una baja competencia interpartidista, que termina en un alto nivel de escándalos de corrupción. Un patrón similar se encuentra en la segunda mitad del gobierno de Lagos y durante el gobierno de Bachellet.

De esta forma, el autor concluye que la dinámica de los escándalos de corrupción más que estar asociada al papel de los medios de comunicación o ser un resultado inmediato de los casos de corrupción, responde a la competencia política tanto al interior de los partidos de gobierno como a aquella existente entre estos y la oposición. Paradójicamente, indica Balán, una oposición fuerte más que promover el rendimiento de cuentas a los partidos de gobierno, genera una presión indirecta para que haya mayor encubrimiento de los casos de corrupción.

Los resultados de la investigación son de gran interés más allá de los dos casos discutidos. El autor se refiere brevemente a los casos de México, Brasil y España como otros ejemplos donde la dinámica descrita en el artículo explica la emergencia de escándalos de corrupción. Para el caso de Colombia – no discutido en el artículo-, y en particular los recientes escándalos de corrupción por la contratación en Bogotá, resulta enriquecedora la propuesta que hace esta investigación. En el año 2010, integrantes del Polo Democrático Alternativo -partido de gobierno en la capital del país- liderados por Gustavo Petro, sacan a la luz pública el problema de corrupción crónico que se vivía al interior de la administración distrital.

Tal como plantea la hipótesis del artículo, el Polo estaba bastante dividido internamente por temas como la presidencia del partido y la predominancia de las diversas fuerzas al interior de este, al tiempo que la oposición a nivel local era bastante débil. De hecho, luego de dos períodos de gobierno por parte del Polo, muchos analistas asumían que a menos que algo trascendental ocurriera –como los escándalos de corrupción que aparecieron- la alcaldía sería alcanzada nuevamente por este partido. Esta combinación de alta competencia intrapartidista y una oposición débil, finalmente llevan a la filtración de la información relacionada con el "carrusel de la contratación" y los demás escándalos que terminan con la suspensión del alcalde distrital Samuel Moreno y el descrédito generalizado de la administración del Polo Democrático.

En este caso, la estrategia de Petro y sus seguidores que inicialmente pareciera haber sido dirigida a ganar fuerza dentro de la coalición a costa del desprestigio de las otras partes –en particular, la ANAPO de la familia del alcalde Moreno-, termina convirtiéndose en un abandono de esta y en la fundación de un nuevo movimiento político; lo que Balán llama "el abandono del barco".

La tesis del artículo de Balán es sin duda bastante interesante e invita a reflexionar acerca de los intereses políticos que están en juego tanto en aquellas situaciones cuando salen a la luz pública escándalos de corrupción como en aquellas donde estos escándalos están ausentes. En uno y otro caso, la competencia política, o su ausencia, puede decirnos más acerca de la dinámica de los escándalos de corrupción que lo que nos ofrecen las explicaciones convencionales.

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Referencias

Balán, Manuel (2011) Competition by Denunciation. The Political Dynamics of Corruption Scandals in Argentina and Chile. Journal of Comparative Politics, Vol. 43, No. 4, pp. 459-478.

Latinobarómetro (2006) .

La Política y el Respeto - Nacimos el 31 de diciembre

Durante la década de 1980, tras la declaración de guerra al Estado peruano por parte de Sendero Luminoso, cerca de 69.000 personas perdieron la vida. A pesar de que la población indígena representa una minoría dentro del total nacional, esta fue la principal víctima del conflicto armado, dando continuidad a una larga historia de exclusión, marginamiento y exterminio. Sendero Luminoso condenaba las tradiciones de estas comunidades, sus ritos y sus fiestas, al tiempo que ridiculizaba mucho de lo que constituye la identidad del indígena peruano. El Estado, por su parte, consideraba a los indígenas como ciudadanos de segunda categoría –cuando no aliados del terrorismo-, facilitando con esto el sufrimiento y asesinato de muchos de ellos.

Esta sería una historia aislada si no fuera porque se repite de formas diferentes con múltiples comunidades indígenas a lo largo del continente. Las poblaciones mestizas o aquellas que se sienten más cercanas al componente europeo en nuestra mezcla de razas antepasadas, permanentemente desprecian, manipulan y ridiculizan a aquellas que consideran "inferiores", en no pocos casos con resultados como los del Perú de los ochenta.

La semana pasada tuve la oportunidad de ver la premier del documental "Nacimos el 31 de diciembre", donde se presenta otra de estas lamentables historias de desprecio y burla hacia una comunidad indígena: en este caso los Wayúu en la costa norte colombiana. Los Wayúu, cuya lengua difiere del español, aparecen en sus cédulas de ciudadanía con nombres tan extraños y ridiculizantes como 'Raspahierro', 'Alkaseltzer', 'Bolsillo', 'Payaso', 'Arrancamuelas', o 'Cosita Rica'. No se trata de una competencia al interior de la comunidad por ver a quién se le ocurre el peor nombre; se trata de una burla por parte de funcionarios de la Registraduría quienes al no entender - o no querer entender- los verdaderos nombres de estas personas, deciden asignarles el que mejor les parece. Esto, sumado al analfabetismo o desconocimiento del español por parte de los Wayúu, termina con ciudadanos colombianos cuyos nombres generan desprecio en quien los escucha y denigran de la condición de quienes los llevan.

Pero el asunto no termina ahí sino que, como tantas otras cosas, tiene un trasfondo político importante. Los políticos locales se acercan a las comunidades Wayúu en época de campaña a fin de asegurar su voto; como muchos de los indígenas no están registrados, se les emiten documentos de identidad en los cuales aparte de asignarles nombres como los ya mencionados, se les altera su fecha de nacimiento de tal forma que puedan participar en las elecciones inmediatas y apoyar al candidato de turno. Así, aparecen documentos de identidad de mujeres y hombres adolescentes con la edad necesaria para votar, todos ellos con un dato curioso: nacieron el 31 de diciembre.

En las entrevistas a funcionarios y políticos de la región se culpa a los indígenas por estos resultados y se rechaza cualquier responsabilidad por parte del Estado y quienes lo representan. Sigue la idea de que los "indios son brutos", o, en el mejor de los casos, que es su culpa por no saber español.

Para muchos esto sería simplemente un mal chiste por parte de la Registraduría y un abuso más de los que cometen miles de políticos con el fin de ser elegidos. Sin embargo, el desprecio que se evidencia en actos como la alteración de los nombres y fechas de nacimiento, se propagan a lo largo de la sociedad y terminan justificando injusticias y violaciones de derechos básicos, cuando no violencia sistemática contra las poblaciones indígenas como en los casos de Perú, México, Guatemala o la misma Colombia.

El documental "Nacimos el 31 de diciembre" es una importante denuncia de la perpetuación de prácticas que no hemos podido abolir desde tiempos de la colonia, donde lo "indio" o lo "negro", sigue siendo visto como inferior a aquello de origen europeo. Es también una muestra de cómo en muchos casos los intereses políticos se imponen sobre la identidad y dignidad de los pueblos,  con consecuencias nefastas para ellos.

Una de las preguntas que queda abierta es si hoy podemos considerarnos una sociedad moderna donde el racismo es cosa del pasado. Sería interesante responder a esta pregunta después de ver el documental.

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Trailer del documental:

Nacimos el 31 de diciembre de Priscila Padilla Farfan on Vimeo.

Comisión de la Verdad y Discurso Público: Lecciones de El Salvador

Foto: Roberto D'Aubuisson. Fuente: Wikipedia

El viernes pasado el Presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de la masacre del corregimiento de El Salado, la peor masacre cometida por grupos paramilitares en Colombia. En su declaración, Santos reconoce las fallas del Estado, la condición de víctimas de quienes allí perdieron su vida, familiares, bienes o tierras, al tiempo que destaca el esfuerzo del gobierno en reparar el dolor causado por los grupos violentos. En un país marcado por la polarización ideológica, este tipo de actos apunta en la dirección correcta en términos de avanzar en el lenguaje del conflicto; en reconocer a las víctimas por lo que son en lugar de buscar posibles justificaciones a las atrocidades, y en transformar el discurso y el imaginario colectivo en torno a las partes involucradas en el conflicto armado.

En el caso de El Salado, como en otras de las masacres cometidas por paramilitares, se tiene un aceptable balance histórico de los hechos, las víctimas y sus victimarios (Ver, por ejemplo, www.verdadabierta.com). Sin embargo, los avances en términos de la concientización de la sociedad civil respecto a estos acontecimientos y sus responsables son bastante cuestionables, lo que impide pasar la página y pensar en un escenario ideológico diferente al que ha generado tanto daño.

La experiencia de otros países en su intento por superar períodos de conflicto violento muestra algunas de las dificultades asociadas al manejo del discurso de guerra y de eventual reconciliación. En un estudio reciente publicado en el Human Rights Quarterly, Julie M. Mazzei muestra el limitado avance de El Salvador en modificar su discurso público más de diez años después de las revelaciones hechas por la Comisión de la Verdad tras los acuerdos de paz de 1992. Así, mientras los victimarios no reciben una condena social por sus actos –siguen siendo admirados y despiertan fervor en varios sectores de la población-, las víctimas siguen siendo identificadas como "insurgentes" o "terroristas". Roberto D'Aubuisson, por ejemplo, quien fuera encontrado responsable de organizar escuadrones de la muerte que torturaron y asesinaron a miles de salvadoreños durante la guerra civil, organizó uno de los dos partidos más importantes, la Alianza Republicana Nacional (ARENA) de centro-derecha; al mismo tiempo, para muchos de sus seguidores D’Aubuisson es un "héroe", que trajo al país "Paz, Progreso y Libertad", por lo cual "hay que trabajar por [sus] principios". De forma paralela, los desmovilizados y demás integrantes del hoy partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), siguen siendo estigmatizados de acuerdo a categorías propias del período de conflicto.

En las ciencias sociales se ha identificado el discurso -hablado y escrito- como un medio fundamental por el cual compiten diferentes grupos y que representa una fuente específica de poder, explica la autora. Controlar el discurso público implica tener la posibilidad de legitimar y mantener la dominación institucional y a su vez perpetuar los significados de dicho discurso, el cual, como es de esperarse, es típicamente controlado por los grupos económicos más poderosos. Una Comisión de la Verdad, más allá de su tarea en la reconstrucción de los hechos, debe contribuir a la creación de un nuevo orden moral y político, para lo cual es necesario proveer los medios que permitan hacer un quiebre en la dominación del discurso. Así, es necesario reconocer que ciertas acciones fueron indebidas, ilegales e ilegítimas, lo que implica reconocer a quienes fueron objetivo de tales acciones como víctimas y a sus responsables como victimarios.

Mazzei explica que quienes cometieron las atrocidades en El Salvador no contaron su versión de los hechos públicamente, mientras que las víctimas no tuvieron la oportunidad de hablarle al país ni pudieron retar el discurso existente que los identifica como "insurgentes" y "comunistas". Contrasta esto con los casos de Chile, donde el Presidente Aylwin pidió perdón a las víctimas en nombre de las instituciones del Estado, y el de Argentina donde el Presidente Alfonsín dio a las cortes los nombres de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

El estudio concluye que tras establecer la verdad se requiere más que reformas institucionales y cambios estructurales. Es necesario un cambio de largo plazo en el discurso, que reemplace las categorías con las que se abordaba el conflicto y que, por ese camino, ubique a cada una de las partes en su respectivo lugar; es también necesario deslegitimizar el discurso previamente existente ya que, de una u otra forma, este justificaba las atrocidades.

A pesar del largo camino que Colombia necesita recorrer en términos de reconocer y reparar a sus víctimas, actos como el del pasado viernes por parte del gobierno son destacables. Sin embargo, no sólo es necesario que la sociedad civil exija muchas más iniciativas de este tipo sino que, como iniciativa propia, empiece a transformar su visión del conflicto y las categorías con que se refiere a cada una de las partes. Ya es hora de dejar de culpar a las víctimas por su tragedia y de empezar a señalar a los verdaderos responsables; en este respecto, fallos judiciales como los relacionados con la parapolítica deberían ser internalizados por toda la sociedad si esperamos algún día superar la espiral de violencia de estas décadas.

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Referencias:

El Espectador, Julio 8, 2011 "Santos pide perdón por masacre de El Salado."

Mazzei, Julie M. (2011) Finding Shame in Truth: The Importance of Public Engagement in Truth Commissions. Human Rights Quarterly Vol. 33, 431–452.

Ruiz, Marta (2008) Masacre de El Salado, Bolivar. Verdad Abierta, Agosto de 2008.

‘Contravía’ y la Democracia que Queremos

Después de vivir cerca de dos años en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de presenciar la intensa campaña electoral que finalmente llevó a la presidencia a Barack Obama. Entre todos los aspectos llamativos de esta campaña, uno que en particular captó mi atención fue la permanente invitación a reuniones y fiestas en las que a los asistentes se nos pedía una pequeña contribución monetaria para financiar la candidatura de Obama.

En principio esto me pareció un poco extraño ya que, viniendo de Colombia, estaba acostumbrado a que quienes financian las campañas políticas son los grandes empresarios, industriales y, sobra decirlo, diversas fuentes de dudosa reputación. Pedirle plata a un estudiante como yo o mis amigos, así fueran sólo unos pocos dólares, me parecía muy raro.

Sin embargo, noté que quienes organizaban las reuniones a las que era invitado no eran personas que esperaban un puesto en caso de que Obama ganara la presidencia, ni miembros del partido demócrata, ni tampoco amigos o familiares de políticos locales. Eran ciudadanos comunes y corrientes -estudiantes, profesores, empleados- que realmente se motivaron con la esperanza de ver a Barack Obama en la Casa Blanca y que entendieron que la suma de múltiples esfuerzos individuales sería la clave para lograr los recursos necesarios para sobrevivir financieramente la costosa contienda electoral. Recordé entonces que había visto esquemas de funcionamiento similares en radio, televisión y algunos medios impresos: ciudadanos comunes y corrientes haciendo contribuciones voluntarias para poder tener acceso al tipo de información que quieren ver y no únicamente a aquella por la que pagan las grandes corporaciones.

Esta semana el programa de televisión Contravía decidió jugársela por este esquema y, con tal apuesta, abre una ventana de oportunidades inmensa para la democracia en Colombia y en América Latina. Se abre la posibilidad de tener un medio financiado por los ciudadanos en un país donde prácticamente la totalidad de la radio y televisión y, por ende, sus contenidos, son controlados por dos grandes emporios económicos. Se abren nuevas alternativas en un escenario con sólo dos periódicos de circulación nacional y donde los medios masivos, por miedo, conveniencia o incompetencia, han sido muy inferiores a los retos que ofrece la realidad del país.

Sin duda alguna, la democracia se ve fortalecida con más y mejores medios, más aún si estos son de carácter independiente; en sus nueve años Contravía ha mostrado la calidad y seriedad de su trabajo, así como su compromiso con la democracia. Más allá del fortalecimiento de nuestras instituciones políticas, con opciones como ésta la ciudadanía muestra que está en capacidad de competir con los grandes negocios, que no está dispuesta a ser un simple agente pasivo de los intereses económicos y que está en capacidad de elegir el tipo de contenidos que quiere ver. Es la única forma de exigir que las verdades que muchas veces se busca ocultar salgan a la luz pública, y contar con un medio de televisión para hacerlo.

La apuesta de Hollman Morris y su equipo hoy abre la oportunidad histórica de tener un programa independiente financiado por la ciudadanía; el éxito de esta apuesta nos permitirá pensar mañana en un canal de televisión o estaciones de radio financiadas completamente por sus seguidores; no muy lejos de allí estaremos hablando del financiamiento de campañas políticas por parte de la ciudadanía; estamos hablando de empoderar a la población para que sea ésta quien decida por quién quiere ser gobernada y no que simplemente elija entre las pocas opciones que se le ofrecen. Que este tipo de prácticas aún estén poco desarrolladas en América Latina, no es razón para no empezar a llevarlas a cabo.

La democracia funciona mejor cuando la construyen los mismos ciudadanos. Una democracia es débil cuando es impuesta desde arriba y es el resultado de intereses políticos y económicos con los que los ciudadanos comunes y corrientes -nosotros- no estamos realmente identificados. Participar en esta propuesta es nuestra oportunidad de contribuir a la democracia más allá del depósito del voto que nos piden cada dos años; es la verdadera oportunidad de elegir lo que queremos ver; es un primer paso hacia la democracia que soñamos. Démonos la oportunidad de soñar.

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Más información aquí.

El Polo, los Medios y la Democracia en Colombia

Uno de los temas que ha copado la atención de los medios y la opinión pública durante los últimos meses es el de las divisiones del Polo Democrático, el desempeño de algunos de sus líderes y su futuro político. Los escándalos que hoy vive el Polo han sido un duro golpe para la colectividad e incluso han llegado a poner en duda la viabilidad de un proyecto político de izquierda democrática. Surge la pregunta acerca de lo equilibrado que es este debate, así como su conveniencia para el país.

Si se quisiera defender al Polo, lo más fácil sería decir que la atención que le han dado los medios y la opinión pública es injustificada al compararse con la que reciben los escándalos provenientes de otros partidos. No creo que este camino sea el correcto. Todas las administraciones y partidos políticos, independientemente de su ideología, deben estar sometidas a un escrutinio público permanente por parte de los medios, las entidades de control y de la ciudadanía en general. Lo curioso es que este derecho y deber ciudadano se ejerza selectivamente y “perdone” incluso crímenes contra la humanidad -como en los que se han visto involucrados miembros de otras colectividades- pero decida jugársela toda en este caso. ¿No será, más bien, que ese derecho y deber de informar responde a otro tipo de intereses, y los repetidos ataques al Polo hacen parte de una estrategia de mayores dimensiones?

La situación que hoy enfrenta el Polo no es nueva y, en cambio, se ajusta a dinámicas similares que han vivido otros partidos y políticos de izquierda en el continente. Desde el inicio de la guerra fría –sólo por dar una fecha-, el ascenso de la izquierda en Latinoamérica ha recibido toda la oposición por parte de los sectores que más se ven beneficiados con la preservación del statu quo -medios de comunicación, grandes empresarios e Iglesia Católica, entre otros. Ejemplos de esto son los casos de Jacobo Arbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, el Sandinismo en Nicaragua o el Partido de los Trabajadores en Brasil. En todos estos escenarios, ya sea por la vía armada, la manipulación de los medios de comunicación, presiones externas directas, o simple “ayuda humanitaria”, se han obstruido proyectos progresistas que buscan incluir a amplios sectores de la población.

A pesar de algunos cambios en la geopolítica mundial, es claro que en múltiples escenarios locales e internacionales no se ve con buenos ojos la consolidación de este tipo de proyectos políticos. Por el contrario, cuando éstos empiezan a convertirse en una fuerza electoral importante, las campañas de desprestigio y de desinformación no han faltado.

Se dirá que el caso del Polo no se ajusta a este formato y que sus propios errores son los responsables de la situación que el partido vive actualmente. Seguramente sí, pero regreso sobre mi punto anterior: llama la atención que cuando se han dado escándalos como la parapolítica o los innumerables casos de corrupción que ha visto el país a lo largo de su historia, no se haya puesto en la picota pública a colectividades enteras. Si hay alguna duda de esto, sólo hay que ver la importante presencia en el Congreso de la República de miembros de los partidos involucrados en estos escándalos.

Conscientes de esta situación, varios dirigentes del Polo ya han manifestado su descontento frente a medios como El Tiempo por tergiversar la información que ofrecen a sus lectores, o por ocultar sus pronunciamientos en los que condenan las prácticas de sus copartidarios. También aparecen cuestionamientos frente al gobierno nacional por el proyecto de ley que reformaría el censo electoral y que afectaría directamente al mismo partido.

Sin embargo, más allá de los intereses inmediatos que se vean amenazados por el eventual ascenso de un partido de izquierda, se debe hacer una evaluación acerca de las consecuencias de esta situación para una democracia sana. ¿Será que al país le conviene un escenario monolítico en materia política, donde no exista el disenso y desaparezca el debate? Una verdadera democracia es aquella que se nutre de las diferencias, la diversidad de opiniones y las múltiples visiones sobre lo que le conviene al país, y no donde las mayorías imponen su voluntad libremente.

Esto, desde luego, no implica ignorar los errores del Polo ni de ningún otro partido, así como tampoco perdonar sus culpas; todo lo contrario. El escrutinio público debe ser generalizado y debe asegurarse de las leyes se cumplan y de que los recursos públicos se utilicen de forma debida. Lo que no se puede aceptar es el uso selectivo de estos mecanismos democráticos para acallar el disenso y por ese camino marginar a un partido político. Si no se garantiza un espacio de debate y unas reglas de juego tales que las diferentes voces –sean estas de izquierda o de derecha- sean escuchadas, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando?

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Enlace a la columna en Zero Horas:

El Polo, los Medios y la Democracia en Colombia

Multipartidismo e Identificación Ideológica

Un aspecto importante en la escena política Latinoamericana de las últimas décadas es la transición que varios países han hecho hacia sistemas políticos multipartidistas. Lo que antes eran sistemas de dos partidos, como los casos de Uruguay y Colombia, o de un solo partido dominante, como en el caso de México, ha dado espacio a escenarios con varias opciones electorales y múltiples agendas políticas e ideológicas.

Sin embargo, la variedad que ofrecen estos sistemas multipartidistas va acompañada de una dificultad creciente en términos de la comunicación ideológica entre las élites políticas y las masas. Así, en escenarios con baja polarización, mientras los sistemas bipartidistas facilitan al electorado la identificación con uno u otro partido, esto deja de ser cierto cuando hay múltiples opciones. Parte de esta dificultad se debe a la aparición de partidos del tipo "agárralo-todo": aquellos que integran diferentes visiones, probablemente gracias al atractivo individual de algunos de sus líderes, pero que carecen de una ideología política bien definida. Estos partidos hacen que para los electores sea difícil entender conceptos básicos como izquierda y derecha, y, más aun, que puedan ubicarse a sí mismos en este espectro. El lado negativo de todo esto es que si las élites y las masas hablan lenguajes políticos diferentes, se hace más difícil pensar en la consolidación del sistema de partidos, lo que a su vez se traduce en una baja representación en términos de ideología y de políticas públicas.

Un reciente estudio publicado en el Journal of Politics in Latin America utiliza datos de encuestas de Brasil para estudiar qué determina la capacidad de la gente de auto-ubicarse en el espectro ideológico, así como la estabilidad de sus respuestas a lo largo del tiempo. Posteriormente indaga acerca de las consecuencias en términos del tipo de políticas y candidatos que son apoyados cuando hay presencia de estos problemas de auto-ubicación e inestabilidad.

Como se desprende del contraste entre bipartidismo y multipartidismo, los resultados del estudio muestran que a mayor distancia ideológica entre candidatos políticos, mayores niveles de auto-identificación y estabilidad ideológica por parte del electorado. Similarmente, ambientes con mayor información política afectan positivamente la auto-ubicación en el espectro izquierda-derecha, mientras que la participación en conversaciones políticas contribuye también a la estabilidad de estas elecciones. En términos del papel de los medios de comunicación, la lectura de periódicos afecta positivamente a ambas variables; la radio sólo tiene un efecto sobre la auto-ubicación; mientras que ver noticias por televisión no contribuye a ninguna de las dos.

Pero, ¿cuál es el la consecuencia de fondo de que la gente se pueda o no ubicar en el espectro izquierda-derecha? En la segunda parte del artículo sus autores muestran que aquellos ciudadanos que no logran ubicarse en el espectro ideológico o cuyas elecciones en el tiempo son más inestables, tienden a ser "derechistas en potencia", y expresan esta tendencia en las urnas al votar por candidatos de derecha.

En sus palabras:

"Los votantes que no logran identificarse en el espectro izquierda-derecha típicamente tienen un menor nivel de educación y estatus social y están menos interesados en política. Tienden a valorar diferentes características de los políticos, y se centran principalmente en su personalidad y en beneficios particulares en lugar de resultados de política. En Brasil los candidatos de la derecha han sido asociados tradicionalmente con beneficios clientelistas y personalistas en mayor medida que los candidatos de la izquierda" (Ames y Smith, 2010).

Así, un sistema multipartidista, con partidos sin una clara identificación ideológica, favorece principalmente a candidatos que responden a intereses inmediatos de la población –por ejemplo arroz o tejas - o para los cuales la imagen del líder es uno de sus activos más importantes. No obstante, como lo indican los autores, esto no necesariamente es una regla: los casos de Chile y Francia se caracterizan por un alto número de partidos y una alta polarización, lo cual permite fácilmente definirlos como de izquierda o de derecha, facilitando, a su vez, la auto-ubicación de sus electores.

Desde luego, es de esperarse que en sociedades con una pobre cultura política, la ideología que caracteriza a partidos fuertes sea fácilmente reemplazada por la imagen de unos líderes populares o por consignas electorales disociadas de agendas políticas e ideológicas. Al sacrificar la ideología a cambio de un discurso político ambiguo, los partidos políticos dejan de ser mecanismos eficientes para la verdadera representación del electorado. La pobre coherencia entre el mensaje que envían sus líderes y la forma como este es recibido por el resto de la población, genera obstáculos importantes para el fortalecimiento del sistema político y, por ese camino, para la consolidación de una democracia sana. Lamentablemente este es el escenario predominante por estos días en muchos de los países de la región.

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Enlace al artículo Knowing Left From Right: Ideological Identification in Brazil, 2002-2006
 
Referencia:
Ames, B., and Smith, A.E. Knowing Left From Right: Ideological Identification in Brazil, 2002-2006. Journal of Politics in Latin America, Vol 3, No. 3, 2010.

Pareciera que el tiempo no pasa,...

Hace más de cinco años un grupo de amigos de la Universidad Externado de Colombia creamos la Revista Divergencia: Un Lugar para la Opinión. En el Editorial del segundo número de la revista escribimos acerca de la libertad de expresión en Colombia, libertad de prensa y el permanente hostigamiento del que algunos periodistas independientes eran entonces víctimas durante el gobierno del señor Alvaro Uribe Vélez.

Es lamentable que luego de las revelaciones que poco a poco salen a la luz pública acerca de la campaña de desprestigio en contra de algunos periodistas, orquestadas desde el más alto gobierno, el hostigamiento en muchos casos continúe. De esto hemos visto mucho en días recientes en medios como la radio o las redes sociales. Sea esta la ocasión para recordar lo que dijimos en ese entonces y hacer un llamado porque toda la verdad salga a flote y se haga justicia en todos estos casos. 

Aquí va el enlace a ese editorial:
Revista Divergencia No. 2, Editorial

La Perspectiva y los “Palos de Ciego” de la Diplomacia Colombiana

La opinión sobre muchos temas políticos en buena medida depende del punto desde donde se les mire. Uno de los reconocimientos más importantes al gobierno de Juan Manuel Santos ha sido su manejo de las relaciones internacionales en tanto ha disipado la tensión con los países vecinos y ha mostrado su interés en ejercer un liderazgo a nivel regional (1, 2). Pero es precisamente en estos sonados logros donde más se debe tener en cuenta la perspectiva. No en vano en su más reciente artículo sobre Colombia la revista The Economist antes de entrar a elogiar los avances de Santos en materia de relaciones internacionales señalaba que "No había nada de diplomático en Álvaro Uribe". Los hechos de las últimas semanas sugieren que el supuesto éxito en el manejo de las relaciones internacionales del actual gobierno es más una consecuencia del punto bajo dónde las dejó el gobierno pasado que el resultado de una clara orientación de la política internacional del país. Evidencia de esto, como muestro a continuación, es la divergencia entre el discurso y las acciones que el gobierno ha llevado a cabo, así como varios errores fundamentales en materia diplomática.

Los dos primeros reveses importantes en la política internacional del gobierno de Santos son los casos de Yair Klein y de María del Pilar Hurtado, en los que en cierta medida comparte su responsabilidad con el gobierno anterior. La negativa a la solicitud de extradición de Klein por parte de Colombia muestra la ineficiencia para traer ante la justicia Colombiana a uno de los responsables por el entrenamiento de grupos paramilitares, y la consiguiente violencia de los últimos años. El pésimo manejo de este asunto por parte del gobierno anterior –en particular por el vice-presidente Francisco Santos- no exonera al gobierno actual de tomar una posición más firme al respecto que la mostrada hasta ahora. En el caso de María del Pilar Hurtado –donde la responsabilidad del antiguo mandatario fue reconocida y defendida por él mismo- la débil respuesta por parte de la canciller María Ángela Holguín envía dos malas señales: por un lado deja claro que el expresidente Uribe puede seguir entorpeciendo el manejo de la política del país y que, al mismo tiempo, el sistema judicial colombiano no está en capacidad de juzgar a sus criminales, algo que Juan Manuel Santos y algunos de sus ministros han intentado desmentir. Las fallas que estos hechos evidencian en términos del funcionamiento de la justicia colombiana y del manejo de las relaciones internacionales son pésimas señales si el objetivo de ser un líder regional es algo más que el típico discurso de un gobierno entrante. Si ni siquiera se puede hacer cumplir las leyes nacionales a causa de la obstrucción que significa el comportamiento de otros países, hablar de liderazgo regional es menos que un mal chiste.

Pero las complicaciones no terminan allí. Esta semana Colombia integró un deplorable grupo de 19 países que decidieron ausentarse de la ceremonia simbólica de entrega del Premio Nobel de la Paz al Chino Liu Xiaobo, reconocido escritor y defensor de los derechos humanos en su país. Algunos argumentan motivos comerciales tras la decisión, mientras que el gobierno prefiere guardar silencio al respecto. Dada la naturaleza del premio a Xiaobo como un reconocimiento a su "larga y no-violenta lucha por los derechos humanos fundamentales en China", es ciertamente lamentable que Colombia haya decidido unirse a un grupo que incluye a países como Arabia Saudita, Cuba, Irán, Rusia, Sudán y Venezuela, todos con magros resultados en materia de derechos humanos, en lugar de ser un abanderado de estos temas, como haría el líder en el que el país dice tratar de convertirse. Si los lazos comerciales con la potencia emergente son más importantes que la defensa de libertades básicas, es claro que aquello de "venderse por un plato de lentejas" no se ha superado. Otra mala señal en materia de liderazgo regional y asuntos diplomáticos (Ver nota al final).

Hay otros dos temas adicionales donde este supuesto liderazgo queda muy mal parado: WikiLeaks y Palestina. Si bien el gobierno no está en la obligación de estar de acuerdo con las recientes filtraciones por parte de WikiLeaks, su respuesta a las filtraciones sí deja mucho que desear. En un comunicado escueto se solidariza con el gobierno estadounidense mientras unos funcionarios pasan a hablar de los problemas internacionales que las filtraciones podrían representar, (3) mientras otros deciden guardar silencio (4). Contrasta esta posición con la del Presidente Brasilero, Luiz Inacio Lula DaSilva, quien no solo muestra su total solidaridad con Julian Assange sino que al mismo tiempo condena la falta de manifestaciones alrededor del mundo en protesta por la persecución al fundador de WikiLeaks. Señala la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de las relaciones internacionales y critica la hipocresía de quienes juzgan a quienes divulgan los documentos en lugar de juzgar a quienes los escribieron. ¿Más pruebas de liderazgo? Algo similar ocurre respecto al anuncio que ya han hecho Argentina, Brasil y Uruguay de reconocer a Palestina como un Estado soberano a pesar de la incomodidad que estas decisiones han generado en varias partes del mundo. Colombia, nuevamente, guarda silencio frente a este tema.

Pero en lugar de tomar posiciones más firmes en todos estos asuntos que sin duda contribuirían a mejorar la imagen de Colombia en la región y ejercer un verdadero liderazgo, la diplomacia colombiana se concentra en la petición al gobierno de los Estados Unidos de inmunidad soberana para Álvaro Uribe, a fin de que este no sea juzgado por su vinculación a grupos paramilitares en asesinatos de sindicalistas en el caso de la Drummond. Pregunto, con tantos asuntos trascendentales como los mencionados antes, ¿debe ser esta la prioridad de la diplomacia colombiana?

Es claro que, más que éxitos, la diplomacia colombiana da palos de ciego. Su falta de compromiso en temas como la defensa de los derechos humanos evidencia una divergencia entre los hechos y el discurso, más cuando se escucha al Presidente Santos decir que el país se está convirtiendo en el "niño bueno" ante la comunidad internacional. De forma acertada un editorial de El Espectador esta semana señalaba la confusión –o fraude- que pueden sentir algunos de los países que dieron su voto para que Colombia ocupe una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Falta mucho para que Colombia coordine su discurso con sus actos y, peor aún, para que se convierta en un verdadero líder en el subcontinente. 

Los supuestos logros alcanzados en el manejo de las relaciones internacionales son resultado de la pésima perspectiva con que nos dejó el gobierno pasado y no de una diplomacia bien encaminada, con carácter de liderazgo, relaciones cordiales con sus vecinos, y que honra y respeta los derechos humanos fundamentales. Como dicen algunos amigos arquitectos: "antes de la perspectiva la vida era una distorsión de la realidad". Es hora de que la perspectiva en el manejo de las relaciones internacionales que heredamos del pasado gobierno no nos haga ver una realidad que no está ocurriendo y que, en este y otros campos, seamos capaces de tener una visión más balanceada de la misma.

Nota: Después de terminado este artículo, Colombia, a último momento, decidió cambiar su decisión y asistió a la ceremonia del Nobel a Liu Xiaobo. Decidí dejar la versión original del artículo con el anuncio hecho hasta poco antes de la ceremonia y, en lugar de modifaicrlo, agregar esta nota aclaratoria.

Democracia Representativa y Regla Fiscal en Colombia

Una de las virtudes de la democracia representativa sobre la democracia participativa es que en ella, como su nombre lo indica, el ciudadano hace una elección para que sea otro quien lo represente, lo cual promueve el debate y la deliberación de los representantes en torno a los temas que le preocupan a la sociedad. Es decir, si el grueso de la población participa de una elección, como en un referendo, es de esperarse que las decisiones de buena parte de los ciudadanos sean resultado de un bajo nivel de deliberación y, más bien, respondan a juicios subjetivos, preconcepciones y campañas publicitarias, en vez de ser el producto de un debate concienzudo. En un escenario representativo es de esperarse que un voto a favor o en contra de un proyecto de Ley tenga un sustento real, esté fundamentado en argumentos fuertes y pase por una etapa de deliberación abierta.

El día de hoy, la comisión primera del Senado de la República -a cargo, entre otros, de las reformas a la constitución- aprobó en su tercer debate el proyecto por el cual se busca elevar la sostenibilidad fiscal al nivel de derecho constitucional. Independientemente de los argumentos a favor y en contra de dicha propuesta -sobre lo que hablaré en los próximos días- queda un sinsabor respecto al mecanismo que generó este resultado.

La votación inicial se llevó a cabo ayer con un resultado de nueve votos a favor del proyecto de reforma constitucional y nueve en contra, lo que obligaba a la repetición de la votación en la sesión de hoy. Para molestia de más de uno de los asistentes, justo antes de dar su voto el Senador Juan Carlos Rizzetto del Partido de Integración Nacional (PIN) se levanta de su curul, permanece en el recinto y guarda silencio. Como resultado de esto, la votación queda con nueve votos a favor y ocho en contra, con lo cual el proyecto queda con vida para pasar a los siguientes debates en el Congreso.

Inmediatamente los Senadores Avellaneda del Polo Democrático y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal manifestaron su inconformismo respecto al procedimiento de la votación. Su argumento: el reglamento de la institución obliga a todos los Senadores presentes en el recinto a votar ya sea a favor o en contra de las propuestas sometidas a escrutinio; las abstenciones no son válidas. La respuesta del Senador Nestor Iván Moreno del Polo, no podía ser menor al decir que "Rizzetto le vendió su voto al gobierno".

Más allá de si hubo venta del voto o no, es muy lamentable la calidad del mecanismo por el cual se cambia un voto o, se genera una abstención -lo cual en este caso viene siendo lo mismo. Sin explicación alguna, estando presente en el recinto y violando la norma, Rizzetto se abstiene, cambia el resultado y el resto de los Congresistas aprueba la decisión prácticamente como si no hubiera pasado nada raro. Más aún, las voces de protesta de los Senadores en contra del procedimiento son totalmente ignoradas y, en palabras de Velasco, reflejando su molestia: "vamos a decirle al país que pasó lo que no pasó" (es decir, afirmar que Rizzetto estaba ausente en la votación, lo que sí justificaría su abstención).

Volviendo al argumento del inicio, me pregunto acerca de la legitimidad de una democracia representativa donde los mismos mecanismos generados para el proceso de toma de decisiones son violados tajantemente sin despertar un repudio por parte de la totalidad de la institución, y que dejan como única opción mentirle al país. ¿Acaso no son ellos representantes del pueblo para dar un debate serio y abierto acerca de la conveniencia de los proyectos para el país? ¿No es una reforma constitucional un asunto suficientemente importante, como para merecer una explicación clara acerca de la razón de un voto –o una abstención? ¿Es válido aceptar vicios de forma en los mecanismos por medio de los cuales se representa el querer del país?

Ahora, deja mucho que desear un proyecto de reforma a la constitución como el de incluir la sostenibilidad fiscal en ella, que da uno de sus primeros pasos con vicios de forma tan grandes como los vistos en el debate de hoy. Recordemos los enormes problemas generados a partir de este tipo de fallos de procedimiento (Yidis, Teodolindo,…), y el lastre tan lamentable que han dejado para el país. No es de sorprender que sea la Corte  Constitucional quien en muchos casos deba tomar una posición más firme sobre las decisiones que toman quienes están en deber de representarnos.

"I need an International Conflict: I have major interests to hide"

A few days ago I wrote about the dispute between Costa Rica and Nicaragua, using the argument that countries with low quality of their democracies have a higher risk of going to a conflict than the one that two democratic societies have to fight among themselves. In these days numerous articles on the subject have been written, and it is argued that Ortega has an interest in awakening the nationalism of his people at a time in which he advances political reforms that will allow him to run for the presidency again in 2011 and eventually remain in power (eg 1, 2). After reading the comments of the forum in the Nicaraguan newspapers, it is clear that the strategy has served its role fully. As I will show later, in Colombia this strategy also has applied effectively.

Nicaragua, the poorest country in the region after Haiti and in a continuous deterioration of its precarious democratic institutions, not only promotes instability in the relations with its southern neighbor, but now involves Mexico, Guatemala, Honduras, Panama and Colombia, in what Ortega has described as an attack against Nicaraguan sovereignty; if anyone thought that "conspiracy theories" were over, here is a clear counterexample.

However, things in Costa Rica are not very different: the new government of Laura Chinchilla is not very popular, so the nationalism aroused by the invasion of Nicaragua offers significant political benefits. Not in vain Dora Maria Tellez, dissident from the Sandinista National Liberation Front, explains: "five soldiers in a swamp is not an invasion, but it is not a friendly gesture or a correct way to solve problems either... in both governments there is an intention to prolong artificially and give a greater level of conflict to the issue because it is being used to polish the images of both, the government policies of Mrs. Laura Chinchilla and those of Ortega's." The unfortunate thing about all this is that the issue of the conflict -real or not- makes forget about the political reforms carried out in Nicaragua and that in case of their continuation will derail the democratic progress achieved in recent decades. Only when this happens the true dimension of the supposed differences between the two countries will be revealed.

An example of this, in another context, is the scandal that came to light this week in Colombia with the statement of Minister of Interior, German Vargas Lleras, according to whom "the previous administration left the pot scraped." Fabio Valencia Cossio, the former Minister, acknowledged the signing of contracts for more than 6 billion dollars in just four days, coincidentally this occurred right before the end of the government of Alvaro Uribe. Similarly, in an investigation of RCN, not precisely one that contradicts Mr. Uribe, it is shown the signing of contracts for 1.7 billion dollars during the last week of the previous government.

But what does all this have to do with the subject of international conflict? Well, while the various ministers of the previous government gave away contracts, committing future resources of the nation and making more difficult the financial situation of the incoming government, Colombians, full of that passion that distinguishes us, were thinking of the imminent possibility of a conflict with "evil" Chavez's Venezuela. That is, the argument of the new evidence about the presence of the FARC in Venezuelan territory just two weeks before the end of government was but a simple strategy to divert the attention of the public away from what really happened. At that time the central article from Semana, a Colombian news magazine, referring to the rupture of relations with neighboring Colombia, asked whether it "Was Necessary?". Well, the answer we have today is that it actually was very necessary to disseminate the idea of a war with Venezuela; it was the only way that the media and the public would be concerned with an unrealistic problem, so the government would be in position, in Vargas Lleras's words, of scraping the pot of state finances.

What the examples from Nicaragua and Costa Rica, Venezuela and Colombia, leave us is the typical manipulation of the people when their rulers have interests "above" those of them: political legitimacy, in the first case- economic benefits, in the second. Commenting on Nicaragua, Colombian newspaper El Espectador in an editorial this week mentioned the phrase of Laureano Gómez (a former conservative President): "Peace, peace on the inside. War, war on the borders" as an incentive for governments with political, economic and social difficulties. We just need to add to this phrase that the chauvinism that characterizes many of our people is, paradoxically, the key for their rulers to abuse them politically, economically and socially. A more cosmopolitan and, thereby, less patriotic attitude, will certainly be a guarantee of greater political control over those in power.

“Necesito un Conflicto Internacional: Tengo Importantes Intereses de por Medio”

En días pasados escribí acerca del diferendo entre Costa Rica y Nicaragua retomando el argumento según el cual los países con una baja calidad de sus democracias presentan un riesgo mayor de ir a un conflicto que el presentan dos sociedades democráticas de enfrentarse entre ellas. En estos días se ha escrito un gran número de artículos sobre el tema en los que se aduce el interés de Ortega de despertar el nacionalismo de su pueblo en un momento en que adelanta reformas políticas que le permitirán aspirar a la presidencia nuevamente en 2011 y eventualmente perpetuarse en el poder (ej. 1, 2). Al leer los comentarios de los foristas en los diarios nicaragüenses es claro que la estrategia ha cumplido su papel a cabalidad. Como mostraré más adelante, en Colombia esta estrategia también se ha sabido aplicar eficazmente.

Nicaragua, el país más pobre de la región después de Haití y en un continuo deterioro de sus precarias instituciones democráticas, no sólo propicia la inestabilidad en las relaciones con su vecino del sur, sino que ahora involucra a México, Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia, en lo que Ortega ha calificado como un atentado contra la soberanía nicaragüense; si alguien creía que las "teorías de conspiraciones" habían terminado, he aquí un claro contraejemplo.

Sin embargo, las cosas en Costa Rica no son muy diferentes: el nuevo gobierno de Laura Chinchilla no goza de gran popularidad, por lo cual el nacionalismo que ha despertado la invasión nicaragüense le ofrece importantes réditos políticos. No en vano Dora María Téllez, disidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, aclara: "cinco soldados dentro de un pantano no es una invasión, pero tampoco es un gesto amigable ni es una manera correcta de resolver los problemas,… en ambos gobiernos hay un intento de prolongar artificialmente y darle un mayor nivel de conflictividad al tema porque esto está sirviendo para pulir las imágenes políticas tanto del gobierno de doña Laura Chinchilla como del presidente Ortega". Lo lamentable de todo esto es que el tema del conflicto -real o no- hace pasar por encima las reformas políticas que se llevan a cabo en Nicaragua y que de continuar darán al traste con los avances democráticos alcanzados en las últimas décadas. Sólo cuando esto ocurra se entenderá la verdadera dimensión de las supuestas diferencias que hoy se ven entre los dos países.

Ejemplo de lo anterior, en otro contexto, es el escándalo que salió a la luz pública esta semana en Colombia con la declaración del Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, según la cual "la administración anterior de ese despacho dejó la olla raspada". Fabio Valencia Cossio, antiguo titular de esta cartera, reconoció la firma de contratos por más de 11 mil millones de pesos en sólo cuatro días; casualmente esto ocurrió justo antes del final del gobierno de Álvaro Uribe. De igual forma, en una investigación del canal RCN, no precisamente un contradictor de Uribe, se muestra la firma de contratos por 3.4 billones de pesos durante la última semana del anterior gobierno.

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de los conflictos internacionales? Pues que mientras las diferentes carteras del anterior gobierno regalaban contratos a diestra y siniestra, comprometían los recursos futuros de la nación y dificultaban la situación financiera del gobierno entrante, los colombianos, llenos de esa pasión que tanto nos caracteriza, pensábamos en la inminente posibilidad de un conflicto con la Venezuela del "malvado" Chávez. Es decir, el argumento de las nuevas pruebas acerca de la presencia de las FARC en territorio venezolano justo dos semanas antes del final del período de gobierno no era sino una simple estrategia para desviar la atención de la opinión pública frente a lo que de verdad ocurría. En ese momento la revista Semana se preguntaba en su artículo central y refiriéndose a la ruptura de relaciones de Colombia con el país vecino, si "¿Era Necesario?". Pues la respuesta que hoy tenemos es que efectivamente sí era muy necesario difundir la idea de una guerra con Venezuela; era la única forma de que los medios y la opinión pública estuvieran preocupados con un asunto irreal a fin de quedar con vía libre para, en palabras de Vargas Lleras, raspar la olla de las finanzas del Estado.

Lo que nos dejan los ejemplos de Nicaragua y Costa Rica, Venezuela y Colombia, es la típica manipulación de la que son víctimas los pueblos cuando sus gobernantes tienen intereses "por encima" de los de sus pueblos: legitimidad política -en el primer caso-, beneficios económicos -en el segundo. Refiriéndose al caso nicaragüense, el diario El Espectador en uno de sus editoriales de esta semana, menciona la frase de Laureano Gómez, "Paz, paz en el interior. Guerra, guerra en las fronteras" como aliciente para gobiernos con dificultades políticas, económicas y sociales. Faltaría por agregarle a esta frase que el chauvinismo que caracteriza a muchos de nuestros pueblos, paradójicamente, es la clave para que sus gobernantes abusen política, económica y socialmente de ellos. Una visión más cosmopolita y, por consiguiente, menos patriotera, será sin duda una garantía de mayor control político sobre quienes tienen el poder.

Los Primeros Cien Días,… de la Oposición

Esta semana el gobierno de Juan Manuel Santos cumple sus primeros cien días y, desde luego, con ello también se cumplen los primeros cien días de la oposición. Y es que sin duda durante estos meses la realidad política de Colombia ha mostrado hechos interesantes; la opinión pública dice estar gratamente sorprendida por las más sonadas políticas del nuevo gobierno y por algunos de los proyectos de ley que éste adelanta; su popularidad ronda por el 90%, y es indiscutible el cambio positivo en las formas frente al lamentable gobierno anterior.

Sin embargo, parece paradójico que uno de los reconocimientos que se le hace al gobierno de Santos frente a su antecesor -el respeto a la oposición- haya servido precisamente para que el papel de una verdadera oposición parezca desaparecer de la escena política. Hace pocos días en una de sus usuales salidas en falso, Antanas Mockus -quien tras su derrota en las elecciones presidenciales dijo que su Partido Verde haría parte de la oposición- afirmó: "Yo hubiera cuidado más la herencia de Uribe que Santos, pero la ironía de la vida es que Santos no está cuidando la herencia de Uribe como los "uribistas" lo suponían". ¿A qué herencia se refiere Mockus, que le preocupa tanto que Santos no haya cuidado? ¿La polarización del país, el ataque permanente a las Cortes, periodistas y oposición, o el riesgo permanente de un conflicto internacional como resultado de los caprichos personales de sus dirigentes? Más allá de esto, ¿es ese el tipo de oposición que Colombia se merece? Claramente no se equivocaban quienes en época de elecciones se referían a Mockus como "el cuarto candidato uribista".

Pero Mockus no es el único a ese lado de la orilla. La bancada del Partido de la U ha hecho explícito su inconformismo por la presencia del Partido Liberal y Cambio Radical en la Unidad Nacional lo cual, aducen, es una afrenta al "legado" de Uribe. Igualmente, en un reciente informe La Silla Vacía muestra la molestia que ha generado Juan Manuel Santos en varios sectores de ultra-derecha; algo impensable en tiempos de su antecesor. Así, ilustra las críticas de personalidades como Fernando Londoño y Enrique Gómez Hurtado al acercamiento entre Santos y Chávez, al igual que contra algunos de los proyectos estrella del gobierno como la Ley de Víctimas y la Ley de Tierras, a causa de su costo financiero. Otras críticas de origen similar son la elección de la terna para Fiscal, su "falta de lealtad" para con Uribe y sus devaneos con proyectos que califican como "de izquierda". Los conservadores, por su parte, están tan cómodos que esta semana propusieron un proyecto de ley para penalizar el aborto incluso en los tres casos en que actualmente se permite. ¡Bienvenidos a la edad media!

¿Y qué pasa al otro lado del espectro político? El acercamiento de Gustavo Petro a Juan Manuel Santos tras la elección de éste como mandatario de los colombianos, la decisión del Polo Democrático de no elegir a Petro como presidente de la colectividad y el inconformismo de éste ante la negativa de su partido, han tenido un efecto significativo sobre el papel de la oposición en este gobierno. A esto se le suman los escándalos desatados a partir del "carrusel de la contratación" que al principio parecía un problema exclusivo de la actual administración de Bogotá, pero del que ya hemos conocido su magnitud nacional, y los papeles de  los  gobiernos de Samuel Moreno -a nivel local- y de Alvaro Uribe -a nivel nacional- en la adjudicación de contratos y favorecimiento a los grupos empresariales responsables del descalabro. Sin duda, el papel de Gustavo Petro en las revelaciones sobre estos temas y sus ataques a Samuel e Iván Moreno, han marcado importantes diferencias al interior del Polo que ya algunos consideran insuperables.

Con la derecha y los Verdes añorando lo que pensaban sería el período de Uribe III, y el Polo dividido por sus pugnas internas, ¿dónde queda la verdadera oposición al gobierno de Juan Manuel Santos? Sería iluso pensar que el gobierno está haciendo las cosas tan bien que  el país simplemente no necesita oposición. Más aún, es claro que aparte de los avances obvios logrados por Santos frente a los anteriores ocho años de oscurantismo político, pareciera que los medios están más ocupados con los escándalos del gobierno anterior que poco a poco salen a la luz pública, que con los desaciertos del gobierno actual. Es claro que un elemento fundamental para el fortalecimiento de una democracia es el papel dinámico, crítico e independiente de la oposición (algo que claramente Uribe nunca entendió). Que el gobierno sea respetuoso de la oposición no es un logro en sí mismo, como se le está concediendo al gobierno de Santos; por el contrario, es una condición mínima para hablar de una democracia que merezca su nombre.

Así, es de destacar el papel casi solitario que algunos Senadores y Representantes del Polo Democrático como Jorge Robledo e Iván Cepeda han jugado al mostrar las fallas del gobierno actual. Sus posiciones en temas trascendentales de la vida del país deben ser entendidas como una señal de que las cosas no son como nos dicen las encuestas de popularidad; esto ya deberíamos haberlo aprendido. Su crítica ha girado en torno a temas como la reforma al modelo educativo según la cual la educación pasa de ser un derecho a ser una mercancía; el énfasis en la minería como "locomotora" del desarrollo en Colombia – con los costos humanos, ambientales y en términos de desarrollo de largo plazo que esto implica; las limitaciones y condicionamientos de la Ley de Víctimas en la versión llevada a la Cámara de Representantes en días pasados; el principio de sostenibilidad fiscal; y las prácticas del Fondo Agropecuario de Garantías –según Robledo, un escándalo mayor que el de Agro Ingreso Seguro.

En un país como Colombia las cosas no son color de rosa, y en lugar de atender a los cantos de sirena del gobierno actual, más vale mantener una posición independiente y crítica frente a la realidad política. Recordemos que la actitud condescendiente frente al gobierno pasado fue aprovechada para llevar a cabo todos los hechos que hoy generan tantos escándalos y que nos hacen reflexionar acerca del régimen que nos gobernó por ocho años. Ilusionarnos con un cambio de imagen y olvidarnos del pasado no es la clave para que estos u otros nuevos hechos oscuros no se repitan. Colombia se merece un buen gobierno; seguro. Pero no puede haber un buen gobierno sin una buena oposición. ¿Será que estamos esperando a que sea la derecha  la que juegue este papel?

Comentarios al Libro "Capital Social en Democracias en Desarrollo: Nicaragua y Argentina Comparados". Algunas Reflexiones para Colombia

Tras su viaje a los Estados Unidos en la década de 1830, Alexis de Tocqueville escribe el libro Democracia en América en el cual destaca varias de las costumbres democráticas de la entonces naciente sociedad norteamericana y muestra su contraste con el caso de algunas sociedades europeas donde el proceso de democratización era tan complejo. Una de sus conclusiones es que los sistemas democráticos funcionan mejor en sociedades donde los ciudadanos tienen un alto nivel de confianza mutuo, están acostumbrados a cooperar entre ellos y se consideran iguales entre sí. El concepto de fondo en esta idea, conocido hoy con el nombre de capital social, ha visto un desarrollo notorio en los últimos veinte años en la literatura en las ciencias sociales. Parte de la agenda de investigación en este tema consiste en comprender la forma como los ciudadanos crean lazos al interior de sus sociedades, así como el papel que estos lazos juegan en procesos de transición y consolidación de la democracia, colapso de regímenes políticos e incluso desempeño económico.

El libro Capital Social en Democracias en Desarrollo de Leslie E. Anderson, propone un estudio comparativo de los actuales procesos de democratización en Nicaragua y Argentina centrando su análisis en el papel que cada una de estas sociedades ha jugado en la vida política de sus países a lo largo de las últimas décadas. Llama la atención ver que el desarrollo político de estos dos países es contrario al que su desarrollo económico y nivel de industrialización harían esperar. Así, el texto muestra cómo en una sociedad relativamente moderna como la Argentina, los lazos horizontales entre ciudadanos son bastante débiles, hay un bajo nivel de capital político, un pobre carácter democrático de la ciudadanía y escasas iniciativas ciudadanas de organización política. Por el contrario, una sociedad mayoritariamente agrícola y con uno de los desempeños económicos más pobres en la región, como la Nicaragüense, se caracteriza por altos niveles de participación ciudadana y se ve permanentemente involucrada en sus propios asuntos políticos.

Un ejemplo reciente de la divergencia entre las realidades políticas de estos dos países es el inconformismo con que se han recibido algunas de las prácticas recientes del Presidente Nicaragüense, Daniel Ortega, calificadas como caudillistas, así como la oposición que este recibe por parte del legislativo, otros partidos de izquierda y dentro del mismo Sandinismo. Caso contrario ocurre en Argentina donde a partir de la transición a la democracia varios presidentes han renunciado, han estallado crisis económicas y escándalos de corrupción, mientras que por años la presidencia no sólo ha estado en manos del mismo partido sino, peor aún, recientemente dentro de la misma familia. El poco inconformismo que estos hechos han generado en la opinión pública revela una importante debilidad del carácter democrático de la sociedad Argentina.

-Nicaragua Sandinista-

En su esfuerzo por identificar las causas que han llevado a dos trayectorias completamente diferentes en cuanto al desempeño de la sociedad civil en estos países, Anderson identifica los procesos históricos de largo plazo como principal explicación. Específicamente, se centra en dos fenómenos bien definidos: el Sandinismo y el Peronismo. De acuerdo a la autora, la necesidad del pueblo Nicaragüense de luchar contra un régimen totalitario obligaba a la cooperación entre los distintos sectores de la población, grupos sociales, etáreos y sectores económicos, creando la idea de un "nosotros" que identificaba a prácticamente toda la población. Al interior del movimiento revolucionario que daría fin a más de cuarenta años de dictadura de la dinastía de los Somoza, el liderazgo basado en personalidades era prácticamente inexistente, mientras se desarrollaba un sentido de solidaridad y camaradería entre sus miembros. Más aún, dadas las repetidas bajas de los líderes del movimiento, se reducían los incentivos a cualquier tipo de personalismos o aparición de líderes carismáticos. La revolución era de los nicaragüenses y no respondía a los intereses y pasiones de unos pocos líderes; por el contrario, la sociedad construía importantes lazos horizontales entre sus miembros, al tiempo que se creaban organizaciones de la sociedad civil que son reconocidas formalmente una vez los Sandinistas alcanzan el poder.

-Juan Perón y Eva Perón-

El caso de Argentina con Perón ofrece un contraste interesante. A diferencia del Sandinismo, Perón enmarca su proyecto político entorno a sí mismo sin suscribir sus ideas ni objetivos a ningún predecesor, y tampoco se esfuerza por enmarcarlo en ningún contexto internacional. De igual forma, se desarrollan importantes lazos verticales entre Perón, el Peronismo y sus seguidores, en donde aspectos como la personalidad y el carisma del líder juegan un papel fundamental. Viniendo de la clase media-baja, Perón muestra su interés por las clases menos favorecidas pero desde una posición de poder sobre ellos al mejor estilo de un benefactor de la población. Así, en el país se lleva a cabo un proceso poco coherente ideológicamente de reforma desde arriba en lugar de uno de lucha, apoyo mutuo y lazos fuertes entre los ciudadanos.

Como parte de una visión del mundo en la que aparecen enemigos del régimen por todas partes, Perón cierra posibilidades para la aparición de líderes dentro del Peronismo, se opone a estudiantes, profesores, partidos políticos de oposición, prensa y cualquier alternativa política que se escapara de su control directo. De hecho, Eva Perón -quien goza de una alta popularidad durante estos años- actúa principalmente como un activo que le suma capital político al liderazgo y autoridad de Perón. Nuevamente, su participación se ciñe a un esquema de beneficencia en lugar de invitar a los sectores más vulnerables de la población a movilizarse y trabajar juntos por su propio bienestar.

De acuerdo a Anderson, el tipo de capital social desarrollado bajo este tipo de regímenes políticos semi-fascistas es anti-democrático. Respecto al Peronismo establece: "[Su comportamiento] afecta negativamente la confianza entre los Peronistas, entre sus líderes y el mismo Perón, entre líderes secundarios, y entre el Peronismo y la oposición no Peronista". En suma, un régimen político que en lugar de basarse en una ideología clara encuentra su razón de ser en el carisma del líder, crea la idea de un "nosotros" -los Peronistas, en este caso- y un "ellos" (la clase no-trabajadora, los capitalistas, las elites, los Radicales, los intelectuales, la prensa, la Iglesia, las universidades, etc.). Adicional  a esto, en términos económicos, este tipo de movimientos necesita perpetuar la pobreza en el largo plazo ya que su influencia sobre la población y sus mecanismos clientelistas se debilitan a la par que la pobreza se reduce.

Si bien el capital social en Argentina es bastante bajo, dada su importancia para la construcción de democracia surge entonces una pregunta: ¿cómo se explican los avances democráticos que ha alcanzado Argentina en los últimos años? Anderson señala las instituciones políticas como una alternativa para contrarrestar la falta de capital social y político de algunas sociedades. Así, destaca el importante papel histórico que las ramas legislativa y judicial han tenido a lo largo de la historia Argentina frente a su incipiente desarrollo en el caso Nicaragüense. Por ejemplo, durante el período Radical Argentino (1916-1930) el Congreso fue un contrapeso a los intereses del ejecutivo en cabeza de Hipólito Yrigoyen, lo que generó grandes enfrentamientos entre estas ramas del poder. Si bien durante el gobierno de Perón el legislativo sirvió principalmente para legitimizar el papel del ejecutivo a partir de sus mayorías Peronistas, el legislativo y las cortes jugaron un papel fundamental para la transición a la democracia en los ochenta así como para el juzgamiento de los responsables por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. De igual forma, luego del cambio de la constitución que le permitió a Ménem  la reelección presidencial, a finales de los noventa el Congreso y la rama Judicial bloquean los intentos de este de permanecer en el poder por un tercer período, al tiempo que sacan a la luz pública importantes casos de corrupción de su gobierno.

Tras la lectura del texto es inevitable pensar en el estilo de política presente en Colombia durante los últimos ocho años. No vale la pena entrar a hacer una lista de todos los detalles que caracterizaron al pasado gobierno; a fin de cuentas estos son ampliamente conocidos y  en muchos casos esto implicaría repetir algunas de las prácticas mencionadas arriba para el caso Argentino tan sólo haciendo un cambio en los nombres de los protagonistas. Es suficiente recordar frases como "Yo no leo periódicos internacionales", "estas carnitas y estos huesitos" o la famosa "encrucijada del alma" para empezar a entender las similitudes. ¿Se acuerdan? Bueno, creo que para nadie es duda que el anterior gobierno colombiano estuvo caracterizado por altas dosis de personalismo, carisma y movimiento de masas por parte de su líder, así como el desarrollo de lazos verticales entre este y otros miembros del partido de gobierno, el partido y sus seguidores, y entre estos y los no-seguidores. Todo esto, desde luego, en detrimento del desarrollo de lazos entre ciudadanos y la construcción del tipo de capital social propicio para el avance de la democracia.

Para no extenderme más en este escrito, quiero refirirme a un artículo que apareció en la edición pasada de la revista Semana indirectamente relacionado con este tema y que ejemplifica  el lado negativo de esta forma de hacer política. En él se contrastan los consejos comunales, práctica que encarnó más de cerca el carisma y lazos verticales entre Presidente y ciudadanos, característicos del gobierno pasado, con la práctica equivalente del gobierno de Santos: los acuerdos. Si bien aún es apresurado sacar conclusiones acerca del nuevo mandatario, si es interesante la descripción que se hace de los consejos comunales, su carácter demagógico y su cuestionada eficiencia práctica:

"A pesar de su comprobada eficacia para lograr cercanía entre el Presidente y los ciudadanos, y para llenar la agenda de los medios de comunicación, pocos se imaginaban a Santos recorriendo el país cada sábado con poncho y sombrero para oir las quejas en jornadas de más de ocho horas. Mucho menos para ponerse del lado de la gente para criticar la ineficiencia estatal frente a temas puntuales como la necesidad de poner un semáforo en una esquina, remodelar una escuela o construir un salón comunal.... [Los acuerdos de Santos]  son más serios y pueden ser más eficaces pero difícilmente producirán diversiones como las que llenaron los noticieros de televisión los fines de semana en los últimos ocho años."

La pregunta que queda abierta es el tipo de capital social que se construye en Colombia; si es esta una sociedad en la que los ciudadanos se identifican en el otro y ven en sí mismos la posibilidad de unión para salir adelante en la solución de sus problemas o si, por el contrario, es una sociedad con lazos verticales donde la población espera la aparición de un líder que la movilice y le de solución a sus necesidades.

El carácter carismático y basado en aspectos personalistas que caracterizó al gobierno pasado hace pensar que en la sociedad colombiana los lazos verticales entre ciudadanos y líderes son más fuertes que aquellos lazos horizontales entre ciudadanos en igualdad de condiciones. Esto, como hemos visto, es un resultado lamentable y deja el rumbo de la democracia únicamente en manos de las instituciones políticas -por más responsables y eficientes que estas sean- en lugar de hacer responsable a cada ciudadano por el avance de su sistema político, como se ha encontrado en otras sociedades con larga tradición democrática. Esperemos que en el futuro haya menos caudillos carismáticos y en lugar de estos aparezcan más iniciativas ciudadanas para llevar a cabo las transformaciones que el país necesita. O, más bien, siguiendo el lenguaje del capital social: ¡empecemos a trabajar para ello!

-Consejos comunales de Uribe y los Acuerdos de Santos-

pd. En este momento preparo una reseña detallada del libro de Leslie E. Anderson que espero publicar en unos meses. Sobra decir que recomiendo este libro a quién esté interesado en los temas de capital social o desarrollo político de Latinoamérica.