Reformas Económicas, Democracia y Protestas Sociales

Protesta estudiantes chilenos. Foto: La Radio del Sur

Durante las últimas décadas Latinoamérica ha presenciado una serie de protestas frente a reformas económicas dirigidas a cambiar la estructura de funcionamiento del Estado y su relación con el mercado. Desde eventos como “el Caracazo” Venezolano en 1989, hasta las más recientes protestas estudiantiles en Chile, pasando por “las guerras del agua y el gas” en Bolivia entre 1999 y 2003, y los repetidos “cacerolazos” en Argentina, la región se ha visto convulsionada por diversos movimientos sociales con importantes consecuencias políticas y económicas.

En algunos de estos casos las protestas han propiciado la finalización de períodos de gobierno antes de la fecha pactada, un detrimento significativo en los índices de aprobación de los mandatarios por llevar a cabo cuestionadas reformas, o en otros casos la suspensión de las mismas. Sin embargo, a pesar de los ejemplos de movilizaciones como los mencionados, también se encuentran casos donde la sociedad civil se ha visto notablemente debilitada y desarticulada, al punto que pareciera que no vale la pena iniciar protestas para cambiar el orden político y económico.

¿Qué propicia estos comportamientos sociales y cuál es el patrón -si existe- que podría inducirse a partir de los múltiples casos de los países de la región? Más aún, ¿han tenido algún efecto en los resultados observados los procesos de democratización política y liberalización económica que la región vive desde hace varias décadas?

En un artículo reciente en el Political Research Quarterly, Paul Bellinger y Moisés Arce abordan estas preguntas poniendo a prueba dos hipótesis sobre movilizaciones sociales y reformas económicas y políticas. La primera, la hipótesis de desmovilización, propone que los mayores niveles de desempleo y menores estándares de calidad de vida golpean la capacidad de los individuos de actuar colectivamente, lo que pone en peligro las instituciones y organizaciones representativas tales como los sindicatos y los partidos políticos. De esta forma, una mayor liberalización económica, por medio de sus consecuencias en términos distributivos y el impacto negativo en la calidad de vida de algunos sectores, reduciría los incentivos a la acción colectiva y la formación de movimientos sociales; de acuerdo a los autores, México, Chile y Perú muestran cierta evidencia de este fenómeno.

Por otro lado, la hipótesis de repolitización argumenta que la liberalización económica en escenarios con mecanismos democráticos resulta en mayores niveles de participación y movilización. En el contexto Latinoamericano la movilización resulta de los tradicionales actores de clase, de los nuevos actores que aparecen en contra de las políticas de liberalización económica, y de protestas concentradas en territorios geográficos específicos que desencadenan protestas a nivel nacional.

Utilizando datos de 17 países de la región desde 1970 a 2003, Bellinger y Arce encuentran evidencia en favor de la hipótesis de repolitización: la interacción entre la liberalización económica y los mayores niveles democracia está asociada positivamente con el número de protestas en cada uno de estos países durante los años analizados. Es decir, la liberalización económica genera reivindicaciones que motivan la acción política; en escenarios con niveles de democracia relativamente aceptables, esto fortalece las oportunidades para las respuestas colectivas por medio de protestas.

Vale la pena enfatizar que el resultado importante aquí es el papel de la interacción entre reformas económicas y democracia en la generación de protestas. Así, los resultados del estudio indican que en ausencia de democracia, una mayor liberalización económica reduce el número de protestas –lo que coincide con la hipótesis de desmovilización; a su vez, en ausencia de reformas, mejoras en la calidad de la democracia no tienen ningún efecto sobre el número de protestas. Es la combinación de democracia y liberalización económica lo que genera un mayor número de protestas.

Descomponiendo los indicadores de democracia utilizados por los autores, se encuentra que la parte que es más responsable por los resultados encontrados es aquella relacionada con las libertades civiles. Esto indica que son precisamente las oportunidades políticas presentes en un sistema democrático lo que favorece las movilizaciones.

Las reformas económicas que se empiezan a implementar en la región a partir de finales de los ochenta han tenido consecuencias redistributivas trascendentales y han golpeado duramente a amplios sectores de la población. Mal han hecho algunos gobiernos del continente al prohibir las protestas por medio de las cuales estos sectores manifiestan su inconformismo o, lo que es lo mismo, al estigmatizar a todo aquel que se pronuncie al respecto.

Una democracia no consiste en la unanimidad frente al proyecto político y, mucho menos, en presencia de transformaciones socio-económicas que afectan a diferentes sectores de la población de forma desigual. Los Estados deben garantizar las libertades civiles para que la población tenga la oportunidad de manifestarse por medio de mecanismos democráticos, en lugar de deslegitimar cualquiera de sus demandas.

En el escenario actual de liberalización económica y con las implicaciones redistributivas que estas conllevan, la ausencia de protestas, más que ser prueba del éxito que estas representan, es un indicador claro de mecanismos coercitivos que desdicen mucho de una verdadera democracia.

Referencias
 
Bellinger, P. T., & Arce, M. (2011). Protest and Democracy in Latin America’s Market Era. Political Research Quarterly, 64(3), 688-704.