Líderes Populistas, Democracia y Legitimidad Política

Uno de los argumentos más utilizados para legitimar abusos de poder, violaciones a los Derechos Humanos o  restricciones a las libertades básicas es el amplio margen de aceptación que tienen algunos líderes populistas. Cuando estos aparecen, diversos sectores de la sociedad están dispuestos a aceptar algunos costos en función de un bien superior, sea este progreso económico, derrota del terrorismo o redistribución de la riqueza, entre muchos otros. Paralelamente, las posiciones frente a prácticas anti-democráticas y/o personalistas también pueden ser explicadas por variables contextuales como el nivel de modernización de una sociedad, su cultura política, las orientaciones ideológicas de sus individuos, etc. 

¿Qué explica que en una región como Latinoamérica sigan apareciendo líderes personalistas a lo largo del espectro ideológico? ¿Qué determina, a su vez, la diversidad en los niveles de apoyo a los fundamentos de la democracia en los diferentes países de la región?

Dos artículos que aparecerán en el próximo número del Comparative Political Studies estudian este tema desde enfoques complementarios: el primero de ellos, de Ryan Carlin y Matthew Singer, busca identificar los perfiles de apoyo a los valores y normas intrínsecos de la democracia así como algunos de sus determinantes. El segundo, de David Doyle, se centra en el papel de la legitimidad de las instituciones políticas en el apoyo a líderes populistas de la región.

Carlin y Singer analizan las posiciones de ciudadanos de 12 países de la región frente al apoyo a prácticas democráticas. Los autores parten de cuestionar el carácter unidimensional con que usualmente se tratan estos temas –de apoyar el autoritarismo a apoyar totalmente la democracia-, y proponen que en lugar de esto se consideren múltiples dimensiones, cada una relacionada con diferentes principios básicos de la democracia.

En particular, siguiendo la definición de poliarquía de Robert Dahl, el estudio sugiere las dimensiones de debate público, participación incluyente, contrapesos al ejecutivo e instituciones y procesos. La primera recoge orientaciones hacia leyes sobre el derecho de protesta, movimientos sociales y censura por parte del gobierno; la segunda hacia la tolerancia al voto, a ocupar cargos públicos y a protestas pacíficas; la tercera es acerca de los límites al ejecutivo; y la cuarta acerca de la suspensión del legislativo o el judicial.

Un primer análisis estadístico permite a los autores identificar cinco perfiles de apoyo a la democracia; el más liberal –poliarca- consiste en posiciones más democráticas en las cuatro dimensiones; los otros cuatro perfiles rechazan o tienen posiciones ambivalentes frente a al menos una de ellas. Un resultado importante es que en el primer grupo se ubica cerca del 17% de la población, lo que indica que más del 80% impone algún límite a la democracia; adicionalmente, no aparece ningún grupo con posiciones totalmente antidemocráticas.

Pero, ¿qué determina que una persona tenga un perfil democrático frente a las otras alternativas? El estudio encuentra evidencia en favor de la hipótesis de modernización: mayores niveles de educación y mayor ingreso –comunes en sociedades más modernas- son favorables a un perfil más democrático. También se encuentra evidencia en favor de un efecto importante de la cultura política –compromiso político- en favor de perfiles más democráticos; adicionalmente, aquellos que se auto-consideran más de izquierda son más democráticos que aquellos de derecha, aunque aquellos que no se identifican con ninguna parte del espectro izquierda-derecha tienden a ser más democráticos; finalmente, quienes aprueban al presidente de turno tienden a tener perfiles que se escapan del modelo poliarca en al menos una dimensión, al igual que quienes evalúan la economía nacional como fuerte o reportan una mejora en su situación económica personal.

En el segundo trabajo mencionado, Doyle estudia la contraparte de este fenómeno para lo cual revisa algunas explicaciones tradicionales detrás del apoyo a líderes populistas como son las crisis económicas, la presencia de recursos naturales, la falta de institucionalización del sistema de partidos, y el impacto de políticas en favor de la liberalización y globalización, entre otros. Tras considerar el efecto probable de cada una de estas explicaciones, propone como hipótesis que los niveles de apoyo al populismo contemporáneo en Latinoamérica pueden ser explicados por los niveles de confianza que el público tiene hacia las instituciones tradicionales de las democracias liberales.

El argumento es sencillo: los candidatos populistas, conscientes de la insatisfacción que el electorado tiene con las instituciones políticas, se presentan como desafiantes del orden establecido y con esa estrategia consiguen el apoyo popular. De esta forma, una mayor desconfianza en las instituciones estará asociada a una mayor probabilidad de apoyo a candidatos populistas que en mayor o menor grado se consideran a sí mismos como ‘fuera del sistema’.

El autor utiliza la definición de populismo según la cual este consiste en una movilización de las masas desde arriba, por parte de líderes personalistas con un discurso en contra de algunos grupos de la élite y en defensa de un -pobremente definido- ‘pueblo’. Un criterio adicional es haber sido candidato por un partido de alto corte personalista y haber obtenido más del 20% de los votos en la primera vuelta presidencial. En este sentido, explica, a pesar de las aparentes diferencias ideológicas entre líderes como Hugo Chávez, Rafael Correa, Alberto Fujimori o Álvaro Uribe, todos entran en la misma categoría de líderes populistas.

En términos de la legitimidad de las instituciones políticas, el estudio construye un índice a partir de preguntas sobre la confianza de la ciudadanía en el Congreso, los partidos políticos y la rama judicial. Se utilizan datos a nivel nacional de 48 elecciones presidenciales en 18 países de la región desde 1996 hasta 2008.

Entre los resultados se encuentra que si bien la hipótesis de que las rentas provenientes de la extracción de recursos naturales favorecen el apoyo hacia líderes populistas, ninguna de las otras hipótesis se mantiene en pie una vez se ha controlado por el nivel de confianza en las instituciones políticas. El resultado principal del estudio es que el nivel de confianza en las instituciones es estadísticamente significativo y con el signo esperado en todas las especificaciones propuestas por el autor; asimismo, la magnitud de su efecto siempre es alta.

Lo anterior quiere decir que el principal motivo para el apoyo a líderes populistas radica en la falta de confianza en las instituciones democráticas fundamentales.

Más aún, los electores no votan únicamente como respuesta al desempeño económico de su país sino principalmente como respuesta a la confianza en sus instituciones políticas; no sorprende, entonces, que muchos candidatos populistas, una vez elegidos, adelanten profundos procesos de reformas constitucionales.

¿Qué lecciones se pueden obtener de estos resultados? Mayores niveles de ingreso y educación así como una mejor cultura política favorecen las posiciones que la ciudadanía tiene frente a diferentes valores de la democracia. No obstante, las condiciones económicas no son trascendentales al explicar el apoyo a líderes populistas; la confianza en las instituciones políticas, por el contrario, sí resulta primordial. Aquellas sociedades que perciben una deslegitimación de sus instituciones políticas son más proclives a la elección de líderes populistas, con las consecuencias en términos de abusos de poder, perpetuación en el cargo, ataques a las cortes y violaciones a derechos básicos que siguen siendo frecuentes en la región.

Resulta normal que ante la insatisfacción con las instituciones políticas el electorado busque alternativas, mientras algunos políticos, oportunistamente y presentándose como "anti-sistema", son quienes obtienen los votos. En la mayoría de los casos una vez en el poder estos políticos terminan reproduciendo prácticas antidemocráticas, con lo que el ciclo se inicia nuevamente. Está en manos de la ciudadanía la elección de políticos que, jugando dentro del sistema, favorezcan el fortalecimiento y la legitimización del mismo. Sólo así será posible romper el círculo vicioso de desinstitucionalización y populismo que tanto ha afectado a la región.

Referencias:

Carlin, R. E., & Singer, M. M. (2011). Support for Polyarchy in the Americas. Comparative Political Studies, 44(11), 1500-1526.

Doyle, D. (2011). The Legitimacy of Political Institutions: Explaining Contemporary Populism in Latin America. Comparative Political Studies, 44(11), 1447-1473.

Reformas Económicas, Democracia y Protestas Sociales

Protesta estudiantes chilenos. Foto: La Radio del Sur

Durante las últimas décadas Latinoamérica ha presenciado una serie de protestas frente a reformas económicas dirigidas a cambiar la estructura de funcionamiento del Estado y su relación con el mercado. Desde eventos como “el Caracazo” Venezolano en 1989, hasta las más recientes protestas estudiantiles en Chile, pasando por “las guerras del agua y el gas” en Bolivia entre 1999 y 2003, y los repetidos “cacerolazos” en Argentina, la región se ha visto convulsionada por diversos movimientos sociales con importantes consecuencias políticas y económicas.

En algunos de estos casos las protestas han propiciado la finalización de períodos de gobierno antes de la fecha pactada, un detrimento significativo en los índices de aprobación de los mandatarios por llevar a cabo cuestionadas reformas, o en otros casos la suspensión de las mismas. Sin embargo, a pesar de los ejemplos de movilizaciones como los mencionados, también se encuentran casos donde la sociedad civil se ha visto notablemente debilitada y desarticulada, al punto que pareciera que no vale la pena iniciar protestas para cambiar el orden político y económico.

¿Qué propicia estos comportamientos sociales y cuál es el patrón -si existe- que podría inducirse a partir de los múltiples casos de los países de la región? Más aún, ¿han tenido algún efecto en los resultados observados los procesos de democratización política y liberalización económica que la región vive desde hace varias décadas?

En un artículo reciente en el Political Research Quarterly, Paul Bellinger y Moisés Arce abordan estas preguntas poniendo a prueba dos hipótesis sobre movilizaciones sociales y reformas económicas y políticas. La primera, la hipótesis de desmovilización, propone que los mayores niveles de desempleo y menores estándares de calidad de vida golpean la capacidad de los individuos de actuar colectivamente, lo que pone en peligro las instituciones y organizaciones representativas tales como los sindicatos y los partidos políticos. De esta forma, una mayor liberalización económica, por medio de sus consecuencias en términos distributivos y el impacto negativo en la calidad de vida de algunos sectores, reduciría los incentivos a la acción colectiva y la formación de movimientos sociales; de acuerdo a los autores, México, Chile y Perú muestran cierta evidencia de este fenómeno.

Por otro lado, la hipótesis de repolitización argumenta que la liberalización económica en escenarios con mecanismos democráticos resulta en mayores niveles de participación y movilización. En el contexto Latinoamericano la movilización resulta de los tradicionales actores de clase, de los nuevos actores que aparecen en contra de las políticas de liberalización económica, y de protestas concentradas en territorios geográficos específicos que desencadenan protestas a nivel nacional.

Utilizando datos de 17 países de la región desde 1970 a 2003, Bellinger y Arce encuentran evidencia en favor de la hipótesis de repolitización: la interacción entre la liberalización económica y los mayores niveles democracia está asociada positivamente con el número de protestas en cada uno de estos países durante los años analizados. Es decir, la liberalización económica genera reivindicaciones que motivan la acción política; en escenarios con niveles de democracia relativamente aceptables, esto fortalece las oportunidades para las respuestas colectivas por medio de protestas.

Vale la pena enfatizar que el resultado importante aquí es el papel de la interacción entre reformas económicas y democracia en la generación de protestas. Así, los resultados del estudio indican que en ausencia de democracia, una mayor liberalización económica reduce el número de protestas –lo que coincide con la hipótesis de desmovilización; a su vez, en ausencia de reformas, mejoras en la calidad de la democracia no tienen ningún efecto sobre el número de protestas. Es la combinación de democracia y liberalización económica lo que genera un mayor número de protestas.

Descomponiendo los indicadores de democracia utilizados por los autores, se encuentra que la parte que es más responsable por los resultados encontrados es aquella relacionada con las libertades civiles. Esto indica que son precisamente las oportunidades políticas presentes en un sistema democrático lo que favorece las movilizaciones.

Las reformas económicas que se empiezan a implementar en la región a partir de finales de los ochenta han tenido consecuencias redistributivas trascendentales y han golpeado duramente a amplios sectores de la población. Mal han hecho algunos gobiernos del continente al prohibir las protestas por medio de las cuales estos sectores manifiestan su inconformismo o, lo que es lo mismo, al estigmatizar a todo aquel que se pronuncie al respecto.

Una democracia no consiste en la unanimidad frente al proyecto político y, mucho menos, en presencia de transformaciones socio-económicas que afectan a diferentes sectores de la población de forma desigual. Los Estados deben garantizar las libertades civiles para que la población tenga la oportunidad de manifestarse por medio de mecanismos democráticos, en lugar de deslegitimar cualquiera de sus demandas.

En el escenario actual de liberalización económica y con las implicaciones redistributivas que estas conllevan, la ausencia de protestas, más que ser prueba del éxito que estas representan, es un indicador claro de mecanismos coercitivos que desdicen mucho de una verdadera democracia.

Referencias
 
Bellinger, P. T., & Arce, M. (2011). Protest and Democracy in Latin America’s Market Era. Political Research Quarterly, 64(3), 688-704.

Ejércitos Empresariales y Retos a la Democracia

Más allá de las actividades relacionadas con temas de defensa, con las que usualmente se asocia a los diferentes ejércitos nacionales, estos se involucran en actividades productivas que en muchos casos llegan a tener un impacto importante en la economía. El ejemplo tradicional es el de la industria militar, que con la creciente complejidad asociada a la producción de armamento desde finales del siglo XIX propició la emergencia de industrias dedicadas exclusivamente a ello. En muchos de estos casos los militares se vinculan a los procesos productivos e incluso llegan a tener un control completo sobre los sectores involucrados. No obstante, varios ejércitos han tenido un papel mucho más importante en la economía. En Latinoamérica, por ejemplo, han estado presentes en los sectores de petróleo y acero (Argentina y Brasil), turismo y agricultura (Cuba) y fondos de pensiones (El Salvador, Honduras y Guatemala) entre otros, con potenciales efectos importantes en la vida política de estas sociedades.

El último número del  Latin American Politics and Society incluye un artículo de Kristina Mani que busca entender algunas de las implicaciones de la labor del ejército en diferentes sectores de la economía. Su mayor presencia se ve incentivada por su nivel de coordinación interno, su capacidad de movilización para atender necesidades inmediatas y su bien definida estructura jerárquica; sin embargo, esto también genera importantes retos para sociedades con instituciones democráticas débiles. Primero, estas actividades económicas generan cierta autonomía presupuestal para el ejército, lo que reduce su dependencia de los gobiernos civiles; segundo, el acceso del ejército a los recursos del Estado -por medio de contratos- contribuye a perpetuar prácticas clientelistas; y, tercero, al involucrarse en la actividad productiva, el ejército desvía la atención prestada a los temas de defensa nacional.

Para entender la relación entre ejércitos empresariales y el resto de la sociedad la autora distingue dos tipos de empresas militares en la región: industrializadoras –cuyo objetivo es reducir la dependencia de la inversión extranjera-, y las que “construyen nación” –dedicadas a promover el desarrollo social y mejorar la distribución del ingreso y la cohesión social. Utilizando un enfoque histórico-institucional, Mani propone tres factores que determinan el éxito y duración de estas empresas: una coyuntura económica crítica que obliga a revisar las prioridades económicas del ejército; las prioridades estratégicas de las fuerzas armadas; y las oportunidades coalicionales de los militares.

Así, compara inicialmente los casos de Argentina y Brasil, donde la Gran Depresión desató importantes cambios en los modelos económicos y abrió las puertas a una creciente intervención estatal. En los dos países, las necesidades estratégicas de los militares se concentraban en las áreas de defensa nacional y adquisición de armamento, pero difirieron en las oportunidades coalicionales que encontraron en la sociedad. En Brasil, el modelo de Estado Novo de Getulio Vargas asignaba un papel preponderante a las fuerzas armadas, lo que les significó importantes prerrogativas para el desarrollo de su industria, algo que se mantuvo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En Argentina, por el contrario, el ejército encontró grandes obstáculos para formar una coalición fuerte con las élites burocráticas y del sector privado en la era post-Perón. Así, tras el fin de las dictaduras, mientras en Brasil el ejército continuó controlando el sector de defensa, en Argentina el modelo militar-empresarial quedó totalmente deslegitimado.

Tras el abandono parcial del modelo de estado interventor durante los años noventa, este volvió a cobrar importancia en la última década; no obstante,  en términos de industrialización, el ejército ha estado subordinado al control civil en la planeación de proyectos y toma de decisiones

Ahora, en cuanto al papel del Estado como "constructor de nación", Mani compara los casos de Cuba y Ecuador. En el primero se destaca el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la construcción del orden socialista bajo las órdenes del Partido Comunista. Esto se traduce en un alto nivel de coordinación que -de acuerdo a la autora- ha sido esencial para sortear la crisis generada tras el fin de la Guerra Fría e iniciar transformaciones económicas sin tener que recurrir al abandono de la ideología. En Ecuador, por el contrario, muchas de las iniciativas de los militares eran vistas con escepticismo por parte de la empresa privada, lo que imposibilitó el desarrollo de un ejército empresarial.

A diferencia de los ejércitos con actitud industrializadora, otros países de la región han dado un papel más importante al ejército en el proceso de "construcción de nación", como es el caso de las permanentes intervenciones en Bolivia y Venezuela en provisión de servicios públicos, promoción de desarrollo económico y control del petróleo.

Como lo indica la autora, las complicaciones que surgen a partir de la involucración del ejército en este tipo de actividades es que  aparte de la autonomía presupuestal, acceso a recursos estatales y continuación de prácticas clientelistas, que se mencionaron antes, el ejército consigue legitimidad ante las masas, lo que significa que está en capacidad de combinar recursos económicos y apoyo popular para desafiar un sistema democrático. De esta forma, si el ejército va a jugar un papel importante en la economía, es necesario garantizar que esté bajo permanente control civil; en tanto las instituciones democráticas no estén en pie y firmes, es indeseable un ejército relativamente autónomo tanto presupuestal como operativamente.

Finalmente, un tema importante que no aparece en el estudio y que merece una investigación detallada, es el de ejércitos legales que desarrollan, promueven o apoyan de forma clandestina actividades productivas o de prestación de servicios de carácter ilegal: por ejemplo, tráfico de armas, drogas, personas, crimen organizado o ejércitos privados ilegales. En estos escenarios, la autonomía de las instituciones castrenses y su acceso a recursos públicos, combinado con los intereses de sectores –legales e ilegales- que se benefician de llevar prácticas al margen de la ley, pueden consolidarse como importantes desafíos a sistemas democráticos o convertirse en obstáculos para el avance de políticas que buscan mejorar el bienestar social y económico de la población.

No sorprende mucho que en sociedades donde la democracia es aún bastante débil y las Fuerzas Armadas juegan un papel protagónico, aparezcan todo tipo de dificultades para la aprobación e implementación de políticas públicas progresistas que podrían aliviar algunos de los problemas más acuciantes del grueso de la población. Las Fuerzas Armadas deben tener el respaldo de la sociedad, desde luego; pero si lo que se busca es consolidar una verdadera democracia, los intereses militares –legales o ilegales- no pueden estar por encima de aquellos de la sociedad.
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Referencias

Mani, Kristina (2011) Military Entrepreneurs: Patterns in Latin America. Latin American Politics and Society, Vol. 3, No. 53, Fall.

La Política y el Respeto - Nacimos el 31 de diciembre

Durante la década de 1980, tras la declaración de guerra al Estado peruano por parte de Sendero Luminoso, cerca de 69.000 personas perdieron la vida. A pesar de que la población indígena representa una minoría dentro del total nacional, esta fue la principal víctima del conflicto armado, dando continuidad a una larga historia de exclusión, marginamiento y exterminio. Sendero Luminoso condenaba las tradiciones de estas comunidades, sus ritos y sus fiestas, al tiempo que ridiculizaba mucho de lo que constituye la identidad del indígena peruano. El Estado, por su parte, consideraba a los indígenas como ciudadanos de segunda categoría –cuando no aliados del terrorismo-, facilitando con esto el sufrimiento y asesinato de muchos de ellos.

Esta sería una historia aislada si no fuera porque se repite de formas diferentes con múltiples comunidades indígenas a lo largo del continente. Las poblaciones mestizas o aquellas que se sienten más cercanas al componente europeo en nuestra mezcla de razas antepasadas, permanentemente desprecian, manipulan y ridiculizan a aquellas que consideran "inferiores", en no pocos casos con resultados como los del Perú de los ochenta.

La semana pasada tuve la oportunidad de ver la premier del documental "Nacimos el 31 de diciembre", donde se presenta otra de estas lamentables historias de desprecio y burla hacia una comunidad indígena: en este caso los Wayúu en la costa norte colombiana. Los Wayúu, cuya lengua difiere del español, aparecen en sus cédulas de ciudadanía con nombres tan extraños y ridiculizantes como 'Raspahierro', 'Alkaseltzer', 'Bolsillo', 'Payaso', 'Arrancamuelas', o 'Cosita Rica'. No se trata de una competencia al interior de la comunidad por ver a quién se le ocurre el peor nombre; se trata de una burla por parte de funcionarios de la Registraduría quienes al no entender - o no querer entender- los verdaderos nombres de estas personas, deciden asignarles el que mejor les parece. Esto, sumado al analfabetismo o desconocimiento del español por parte de los Wayúu, termina con ciudadanos colombianos cuyos nombres generan desprecio en quien los escucha y denigran de la condición de quienes los llevan.

Pero el asunto no termina ahí sino que, como tantas otras cosas, tiene un trasfondo político importante. Los políticos locales se acercan a las comunidades Wayúu en época de campaña a fin de asegurar su voto; como muchos de los indígenas no están registrados, se les emiten documentos de identidad en los cuales aparte de asignarles nombres como los ya mencionados, se les altera su fecha de nacimiento de tal forma que puedan participar en las elecciones inmediatas y apoyar al candidato de turno. Así, aparecen documentos de identidad de mujeres y hombres adolescentes con la edad necesaria para votar, todos ellos con un dato curioso: nacieron el 31 de diciembre.

En las entrevistas a funcionarios y políticos de la región se culpa a los indígenas por estos resultados y se rechaza cualquier responsabilidad por parte del Estado y quienes lo representan. Sigue la idea de que los "indios son brutos", o, en el mejor de los casos, que es su culpa por no saber español.

Para muchos esto sería simplemente un mal chiste por parte de la Registraduría y un abuso más de los que cometen miles de políticos con el fin de ser elegidos. Sin embargo, el desprecio que se evidencia en actos como la alteración de los nombres y fechas de nacimiento, se propagan a lo largo de la sociedad y terminan justificando injusticias y violaciones de derechos básicos, cuando no violencia sistemática contra las poblaciones indígenas como en los casos de Perú, México, Guatemala o la misma Colombia.

El documental "Nacimos el 31 de diciembre" es una importante denuncia de la perpetuación de prácticas que no hemos podido abolir desde tiempos de la colonia, donde lo "indio" o lo "negro", sigue siendo visto como inferior a aquello de origen europeo. Es también una muestra de cómo en muchos casos los intereses políticos se imponen sobre la identidad y dignidad de los pueblos,  con consecuencias nefastas para ellos.

Una de las preguntas que queda abierta es si hoy podemos considerarnos una sociedad moderna donde el racismo es cosa del pasado. Sería interesante responder a esta pregunta después de ver el documental.

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Trailer del documental:

Nacimos el 31 de diciembre de Priscila Padilla Farfan on Vimeo.

Actitudes Democráticas en Latinoamérica

Un tema recurrente en este blog ha sido la discusión en torno al tipo de estructuras socio-políticas en las cuales se fundamenta la democracia de los países latinoamericanos. En este respecto, una posibilidad es la de una democracia impuesta “desde arriba”, tal vez como resultado de acuerdos entre élites políticas, y que responde principalmente a líderes populares o a sus instituciones políticas formales. Otra posibilidad es aquella democracia que surge “desde abajo”, a partir del desarrollo de relaciones entre ciudadanos que llevan a cabo iniciativas de transformación de sus sociedades, al tiempo que ejercen control político sobre sus líderes e instituciones.

Desde luego, estos dos casos podrían considerarse como “tipos ideales”, mientras que en la realidad las diferentes sociedades se ubican en algún punto intermedio entre estos dos extremos. No obstante, la permanente aparición de líderes carismáticos, la maleabilidad de las normas para satisfacer sus intereses y la generalizada debilidad institucional, hacen que la realidad latinoamericana tienda a inclinarse más hacia el extremo “democracia desde arriba” que hacia aquella que involucra más directamente a la ciudadanía y que es más característica de otro tipo de sistemas políticos.

Ahora, es de esperarse que exista una relación entre el tipo de democracia de una sociedad y las actitudes de sus individuos hacia ella. Si ese es el caso -aunque no sólo en ese escenario- resulta importante conocer algunos de los aspectos que condicionan tales actitudes. En su artículo en el Journal of Politics in Latin America, Eduardo Salinas y John Booth abordan este problema, para lo cual analizan el efecto de características individuales y contextuales sobre tres variables que, argumentan, capturan la esencia de la democracia: preferencia de la democracia sobre otros sistemas de gobierno, derechos de los ciudadanos de participar en política, y derecho de participación para los críticos del sistema.

En principio, los autores encuentran una relativamente alta preferencia por la democracia sobre otras formas de gobierno, lo que indica una mejora frente a lo mostrado por otros estudios años atrás; Venezuela sobresale en este indicador mientras que Honduras se encuentra en el extremo inferior. En términos de derechos de participación, aunque la preferencia sigue siendo alta, es un poco menor que en el primer caso; allí sobresalen Argentina y Paraguay por sus altos niveles, mientras que Honduras nuevamente ocupa el puesto más bajo. Finalmente, en términos de tolerancia hacia los críticos del régimen, la aceptación general es sustancialmente menor, siendo particularmente baja en Bolivia, Guatemala, Honduras, Perú, Chile y Colombia.

Este último resultado es en sí mismo una señal de alerta acerca de la convicción y entendimiento de la ciudadanía respecto a la preferencia por la democracia: mientras una mayoría considera que la democracia es la mejor forma de gobierno, una fracción mucho menor está dispuesta a tolerar a los críticos del régimen. Es decir, una importante parte de la población tiene una actitud de “prefiero la democracia pero no el disenso” –algo muy poco democrático, desde luego.

En términos de las variables que explican cada uno de estas respuestas, los autores encuentran que un mayor nivel educativo contribuye a actitudes más democráticas, mientras que una mayor percepción de inseguridad, por el contrario, contribuye a su detrimento. Un resultado interesante es que no aparecen diferencias importantes en las actitudes hacia la democracia entre las diferentes clases sociales, mientras que un mayor nivel de confianza interpersonal juega un papel positivo. En términos de las variables sistémicas, los autores no encuentran evidencia de que las evaluaciones individuales del desempeño del gobierno o de la economía contribuyan hacia mejores actitudes democráticas, mientras que a nivel agregado un mejor desempeño económico y una mayor experiencia democrática contribuyen a la formación de actitudes democráticas.

Hacia comienzos de año Michael Shifter, del diálogo interamericano, ofrecía una visión optimista acerca de la realidad y fututo político de la región. Sin embargo, además de la amenaza para la estabilidad política latinoamericana que representan la escalada de violencia, el tráfico de drogas, y prácticas anti-democráticas por parte de varios gobernantes, las actitudes de la ciudadanía aún no son garante de que la democracia sea “el único juego posible”. Mayor estabilidad económica y mayores niveles de educación contribuyen al fortalecimiento de la democracia; no obstante, es necesario el fortalecimiento de los lazos interpersonales y la aceptación del disenso como piezas fundamentales hacia verdaderas actitudes democráticas.

En este nivel es poco lo que pueden hacer los gobernantes a nivel nacional y es, más bien, tarea de los propios ciudadanos y sus (nuestras) comunidades desarrollar la cultura democrática “desde abajo” que la región tanto necesita. La alternativa es seguir esperando a otro caudillo de los que tantos hemos visto y de quienes ya conocemos su legado.

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Referencias:

Shifter, M. (2011) A Surge to the Center. Journal of Democracy, Volume 22, Number 1, January 2011, pp. 107-121.

Salinas, E. and Booth, J. (2011) Micro-social and Contextual Sources of Democratic Attitudes in Latin America, Journal of Politics in Latin America, Vol. 3, No. 1.

‘Contravía’ y la Democracia que Queremos

Después de vivir cerca de dos años en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de presenciar la intensa campaña electoral que finalmente llevó a la presidencia a Barack Obama. Entre todos los aspectos llamativos de esta campaña, uno que en particular captó mi atención fue la permanente invitación a reuniones y fiestas en las que a los asistentes se nos pedía una pequeña contribución monetaria para financiar la candidatura de Obama.

En principio esto me pareció un poco extraño ya que, viniendo de Colombia, estaba acostumbrado a que quienes financian las campañas políticas son los grandes empresarios, industriales y, sobra decirlo, diversas fuentes de dudosa reputación. Pedirle plata a un estudiante como yo o mis amigos, así fueran sólo unos pocos dólares, me parecía muy raro.

Sin embargo, noté que quienes organizaban las reuniones a las que era invitado no eran personas que esperaban un puesto en caso de que Obama ganara la presidencia, ni miembros del partido demócrata, ni tampoco amigos o familiares de políticos locales. Eran ciudadanos comunes y corrientes -estudiantes, profesores, empleados- que realmente se motivaron con la esperanza de ver a Barack Obama en la Casa Blanca y que entendieron que la suma de múltiples esfuerzos individuales sería la clave para lograr los recursos necesarios para sobrevivir financieramente la costosa contienda electoral. Recordé entonces que había visto esquemas de funcionamiento similares en radio, televisión y algunos medios impresos: ciudadanos comunes y corrientes haciendo contribuciones voluntarias para poder tener acceso al tipo de información que quieren ver y no únicamente a aquella por la que pagan las grandes corporaciones.

Esta semana el programa de televisión Contravía decidió jugársela por este esquema y, con tal apuesta, abre una ventana de oportunidades inmensa para la democracia en Colombia y en América Latina. Se abre la posibilidad de tener un medio financiado por los ciudadanos en un país donde prácticamente la totalidad de la radio y televisión y, por ende, sus contenidos, son controlados por dos grandes emporios económicos. Se abren nuevas alternativas en un escenario con sólo dos periódicos de circulación nacional y donde los medios masivos, por miedo, conveniencia o incompetencia, han sido muy inferiores a los retos que ofrece la realidad del país.

Sin duda alguna, la democracia se ve fortalecida con más y mejores medios, más aún si estos son de carácter independiente; en sus nueve años Contravía ha mostrado la calidad y seriedad de su trabajo, así como su compromiso con la democracia. Más allá del fortalecimiento de nuestras instituciones políticas, con opciones como ésta la ciudadanía muestra que está en capacidad de competir con los grandes negocios, que no está dispuesta a ser un simple agente pasivo de los intereses económicos y que está en capacidad de elegir el tipo de contenidos que quiere ver. Es la única forma de exigir que las verdades que muchas veces se busca ocultar salgan a la luz pública, y contar con un medio de televisión para hacerlo.

La apuesta de Hollman Morris y su equipo hoy abre la oportunidad histórica de tener un programa independiente financiado por la ciudadanía; el éxito de esta apuesta nos permitirá pensar mañana en un canal de televisión o estaciones de radio financiadas completamente por sus seguidores; no muy lejos de allí estaremos hablando del financiamiento de campañas políticas por parte de la ciudadanía; estamos hablando de empoderar a la población para que sea ésta quien decida por quién quiere ser gobernada y no que simplemente elija entre las pocas opciones que se le ofrecen. Que este tipo de prácticas aún estén poco desarrolladas en América Latina, no es razón para no empezar a llevarlas a cabo.

La democracia funciona mejor cuando la construyen los mismos ciudadanos. Una democracia es débil cuando es impuesta desde arriba y es el resultado de intereses políticos y económicos con los que los ciudadanos comunes y corrientes -nosotros- no estamos realmente identificados. Participar en esta propuesta es nuestra oportunidad de contribuir a la democracia más allá del depósito del voto que nos piden cada dos años; es la verdadera oportunidad de elegir lo que queremos ver; es un primer paso hacia la democracia que soñamos. Démonos la oportunidad de soñar.

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Más información aquí.

Personalidades e Ideologías

A poco más de ocho meses antes de las elecciones regionales del próximo 30 de octubre, es poco lo que los Colombianos conocemos acerca de los programas que estarán en la contienda en los diferentes municipios y departamentos. Y hablo específicamente de programas, en lugar de candidatos, ya que son estos últimos quienes han dominado la escena pública.

Este fenómeno no es nuevo en un país que tradicionalmente se ha visto atraído por líderes populares que movilizan al electorado con gran facilidad y donde aspectos como su personalidad y su carisma resultan ser más importantes que las ideas y programas que defienden. Sin embargo, durante los últimos años se ha dado una tendencia hacia la reducción del debate ideológico, que pareciera dar la sensación de un acuerdo generalizado frente a las necesidades del país y la forma como suplirlas. Prueba de esto es la pasada disputa por la Presidencia donde al menos cuatro de los seis candidatos que lideraban las encuestas no competían por sus programas de gobierno sino por mostrar quién era el más indicado para preservar el legado uribista.

Pero, ¿existe realmente un acuerdo frente a las necesidades del país y los métodos para abordarlas - como sugiere la falta de compromiso de muchos candidatos- o se trata, más bien, de una estrategia de acomodamiento electoral? Siguiendo con el ejemplo de la Presidencia de la República y el progresivo desmonte del uribismo por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, se evidencia que la ausencia de debate es, básicamente, una estrategia electoral: los candidatos dicen lo que la gente espera escuchar o, al menos, evaden temas que podrían comprometerlos seriamente frente a algunos sectores del electorado. Una vez en el poder llevan a cabo la agenda que más les interesa, como se ha podido constatar recientemente, no pocas veces ante la mutua sorpresa de sus electores y contradictores.

Esta estrategia, aunque pueda surtir efectos positivos para algunos candidatos, es bastante nociva para el desarrollo de una democracia sana. Si quienes deben liderar el debate público evaden su responsabilidad a cambio de dividendos políticos, las contiendas electorales son poco más que concursos de belleza donde los electores terminan votando por una imagen o un estilo y no por ideas claras acerca del futuro de la sociedad. Peor aún, una consecuencia de la vaguedad del discurso político es la total incertidumbre respecto a lo que hará un candidato en caso de que alcance el poder.

Dada la comodidad que representa para los candidatos a alcaldías, gobernaciones y demás cargos públicos, esconderse en un ambiente político de baja polarización, es responsabilidad de los ciudadanos ser exigentes con ellos. Así la ciudadanía debe demandar respuestas a preguntas como ¿Cuál es el programa de gobierno?; ¿Cuáles son los proyectos de infraestructura que tendrán prioridad?; ¿Qué tipo de gasto social planea fomentar?; ¿En qué sectores se invertirá?, o ¿Cómo se financiarán esos gastos e inversiones? Un político que no responda a estas y otras preguntas básicas, evade su responsabilidad y, por consiguiente, no merece ningún tipo de apoyo electoral.

Una democracia funciona mejor cuando las responsabilidades políticas no son deber y derecho exclusivo de sus líderes sino que también recaen sobre ciudadanos comunes y corrientes. En un contexto de candidatos y partidos que más que atraer a sus electores por medio de programas de gobierno, son maquinarias diseñadas para ganar elecciones, temas como la rendición de cuentas y el control político quedan completamente desvirtuados. Así, exigir claridad en los programas de gobierno es un requisito fundamental para la claridad en el debate político y es, a la vez, un punto de partida sobre el cual evaluar el desempeño de gobernantes y partidos. Reemplazar el discurso y la ideología por simples características personales es dejar al azar las decisiones futuras de la sociedad. Poco ayudan quienes fomentan este tipo de política.

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Enlace a mi columna en Zero Horas:

Personalidades e Ideologías

El Polo, los Medios y la Democracia en Colombia

Uno de los temas que ha copado la atención de los medios y la opinión pública durante los últimos meses es el de las divisiones del Polo Democrático, el desempeño de algunos de sus líderes y su futuro político. Los escándalos que hoy vive el Polo han sido un duro golpe para la colectividad e incluso han llegado a poner en duda la viabilidad de un proyecto político de izquierda democrática. Surge la pregunta acerca de lo equilibrado que es este debate, así como su conveniencia para el país.

Si se quisiera defender al Polo, lo más fácil sería decir que la atención que le han dado los medios y la opinión pública es injustificada al compararse con la que reciben los escándalos provenientes de otros partidos. No creo que este camino sea el correcto. Todas las administraciones y partidos políticos, independientemente de su ideología, deben estar sometidas a un escrutinio público permanente por parte de los medios, las entidades de control y de la ciudadanía en general. Lo curioso es que este derecho y deber ciudadano se ejerza selectivamente y “perdone” incluso crímenes contra la humanidad -como en los que se han visto involucrados miembros de otras colectividades- pero decida jugársela toda en este caso. ¿No será, más bien, que ese derecho y deber de informar responde a otro tipo de intereses, y los repetidos ataques al Polo hacen parte de una estrategia de mayores dimensiones?

La situación que hoy enfrenta el Polo no es nueva y, en cambio, se ajusta a dinámicas similares que han vivido otros partidos y políticos de izquierda en el continente. Desde el inicio de la guerra fría –sólo por dar una fecha-, el ascenso de la izquierda en Latinoamérica ha recibido toda la oposición por parte de los sectores que más se ven beneficiados con la preservación del statu quo -medios de comunicación, grandes empresarios e Iglesia Católica, entre otros. Ejemplos de esto son los casos de Jacobo Arbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, el Sandinismo en Nicaragua o el Partido de los Trabajadores en Brasil. En todos estos escenarios, ya sea por la vía armada, la manipulación de los medios de comunicación, presiones externas directas, o simple “ayuda humanitaria”, se han obstruido proyectos progresistas que buscan incluir a amplios sectores de la población.

A pesar de algunos cambios en la geopolítica mundial, es claro que en múltiples escenarios locales e internacionales no se ve con buenos ojos la consolidación de este tipo de proyectos políticos. Por el contrario, cuando éstos empiezan a convertirse en una fuerza electoral importante, las campañas de desprestigio y de desinformación no han faltado.

Se dirá que el caso del Polo no se ajusta a este formato y que sus propios errores son los responsables de la situación que el partido vive actualmente. Seguramente sí, pero regreso sobre mi punto anterior: llama la atención que cuando se han dado escándalos como la parapolítica o los innumerables casos de corrupción que ha visto el país a lo largo de su historia, no se haya puesto en la picota pública a colectividades enteras. Si hay alguna duda de esto, sólo hay que ver la importante presencia en el Congreso de la República de miembros de los partidos involucrados en estos escándalos.

Conscientes de esta situación, varios dirigentes del Polo ya han manifestado su descontento frente a medios como El Tiempo por tergiversar la información que ofrecen a sus lectores, o por ocultar sus pronunciamientos en los que condenan las prácticas de sus copartidarios. También aparecen cuestionamientos frente al gobierno nacional por el proyecto de ley que reformaría el censo electoral y que afectaría directamente al mismo partido.

Sin embargo, más allá de los intereses inmediatos que se vean amenazados por el eventual ascenso de un partido de izquierda, se debe hacer una evaluación acerca de las consecuencias de esta situación para una democracia sana. ¿Será que al país le conviene un escenario monolítico en materia política, donde no exista el disenso y desaparezca el debate? Una verdadera democracia es aquella que se nutre de las diferencias, la diversidad de opiniones y las múltiples visiones sobre lo que le conviene al país, y no donde las mayorías imponen su voluntad libremente.

Esto, desde luego, no implica ignorar los errores del Polo ni de ningún otro partido, así como tampoco perdonar sus culpas; todo lo contrario. El escrutinio público debe ser generalizado y debe asegurarse de las leyes se cumplan y de que los recursos públicos se utilicen de forma debida. Lo que no se puede aceptar es el uso selectivo de estos mecanismos democráticos para acallar el disenso y por ese camino marginar a un partido político. Si no se garantiza un espacio de debate y unas reglas de juego tales que las diferentes voces –sean estas de izquierda o de derecha- sean escuchadas, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando?

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Enlace a la columna en Zero Horas:

El Polo, los Medios y la Democracia en Colombia

¿El Fin de la Confrontación Ideológica en Latinoamérica?

En un artículo reciente en el Journal of Democracy, Michael Shifter –Presidente del Diálogo Interamericano, un centro estadounidense de estudios políticos- destaca la presencia de una tendencia en Latinoamérica hacia la reducción del espectro ideológico, acompañada de una estabilización hacia el centro del mismo. Respalda su afirmación con diferentes encuestas de opinión pública en la región, resultados de elecciones en varios países y medidas de política por parte de sus gobiernos. Desde su perspectiva, los discursos de algunos líderes políticos intentan mostrar la presencia de diferencias ideológicas que en la práctica realmente no existen, o al menos no de forma tan marcada.

Así, aunque Shifter coincide con la mayoría de estudiosos de la región, en señalar un viraje hacia la izquierda, aclara que el equilibrio en el espectro ideológico aún se encuentra ligeramente cargado hacia la derecha pero con opciones mucho menos polarizadas que hace una década. Adicionalmente, la creciente independencia frente a Estados Unidos ha permitido a varios de los países Latinoamericanos poner mayor énfasis sobre la agenda socioeconómica, aspecto que no es bandera de la política económica de la potencia mundial. Para el autor, se ha alcanzado un “nuevo consenso” en torno a los enfoques de política económica y social, que consiste en complementar las políticas características del Consenso de Washington con políticas dirigidas a atacar los problemas perennes de pobreza y desigualdad económica de la región. Las fórmulas de disciplina fiscal, privatización, desregulación de la economía y liberalización del comercio han sido acompañadas por importantes políticas de carácter social como los exitosos programas de transferencias condicionales de dinero.

Parte de la confianza en el enfoque de política social y económica adoptado se debe al éxito relativo con que fue afrontada la crisis económica de 2009; sólo México y Centroamérica, cuyas economías son altamente dependientes de la de Estados Unidos, se vieron notablemente afectadas por la crisis. El resto de la región logró superar la prueba de forma satisfactoria y, en casos como Brasil, a la estabilidad macroeconómica se le suman importantes logros en temas sociales. Esto sin olvidar que Latinoamérica es la región más desigual del mundo y que aún mantiene altos índices de pobreza que, como lo señala el texto, son una de las causas que más ha dificultado el desarrollo de una democracia robusta.

La tendencia hacia el centro que se ha observado en los últimos años se debe parcialmente al desencanto de amplios sectores de la población –principalmente los votantes más jóvenes- con prácticas políticas tradicionales características de períodos de mayor polarización. Así, es de destacar la fuerza electoral que alcanzaron algunos políticos parcialmente fuera del debate izquierda-derecha como Antanas Mockus en Colombia, Marco Enríquez-Ominami en Chile, o Marina Silva en Brasil. Es igualmente importante la cercanía ideológica entre la mayoría de los candidatos a la Presidencia en cada uno de estos países, donde las diferencias radicaban más en estilo y personalidad que en propuestas políticas de fondo. Adicionalmente, en países que han mostrado un viraje hacia la izquierda -lo que resulta “problemático” para algunos analistas-, es de destacar la disciplina fiscal de Morales en Bolivia o el pragmatismo de Ortega en Nicaragua; esto es prueba adicional de la generalidad en la aceptación de cierto tipo de políticas.

Pero, ¿qué tan estable puede llegar a ser el equilibrio del que habla Shifter en su artículo? Como él mismo lo reconoce, la región aún enfrenta importantes retos en temas económicos, sociales y un largo camino por recorrer en cuanto a la fortaleza de sus instituciones políticas, sus sistemas judiciales y las altas tasas de criminalidad. Otro artículo en el mismo número de la revista discute la dificultad de alcanzar estabilidad política y seguridad en una región donde el Estado es ausente en múltiples partes del territorio, lo que genera simultáneamente amenazas para la seguridad individual y la seguridad nacional. En algunos casos, la presencia de estos retos puede conducir a dificultades importantes del sistema político y, por ese camino, abrir la puerta a opciones ideológicas por fuera del centro del espectro ideológico hacia el que tiende la región.

No obstante, los problemas no terminan allí. Más allá de la violencia urbana y el crimen organizado que encuentra su origen en la vasta desigualdad socio-económica, los intentos de corregirla representan ataques directos a grupos poderosos económica y militarmente. Como es de esperarse, estos grupos no están dispuestos a ceder su posición favorable por mecanismos pacíficos, con lo cual pueden generar una fuerte polarización ideológica. Ejemplo de esto son los carteles de la droga en México y Centroamérica, o las bandas criminales emergentes (BACRIM) que surgieron del proceso incompleto de desmonte del paramilitarismo en Colombia.

La presencia de estos grupos con grandes intereses políticos y económicos, acompañados de los problemas sociales que han caracterizado históricamente a Latinoamérica, pueden generar rupturas irreparables en la tendencia hacia el equilibrio ideológico que describe Shifter.

Adicionalmente, dada la tradición de prácticas clientelistas presentes en la región, no es de sorprender que la pérdida de fuerza del debate ideológico sea utilizada precisamente para que políticos que defienden los intereses de estos grupos, co-opten partidos políticos con una ideología débil. Esto les permitirá alcanzar el poder, seguir defendiendo el statu quo y, así, detener la tendencia progresista que han mostrado algunos países y que varios otros están aún por iniciar. A menos que se solucionen estos problemas de fondo, a pesar de las señales que muestra el escenario político, es apresurado hablar de un fin de la confrontación ideológica en Latinoamérica.

Adenda
El artículo de hoy de Maria Jimena Duzán en la Revista Semana tiene un análisis interesante acerca de las consecuencias de este tipo de estabilización ideológica para el caso particular de algunos políticos colombianos. Recomiendo su lectura.
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Referencias:

Duzán, M.J. (2011) Cuando la Política es Asexuada. Revista Semana, Enero 30 de 2011.

Pion-Berlin, D and Trinkunas, H. (2011) Latin America’s Growing Security Gap. Journal of Democracy, Volume 22, Number 1, January 2011, pp. 39-53.

Shifter, M. (2011) A Surge to the Center. Journal of Democracy, Volume 22, Number 1, January 2011, pp. 107-121.

Democracia Representativa y Regla Fiscal en Colombia

Una de las virtudes de la democracia representativa sobre la democracia participativa es que en ella, como su nombre lo indica, el ciudadano hace una elección para que sea otro quien lo represente, lo cual promueve el debate y la deliberación de los representantes en torno a los temas que le preocupan a la sociedad. Es decir, si el grueso de la población participa de una elección, como en un referendo, es de esperarse que las decisiones de buena parte de los ciudadanos sean resultado de un bajo nivel de deliberación y, más bien, respondan a juicios subjetivos, preconcepciones y campañas publicitarias, en vez de ser el producto de un debate concienzudo. En un escenario representativo es de esperarse que un voto a favor o en contra de un proyecto de Ley tenga un sustento real, esté fundamentado en argumentos fuertes y pase por una etapa de deliberación abierta.

El día de hoy, la comisión primera del Senado de la República -a cargo, entre otros, de las reformas a la constitución- aprobó en su tercer debate el proyecto por el cual se busca elevar la sostenibilidad fiscal al nivel de derecho constitucional. Independientemente de los argumentos a favor y en contra de dicha propuesta -sobre lo que hablaré en los próximos días- queda un sinsabor respecto al mecanismo que generó este resultado.

La votación inicial se llevó a cabo ayer con un resultado de nueve votos a favor del proyecto de reforma constitucional y nueve en contra, lo que obligaba a la repetición de la votación en la sesión de hoy. Para molestia de más de uno de los asistentes, justo antes de dar su voto el Senador Juan Carlos Rizzetto del Partido de Integración Nacional (PIN) se levanta de su curul, permanece en el recinto y guarda silencio. Como resultado de esto, la votación queda con nueve votos a favor y ocho en contra, con lo cual el proyecto queda con vida para pasar a los siguientes debates en el Congreso.

Inmediatamente los Senadores Avellaneda del Polo Democrático y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal manifestaron su inconformismo respecto al procedimiento de la votación. Su argumento: el reglamento de la institución obliga a todos los Senadores presentes en el recinto a votar ya sea a favor o en contra de las propuestas sometidas a escrutinio; las abstenciones no son válidas. La respuesta del Senador Nestor Iván Moreno del Polo, no podía ser menor al decir que "Rizzetto le vendió su voto al gobierno".

Más allá de si hubo venta del voto o no, es muy lamentable la calidad del mecanismo por el cual se cambia un voto o, se genera una abstención -lo cual en este caso viene siendo lo mismo. Sin explicación alguna, estando presente en el recinto y violando la norma, Rizzetto se abstiene, cambia el resultado y el resto de los Congresistas aprueba la decisión prácticamente como si no hubiera pasado nada raro. Más aún, las voces de protesta de los Senadores en contra del procedimiento son totalmente ignoradas y, en palabras de Velasco, reflejando su molestia: "vamos a decirle al país que pasó lo que no pasó" (es decir, afirmar que Rizzetto estaba ausente en la votación, lo que sí justificaría su abstención).

Volviendo al argumento del inicio, me pregunto acerca de la legitimidad de una democracia representativa donde los mismos mecanismos generados para el proceso de toma de decisiones son violados tajantemente sin despertar un repudio por parte de la totalidad de la institución, y que dejan como única opción mentirle al país. ¿Acaso no son ellos representantes del pueblo para dar un debate serio y abierto acerca de la conveniencia de los proyectos para el país? ¿No es una reforma constitucional un asunto suficientemente importante, como para merecer una explicación clara acerca de la razón de un voto –o una abstención? ¿Es válido aceptar vicios de forma en los mecanismos por medio de los cuales se representa el querer del país?

Ahora, deja mucho que desear un proyecto de reforma a la constitución como el de incluir la sostenibilidad fiscal en ella, que da uno de sus primeros pasos con vicios de forma tan grandes como los vistos en el debate de hoy. Recordemos los enormes problemas generados a partir de este tipo de fallos de procedimiento (Yidis, Teodolindo,…), y el lastre tan lamentable que han dejado para el país. No es de sorprender que sea la Corte  Constitucional quien en muchos casos deba tomar una posición más firme sobre las decisiones que toman quienes están en deber de representarnos.

Nicaragua: Ortega Contra la Democracia

Hace tres semanas, en mi comentario al libro de Leslie E. Anderson, hacía referencia a algunos aspectos que la autora considera importantes acerca del Sandinismo. Destaca, en particular, la ausencia de líderes carismáticos dentro del movimiento, así como la forma en que este promovía la construcción de capital social entre la población: desarrollo de lazos fuertes entre ciudadanos en lugar de responder a los vaivenes de los intereses de un caudillo. Sin duda alguna esta situación ha dejado de ser así en el país centroamericano desde hace varios años. La creciente presencia de Daniel Ortega en la política nicaragüense, su claro interés de perpetuarse en el poder, los decretos que ha emitido y otras decisiones unilaterales a fin de lograr esto, dan prueba de ello.

El pasado mes de enero, el gobierno nicaragüense decretó la prórroga del mandato de funcionarios del Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, lo que le permitirá al ejecutivo controlar las entidades que fiscalizarán las elecciones de noviembre de 2011. Ante esta decisión, que en condiciones normales debía haber pasado por la Asamblea Nacional, seis magistrados cercanos a la oposición entraron en huelga hace dos meses. Esta semana, cinco de los seis magistrados en huelga se reintegraron a la Corte Suprema de Justicia lo que supone un triunfo para el presidente Daniel Ortega, quien con estos hechos supera uno de los mayores obstáculos que tenía para perpetuarse en el poder. Complica las cosas la exclusión de la agenda legislativa del proyecto de nulidad del decreto en cuestión (el "decretazo"), así como la negativa del presidente de dialogar con sectores de oposición acerca de la transparencia electoral, lo que ha provocado la convocatoria a marchas de protesta a nivel nacional.

En términos generales, se ha insistido en que la democracia funciona mejor cuando surge de los mismos ciudadanos, cuando estos desarrollan actividades que los "acostumbran" a los mecanismos democráticos y cuando son estos quienes deciden organizarse políticamente. Sin embargo, existe la posibilidad de que ante la ausencia de este tipo de capital social, las instituciones políticas asuman el rol democratizador de la sociedad. Un ejemplo de esto es el papel de las cortes y el Congreso argentino en el retorno a la democracia de este país en 1983, o la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de bloquear el intento de reelección de Alvaro Uribe, ante el intento de este de perpetuarse en el poder. Así, la independencia de las cortes y de la rama legislativa son garantes de que las prácticas democráticas no queden totalmente eliminadas tras la aparición de caudillos que buscan manipular las leyes a su antojo. Si bien Nicaragua se caracteriza por tener altos niveles de capital social, las transformaciones políticas que el país ha vivido en los últimos años hacen pensar en la necesidad de ramas del poder fuertes e independientes del ejecutivo, que garanticen la continuidad en su proceso de democratización. Desafortunadamente, Nicaragua también se ha caracterizado históricamente por la debilidad de sus instituciones políticas.

Lo dramático de la situación que estamos viendo hoy en el país centroamericano es la combinación del fortalecimiento de un líder carismático, acompañada de un importante debilitamiento de al menos una de las ramas del poder. Volviendo sobre la reciente experiencia de hace un par de semanas en Ecuador, no es nada promisorio el futuro de una democracia donde sus líderes son los primeros en tener poco respeto por ella y por sus reglas. Con este comportamiento, implícitamente invitan a la ciudadanía y a sectores inconformes a hacer lo mismo. Como ya sabemos, los resultados de este tipo de prácticas son siempre lamentables. La decisión de los magistrados nicaragüenses de volver a sus puestos, y de la oposición de excluir el proyecto de ley de nulidad del "decretazo" fortalece a Ortega notablemente, al tiempo que significa un duro golpe contra la democracia nicaragüense. Queda por ver si la sociedad nicaragüense responde una vez más en defensa de la democracia, tal como lo ha sabido hacer en ocasiones anteriores.

Enlaces interesantes sobre este tema:

Daniel Ortega sin diálogo con oposición

Nicaragua ya no es lo que era

Oposición pone lápida a nulidad del decretazo y revocación del 201

Ecuador: Golpe o no, Prueba del Círculo Vicioso de la Democracia en Latinoamérica

-Correa en el balcón presidencial-

El jueves pasado presenciamos lamentables hechos en el vecino Ecuador y tras una semana de su ocurrencia la información al respecto sigue siendo confusa. Las versiones cambian radicalmente dependiendo del medio que se siga y mientras unos se empecinan en negar la existencia de un intento de golpe de Estado, otros utilizan cada pieza de información disponible para mostrar que efectivamente sí lo hubo. En este contrapunteo que tal vez no termine, lo que se está pasando por alto es la debilidad de la democracia, que hoy se hace evidente en Ecuador, pero que es latente en muchos otros países de la región y que ha sido ya probada en tantas otras ocasiones.

A pesar de los argumentos que ofrecen quienes se oponen a la teoría del intento de golpe, la historia del país suramericano y de la región en su conjunto impide rechazar esta hipótesis a menos que la evidencia sea contundente. A lo largo del siglo XX, e incluso ya entrados en el XXI, en repetidas ocasiones hemos visto presidentes de la región ser reemplazados por mecanismos que nada tienen que ver con las prácticas democráticas a las que se aspira. Al mismo tiempo, llama la atención que durante los últimos años, cuando pareciera haberse alcanzado el triunfo de la democracia, los gobiernos de la región que se han visto desestabilizados -Venezuela, Honduras, Bolivia, Ecuador- comparten ideologías políticas poco favorables a los intereses de los sectores típicamente privilegiados de la sociedad, así como de gobiernos y compañías extranjeras. La teoría del golpe es difícil de rechazar.

No obstante, también seguimos viendo cómo presidentes con niveles de aceptación moderados o altos utilizan su popularidad para adelantar reformas constitucionales que les garanticen su permanencia en el poder, para reducir el alcance de las otras ramas del poder público, o que simplemente desconozcan la constitución y gobiernen respondiendo sólo a su propia voluntad. La volátil y no pocas veces fácilmente manipulable opinión pública, resulta ser un cómplice inconveniente de estas prácticas.

Al mismo tiempo, Latinoamérica muestra una evidencia histórica de bajo respeto por las reglas -esto, desde luego, no es exclusivo de sus presidentes-, una falta de comprensión acerca de las prácticas democráticas, y una falta de confianza en la democracia misma. En este escenario, el carácter carismático de algunos líderes políticos llega a hacerlos ver como "imprescindibles" o "irremplazables", situación que estos no dudan en utilizar en su provecho.

Con este panorama desolador, las protestas de diferentes sectores, que serían fenómenos normales en cualquier democracia desarrollada, terminan convertidas en insurrecciones armadas por parte de las instituciones que tienen el monopolio del uso de la fuerza, mientras los regímenes políticos colapsan o quedan al borde del abismo. Si el líder cae, como en el caso de Honduras el año pasado, se establece un nuevo régimen pasando por encima de la constitución; en caso contrario el régimen sale fortalecido, como en el caso presente de Correa.

Lo más probable es que lo visto la semana pasada en Ecuador sí haya sido un intento de golpe de Estado, y en ese sentido la actitud de respaldo por parte de los países de la región y de la Organización de Estados Americanos es acertada: el peso de la historia es muy elevado como para pensar de otra manera. Pero más allá de lo que se descubra en los próximos días acerca de la naturaleza de estos hechos, lo que queda manifiesto es la debilidad del sistema político, y el círculo vicioso donde el bajo respeto por la democracia -por parte de gobernantes y ciudadanos- genera resultados nefastos. La pregunta de dónde empieza la cadena que desata todos estos acontecimientos pasa a un segundo plano cuando hablamos de situaciones de abuso de poder, así como de escenarios donde el acceso a este por medio de la fuerza es siempre considerado como una alternativa viable: tan condenable una como la otra.

Adenda:
Antes de terminar este escrito me enteré de la gran noticia acerca del Premio Nobel de Literatura para Mario Vargas Llosa. Una de sus visiones de latinoamérica ha sido que nuestra tendencia a crear mundos imaginarios y vivir en la irrealidad ha permitido en las artes la creación de obras majestuosas como las de Frida Kahlo, García Márquez, Botero o Cortázar. Sin embargo, la misma falta de realismo aplicado en la política ha significado experiencias desastrosas para toda la sociedad. Un primer paso consistente en el respeto a la democracia, es precisamente una dosis de ese realismo que tanta falta nos hace; de dejar de soñar con soluciones inmediatas y de la necesidad de construir el futuro en cada acto diario. Ojalá que el reconocimiento que hoy recibe este gran escritor sirva como un llamado de atención en esa dirección.

Mario Vargas Llosa

Otro Lado Incómodo de la Democracia: WikiLeaks

Julian Assange

La defensa de economías de mercado y democracias liberales ha sido parte fundamental del discurso de las sociedades occidentales durante las últimas décadas. De forma poco sorprendente, tras el fin de la guerra fría Francis Fukuyama declaraba que el triunfo de occidente sellaba el "fin de la historia", con lo cual los grandes conflictos de épocas pasadas empezarían a desaparecer mientras que las libertades políticas y económicas se extenderían a lo largo del planeta. Las bondades de la democracia son contadas de formas innumerables, y no pocas veces se contrastan las libertades que goza Occidente con las marcadas limitaciones que se enfrentan en otras civilizaciones: viene inmediatamente a la cabeza la imagen de una joven mujer californiana al lado de otra mujer en Afganistán donde la última está cubierta por una burqa.

Sin embargo, los tantas veces pregonados principios democráticos -que han llegado a servir como excusa para incursiones militares en sociedades en cualquier lugar del globo-frecuentemente generan situaciones incómodas incluso para aquellos que dicen ser sus principales defensores. En 2006 con el lanzamiento de la página de internet WikiLeaks.org una de estas situaciones empezó a consolidarse y hemos visto estos principios democráticos sujetos a una serie de excepciones. Al igual que en otras ocasiones, vemos también cómo son acomodados frente a la realidad y los protagonistas del momento, matizados para garantizar la preservación del status quo o, en general, re-definidos con una serie de "peros".

WikiLeaks, compañía creada por el programador de computadores Australiano con estudios en física y matemáticas, Julian Assange,  se ha dado a la tarea de divulgar documentos que los gobiernos o grandes empresas alrededor del mundo consideran confidenciales y que contienen información que compromete los intereses de varias partes. En muchos casos la información que alcanza la luz pública gracias al trabajo de Assange y sus colaboradores ha sido motivo de escándalo, y ha dado lugar a importantes transformaciones políticas. Un claro ejemplo de esto ocurrió en Kenya con la revelación de documentos que mostraban un caso de corrupción extrema por parte del gobierno y que significó su derrota en el intento de re-elección presidencial. Con este escándalo WikiLeaks se dio a conocer ante el mundo como una organización que busca luchar contra la corrupción y sacar a la luz pública información clasificada.

Otro paso importante en la trayectoria de esta organización se dio el pasado mes de abril con la publicación del famoso video "Asesinato Colateral" en el cual soldados estadounidenses llevan a cabo un ataque contra civiles -algunos de ellos menores de edad- durante la guerra en Iraq en 2004. Como resultado de la operación que aparece en el video, al menos dieciocho personas pierden la vida, incluyendo dos periodistas de la agencia de noticias Reuters. Luego de tres años de intentos por conseguir el video celosamente escondido por el gobierno estadounidense, Reuters fracasa y sólo tiene acceso a este cuando es divulgado por WikiLeaks.

"Asesinato Colateral"

Siguiendo con esta serie de informaciones filtradas a la opinión pública, el pasado 26 de julio WikiLeaks da su golpe más destacado -algunos llegan a considerarlo la labor periodística más importante de la historia- al subir a su página de internet cerca de 77000 documentos confidenciales del gobierno de los Estados Unidos acerca de las operaciones militares llevadas a cabo en Afganistán. Los documentos incluyen información sobre reuniones secretas entre Paquistaníes y miembros del Talibán, así como el encubrimiento de la muerte de civiles  víctimas de la confrontación armada. Al mismo tiempo WikiLeaks mantiene su anuncio de publicar 15000 documentos adicionales referentes a la guerra en Afganistán.

El modelo de funcionamiento de WikiLeaks es similar a aquel adoptado por algunos medios informáticos como Mozilla, OpenOffice, Ubuntu o Wikipedia: contribuyentes a lo largo y ancho del planeta aportan su conocimiento e información para el desarrollo de un proyecto común. Si bien, WikiLeaks técnicamente no es un wiki en la estricta definición del término, ya que las publicaciones son clasificadas y verificadas por la organización antes de salir a la luz pública y no son de control directo de los usuarios, la comunidad virtual contribuye a la compilación de los documentos enviando el material que, considera, debe ser divulgado. Por su parte, WikiLeaks se encarga de encriptar este material a fin de que no sea captado por los sistemas de rastreo de los gobiernos o empresas interesadas, así como de distribuirlo en diferentes servidores en varios lugares del mundo. Los documentos se presentan en su forma original, sin procesamiento ni análisis, y por razones de seguridad se omiten las fuentes.

En este respecto, el tema de la seguridad de los informantes ha sido uno de los puntos de crítica más álgidos contra WikiLeaks ya que, de acuerdo al discurso oficial, la integridad física de los informantes puede ser puesta en riesgo por el carácter de la información que se publica. WikiLeaks ha sido calificada por el gobierno de los Estados Unidos como irresponsable, como una amenaza a la seguridad nacional, e incluso ha dicho que podría tener sus manos manchadas de sangre. Consciente del riesgo que involucran sus publicaciones, la organización recientemente le propuso al Pentágono la revisión de los 15000 documentos que están por salir a fin de eliminar los nombres e información de personas que puedan estar en peligro tras su publicación. Ante esto el Pentágono ha mostrado su negativa a lo que llama una versión "minimizada" o "saneada" de una entrega de WikiLeaks. Al mismo tiempo, los ataques personales contra Assange incluyen una reciente demanda con cargos de abuso sexual, los cuales fueron retirados pocas horas después por falta de fundamento: una clara táctica de desprestigio poco profesional y un intento por desviar la atención ante los documentos próximos a salir.

En dirección contraria, la organización recibe premios de prensa en nuevos medios con orígenes tan diversos como el de The Economist en 2008 o el de Amnistía Internacional en 2009. Asimismo, el gobierno de Islandia, que condena la restricción en la información de reportes bancarios ofrecida al público, preparó un paquete de leyes a ser implementadas el próximo año y que convertirían el país en un "Paraíso de la Prensa Libre Global". En términos de la opinión pública, las donaciones que recibe la organización crecen exponencialmente al tiempo que se inician campañas a través de la red para que aquellos que declasifican la información sean considerados como defensores de la democracia y no como criminales, tal y como se ha hecho en los últimos meses.

Precisamente la discusión sobre el carácter democrático de WikiLeaks es uno de los temas que genera más controversia. Mientras para los gobiernos y compañías interesados en ocultar información, el trabajo de Assange representa una seria amenaza a la democracia, grupos de activistas y periodistas independientes, entre muchos otros, consideran este trabajo primordial para el buen funcionamiento de las instituciones en las que esta se basa. La libertad de prensa y de acceso a la información aparecen, en este orden de ideas, como un pilar fundamental de cualquier sociedad que se quiera hacer llamar democrática, y el trabajo de WikiLeaks lo que hace precisamente es sacar a la luz un gran volumen de información, aunque mucha de ella resulte bastante inconveniente.

No es sorpresa, entonces, que aparezcan intentos de acallar estas voces y censurar el material que pueda ser divulgado por WikiLeaks, dado el beneficio que el control de la información le ha significado a múltiples gobiernos y empresas a lo largo de la historia. Así, cuando la información está en manos de quienes pueden manipularla y tergiversarla para favorecer sus objetivos, y de esta forma conseguir que la imagen que recibe la opinión pública coincida con aquella que los favorece, se habla de defender la libertad de prensa y el acceso a la información. Una situación bastante diferente ocurre cuando está información cae en "las manos equivocadas" y es utilizada para revelar los más oscuros secretos de estos gobiernos y compañías, sus prácticas deleznables y el encubrimiento de la verdad ante los ojos de las masas que los eligieron a través de mecanismos democráticos. En tal caso hablar de censura, de secretos de Estado y de restricciones a la información, resulta ser bastante razonable para aquellos que se precian de ser defensores de la democracia.

Ante los escándalos que han salido a la superficie gracias al trabajo de WikiLeaks, la respuesta ha sido condenar al medio por el cual estos se revelan y no los hechos revelados en sí mismos. Es la típica práctica de matar al mensajero que trae malas noticias, y es una clara falta de atención a los verdaderos problemas de fondo. Tal como afirma Assange en referencia a "Asesinato Colateral": "[el video] envía un mensaje de que a alguien dentro del ejército no le gustan las cosas que están pasando". Pero entonces la solución es silenciar las voces inconformes en lugar de revisar las prácticas que llevan a este creciente inconformismo.

El tipo de trabajo realizado por WikiLeaks juega un papel fundamental en el escenario de Web 2.0 que vivimos actualmente. Hasta hace pocos años la ciudadanía estaba lejos de tener acceso a la información ya que esta era principalmente producida y procesada por grandes empresas dueñas de los medios. De forma similar, resultaba difícil para las voces de oposición llegar a muchos lugares, lo cual facilitaba la manipulación de las masas con base en información falsa o interpretaciones convenientes. Con la aparición de las redes sociales, blogs, wikis y páginas para compartir videos, entre otros medios, la ciudadanía se vuelve productora de información masiva,  generadora de opiniones a gran escala, y encuentra múltiples espacios donde debatirlas. Sin embargo, es con la aparición de páginas como WikiLeaks que aparece la posibilidad de tener acceso a información de primera mano y será el trabajo de académicos, periodistas, analistas y usuarios independientes el que permita hacer un uso adecuado de esta información.

Mientras aquellos con intensiones de ocultar información se esfuerzan por silenciar a WikiLeaks y considerarlo una amenaza  para la democracia, es responsabilidad de las voces en favor de ella luchar por la transparencia en las prácticas de los gobiernos y empresas. No podemos hablar de democracia en sociedades donde los ciudadanos desconocen lo que sus gobiernos hacen con el poder que estos -los ciudadanos- decidieron otorgarles. Y si no nos gusta que la información esté en manos del público, entonces ¿de qué democracia estamos hablando?