El Contrabando y la Fragilidad del Sistema Político

El negocio de la importación ilícita de mercancías golpea duramente la economía nacional en tanto el Estado deja de recibir los recursos que deben pagar quienes se benefician del comercio transfronterizo. En los casos de licores y cigarrillos, el contrabando significa para los departamentos colombianos la pérdida de una de sus principales fuentes de recursos, con lo que se afectan también la inversión en salud, educación y deporte.

Desembarque en Puerto Nuevo, La Guajira

También se ven perjudicadas por el contrabando las empresas que juegan bajo las reglas de la legalidad, ya que al hacerlo incrementan sus costos y los precios que cobran, con lo que a su vez se desincentiva la demanda por sus productos. Los consumidores, por su parte, enfrentan importantes dificultades al reclamar por la calidad de sus productos ya que, como es lógico, quienes venden mercancías de contrabando no ofrecen las garantías que sí brindan aquellos en la legalidad. 

Con este panorama, pareciera que las consecuencias del contrabando, aunque significativas, se restringieran únicamente a la esfera económica de la vida del país. Así, un manejo más eficiente de los recursos tanto del gobierno nacional como de las entidades sub-nacionales, a través de programas de inversión social, bastaría para solventar las dificultades mencionadas. Más aun, si la situación fuera la descrita, ¿qué necesidad habría de utilizar los recursos de la nación -fuerza pública, tecnología, funcionarios de diferentes instituciones del Estado- en atacar el contrabando y agotar lo que, según gran parte de la opinión pública, es la única oportunidad de empleo de muchos ciudadanos y, por consiguiente, aceptable?

Desafortunadamente, la realidad está lejos de ser así. Es claro que el comercio informal en zonas de frontera es más que normal y carece de toda lógica desviar recursos a perseguir y criminalizar personas que simplemente, de acuerdo a una racionalidad económica básica, compran los productos de la canasta básica en el lado de la frontera donde resulte más beneficioso. No es ese tipo de práctica la que nos preocupa.

Sin embargo, el negocio del contrabando no se restringe a personas que cruzan una línea imaginaria para hacer sus compras; en mercancías como el combustible, licores, cigarrillos, y múltiples víveres, la actividad transfronteriza está controlada por poderosas organizaciones criminales con enormes recursos económicos, y en varios casos, también con importante poder político.

La reciente experiencia de Paraguay es bastante útil para mostrar el alcance del fenómeno del contrabando a gran escala. En Ciudad del Este, ubicada en el sureste paraguayo, y donde coinciden sus fronteras con Brasil y Argentina, múltiples actores ilegales han aprovechado su posición geográfica favorable para el comercio ilegal de drogas, armas y, en especial, cigarrillos. Actualmente Paraguay produce cerca del 10% del tráfico mundial de cigarrillos ilegales, con una estructura de costos inferior incluso a la de China, la permanente violación de cualquier mínimo estándar de calidad, y una producción anual de cerca de 70 mil millones de cigarrillos, que representan alrededor de US$1000 millones. Hasta ahí nada muy lejano de la percepción generalizada sobre este tipo de negocios ilegales.

Horacio Cartes. Fuente: Despierta Paraguay

No obstante, la historia va más allá. Detrás de esta actividad se encuentran personajes como el empresario y dirigente deportivo Horacio Cartes, quien hizo parte de su fortuna en los negocios del comercio de licor y cigarrillo y que, de acuerdo con el portal WikiLeaks, ha utilizado sus empresas para coordinar una red internacional de lavado de activos. Cartes ha sido vinculado con el juicio político del pasado mes de junio que terminó con la remoción de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay, es actualmente precandidato a la presidencia del país suramericano y favorito para ganar las elecciones del próximo año; consecuencias impensables si seguimos considerando el contrabando como un simple negocio transfronterizo de ciudadanos comunes.

Más allá de su impacto en las finanzas nacionales y regionales, este tipo de situaciones muestra el desafío que ofrece el contrabando a la misma institucionalidad de los países tolerantes con esta práctica. Las jugosas ganancias que genera esta actividad ilícita, y la menor atención que recibe frente a otras que parecieran ser más acuciantes, convierten al contrabando en una amenaza latente al sistema político y a la continuidad de los regímenes democráticos, como bien lo ilustra la experiencia reciente de Paraguay.

Así, las implicaciones económicas, sociales y políticas del contrabando obligan a que éste ocupe una posición alta en la lista de prioridades del Estado. En un país que ha sido víctima de todo tipo de criminalidad, el fracaso en enfrentar este fenómeno abre también una puerta a la inestabilidad política, condición determinante del atraso social y económico.

Desembarque en Puerto Nuevo, La Guajira (Agosto de 2012):

Contrabando e Instituciones en La Guajira

El pasado martes en el puesto de control de la Policía cerca al municipio de Cuestecitas, departamento de La Guajira, dos policías fueron heridos por ataques de contrabandistas de combustible, uno de ellos con disparo de bala de escopeta. Durante la madrugada del jueves, seis carrotanques cargados de gasolina pasaron disparando sobre el puesto de control, sin importar el llamado de la fuerza pública por detenerlos, ni su respuesta ante los ataques de los transportadores del líquido. 

Como siempre que se establecen este tipo de controles, durante esta semana la situación en la carretera ha sido bastante tensa, con un permanente desafío a la autoridad, acciones violentas y ataques planeados por parte de los contrabandistas. El objetivo buscado con estas prácticas es llevar el combustible de origen venezolano hacia el interior del país y así obtener una ganancia a partir del importante diferencial de precios respecto a aquellos que se pagan más al norte. 

En las carreteras del departamento son frecuentes los accidentes de tránsito a causa de las altas velocidades a las que viajan todo tipo de vehículos cargados de combustible -las llamadas Caravanas de la Muerte (ver vídeos al final)-, hasta el punto que parte de los paisajes del departamento son algunos de ellos calcinados a los lados de la carretera. Mientras tanto, las calles de Cuestecitas están abarrotadas de combustible, y su población -incluyendo menores de edad-, circula tranquilamente por ellas, como si en lugar de gasolina y ACPM se tratara de víveres o manufacturas; hace algunos meses un accidente en la vía amenazó con, literalmente, hacer explotar el pueblo. 

Al hablar con la comunidad acerca de estos hechos, su respuesta es que el contrabando es la única actividad económica posible, que existe una total falta de proyectos productivos para la región y que, al fin y al cabo, durante toda su vida se han dedicado a practicas como las mencionadas, ya sea con combustible o con cualquier otro tipo de mercancías. 

Esto es poco sorprendente. Lo que sí llama la atención es que muchas personas influyentes en la región utilicen las mismas explicaciones para justificar situaciones como las que a diario se viven en las carreteras de La Guajira. Es decir, pareciera que las pocas oportunidades que ofrece el departamento, así como el arraigo cultural que tienen muchas de las prácticas comerciales de la población, la condenaran a realizar actividades delictivas y altamente riesgosas durante toda su vida. 

Utilizar del problema social como explicación para la situación de ilegalidad en que vive buena parte del la población de La Guajira equivale a perpetuarla y, por ese camino, perpetuar también los lamentables indicadores socio-económicos que ubican a este departamento como el más pobre y desigual del país. 

Sin embargo, la cultura y la falta de oportunidades no son las únicas respuestas típicas a los problemas de La Guajira. En algunos casos estas se abandonan y se opta por la falta de presencia del Estado -entendiéndola como el giro de recursos desde el gobierno central hacia el departamento-, creyendo que esta será la solución mágica a los problemas estructurales del mismo. Pareciera querer ignorarse el avanzado estado de captura de los procesos de contratación en el departamento, y lo infructuosos que, por décadas, han resultado los recursos que la nación ha destinado al mismo. 

En cambio, es poco lo que se dice acerca del funcionamiento de las instituciones políticas de La Guajira, variable fundamental para el desarrollo económico. Situaciones como el permanente irrespeto a la autoridad, la virtual ausencia del imperio de la Ley, los limitados procesos de rendimiento de cuentas y respuesta por parte de sus gobernantes, el lamentable funcionamiento de la justicia en el departamento, y un silencio cómplice de los entes competentes frente a todos estos fenómenos, sólo sirven para profundizar el vacío institucional de La Guajira. Esto, a su vez, genera condiciones aún más adversas para el inicio de un proceso de desarrollo que beneficie a la comunidad, y que logre, por fin, romper el círculo vicioso de atraso e ilegalidad. 

Tal vez deberíamos empezar por revisar el funcionamiento de estas instituciones, y condenar los ataques –violentos, legales y tácitos-, a la institucionalidad del departamento, en lugar de seguir utilizando la excusa del “tema social” o de la cultura como excusa para condenar a una comunidad al atraso y la marginación. Estos han sido un caballito de batalla útil para evitar el inicio de una lucha frontal contra la ilegalidad, pero al mismo tiempo han servido para perpetuar las duras realidades del departamento.

Adenda: Mientras termino de escribir este artículo me llega información de que en Cúcuta, algunos habitantes se han tomado el puente Simón Bolívar y han quemado instalaciones de la Dian como resultado de un operativo frente al contrabando de arroz,.... 

Aquí, más información sobre estos hechos:

http://www.rcnradio.com/noticias/protesta-en-zona-fronteriza-de-cucuta-por-operativos-contra-el-contrabando-16088

http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/maleteros-quemaron-puestos-de-control-de-la-dian_12141643-4

Video Caravanas de la Muerte: 

Video ataque a vehículo de la fuerza pública:

Comentarios al Libro “Sistemas de Partidos Latinoamericanos”

La escena política a lo largo y ancho de Latinoamérica está caracterizada por candidatos que compiten por un partido y al año siguiente lo abandonan; por partidos frágiles que desaparecen luego de una derrota electoral; y por líderes carismáticos que tienen más poder que los mismos partidos a los que pertenecen. En este escenario, muchos de los partidos políticos sólo son vehículos para llegar al poder y carecen de una propuesta ideológica bien definida así como de relaciones programáticas con el electorado.

Como consecuencia de lo anterior, muchos políticos de la región han optado por adaptarse a este entorno indeseable evitando lo que consideran "el estigma de los partidos". Para lograrlo destacan las virtudes de ser candidatos independientes y de participar en movimientos personalistas, lo que a su vez contribuye a un mayor detrimento de las instituciones políticas y una mayor profundización de la crisis de los partidos.

Sin embargo, a pesar de este escenario común, existe una gran heterogeneidad en términos de los sistemas de partidos políticos en los diferentes países de la región. Así, mientras en Chile o Uruguay los políticos a lo largo del espectro ideológico ofrecen opciones que representan de forma relativamente satisfactoria a los diferentes sectores del electorado, la representación y coherencia ideológica en países como Bolivia, Ecuador o el mismo Brasil, son mucho menos estructuradas.

Los partidos políticos -fuertes y con lazos programáticos con la ciudadanía- son una condición necesaria para el sano desarrollo de la democracia. Más aún, son fundamentales en la reducción de los costos que representa para el electorado la búsqueda de información sobre los candidatos, y facilitan la respuesta ante las demandas de la ciudanía y el proceso de rendición de cuentas de los políticos a esta.

Estas consideraciones invitan a indagar acerca de los factores que favorecen una estructuración programática de los partidos políticos de la región. El libro "Sistemas de Partidos Latinoamericanos" de Herbert Kitschelt, Kirk A. Hawkins, Juan Pablo Luna, Guillermo Rosas y Elizabeth J. Zechmeister, propone algunas respuestas a este interrogante.

Los autores definen la Estructuración Programática de los Partidos (EPP) -su concepto de fondo- como aquella situación en la que existe coherencia al interior de los partidos, al tiempo que estos desarrollan lazos con el electorado a partir de sus agendas ideológicas. De esta forma, si todos, o la mayoría de los partidos relevantes buscan alcanzar el poder con base en relaciones programáticas, estaremos hablando de una estructuración programática del sistema de partidos.

Kitschelt y su equipo argumentan que la EPP es conveniente desde un punto de vista normativo ya que es la mejor alternativa frente a otros mecanismos de relación de los partidos con el electorado; ejemplos de estas alternativas son la provisión de bienes colectivos y de bienes club, al igual que las prácticas clientelistas. Pero quizás más importante que esto, la competencia programática es empíricamente factible ya que, a pesar de lo sugerido por el teorema del votante medio, una vez los partidos han definido sus perfiles programáticos, y a fin de no romper los lazos con el electorado, los cambios en sus posiciones generalmente son incrementales.

El estudio busca encontrar los determinantes de la EPP para una muestra de 12 países latinoamericanos. De acuerdo a los autores, para entender este fenómeno es más importante un enfoque de largo plazo que aquellos que favorecen explicaciones coyunturales. De hecho, justifican su aproximación argumentando que en estos temas las coyunturas críticas que se estudian en procesos históricos del tipo 'trayectoria-dependiente' suelen demorar varios años, e incluso décadas [1].

Adicionalmente, aclaran, la estructuración de los sistemas de partidos no es un proceso teleológico, sino más bien de carácter evolutivo; esto indica que los resultados observados en la actualidad de ninguna forma representan el mejor escenario posible y que, por el contrario, estos surgen de repetidas rondas de ensayo y error, así como de condiciones imprevisibles en cada etapa del proceso.

La hipótesis de este trabajo es que aquellos países caracterizados por un alto crecimiento económico antes de la segunda guerra mundial, largos períodos de competencia democrática después de 1945 e importantes divisiones históricas frente a temas 'sensibles', fueron capaces de establecer competencia programática partidista que persiste -al menos- hasta finales del siglo XX. En este sentido, los temas 'sensibles' se refieren al desarrollo de la política social en el plano económico, conflictos Estado-Iglesia, en el religioso, o posiciones frente a la democracia y el autoritarismo, en el político.

El libro procede con dos grandes secciones; la primera de ellas está dirigida al desarrollo de algunas medidas que capturen el grado de estructuración programática de los sistemas de partidos de los países de la muestra analizada. La segunda busca explicar los resultados encontrados en la primera parte y poner a prueba algunas hipótesis alternativas frente a los causales de la estructuración programática; seguido a esto se discute la relevancia de la estructuración programática. A continuación presento un recuento y discusión de cada una de estas secciones y hacia el final algunos comentarios generales sobre el texto.

Haciendo Operacional la Idea de "Estructuración Programática"

Con el propósito de cuantificar el grado de estructuración programática de los sistemas de partidos de los países de la región, los autores desarrollan técnicas innovadoras que apuntan a diferentes aspectos que capturen los componentes del concepto de Estructuración Programática de los Partidos. Así, el primer capítulo de esta sección está dedicado a identificar las dimensiones ideológicas de las legislaturas latinoamericanas y el grado en que estas dimensiones se traducen en divisiones partidistas. Se utiliza la base de datos de las Élites Parlamentarias de Latinoamérica para los años 1997 y 1998; esta base de datos incluye respuestas de congresistas latinoamericanos a múltiples preguntas de carácter social, económico, político, moral, etc. Las técnicas que se utilizan en esta sección son el análisis factorial y el análisis de función discriminante.

Se encuentra como resultado una alta heterogeneidad en torno a las principales líneas de división de los legisladores de la región. Así, mientras en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana hay una clara división ideológica en torno a temas económico-distributivos, esta es ausente en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Venezuela. En Uruguay, por ejemplo, el factor de división más importante captura aspectos relacionados con inversión extranjera, mientras que en Costa Rica este se refiere a variables de carácter moral/religioso y de derechos de minorías. Más aún, en todos los países de la muestra las variables relacionadas con temas morales y religiosos capturan importantes diferencias entre los congresistas, lo que podría entenderse como una representación de las divisiones  frente a los mismos, presentes en la sociedad.

De este análisis también resulta interesante ver cómo en varios países algunas de las dimensiones identificadas se traslapan. Por ejemplo, en Chile los temas económicos y políticos muestran una clara superposición: aquellos congresistas que favorecen posiciones consideradas como más de derecha en el plano económico (privatizaciones, negativa a control de precios y al apoyo a la creación de empleos), tienen opiniones menos favorables frente a la democracia, los partidos políticos y los derechos de las minorías.

Sin embargo, como es propio del análisis factorial, este enfoque de divisiones ideológicas no explica de qué manera estas se traducen en divisiones entre los diferentes partidos. Para analizar esto se utiliza la técnica de análisis de función discriminante donde los "grupos" propuestos son los partidos políticos. Esto reduce sustancialmente el número de dimensiones ideológicas ya que muchas de estas no se traducen en divisiones partidistas. Así por ejemplo, aunque en Argentina la dimensión religiosa es bastante divisiva entre los legisladores, esta no es suficientemente fuerte para generar divisiones entre los diferentes partidos. Esto implica que en los partidos a lo largo del espectro ideológico se encuentran opiniones religiosas de todo tipo.

Como resultado de lo anterior, el espacio ideológico-partidista queda reducido a una sola dimensión para la mayoría de los países: México y Chile aparecen como excepciones a esta regla, cada uno con dos dimensiones, mientras que Colombia no aparece con ninguna. Es decir, para el caso de esta última no hay ninguna diferenciación importante entre los partidos políticos de la muestra para la legislatura incluida en el análisis (en este caso 1994-1998).

Diferencias Semánticas, Representación Política y Cohesión Ideológica

Seguido a esto el libro explora en qué medida los conceptos de izquierda y derecha tienen sentido para los congresistas de la región. Para esto se utiliza como variable dependiente la ubicación que cada uno de ellos hace de sí mismo en el espectro ideológico, mientras las variables independientes son los factores y función discriminante encontrados previamente. En general, los conceptos de izquierda y derecha están principalmente asociados a los planos económico y religioso para los congresistas de la muestra. Sin embargo, mientras en Argentina, Chile, Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay los conceptos de izquierda y derecha tienen importancia substantiva -están fuertemente relacionados con posiciones tradicionalmente asociadas a ellos- en Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Perú, esto ocurre en mucho menor grado.

Pasando a otro tema, el texto aborda la segunda parte de la EPP, es decir, el grado en que existen lazos programáticos entre los partidos y la ciudadanía -la esencia de lo que se conoce en la literatura como representación política. Con el propósito de determinar en qué medida los partidos representan a la ciudadanía, los autores comparan respuestas de la base de datos de congresistas Latinoamericanos con respuestas de ciudadanos comunes y corrientes que aparecen en el Latinobarómetro de 1998. En este caso Chile, Uruguay y Argentina aparecen relativamente bien representados -algo similar a lo que ocurre en los análisis anteriores- mientras que México, Costa Rica y Ecuador ocupan el fondo de la tabla; los demás países ocupan posiciones intermedias.

Finalmente, el texto presenta una medida de cohesión ideológica de los partidos; esto consiste en la desviación estándar de las respuestas a varias preguntas por parte de los congresistas de cada uno de los partidos de la región. Así, encuentran un nivel de cohesión relativamente alto en Chile, Uruguay y Bolivia, mientras que Colombia aparece con el sistema de partidos menos cohesivo; de hecho, dos de los tres partidos menos cohesivos de la región -el Liberal y el Conservador- son colombianos. Adicionalmente, los autores  encuentran que los partidos de la izquierda tienden a ser más cohesivos que los de la derecha y que los partidos más cohesivos nunca han alcanzado la presidencia.

Explicando la Diversidad Encontrada: la Importancia del Largo Plazo

Pero, ¿qué explica la diversidad de resultados encontrados hasta ahora? La sección descriptiva de "Sistemas de Partidos Latinoamericanos" es en sí misma bastante enriquecedora y ofrece técnicas interesantes para hacer una aproximación cuidadosa al concepto de EPP. No obstante, desde el punto de vista del debate académico, la segunda sección del libro es mucho más ilustrativa ya que explora los determinantes de los diferentes niveles de EPP encontrados en los sistemas de partidos de la región, así como posibles mecanismos causales.

De esta forma, los autores argumentan que "la estructuración programática de los partidos encuentra sus raíces en períodos tempranos de competencia democrática e intensa lucha por el mando de la economía política de cada país" (Kitschelt, Hawkins, Luna, Rosas, y Zechmeister, 2010: 177). Para mostrar esto se desarrollan dos conceptos: capacidades y oportunidades. El primero de ellos se refiere a los recursos disponibles en un momento específico de la historia de los países de la región; en particular, el análisis se centra en el PIB per cápita en 1928 [2], con lo que se encuentra una fuerte correlación entre este y las diferentes medidas de EPP propuestas anteriormente; curiosamente, al utilizar medidas más recientes del PIB per cápita, la correlación encontrada es menor, lo cual favorece la explicación de largo plazo.

El concepto de oportunidades, por su parte, se refiere a los períodos de democracia, total o parcial, desde 1945 hasta 1998. Los datos del estudio sugieren que los países con un relativamente alto nivel de desarrollo económico crearon los incentivos para promover la organización partidista orientada a la lucha por tales recursos. Desde luego, sólo donde las condiciones políticas garantizaron la existencia y libre competencia de los partidos, se garantizó la estructuración programática de los mismos. Adicionalmente, la estructuración programática fue propiamente establecida únicamente en los países de la región donde estos dos componentes favorecieron niveles moderados de política social dentro del formato del modelo de sustitución de importaciones. En este sentido, la política social tiene un efecto amplificador de la estructuración programática generada por las capacidades y las oportunidades.

Vale la pena enfatizar que la política social, y no la intensidad en la aplicación del modelo de sustitución de importaciones, es la clave para la institucionalización de la competencia programática. Esto se debe a que a pesar de que el modelo económico favoreció la formación de partidos urbanos estructurados en torno suyo, también le otorgó a los partidos de gobierno la capacidad de asignar recursos a partir de prácticas clientelistas; como vimos antes, esto es una alternativa a la estructuración programática. Por el contrario, y tal como establecen los autores:

"la política social se convierte en 'el asunto' del conflicto político, donde los derechos civiles y políticos permiten el surgimiento de grupos de interés político bajo condiciones de desarrollo económico con industrialización y urbanización crecientes" (Kitschelt et al., 2010: 189).

Así, aparece una relación estrecha entre la importancia de los conflictos por los temas de política social, y el desarrollo de lazos programáticos entre los partidos y el electorado: cuando aquellos eran inexistentes, los políticos fomentaban relaciones clientelistas con el electorado; cuando los conflictos eran intensos y/o comunes, se facilitaba la estructuración programática.

La política social genera costos y beneficios así como beneficiarios y contribuyentes, lo que incentiva a que los diferentes grupos de la sociedad se organicen políticamente para maximizar su bienestar y, por ese camino, le quitan a los políticos la facultad de asignar beneficios a grupos específicos. Finalmente, una política social incluyente crea y mantiene amplios grupos de interés, lo que incentiva a los políticos a desarrollar estrategias programáticas que les garanticen el apoyo de los mismos. Es decir, dan prelación a estas estrategias programáticas sobre el desarrollo de lazos clientelistas.

Ahora, si la explicación que se obtiene hasta ahora en términos del papel de la política social, amplificando el efecto de las capacidades y las oportunidades es coherente, ¿qué determina cada una de las anteriores? En este punto del análisis el texto recurre a la literatura en fraccionalización etnolingüística para argumentar que, tal y como ocurre en los contextos europeo y estadounidense, aquéllas sociedades con un nivel de fraccionamiento más alto dejan un menor espacio a la política social (Alesina y Glaeser, 2006; Alesina, Baqir, y Easterly, 1999).

De esta forma, la relación extensa argumentada en el texto va del nivel de fraccionalización etnolingüística a la estructuración de los sistemas de partidos, pasando por las capacidades, oportunidades y política social de los países en cuestión. Ahora, como es claro, este argumento puede parecer un poco ambicioso, por lo cual los autores son cuidadosos en sugerir una relación causal explícita. Para poder tener resultados concluyentes en esa dirección y así poder determinar en qué medida las correlaciones encontradas entre las diferentes variables propuestas ofrecen una explicación causal de los resultados encontrados, los autores sugieren estudios del tipo 'seguimiento de procesos' [3].

Al igual que para la dimensión económica, la explicación tras la estructuración de los sistemas de partidos en torno a temas religiosos se remonta a fenómenos de largo plazo en la vida de los países de la región. En particular, el análisis se centra en las disputas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX acerca del papel de la Iglesia Católica en el orden político.

El argumento es que en aquellos países donde el conflicto por temas de la relación entre Iglesia y Estado fue intenso o duradero tienden a tener divisiones programáticas entre los partidos que persisten hasta finales del siglo XX; Por el contrario, no aparece una clara estructuración programática en torno a la religión en aquellos países donde estos conflictos fueron débiles o se superaron de forma rápida.

Así, en Chile, México y Uruguay -los países de la región donde la división por temas religiosos es más importante- se encuentran conflictos por temas religiosos que tardarían en resolverse hasta bien entrado el siglo XX. En cambio, en los casos de Bolivia, Perú y República Dominicana- los menos estructurados en torno a la religión- nunca hubo una disputa importante por estos temas, las ideas liberales nunca se establecieron, y rápidamente el Catolicismo se declaró como religión de Estado. Contrario a lo que podría esperarse, la presencia y éxito de partidos demócrata-cristianos no están asociados con la estructuración programática en torno a la religión ya que estos partidos aparecen mucho después de que terminaran las grandes disputas frente a la relación entre Iglesia y Estado.

¿Cuál es el Papel del Corto Plazo?

Una vez los autores han mostrado evidencia en favor de su hipótesis, según la cual las capacidades y oportunidades son condiciones necesarias para la estructuración programática de los partidos, proceden a considerar hipótesis alternativas. En particular, se centran en el posible papel que juegan algunas variables de corto plazo.

Una motivación importante para hacer esto es que los casos de Brasil y México aparecen como excepciones a la explicación provista por los autores. En particular, el caso de Brasil escapa a diferentes especificaciones presentadas en el texto, lo que lleva a los autores a considerar que en casos como este el corto plazo podría ser un factor importante.

Así, se consideran como posibles variables explicativas de corto plazo la descentralización, la profesionalización del servicio civil, las leyes electorales y la relación entre los diferentes poderes del Estado. En esta sección el análisis sigue con la misma metodología utilizada previamente en términos de computar correlaciones entre las medidas de EPP y de las explicaciones propuestas. El resultado principal es que ninguna de tales correlaciones es importante en sentido estadístico, lo que lleva a los autores a descartar cada una de estas hipótesis alternativas.

Tal vez esta sección sea la más debatible del estudio ya que si bien los autores son consistentes en el uso de su metodología, sería muy enriquecedor un análisis un poco más detallado que permitiera entender conceptualmente por qué cada una de estas posibles alternativas no juega un papel fundamental en la heterogeneidad observada en la EPP. Vale la pena señalar que en esta sección Kitschelt y su equipo son cuidadosos en no establecer conclusiones finales, y más bien dejan la puerta abierta a la discusión frente a enfoques que defiendan el papel que las instituciones tienen sobre la EPP [4].

Sin embargo, señalan que al hablar de la estructuración programática de la dimensión política, el corto plazo puede llegar a ser relevante. En este sentido, las experiencias recientes con regímenes autoritarios y la intensidad de ellos, contribuyen a explicar las posiciones de los congresistas en temas como su preferencia por la democracia, elecciones, la necesidad de partidos y los derechos de las minorías. Así, aunque en los temas económicos y religiosos el largo plazo ofrece explicaciones razonables para los niveles recientes de EPP, en temas políticos puede resultar más conveniente centrar la atención en fenómenos más recientes.

Importancia de la EPP y Consideraciones a Futuro

En este punto de la discusión vale la pena indagar acerca de la importancia real de la estructuración programática de los sistemas de partidos. A fin de cuentas, conceptos relacionados, como la institucionalización de los partidos políticos, desarrollado en el gran trabajo de Mainwarig y Scully (1996), presentan a algunos países con instituciones políticas relativamente fuertes, que años más tarde presenciaron una crisis importante en su sistema de partidos. Este es el caso de Colombia y Venezuela, por ejemplo.

Así, Kitschelt y su equipo muestran un importante efecto de la EPP sobre la intensidad y las formas de participación, la estabilidad y predictibilidad de la competencia democrática, la calidad en el diseño de políticas, gobernanza, y apoyo a la democracia. De hecho, encuentran que en varios de estos casos, la EPP tiene un mejor comportamiento en términos de predicción de estas variables que lo que ofrecen variables tradicionalmente consideradas para este propósito como son el PIB per cápita o la tasa de crecimiento económico.

A pesar de esto, es importante profundizar en la discusión acerca de la estructuración programática de los partidos y lo que esto realmente significa en el ámbito netamente político. Por ejemplo, Coppedge (1997) señala algunas de las limitaciones que un sistema de partidos rígido, aunque bien estructurado, puede tener sobre la evolución de la democracia de una sociedad. De igual forma, Siavelis (2009) y Luna y Altman (2011) llaman la atención acerca de las diferencias que existen entre la política nacional y la regional, y cómo unos partidos que logran penetrar profundamente la sociedad, pueden llegar a ser nocivos para el desarrollo de la democracia.

Ahora, a futuro se esperaría que algunas de las condiciones que han sido fundamentales en la generación de la estructuración programática de los partidos en los últimos años, sean reemplazadas por fenómenos más recientes con implicaciones de largo plazo. Los autores destacan las diferentes posiciones frente al Consenso de Washington que, como ya se ha visto a lo largo de la región en las dos últimas décadas, genera por lo menos dos bloques ideológicos importantes (Levitsky y Roberts 2011; Weyland 2010).

Siguiendo con este enfoque, se logra distinguir entre los modelos de liberalismo institucional y liberalismo social, los cuales podrían continuar convirtiéndose en aspectos divisores en países que ya cuentan con cierta estructuración programática. Por el contrario, en aquellos donde ésta es débil, se puede empezar a percibir un giro de un “neosocialismo” hacia la profundización de políticas clientelistas. En ese sentido, el peso de la historia, y específicamente, las condiciones generadas por las políticas sociales en el marco del modelo de sustitución de importaciones, siguen teniendo un efecto en la estructuración programática, a pesar de que los temas que entran a jugar un papel preponderante hoy sean otros.

Comentarios Finales

El trabajo de Kitschelt y su equipo es un punto bastante alto en el estudio de los sistemas de partidos políticos de la región. Es consistente en su metodología -a pesar de las limitaciones que esto implica en algunos casos-, tiene una gran validez externa -sus métodos son aplicados a otras regiones con resultados satisfactorios, y ofrece una propuesta audaz en el estudio de los determinantes de la estructuración programática.

Adicionalmente, el libro invita a continuar su propuesta en múltiples líneas de investigación futura: análisis de casos para poner a prueba la hipótesis principal de los autores; actualización de los resultados con datos más recientes a fin de estudiar el impacto de reformas electorales y otros cambios institucionales de corto plazo; aplicación a otros contextos fuera de la muestra aquí estudiada; contraste entre los niveles nacional y sub-nacional, etc.

En fin, “Sistemas de Partidos Latinoamericanos” no solo aborda su problema de una forma muy cuidadosa y sistemática, y ofreciendo una posible respuesta, sino que abre un sinnúmero de posibilidades para que los estudiosos de estos temas continúen el camino que en él se propone.

Ahora, para aquellos interesados en el tema de los partidos políticos desde una perspectiva menos académica, el libro ofrece posibles respuestas acerca del estado actual de los sistemas de partidos de la región y permite hacer comparaciones entre los diferentes países, tanto en su situación actual como en los fenómenos históricos que la propiciaron.

Asimismo, el texto invita a la reflexión en torno a los causantes de las crisis de partidos que presenciamos a lo largo de la región, las crisis de representación, y las consecuencias que esto puede significar en términos políticos, sociales y económicos. En general, invita a pensar acerca de la importancia de un sistema de partidos fuerte, donde los ciudadanos se vean bien representados y se reduzcan los incentivos tanto a candidaturas personalistas como al desarrollo de lazos clientelistas entre políticos y electores.

"Sistemas de Partidos Latinoamericanos" es, a todas luces, un libro recomendado para los interesados en los temas de instituciones políticas, partidos políticos, política comparada y dinámicas políticas regionales.

Notas

[1] Ver, por ejemplo, (Mahoney 2002).

[2] Un año de auge tras la recuperación económica luego de la primera guerra mundial, y antes de la caída de los mercados en 1929.

[3] Ver Mahoney (2003); para aplicaciones a casos de partidos políticos de la región, ver Van Cott (2007) y Hunter (2010).

[4] Para estudios con este enfoque, ver, por ejemplo, Ames (1995, 2002).

Referencias

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Alesina, A., Baqir, R. & Easterly, W., 1999. Public Goods and Ethnic Divisions. The Quarterly Journal of Economics, 114(4), pp.1243-1284.

Ames, B., 1995. Electoral Strategy under Open-List Proportional Representation. American Journal of Political Science, 39(2), p.406.

Ames, B., 2002. The Deadlock of Democracy in Brazil, University of Michigan Press.

Coppedge, M., 1997. Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela, Stanford University Press.

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Kitschelt, H. et al., 2010. Latin American Party Systems, Cambridge University Press.

Levitsky, S. & Roberts, K., 2011. Latin America’s “Left Turn”. A Framework for Analysis. In S. Levitsky & K. Roberts, eds. The Resurgence of the Latin American Left. Johns Hopkins University Press, pp. 1-30.

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Mahoney, J., 2002. The Legacies of Liberalism: Path Dependence and Political Regimes in Central America, The Johns Hopkins University Press.

Mainwarig, S. & Scully, T., 1996. Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America, Stanford University Press.

Siavelis, P.M., 2009. Elite-Mass Congruence, Partidocracia and the Quality of Chilean Democracy. Journal of Politics in Latin America, 1(3), pp.3-31.

Van Cott, D.L., 2007. From Movements to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics, Cambridge University Press; 1 edition.

Weyland, K., 2010. The Performance of Leftist Governments in Latin America: Conceptual and Theoretical Issues. In K. Weyland, R. L. Madrid, & W. Hunter, eds. Leftist Governments in Latin America. Succeses and Shortcomings. Cambridge University Press, pp. 1-27.

Democracia en Latinoamérica

Les comparto mi más reciente reseña en la Revista de Economía Institucional:

"Democracia en Latinoamérica: Capital Social e Instituciones Políticas"

Saludos,
Julián

Nicaragua: Ortega Contra la Democracia

Hace tres semanas, en mi comentario al libro de Leslie E. Anderson, hacía referencia a algunos aspectos que la autora considera importantes acerca del Sandinismo. Destaca, en particular, la ausencia de líderes carismáticos dentro del movimiento, así como la forma en que este promovía la construcción de capital social entre la población: desarrollo de lazos fuertes entre ciudadanos en lugar de responder a los vaivenes de los intereses de un caudillo. Sin duda alguna esta situación ha dejado de ser así en el país centroamericano desde hace varios años. La creciente presencia de Daniel Ortega en la política nicaragüense, su claro interés de perpetuarse en el poder, los decretos que ha emitido y otras decisiones unilaterales a fin de lograr esto, dan prueba de ello.

El pasado mes de enero, el gobierno nicaragüense decretó la prórroga del mandato de funcionarios del Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, lo que le permitirá al ejecutivo controlar las entidades que fiscalizarán las elecciones de noviembre de 2011. Ante esta decisión, que en condiciones normales debía haber pasado por la Asamblea Nacional, seis magistrados cercanos a la oposición entraron en huelga hace dos meses. Esta semana, cinco de los seis magistrados en huelga se reintegraron a la Corte Suprema de Justicia lo que supone un triunfo para el presidente Daniel Ortega, quien con estos hechos supera uno de los mayores obstáculos que tenía para perpetuarse en el poder. Complica las cosas la exclusión de la agenda legislativa del proyecto de nulidad del decreto en cuestión (el "decretazo"), así como la negativa del presidente de dialogar con sectores de oposición acerca de la transparencia electoral, lo que ha provocado la convocatoria a marchas de protesta a nivel nacional.

En términos generales, se ha insistido en que la democracia funciona mejor cuando surge de los mismos ciudadanos, cuando estos desarrollan actividades que los "acostumbran" a los mecanismos democráticos y cuando son estos quienes deciden organizarse políticamente. Sin embargo, existe la posibilidad de que ante la ausencia de este tipo de capital social, las instituciones políticas asuman el rol democratizador de la sociedad. Un ejemplo de esto es el papel de las cortes y el Congreso argentino en el retorno a la democracia de este país en 1983, o la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de bloquear el intento de reelección de Alvaro Uribe, ante el intento de este de perpetuarse en el poder. Así, la independencia de las cortes y de la rama legislativa son garantes de que las prácticas democráticas no queden totalmente eliminadas tras la aparición de caudillos que buscan manipular las leyes a su antojo. Si bien Nicaragua se caracteriza por tener altos niveles de capital social, las transformaciones políticas que el país ha vivido en los últimos años hacen pensar en la necesidad de ramas del poder fuertes e independientes del ejecutivo, que garanticen la continuidad en su proceso de democratización. Desafortunadamente, Nicaragua también se ha caracterizado históricamente por la debilidad de sus instituciones políticas.

Lo dramático de la situación que estamos viendo hoy en el país centroamericano es la combinación del fortalecimiento de un líder carismático, acompañada de un importante debilitamiento de al menos una de las ramas del poder. Volviendo sobre la reciente experiencia de hace un par de semanas en Ecuador, no es nada promisorio el futuro de una democracia donde sus líderes son los primeros en tener poco respeto por ella y por sus reglas. Con este comportamiento, implícitamente invitan a la ciudadanía y a sectores inconformes a hacer lo mismo. Como ya sabemos, los resultados de este tipo de prácticas son siempre lamentables. La decisión de los magistrados nicaragüenses de volver a sus puestos, y de la oposición de excluir el proyecto de ley de nulidad del "decretazo" fortalece a Ortega notablemente, al tiempo que significa un duro golpe contra la democracia nicaragüense. Queda por ver si la sociedad nicaragüense responde una vez más en defensa de la democracia, tal como lo ha sabido hacer en ocasiones anteriores.

Enlaces interesantes sobre este tema:

Daniel Ortega sin diálogo con oposición

Nicaragua ya no es lo que era

Oposición pone lápida a nulidad del decretazo y revocación del 201

Comentarios al Libro "Capital Social en Democracias en Desarrollo: Nicaragua y Argentina Comparados". Algunas Reflexiones para Colombia

Tras su viaje a los Estados Unidos en la década de 1830, Alexis de Tocqueville escribe el libro Democracia en América en el cual destaca varias de las costumbres democráticas de la entonces naciente sociedad norteamericana y muestra su contraste con el caso de algunas sociedades europeas donde el proceso de democratización era tan complejo. Una de sus conclusiones es que los sistemas democráticos funcionan mejor en sociedades donde los ciudadanos tienen un alto nivel de confianza mutuo, están acostumbrados a cooperar entre ellos y se consideran iguales entre sí. El concepto de fondo en esta idea, conocido hoy con el nombre de capital social, ha visto un desarrollo notorio en los últimos veinte años en la literatura en las ciencias sociales. Parte de la agenda de investigación en este tema consiste en comprender la forma como los ciudadanos crean lazos al interior de sus sociedades, así como el papel que estos lazos juegan en procesos de transición y consolidación de la democracia, colapso de regímenes políticos e incluso desempeño económico.

El libro Capital Social en Democracias en Desarrollo de Leslie E. Anderson, propone un estudio comparativo de los actuales procesos de democratización en Nicaragua y Argentina centrando su análisis en el papel que cada una de estas sociedades ha jugado en la vida política de sus países a lo largo de las últimas décadas. Llama la atención ver que el desarrollo político de estos dos países es contrario al que su desarrollo económico y nivel de industrialización harían esperar. Así, el texto muestra cómo en una sociedad relativamente moderna como la Argentina, los lazos horizontales entre ciudadanos son bastante débiles, hay un bajo nivel de capital político, un pobre carácter democrático de la ciudadanía y escasas iniciativas ciudadanas de organización política. Por el contrario, una sociedad mayoritariamente agrícola y con uno de los desempeños económicos más pobres en la región, como la Nicaragüense, se caracteriza por altos niveles de participación ciudadana y se ve permanentemente involucrada en sus propios asuntos políticos.

Un ejemplo reciente de la divergencia entre las realidades políticas de estos dos países es el inconformismo con que se han recibido algunas de las prácticas recientes del Presidente Nicaragüense, Daniel Ortega, calificadas como caudillistas, así como la oposición que este recibe por parte del legislativo, otros partidos de izquierda y dentro del mismo Sandinismo. Caso contrario ocurre en Argentina donde a partir de la transición a la democracia varios presidentes han renunciado, han estallado crisis económicas y escándalos de corrupción, mientras que por años la presidencia no sólo ha estado en manos del mismo partido sino, peor aún, recientemente dentro de la misma familia. El poco inconformismo que estos hechos han generado en la opinión pública revela una importante debilidad del carácter democrático de la sociedad Argentina.

-Nicaragua Sandinista-

En su esfuerzo por identificar las causas que han llevado a dos trayectorias completamente diferentes en cuanto al desempeño de la sociedad civil en estos países, Anderson identifica los procesos históricos de largo plazo como principal explicación. Específicamente, se centra en dos fenómenos bien definidos: el Sandinismo y el Peronismo. De acuerdo a la autora, la necesidad del pueblo Nicaragüense de luchar contra un régimen totalitario obligaba a la cooperación entre los distintos sectores de la población, grupos sociales, etáreos y sectores económicos, creando la idea de un "nosotros" que identificaba a prácticamente toda la población. Al interior del movimiento revolucionario que daría fin a más de cuarenta años de dictadura de la dinastía de los Somoza, el liderazgo basado en personalidades era prácticamente inexistente, mientras se desarrollaba un sentido de solidaridad y camaradería entre sus miembros. Más aún, dadas las repetidas bajas de los líderes del movimiento, se reducían los incentivos a cualquier tipo de personalismos o aparición de líderes carismáticos. La revolución era de los nicaragüenses y no respondía a los intereses y pasiones de unos pocos líderes; por el contrario, la sociedad construía importantes lazos horizontales entre sus miembros, al tiempo que se creaban organizaciones de la sociedad civil que son reconocidas formalmente una vez los Sandinistas alcanzan el poder.

-Juan Perón y Eva Perón-

El caso de Argentina con Perón ofrece un contraste interesante. A diferencia del Sandinismo, Perón enmarca su proyecto político entorno a sí mismo sin suscribir sus ideas ni objetivos a ningún predecesor, y tampoco se esfuerza por enmarcarlo en ningún contexto internacional. De igual forma, se desarrollan importantes lazos verticales entre Perón, el Peronismo y sus seguidores, en donde aspectos como la personalidad y el carisma del líder juegan un papel fundamental. Viniendo de la clase media-baja, Perón muestra su interés por las clases menos favorecidas pero desde una posición de poder sobre ellos al mejor estilo de un benefactor de la población. Así, en el país se lleva a cabo un proceso poco coherente ideológicamente de reforma desde arriba en lugar de uno de lucha, apoyo mutuo y lazos fuertes entre los ciudadanos.

Como parte de una visión del mundo en la que aparecen enemigos del régimen por todas partes, Perón cierra posibilidades para la aparición de líderes dentro del Peronismo, se opone a estudiantes, profesores, partidos políticos de oposición, prensa y cualquier alternativa política que se escapara de su control directo. De hecho, Eva Perón -quien goza de una alta popularidad durante estos años- actúa principalmente como un activo que le suma capital político al liderazgo y autoridad de Perón. Nuevamente, su participación se ciñe a un esquema de beneficencia en lugar de invitar a los sectores más vulnerables de la población a movilizarse y trabajar juntos por su propio bienestar.

De acuerdo a Anderson, el tipo de capital social desarrollado bajo este tipo de regímenes políticos semi-fascistas es anti-democrático. Respecto al Peronismo establece: "[Su comportamiento] afecta negativamente la confianza entre los Peronistas, entre sus líderes y el mismo Perón, entre líderes secundarios, y entre el Peronismo y la oposición no Peronista". En suma, un régimen político que en lugar de basarse en una ideología clara encuentra su razón de ser en el carisma del líder, crea la idea de un "nosotros" -los Peronistas, en este caso- y un "ellos" (la clase no-trabajadora, los capitalistas, las elites, los Radicales, los intelectuales, la prensa, la Iglesia, las universidades, etc.). Adicional  a esto, en términos económicos, este tipo de movimientos necesita perpetuar la pobreza en el largo plazo ya que su influencia sobre la población y sus mecanismos clientelistas se debilitan a la par que la pobreza se reduce.

Si bien el capital social en Argentina es bastante bajo, dada su importancia para la construcción de democracia surge entonces una pregunta: ¿cómo se explican los avances democráticos que ha alcanzado Argentina en los últimos años? Anderson señala las instituciones políticas como una alternativa para contrarrestar la falta de capital social y político de algunas sociedades. Así, destaca el importante papel histórico que las ramas legislativa y judicial han tenido a lo largo de la historia Argentina frente a su incipiente desarrollo en el caso Nicaragüense. Por ejemplo, durante el período Radical Argentino (1916-1930) el Congreso fue un contrapeso a los intereses del ejecutivo en cabeza de Hipólito Yrigoyen, lo que generó grandes enfrentamientos entre estas ramas del poder. Si bien durante el gobierno de Perón el legislativo sirvió principalmente para legitimizar el papel del ejecutivo a partir de sus mayorías Peronistas, el legislativo y las cortes jugaron un papel fundamental para la transición a la democracia en los ochenta así como para el juzgamiento de los responsables por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. De igual forma, luego del cambio de la constitución que le permitió a Ménem  la reelección presidencial, a finales de los noventa el Congreso y la rama Judicial bloquean los intentos de este de permanecer en el poder por un tercer período, al tiempo que sacan a la luz pública importantes casos de corrupción de su gobierno.

Tras la lectura del texto es inevitable pensar en el estilo de política presente en Colombia durante los últimos ocho años. No vale la pena entrar a hacer una lista de todos los detalles que caracterizaron al pasado gobierno; a fin de cuentas estos son ampliamente conocidos y  en muchos casos esto implicaría repetir algunas de las prácticas mencionadas arriba para el caso Argentino tan sólo haciendo un cambio en los nombres de los protagonistas. Es suficiente recordar frases como "Yo no leo periódicos internacionales", "estas carnitas y estos huesitos" o la famosa "encrucijada del alma" para empezar a entender las similitudes. ¿Se acuerdan? Bueno, creo que para nadie es duda que el anterior gobierno colombiano estuvo caracterizado por altas dosis de personalismo, carisma y movimiento de masas por parte de su líder, así como el desarrollo de lazos verticales entre este y otros miembros del partido de gobierno, el partido y sus seguidores, y entre estos y los no-seguidores. Todo esto, desde luego, en detrimento del desarrollo de lazos entre ciudadanos y la construcción del tipo de capital social propicio para el avance de la democracia.

Para no extenderme más en este escrito, quiero refirirme a un artículo que apareció en la edición pasada de la revista Semana indirectamente relacionado con este tema y que ejemplifica  el lado negativo de esta forma de hacer política. En él se contrastan los consejos comunales, práctica que encarnó más de cerca el carisma y lazos verticales entre Presidente y ciudadanos, característicos del gobierno pasado, con la práctica equivalente del gobierno de Santos: los acuerdos. Si bien aún es apresurado sacar conclusiones acerca del nuevo mandatario, si es interesante la descripción que se hace de los consejos comunales, su carácter demagógico y su cuestionada eficiencia práctica:

"A pesar de su comprobada eficacia para lograr cercanía entre el Presidente y los ciudadanos, y para llenar la agenda de los medios de comunicación, pocos se imaginaban a Santos recorriendo el país cada sábado con poncho y sombrero para oir las quejas en jornadas de más de ocho horas. Mucho menos para ponerse del lado de la gente para criticar la ineficiencia estatal frente a temas puntuales como la necesidad de poner un semáforo en una esquina, remodelar una escuela o construir un salón comunal.... [Los acuerdos de Santos]  son más serios y pueden ser más eficaces pero difícilmente producirán diversiones como las que llenaron los noticieros de televisión los fines de semana en los últimos ocho años."

La pregunta que queda abierta es el tipo de capital social que se construye en Colombia; si es esta una sociedad en la que los ciudadanos se identifican en el otro y ven en sí mismos la posibilidad de unión para salir adelante en la solución de sus problemas o si, por el contrario, es una sociedad con lazos verticales donde la población espera la aparición de un líder que la movilice y le de solución a sus necesidades.

El carácter carismático y basado en aspectos personalistas que caracterizó al gobierno pasado hace pensar que en la sociedad colombiana los lazos verticales entre ciudadanos y líderes son más fuertes que aquellos lazos horizontales entre ciudadanos en igualdad de condiciones. Esto, como hemos visto, es un resultado lamentable y deja el rumbo de la democracia únicamente en manos de las instituciones políticas -por más responsables y eficientes que estas sean- en lugar de hacer responsable a cada ciudadano por el avance de su sistema político, como se ha encontrado en otras sociedades con larga tradición democrática. Esperemos que en el futuro haya menos caudillos carismáticos y en lugar de estos aparezcan más iniciativas ciudadanas para llevar a cabo las transformaciones que el país necesita. O, más bien, siguiendo el lenguaje del capital social: ¡empecemos a trabajar para ello!

-Consejos comunales de Uribe y los Acuerdos de Santos-

pd. En este momento preparo una reseña detallada del libro de Leslie E. Anderson que espero publicar en unos meses. Sobra decir que recomiendo este libro a quién esté interesado en los temas de capital social o desarrollo político de Latinoamérica.