Los Intelectuales Contra el Papa,... Y Justicia Para Todos

El próximo mes de septiembre y en medio de una serie de escándalos que ha rodeado a la iglesia católica durante los últimos meses, Benedicto XVI visitará el Reino Unido en lo que se ha convertido en un acontecimiento lleno de choques entre la comunidad católica y sus opositores.

Algunos de los eventos que han generado controversia son el anuncio del cobro de la entrada a los asistentes a los eventos oficiados por el Papa, y la renuencia de miles de ciudadanos  a pagar con sus impuestos el gasto que la visita significa para el Estado Británico, todo esto en medio de los bien conocidos escándalos de pedofilia por parte de miembros del clérigo. Sin embargo, uno de los hechos que más ha llamado la atención tras el anuncio de esta visita es el intento de respetados intelectuales británicos de generar una orden de arresto contra el pontífice, a fin de capturarlo una vez este pise suelo inglés.

Richard Dawkins

La propuesta ha sido liderada por Christopher Hitchens, periodista y escritor, autor del bestseller "Dios no es Bueno", y Richard Dawkins, biólogo evolutivo, autor, entre otros, de "El Gen Egoista", "El Relojero Ciego" y "El Espejismo de Dios". El pasado mes de abril Hitchens y Dawkins dieron inicio al estudio de la posibilidad de arrestar al jerarca de la iglesia católica alegando crímenes contra la humanidad a causa del encubrimiento de repetidos casos de violaciones de menores por parte de ministros de la iglesia en la década de los ochenta. Durante esos años el hoy Papa se desempeñaba como líder de la Congregación para la Doctrina de la fe -encargada, entre otros, de responder por casos de abuso de menores- y era entonces conocido como arzobispo de Munich. Nuevamente, en 2001, siendo entonces conocido como Cardenal Ratzinger, este ordena cubrir los casos de violaciones de menores, argumentando que es primordial poner los intereses de la iglesia por encima de la seguridad de los niños. En un edicto con su firma, el líder religioso ordena que en este tipo de casos, en lugar de hacerse la denuncia ante las autoridades respectivas, se convenza a las víctimas de guardar silencio al respecto.

Christopher Hitchens

De acuerdo con esta política y ante los escándalos en contra del  padre Lawrence Murphy, quien es acusado de haber violado a cerca de 200 niños sordos, Ratzinger ordena su traslado a otra parroquia en lugar de autorizar su inmediato sometimiento a la justicia. Se ha revelado que esta práctica hace parte de los procedimientos ordenados directamente por el Vaticano para afrontar este tipo de delitos (crimen sollicitationis), y ha sido llevada a cabo en países tan distantes como Brasil, Irlanda y los Estados Unidos, así como a lo largo del resto del mundo católico. Esto significa el nombramiento de curas en nuevas parroquias, con el conocimiento de los arzobispos acerca de sus pasadas violaciones de menores y, en múltiples casos, propiciando la comisión de nuevas violaciones en las parroquias adonde eran trasladados.

El procedimiento legal que se llevaría a cabo en el intento de poner al Papa tras las rejas sería similar a aquel que permitió la detención de Augusto Pinochet como resultado de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura chilena de 1973 a 1989. Cuando Pinochet visitó el Reino Unido en 1998 fue capturado por las autoridades británicas en respuesta a la solicitud de extradición por parte del juez español Baltasar Garzón bajo cargos de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, como era de esperarse, en el caso de Benedicto XVI la comunidad católica en varios lugares del mundo ha respondido negativamente ante este anuncio y ha aunado esfuerzos para bloquear el progreso de la orden de arresto en su contra. De hecho, la semana pasada el gobierno británico en voz del nuevo secretario de Justicia, Ken Clarke, se pronunció en contra de la iniciativa declarando que no permitiría el arresto del Papa, para lo cual sería necesario modificar la ley que en el pasado permitió la captura del dictador chileno.

Benedicto XVI

Esta postura oficial también ha generado una fuerte respuesta por parte de las víctimas de los crímenes de la iglesia y de múltiples organizaciones, en lo que han llamado "la protección de abusadores por parte del gobierno británico". Tras estos hechos la batalla legal por generar la orden de captura contra el Papa continúa y el tema de la "excepcionabilidad" de los líderes católicos se debate en diversos medios (Ver artículo o video). Geoffrey Robertson, prestigioso abogado en temas de derechos humanos y jurista de las Naciones Unidas, quien está a cargo del caso, confía en la posibilidad de lanzar una acción civil contra el Papa o, en su defecto, llevar el caso ante la Corte Penal Internacional. De acuerdo a los demandantes, el Pontífice no tendría inmunidad diplomática ya que si bien el viaje se considera una visita de Estado, el Vaticano no es un Estado independiente reconocido por las Naciones Unidas.

Contrasta esta situación con la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos hace poco más de un mes, en la que rechaza la invulnerabilidad de los curas responsables por abuso sexual de menores de edad en su territorio. El tratamiento que estos han recibido en los últimos años ha obligado a varios de ellos a buscar asilo en el Vaticano u otros lugares donde la justicia no los alcance.

Más allá de los aspectos relacionados con credos religiosos o doctrinas de fe, el tema de la persecución de miembros de la iglesia responsables por comisión o encubrimiento de estos crímenes debe hacer parte de la discusión pública. Por cientos de años las sociedades occidentales y sus descendientes han dado la pelea por la separación entre iglesia y Estado. No sólo esto implica la existencia de una distancia entre las diferentes religiones y los estados-nación, sino también que el seguir los mandatos de una de estas instituciones no exonera de estar regido por las leyes de la otra. Es decir, así como ante los ojos de la iglesia un gobernante puede ser considerado un pecador y por ende ser condenado al infierno (si esas son sus leyes), de acuerdo a las leyes civiles un jerarca de la iglesia puede ser considerado un criminal, y por ende ser enviado a prisión.

Adicional a lo anterior, otra de las grandes batallas que ha dado la historia es por la igualdad ante la ley. Esta igualdad por la que se ha luchado por siglos es para todos y de ninguna manera puede excluir a un grupo de individuos por el simple hecho de ocupar un alto cargo en una institución religiosa. Insisto, mas allá de creencias y dogmas, los principios de separación de iglesia y Estado y de igualdad ante la ley, obligan a tomar medidas firmes en estos casos de abuso de menores por parte de miembros del clérigo y su encubrimiento por parte del sumo pontífice.

Ahora, haría bien la justicia en dar ejemplo en este caso como un acto de respeto por las víctimas de estas violaciones ya que a ellas, en últimas, no es que les parezca mejor ser violadas por un cura que por cualquier otro humano: el tratamiento debería ser igual al que recibiría cualquier otro violador o quien actúe en su encubrimiento. Igualmente, para los seguidores de la fe católica esta sería una importante señal hacia su institución a fin de que esta no siga siendo un refugio de pedófilos.

Tal cómo lo reconoce Dawkins, quizá el objetivo de capturar al Papa no sea muy factible (aunque claramente hay personas trabajando para que sea así), pero esto no le quita ningún valor a la iniciativa. Esta sienta un precedente frente a futuros abusos por parte de líderes religiosos en tanto les hace saber que su rol como ministros de la iglesia no les garantiza un status fuera del alcance de la justicia civil: tarde o temprano la ciudadanía se movilizará en su contra. Por otro lado, esta posible orden de arresto se traduce en un argumento que ha servido para despertar la conciencia colectiva frente al tema, como se ha manifestado en las presiones de diferentes sectores de la sociedad pidiendo la renuncia del Papa, y como se hará evidente el próximo mes con las múltiples protestas en su contra, que desde ya se organizan y que acompañarán su visita en diferentes ciudades británicas.

Pero quizá lo más importante de este intento de arresto es recordarle a la ciudadanía que la iglesia no es una autoridad en temas morales, y que por consiguiente es necesario alcanzar acuerdos seculares acerca de los principios morales sobre los cuales se regirá la sociedad. Recordemos que la historia está plagada de crímenes cometidos en nombre de los dioses, como las cruzadas, la cacería de brujas, el aniquilamiento de sociedades aborígenes para imponer al "verdadero dios" y la discriminación contra aquellos con una alternativa sexual diferente a la que aceptan estos dioses, entre muchos otros. En este escenario, las denigrantes violaciones de menores y el comportamiento de los altos jerarcas en este tema, pueden convertirse en la gota que derrame esta copa llena de horrores. Muy seguramente todas estas poblaciones atacadas física y mentalmente con argumentos religiosos encontrarán una mejor sociedad en un escenario donde la idea de la separación entre iglesias y Estado sea tenida en cuenta completamente. Entonces podremos hablar de justicia para todos.

The Intellectuals Against the Pope,... And Justice For All

Next September, in the midst of a series of scandals that has surrounded the Catholic church over the last months, Benedict XVI will visit the UK in what has become an event full of clashes between Catholics and their opponents.

Some of the events that have generated controversy are the announcement of the entry fee to those attending the events officiated by the Pope and the reluctance of thousands of citizens to pay with their taxes the cost that the visit will mean to the British state, all this in the middle of the well-known scandals of pedophilia by clergy members. However, one of the events that has attracted most of the attention is the attempt of prestigious British intellectuals to generate an arrest warrant against the pontiff, in order to capture him once he steps on English soil.

Richard Dawkins

The initiative is led by Christopher Hitchens, journalist and writer, author of the bestseller "God is not Great" and Richard Dawkins, evolutionary biologist, author of "The Selfish Gene", "The Blind Watchmaker" and "The God Delusion", among others. Last April, Hitchens and Dawkins began to consider the possibility of arresting the hierarch of the Catholic Church alleging crimes against humanity due to his concealment of repeated cases of child abuse by church ministers in the early eighties. During those years, today's Pope then known as the archbishop of Munich, was working as the leader of the Congregation for the Doctrine of the Faith -responsible, among others, for dealing with the cases of child abuse. Once again in 2001, being then known as Cardinal Ratzinger, he orders to cover up the cases of child abuse, arguing that it is essential to put the interests of the church over children safety. In an edict with his signature, the religious leader orders that in such cases, rather than taking the complaint to the respective authorities, the victims must be convinced to keep quiet about it.

Christopher Hitchens

According to this policy and before the scandals against Father Lawrence Murphy, who is accused of raping about 200 deaf children, Ratzinger ordered his transfer to another parish instead of allowing his immediate surrender to authorities. It has been revealed that this practice is part of the procedures ordered directly by the Vatican to deal with this type of crime (crimen sollicitationis) and has been carried out in countries as distant as Brazil, Ireland and the United States, as well as throughout the rest of the Catholic This means that the appointment of priests into new parishes occurs with the Archbishops knowledge about their past abuses of minors and, in many cases, facilitates the commission of further abuses in the parishes to where they were moved.

The legal procedures that would be conducted in the attempt to put the Pope behind bars would be similar to the one that led to the arrest of Augusto Pinochet as a result of the human rights violations that occurred during the Chilean dictatorship between 1973 and 1989. When Pinochet visited Britain in 1998 he was captured by the British authorities in response to an extradition request by the Spanish judge Baltasar Garzon on charges of crimes against humanity. However, as expected in the case of Benedict XVI, the Catholic community in various parts of the world has responded negatively to this initiative and has joined forces to block the progress of the arrest warrant against him. In fact, last week the British government in the voice of the new attorney general, Ken Clarke, spoke out against the move saying that it would not allow to arrest the Pope, which would require amending the law that in the past allowed Chilean dictator's capture.

Benedict XVI

This official position has also generated a strong response from the victims of the crimes committed by the church and many other organizations, in what they called "the protection of abusers by the British government". After this,  the legal battle to generate an arrest warrant against the Pope continues and the issue of the "exceptionability" of Catholic leaders is debated in several media (See article or video). Geoffrey Robertson, a prominent lawyer in human rights issues and United Nations legal expert, who is in charge of the case, relies on the possibility of launching a civil action against the Pope or, failing that, taking the case to the International Criminal Court. According to the plaintiffs, the Pope would not have diplomatic immunity and although the trip is considered a state visit, the Vatican is not an independent state recognized by the United Nations.

This situation contrasts with the decision of the Supreme Court of the United States just over a month ago, in its rejecting the invulnerability of the priests responsible for sexual abuse of minors in its territory. The treatment they have received in recent years has forced several of them to seek asylum in the Vatican or other places where justice can not reach them.

Beyond issues related to religious beliefs or doctrines of faith, the topic of the persecution of members of the church responsible for commission or concealment of these crimes must be part of the public discussion. For hundreds of years Western societies and their descendants have given the fight for the separation of church and state. Not only does this imply the existence of a gap between different religions and nation states, but also that following the mandates of one  of these institutions does not exempt from being governed by the laws of the other. In other words, as well as in the eyes of the church a state leader can be considered a sinner and therefore be condemned to hell (if those are their laws), according to the civil law a leader of the church can be considered a criminal, and thus be sent to prison.

Additionally, other major battles that history has given are those for equality before the law. This equality must be for all and in no way it excludes a group of individuals for the sheer fact of being in a high post in a religious institution. Again, beyond beliefs and dogmas, the principles of separation of church and state and equality before the law, force us to take firm actions in these cases of abuse of minors by members of the clergy and the cover-up by the Pope.

Now, it would be a good example of justice to act here as a sign of respect for the victims of these violations since to them, ultimately, it is not that they feel better by being abused by a priest than by any other human: therefore the treatment should be exactly the same to the one that any other rapist or any other person acting on its cover-up would receive. Similarly, for the followers of the Catholic faith this would be an important sign for their institution to ensure that this does not remain being a haven for pedophiles.

As it is acknowledged by Dawkins, perhaps the goal of capturing the Pope is unfeasible (although there are clearly some people working to make it happen), but this does not take away any value to the initiative. On the contrary, it sets a precedent against future abuses by religious leaders while letting them know that their roles as ministers of the church do not grant them a status beyond the reach of civil justice: sooner or later the public will be mobilized against them. On the other hand, this warrant has been translated in an argument that has served to awaken the collective consciousness towards the problem, as it has been expressed in the pressures from different sectors of the society demanding the resignation of the Pope, and as will be evident next month with the many protests against him. These are already being organized and will accompany his visit in different British cities.

But perhaps the most important aspect of this attempt to arrest the Pope is the reminding of the public that the church is not an authority on moral issues and, therefore, it is necessary to reach secular agreements on the moral principles that will rule society. Let us remember that history is full of crimes committed in the name of the gods like the Crusades, witch-hunting, the destruction of Aboriginal societies to impose the "true god" and discrimination against those with different sexual alternative to those accepted by these gods, among many others. In this scenario, the repeated cases of child abuse and the covering behavior of high hierarchs in this matter may become the straw that breaks the camel's back. Most likely all these people  physically and psychologically attacked on religious grounds will find a better society in a scenario where the idea of separation between church and state is truly taken into account. Then we can speak of justice for all.