Indígenas de Formosa, Argentina: Tierra, Violencia y Poder Político

(Con el trabajo periodístico, entrevistas y fotos de Ernesto Arzamendia Quatrin de Radio Amanecer Argentina; agradezco también los comentarios de Melisa Di Franco)

A comienzos de diciembre, James Anaya, relator de la ONU sobre Derechos Indígenas, visitó la Provincia de Formosa en el nororiente argentino, en la frontera con Paraguay. Como parte de su viaje por todo el país, en este caso su objetivo era informarse acerca de la situación en la que viven los pueblos Qon, Wichi-Mataco y Pilagá que habitan esta región; los representantes de las comunidades indígenas se han mostrado notablemente agradecidos por lo que consideran "una visita histórica".

Y es que en la región han ocurrido algunos acontecimientos que han captado la atención del país en los últimos años. En particular, en noviembre de 2010 dos indígenas y un policía murieron en medio de enfrentamientos en la zona. Adicionalmente, cerca de treinta indígenas de la comunidad Qon resultaron privados de su libertad, seis más resultaron heridos y uno de ellos terminó en estado de coma, mientras que su Cacique, Félix Díaz, estuvo desaparecido por un tiempo.

Según algunas de las versiones de los hechos, tras un altercado con la poderosa familia Celía, el líder indígena recibió amenazas ante la mirada complaciente de las autoridades. Seguido a esto se desató la represión policial contra miembros de la comunidad; estos habían bloqueado una importante vía como señal de protesta frente a sus demandas históricas por el derecho al disfrute y usufructo de sus tierras.

Los conflictos entre la comunidad y la policía se iniciaron en 2007 luego de que el gobierno provincial ordenara el despojo de cerca de 600 hectáreas de territorios indígenas, acompañado de algunas compensaciones para su comunidad. No obstante, las tierras ofrecidas como compensación no pertenecen a la Provincia sino que son consideradas propiedad de Parque Nacional, por lo cual la primera no está en capacidad de disponer de ellas.

En sus demandas, la comunidad indígena se refiere a un Decreto del año 1940 que consideraba estas tierras -5000 hectáreas- como reserva indígena. A pesar de que en teoría hoy cuentan con un territorio más amplio, el Estado les impugna violar el derecho a la propiedad privada al tiempo que les impide usar partes de este territorio que para ellos tiene un importante valor espiritual.[1] De acuerdo con la versión de Félix Díaz ante el relator de las Naciones Unidas durante la visita, la comunidad no puede usar el agua porque se ha creado una Ley que cataloga la laguna como área de conservación; no pueden construir sus viviendas en este territorio, y no pueden pescar ni buscar medicamentos en ella - prácticas que son parte fundamental de la vida de la comunidad. Es decir, argumenta Díaz, tienen títulos pero no los pueden usar.

Adicionalmente, los indígenas explican que el gobierno provincial los ha estigmatizado ya que el  discurso de que "la tierra es para quien la trabaje" se ha aprovechado para decir que los indígenas son ociosos y poco productivos. Con este discurso estigmatizador, y con la promesa de traer el desarrollo a la región luego del despojo, se busca legitimar la pérdida de tierras de los indígenas. Por su parte, en lugar de desarrollo, lo que las comunidades originarias demandan es la garantía de la devolución de las tierras y su derecho para usarlas como fuente de vida, de su espiritualidad, de sus medicamentos, y como base fundamental de su cultura.

Para ellos la explicación de lo ocurrido recientemente es muy clara: ha habido una usurpación de sus tierras por parte de los criollos. La familia Celía, con un gran poder político y económico en el área, está en capacidad de controlar a la policía y moverla de acuerdo con sus intereses, incluso hasta llegar a asesinar a los miembros de la comunidad. Según se afirma en la región, varios de los policías implicados en los enfrentamientos de noviembre de 2010 son familiares cercanos de los Celía.

No obstante, más allá del tema de la tierra y de los enfrentamientos de hace un año -sobre los que aparecen diferentes versiones según quien cuente la historia-, las condiciones de vida de los indígenas de Formosa son lamentables; son permanentemente perseguidos, por lo cual tienen miedo incluso de ir al hospital en situaciones de urgencia, y cuando han intentado hacerlo no reciben tratamiento médico por su condición de resistencia. Han sufrido muertes, quema de sus viviendas, y un trato  brutal por parte de la policía, al tiempo que han sido permanentemente ignorados por los medios de comunicación.

En su presentación a James Anaya, los indígenas repudian hechos que los afectan directamente como la creciente concentración de la tierra para fines agro-industriales y de extracción petrolera, la contaminación y, peor aún, las repetidas hambrunas de las que han sido víctimas y que han cobrado la vida de varios de sus niños en un país con capacidad de alimentar a 350 millones de personas.

La situación de la comunidad se agrava al carecer de cualquier acceso a mecanismos de poder: su representación política es prácticamente inexistente tanto a nivel provincial como a nivel federal. Esto reduce su campo de acción a demandas por el derecho a la tierra de acuerdo con lo establecido en la legislación, por medio de bloqueos de vías como los ocurridos el año anterior. Recientemente se ha hecho un llamado a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para una mesa de diálogo el próximo 2 de mayo. En esta ocasión se ha consensuado el diálogo, pero poco más se ha avanzado en esa dirección.

Argentina: Un Escenario Adverso para las Comunidades Indígenas

James Anaya y Félix Díaz

La situación de los indígenas de Formosa no es exclusiva de esta región ni mucho menos de la Argentina, aunque las condiciones presentes en este país sí son particularmente adversas para las comunidades originarias. En un detallado estudio en 2005[2] Donna Lee Van Cott analiza la situación de los pueblos indígenas en diferentes países de la región. En particular, se centra en las condiciones que los grupos étnicos han enfrentado para poder convertirse en actores políticos importantes, de tal forma que puedan llevar a cabo mejoras para sus comunidades por medio de mecanismos democráticos.

El caso de las comunidades originarias de Argentina es especialmente preocupante en el contexto Latinoamericano. En este caso hablamos de una comunidad indígena extremadamente fragmentada, geográficamente dispersa, y con el agravante de que no cuenta con distritos políticos sub-nacionales donde tenga una posición mayoritaria. A diferencia de otros países de la región, las comunidades argentinas no cuentan con derechos políticos especiales y su participación en procesos de reforma constitucional –en 1994 en este caso- ha sido insignificante.

Otras variables que complican aún más su situación política son la posición dominante de los partidos tradicionales –el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical-, la desconexión entre los movimientos urbano y rural, y la permanente cooptación de sus líderes. Estas condiciones afectan a cerca de 600.000 indígenas en comunidades rurales de todo el país, más una cantidad similar correspondiente a los indígenas que viven en barrios étnicamente mixtos en las principales ciudades argentinas.

Tal como ocurre para el caso de Formosa, la carencia de cualquier tipo de poder político se ha traducido en condiciones de extrema pobreza para amplios sectores de las comunidades indígenas, pésimas condiciones laborales bajo el mando de terratenientes, así como la carencia de derechos de acceso a la tierra y otros recursos naturales. También ha significado opresión, asesinatos, y escasa legislación que los favorezca y menor aún que efectivamente se haga cumplir. No por nada, para la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, Argentina es el país donde las condiciones de vida de las comunidades originarias son las peores de la región.

En casos como el argentino, la descentralización administrativa, fiscal y política que en teoría debería servir para abrir mecanismos democráticos que le permitan acceder al poder político a grupos minoritarios como las comunidades en cuestión, se ha convertido más en un obstáculo para que ello ocurra. Así como en Formosa con la familia Celía, la descentralización ha permitido que las élites locales consoliden su poder y estén en capacidad de bloquear la implementación de cualquier tipo de legislación orientada a mejorar las condiciones de vida de los grupos indígenas.

La Convergencia de Males de las Comunidades Originarias de Formosa

De acuerdo con la declaración de James Anaya tras su visita a Formosa, su corta estadía no le permitió ver la realización de obras u otras acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de los indígenas de la zona. Sin embargo, más allá de este tipo de acciones que busquen rescatar a los indígenas de su condición de abandono, sus demandas resultan ser mucho menos que eso. Demandan, por ejemplo, el derecho a la igualdad, a la aplicación debida de los códigos civil y penal, y a tener acceso a las tierras a las que la legislación establece.

En el caso de los indígenas de Formosa convergen varias dimensiones que acentúan las dificultades de sus comunidades: los conflictos por la tierra, el racismo y la falta de poder político.

Los conflictos por la tierra se inician en 2007 y desde entonces han azotado a la población con hechos como los ocurridos en noviembre de 2010; hasta ahora, la atención del Gobierno federal ha sido escasa y no se vislumbran condiciones que garanticen la no repetición de estos hechos. Los indígenas, por su parte, demandan la aplicación de la Ley 26160 según la cual se les garantiza el derecho a ocupar los  territorios en cuestión. Solicitan también un mayor compromiso por parte del Ministerio de Desarrollo Social y en particular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Por otro lado, los indígenas de Formosa han sido víctimas del racismo que como ha ocurrido en múltiples escenarios, apela a la superioridad racial para justificar todo tipo de crímenes e injusticias. En palabras del juez español Baltasar Garzón, en casos como el genocidio Maya durante el gobierno de facto de Efraín Rios Montt en Guatemala entre 1982 y 1983, el racismo como política de Estado, significó "la existencia de tierras arrasadas, de masacres, de exterminio masivo de comunidades mayas, incluyendo niños, mujeres y ancianos."[3]

La puerta de acciones infames que abre el racismo puede mantenerse cerrada con una clara política de Estado conducente a garantizar la igualdad de derechos a todos los grupos de la sociedad. Acceso a la tierra, a condiciones básicas de vida y el respeto a la diferencia en las comunidades indígenas, son requisitos mínimos para que esto ocurra.

Finalmente, en términos de poder político, los indígenas de Formosa dicen llegar a sentirse como extranjeros en su propio país, algo que siempre rechazan por ser originarios de la tierra que ocupan –tanto en Argentina como en Paraguay. Su voto nunca ha servido para elegir a alguien que los represente, al tiempo que lamentan haber sido utilizados en repetidas ocasiones al llegar la época electoral. De esta forma, buscan aplicar la Ley 26160 para que los gobiernos nacional y provincial canalicen los mecanismos que les permitan participar en los relevos territoriales y así elegir representantes del consejo de participación indígena -nexo entre la nación y la provincia.

Para ellos es claro que las transformaciones sociales y económicas que buscan deben pasar por el debate político y que para tal fin requieren de las garantías y la representación que les ha sido esquiva con los mecanismos actuales de elección y representación. Son más que necesarias algunas reformas como las que se han implementado en otros países de la región, tales como asientos en el Congreso reservados para las comunidades indígenas o mejoramientos del sistema electoral, de tal forma que las vías democráticas se conviertan en los canales institucionales para que estas comunidades presenten sus demandas.

La visita del representante de la ONU a Formosa es una señal positiva respecto a la atención que exigen las comunidades que allí habitan. El aparato político estatal debe adaptarse para que todas las voces sean escuchadas y así se garantice la participación democrática de todos los sectores. No hacerlo abre la puerta para que la estigmatización racial continúe, lo cual trae consigo consecuencias cada vez más lamentables: para las comunidades originarias por ser quienes las sufren directamente, y para el resto de la sociedad por permitir que esto ocurra.

TONOLEC- SO CAYOLEC - Mi Caballito

Canción infantil en lengua Qom:

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[1] Declaración de Félix Diaz a James Anaya, Diciembre 5 de 2011.

[2] Van Cott, Donna Lee (2005). From Movements to Parties in Latin America. The Evolution of Ethnic Politics. Cambridge University Press.

[3] Garzón, Baltasar (2008) La Línea del Horizonte. Una Crónica de Nuestro Tiempo. Debate, p. 173.

Corrupción, Escándalos y Competencia Política: Lecciones para Colombia

Uno de los problemas políticos más generalizados en Latinoamérica es el de la corrupción; por ejemplo, de acuerdo al Latinobarómetro, los ciudadanos de la región consideran que cerca del 70% de los funcionarios públicos de su país son corruptos, mientras que cerca del 80% considera que en los últimos años se ha hecho poco o nada por reducir los niveles de corrupción. Con frecuencia salen a la luz pública escándalos relacionados con este fenómeno y no pocas veces los gobiernos locales y nacionales inician campañas para luchar en su contra. Sin embargo, a pesar de que la corrupción pareciera ser parte de la vida política de la región, los escándalos de este tipo se dan de forma discontinua, lo que hace pensar que muchos actos de corrupción nunca son conocidos por el público. En un artículo reciente en el Journal of Comparative Politics, Manuel Balán intenta explicar qué hace que algunos actos de corrupción se conviertan en escándalos mientras muchos otros permanecen ocultos.

Para esto el autor reta dos posiciones convencionales que explican los escándalos de corrupción. Una que los utiliza como indicadores de una democracia sana donde los mecanismos de rendición de cuentas funcionan satisfactoriamente; y otra que simplemente asocia los escándalos de corrupción a mayores niveles de la misma. Por el contrario, Balán argumenta que dados los incentivos de los actores políticos y las restricciones impuestas por posibles competidores, los escándalos de corrupción se desatan precisamente por la competencia entre tales actores.

Es decir, los políticos al interior de la coalición de gobierno, quienes en general tienen acceso a información que desconoce el público, eligen selectivamente qué información filtrar a los medios de comunicación y entidades de control. Esta actuación hace parte de dos posibles estrategias: una con la que se busca ganar poder dentro de la coalición de gobierno al hacerle daño a algunos aliados políticos, y otra con la que se busca abandonar esta coalición afectando a sus líderes al relacionarlos con un escándalo de corrupción. Así, el autor propone que los gobiernos con altos niveles de competencia interna, así como aquellos que enfrentan una oposición débil, son más vulnerables a sufrir escándalos de corrupción.

Balán presenta evidencia de Argentina y Chile utilizando como base de datos las noticias acerca de casos de corrupción en cada uno de estos países que aparecieron en el Latin American Weekly Report de 1989 a 2007, así como en importantes periódicos de cada uno de ellos. Así, durante el primer gobierno de Ménem Argentina se caracteriza por una intensa competencia al interior del Peronismo y una oposición bastante débil; en este escenario los escándalos de corrupción abundan. Esta situación cambia hacia el final de su segundo período con una reducción en la competencia interna al gobierno y un fortalecimiento de la oposición; como resultado de esto, explica el autor, los escándalos de corrupción fueron mucho menores durante este período. Una dinámica similar ocurre en los gobiernos posteriores.

Para el caso de Chile, los primeros diez años de los gobiernos de la Concertación estuvieron caracterizados por una baja competencia intrapartidista y una oposición –heredera del régimen Pinochetista- bastante fuerte. Como resultado de esto, los escándalos de corrupción fueron pocos. Sin embargo, la llegada del Partido Socialista al poder y el debilitamiento de la oposición por temas como la captura de Pinochet, generan una alta competencia intrapartidista y una baja competencia interpartidista, que termina en un alto nivel de escándalos de corrupción. Un patrón similar se encuentra en la segunda mitad del gobierno de Lagos y durante el gobierno de Bachellet.

De esta forma, el autor concluye que la dinámica de los escándalos de corrupción más que estar asociada al papel de los medios de comunicación o ser un resultado inmediato de los casos de corrupción, responde a la competencia política tanto al interior de los partidos de gobierno como a aquella existente entre estos y la oposición. Paradójicamente, indica Balán, una oposición fuerte más que promover el rendimiento de cuentas a los partidos de gobierno, genera una presión indirecta para que haya mayor encubrimiento de los casos de corrupción.

Los resultados de la investigación son de gran interés más allá de los dos casos discutidos. El autor se refiere brevemente a los casos de México, Brasil y España como otros ejemplos donde la dinámica descrita en el artículo explica la emergencia de escándalos de corrupción. Para el caso de Colombia – no discutido en el artículo-, y en particular los recientes escándalos de corrupción por la contratación en Bogotá, resulta enriquecedora la propuesta que hace esta investigación. En el año 2010, integrantes del Polo Democrático Alternativo -partido de gobierno en la capital del país- liderados por Gustavo Petro, sacan a la luz pública el problema de corrupción crónico que se vivía al interior de la administración distrital.

Tal como plantea la hipótesis del artículo, el Polo estaba bastante dividido internamente por temas como la presidencia del partido y la predominancia de las diversas fuerzas al interior de este, al tiempo que la oposición a nivel local era bastante débil. De hecho, luego de dos períodos de gobierno por parte del Polo, muchos analistas asumían que a menos que algo trascendental ocurriera –como los escándalos de corrupción que aparecieron- la alcaldía sería alcanzada nuevamente por este partido. Esta combinación de alta competencia intrapartidista y una oposición débil, finalmente llevan a la filtración de la información relacionada con el "carrusel de la contratación" y los demás escándalos que terminan con la suspensión del alcalde distrital Samuel Moreno y el descrédito generalizado de la administración del Polo Democrático.

En este caso, la estrategia de Petro y sus seguidores que inicialmente pareciera haber sido dirigida a ganar fuerza dentro de la coalición a costa del desprestigio de las otras partes –en particular, la ANAPO de la familia del alcalde Moreno-, termina convirtiéndose en un abandono de esta y en la fundación de un nuevo movimiento político; lo que Balán llama "el abandono del barco".

La tesis del artículo de Balán es sin duda bastante interesante e invita a reflexionar acerca de los intereses políticos que están en juego tanto en aquellas situaciones cuando salen a la luz pública escándalos de corrupción como en aquellas donde estos escándalos están ausentes. En uno y otro caso, la competencia política, o su ausencia, puede decirnos más acerca de la dinámica de los escándalos de corrupción que lo que nos ofrecen las explicaciones convencionales.

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Referencias

Balán, Manuel (2011) Competition by Denunciation. The Political Dynamics of Corruption Scandals in Argentina and Chile. Journal of Comparative Politics, Vol. 43, No. 4, pp. 459-478.

Latinobarómetro (2006) .

Videla, la Ciudadanía y los Límites del Poder

-Jorge Rafael Videla-

En mayo de 1804 cuando Napoleón se autoproclama Emperador de Francia, Beethoven, que hasta entonces había sido su admirador, arranca lleno de ira la primera página de la Sinfonía Bonaparte que había compuesto en su honor, la rompe y la tira al piso diciendo: "¡Así que él no es más que un mortal común y corriente!" Más adelante el nombre de la obra sería modificado y hoy simplemente la conocemos como 'Sinfonía Heroica. Compuesta para celebrar la memoria de un gran hombre', sin alusión alguna a Napoleón. Esta anécdota debería servir para entender la naturaleza del poder y de quienes lo alcanzan, su capacidad de corromper incluso los ideales más nobles y que, por más grande que sea el líder, es a fin de cuentas un mortal común y corriente, con las mismas debilidades que nos caracterizan a todos los demás, o quizá incluso peor. La nueva condena a cadena perpetua del General y ex Presidente Argentino Jorge Rafael Videla es un recuerdo oportuno de los límites del poder y lo que debe ser nuestra actitud ante quienes lo ejercen.

Durante los años de 1976 a 1983 Argentina vivió el período conocido como Guerra Sucia durante el cual el gobierno militar se dio a la tarea de perseguir activistas de izquierda, periodistas, estudiantes, guerrillas Peronistas y Marxistas, entre muchos otros, así como a todo aquel con indicios de apoyar cualquier causa que estuviera en contra de su ideario económico y político. El saldo incluye varias decenas de miles de muertos y desaparecidos, así como un clamor permanente por parte de los familiares de las víctimas acerca de la verdad sobre lo ocurrido.

Este caso, desde luego, no es exclusivo de la Argentina de esos años; en ese entonces, el modelo de Nuevo Militarismo encarnado en la 'Operación Cóndor' fue un importante responsable del terrorismo de Estado que sufrió la región. La reaparición del Populismo Autoritario - con Menem, Fujimori, Chávez, Uribe y los Kirchner- indica que la región es aún presa fácil de modelos políticos en los cuales las libertades básicas de los ciudadanos se ven vulneradas con el argumento de un 'bien superior' y la presencia –real o infundada- de una amenaza importante. Así, comunismo, imperialismo, terrorismo, tráfico de drogas, o cualquier otra elección conveniente, parecieran justificar los abusos de poder.

El caso de Augusto Pinochet, que murió sin pagar un sólo día en cárcel por los crímenes cometidos durante la dictadura Chilena fue, sin duda, una señal desesperanzadora acerca de la posibilidad de juzgar y hacer pagar a los responsables del terrorismo de Estado en una de las épocas más aciagas de la región. Sin embargo, el caso del enjuiciamiento y condena a Alberto Fujimori, o la reciente nueva condena a Jorge Rafael Videla, son señales positivas para otras sociedades que en los últimos años hemos vivido bajo la presencia de regímenes que poco valoran los derechos humanos. No obstante, estas medidas sólo sirven como correctivo de errores pasados, y no como garante de que los abusos cometidos no vuelvan a ocurrir. Pero, más allá del carácter enceguecedor del poder, ¿qué es lo que lleva a resultados tan lamentables, que permite que veamos historias similares a lo largo de toda la región incluso en momentos tan diferentes?

Una respuesta inmediata es el apoyo de un poder extranjero cuyos intereses coinciden con los de algunas élites locales, como ciertamente ha ocurrido en múltiples casos. Sin embargo, y a pesar de la obviedad de esta explicación, hay otra que es resultado de la relación que los ciudadanos mantienen con sus gobiernos. Al analizar los casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ex presidentes que son juzgados en tribunales nacionales o internacionales, o los innumerables escándalos de este tipo que salen a la luz pública una vez estos dejan su mandato, todos –independientemente del modelo político que siguen, Nuevo Militarismo o Populismo Autoritario- comparten una característica: sus niveles de popularidad mientras ejercían el poder eran abrumadores. Es decir, el temor generalizado frente a una amenaza o el afán por alcanzar ciertos resultados económicos, parecieran hacer necesario pasar por encima de los derechos fundamentales de algunas minorías. Por su parte, la mayoría de la población -en muchos casos con información fabricada por los mismos gobiernos- celebra estas políticas e ignora el sufrimiento de aquellos a quienes se le vulneran sus derechos, mientras nuestros presidentes alcanzan un nivel de popularidad sólo comparable al de algunos cantantes, deportistas o actores de cine. Esto, desde luego, los hace sentir con el derecho de manejar las leyes a su antojo y sentirse amos y dueños de los destinos de aquellos a quienes gobiernan.

De esta forma, y dada la imposibilidad de cambiar el carácter de quienes están en el poder así como de cambiar los intereses y políticas externas de otros países, la tarea de evitar los abusos de poder queda muchas veces en manos de la ciudadanía. Es necesario que ella –desde abajo- le imponga límites claros a sus gobernantes, ejerza control político y, en últimas, defienda la democracia por encima del carisma y atractivo de sus gobernantes, por buenos que estos parezcan. La condena a Videla por los crímenes cometidos durante la dictadura militar es una prueba de que el poder tiene límites y la justicia está ahí para hacerlos respetar. Si esto es algo que los gobernantes -ciegos de poder- no están en capacidad de reconocer, es nuestra tarea como ciudadanos recordárselos permanentemente.

La labor de académicos, analistas y periodistas independientes debe apuntar en esa dirección, y es responsabilidad de la ciudadanía apoyar estas iniciativas de control político. Una alta popularidad no es excusa ni justificación para el abuso del poder, pero sí puede hacer sentir al gobernante con el derecho de hacerlo; al fin y al cabo, como diría Beethoven, ellos son mortales comunes y corrientes.

Adenda:
Aprovecho la oportunidad para reiterar mi total apoyo a Daniel Coronell en su permanente esfuerzo por sacar a la luz pública verdades incómodas y que aquellos con poco o nulo respeto por la democracia colombiana han tratado de acallar.

Comentarios al Libro "Capital Social en Democracias en Desarrollo: Nicaragua y Argentina Comparados". Algunas Reflexiones para Colombia

Tras su viaje a los Estados Unidos en la década de 1830, Alexis de Tocqueville escribe el libro Democracia en América en el cual destaca varias de las costumbres democráticas de la entonces naciente sociedad norteamericana y muestra su contraste con el caso de algunas sociedades europeas donde el proceso de democratización era tan complejo. Una de sus conclusiones es que los sistemas democráticos funcionan mejor en sociedades donde los ciudadanos tienen un alto nivel de confianza mutuo, están acostumbrados a cooperar entre ellos y se consideran iguales entre sí. El concepto de fondo en esta idea, conocido hoy con el nombre de capital social, ha visto un desarrollo notorio en los últimos veinte años en la literatura en las ciencias sociales. Parte de la agenda de investigación en este tema consiste en comprender la forma como los ciudadanos crean lazos al interior de sus sociedades, así como el papel que estos lazos juegan en procesos de transición y consolidación de la democracia, colapso de regímenes políticos e incluso desempeño económico.

El libro Capital Social en Democracias en Desarrollo de Leslie E. Anderson, propone un estudio comparativo de los actuales procesos de democratización en Nicaragua y Argentina centrando su análisis en el papel que cada una de estas sociedades ha jugado en la vida política de sus países a lo largo de las últimas décadas. Llama la atención ver que el desarrollo político de estos dos países es contrario al que su desarrollo económico y nivel de industrialización harían esperar. Así, el texto muestra cómo en una sociedad relativamente moderna como la Argentina, los lazos horizontales entre ciudadanos son bastante débiles, hay un bajo nivel de capital político, un pobre carácter democrático de la ciudadanía y escasas iniciativas ciudadanas de organización política. Por el contrario, una sociedad mayoritariamente agrícola y con uno de los desempeños económicos más pobres en la región, como la Nicaragüense, se caracteriza por altos niveles de participación ciudadana y se ve permanentemente involucrada en sus propios asuntos políticos.

Un ejemplo reciente de la divergencia entre las realidades políticas de estos dos países es el inconformismo con que se han recibido algunas de las prácticas recientes del Presidente Nicaragüense, Daniel Ortega, calificadas como caudillistas, así como la oposición que este recibe por parte del legislativo, otros partidos de izquierda y dentro del mismo Sandinismo. Caso contrario ocurre en Argentina donde a partir de la transición a la democracia varios presidentes han renunciado, han estallado crisis económicas y escándalos de corrupción, mientras que por años la presidencia no sólo ha estado en manos del mismo partido sino, peor aún, recientemente dentro de la misma familia. El poco inconformismo que estos hechos han generado en la opinión pública revela una importante debilidad del carácter democrático de la sociedad Argentina.

-Nicaragua Sandinista-

En su esfuerzo por identificar las causas que han llevado a dos trayectorias completamente diferentes en cuanto al desempeño de la sociedad civil en estos países, Anderson identifica los procesos históricos de largo plazo como principal explicación. Específicamente, se centra en dos fenómenos bien definidos: el Sandinismo y el Peronismo. De acuerdo a la autora, la necesidad del pueblo Nicaragüense de luchar contra un régimen totalitario obligaba a la cooperación entre los distintos sectores de la población, grupos sociales, etáreos y sectores económicos, creando la idea de un "nosotros" que identificaba a prácticamente toda la población. Al interior del movimiento revolucionario que daría fin a más de cuarenta años de dictadura de la dinastía de los Somoza, el liderazgo basado en personalidades era prácticamente inexistente, mientras se desarrollaba un sentido de solidaridad y camaradería entre sus miembros. Más aún, dadas las repetidas bajas de los líderes del movimiento, se reducían los incentivos a cualquier tipo de personalismos o aparición de líderes carismáticos. La revolución era de los nicaragüenses y no respondía a los intereses y pasiones de unos pocos líderes; por el contrario, la sociedad construía importantes lazos horizontales entre sus miembros, al tiempo que se creaban organizaciones de la sociedad civil que son reconocidas formalmente una vez los Sandinistas alcanzan el poder.

-Juan Perón y Eva Perón-

El caso de Argentina con Perón ofrece un contraste interesante. A diferencia del Sandinismo, Perón enmarca su proyecto político entorno a sí mismo sin suscribir sus ideas ni objetivos a ningún predecesor, y tampoco se esfuerza por enmarcarlo en ningún contexto internacional. De igual forma, se desarrollan importantes lazos verticales entre Perón, el Peronismo y sus seguidores, en donde aspectos como la personalidad y el carisma del líder juegan un papel fundamental. Viniendo de la clase media-baja, Perón muestra su interés por las clases menos favorecidas pero desde una posición de poder sobre ellos al mejor estilo de un benefactor de la población. Así, en el país se lleva a cabo un proceso poco coherente ideológicamente de reforma desde arriba en lugar de uno de lucha, apoyo mutuo y lazos fuertes entre los ciudadanos.

Como parte de una visión del mundo en la que aparecen enemigos del régimen por todas partes, Perón cierra posibilidades para la aparición de líderes dentro del Peronismo, se opone a estudiantes, profesores, partidos políticos de oposición, prensa y cualquier alternativa política que se escapara de su control directo. De hecho, Eva Perón -quien goza de una alta popularidad durante estos años- actúa principalmente como un activo que le suma capital político al liderazgo y autoridad de Perón. Nuevamente, su participación se ciñe a un esquema de beneficencia en lugar de invitar a los sectores más vulnerables de la población a movilizarse y trabajar juntos por su propio bienestar.

De acuerdo a Anderson, el tipo de capital social desarrollado bajo este tipo de regímenes políticos semi-fascistas es anti-democrático. Respecto al Peronismo establece: "[Su comportamiento] afecta negativamente la confianza entre los Peronistas, entre sus líderes y el mismo Perón, entre líderes secundarios, y entre el Peronismo y la oposición no Peronista". En suma, un régimen político que en lugar de basarse en una ideología clara encuentra su razón de ser en el carisma del líder, crea la idea de un "nosotros" -los Peronistas, en este caso- y un "ellos" (la clase no-trabajadora, los capitalistas, las elites, los Radicales, los intelectuales, la prensa, la Iglesia, las universidades, etc.). Adicional  a esto, en términos económicos, este tipo de movimientos necesita perpetuar la pobreza en el largo plazo ya que su influencia sobre la población y sus mecanismos clientelistas se debilitan a la par que la pobreza se reduce.

Si bien el capital social en Argentina es bastante bajo, dada su importancia para la construcción de democracia surge entonces una pregunta: ¿cómo se explican los avances democráticos que ha alcanzado Argentina en los últimos años? Anderson señala las instituciones políticas como una alternativa para contrarrestar la falta de capital social y político de algunas sociedades. Así, destaca el importante papel histórico que las ramas legislativa y judicial han tenido a lo largo de la historia Argentina frente a su incipiente desarrollo en el caso Nicaragüense. Por ejemplo, durante el período Radical Argentino (1916-1930) el Congreso fue un contrapeso a los intereses del ejecutivo en cabeza de Hipólito Yrigoyen, lo que generó grandes enfrentamientos entre estas ramas del poder. Si bien durante el gobierno de Perón el legislativo sirvió principalmente para legitimizar el papel del ejecutivo a partir de sus mayorías Peronistas, el legislativo y las cortes jugaron un papel fundamental para la transición a la democracia en los ochenta así como para el juzgamiento de los responsables por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. De igual forma, luego del cambio de la constitución que le permitió a Ménem  la reelección presidencial, a finales de los noventa el Congreso y la rama Judicial bloquean los intentos de este de permanecer en el poder por un tercer período, al tiempo que sacan a la luz pública importantes casos de corrupción de su gobierno.

Tras la lectura del texto es inevitable pensar en el estilo de política presente en Colombia durante los últimos ocho años. No vale la pena entrar a hacer una lista de todos los detalles que caracterizaron al pasado gobierno; a fin de cuentas estos son ampliamente conocidos y  en muchos casos esto implicaría repetir algunas de las prácticas mencionadas arriba para el caso Argentino tan sólo haciendo un cambio en los nombres de los protagonistas. Es suficiente recordar frases como "Yo no leo periódicos internacionales", "estas carnitas y estos huesitos" o la famosa "encrucijada del alma" para empezar a entender las similitudes. ¿Se acuerdan? Bueno, creo que para nadie es duda que el anterior gobierno colombiano estuvo caracterizado por altas dosis de personalismo, carisma y movimiento de masas por parte de su líder, así como el desarrollo de lazos verticales entre este y otros miembros del partido de gobierno, el partido y sus seguidores, y entre estos y los no-seguidores. Todo esto, desde luego, en detrimento del desarrollo de lazos entre ciudadanos y la construcción del tipo de capital social propicio para el avance de la democracia.

Para no extenderme más en este escrito, quiero refirirme a un artículo que apareció en la edición pasada de la revista Semana indirectamente relacionado con este tema y que ejemplifica  el lado negativo de esta forma de hacer política. En él se contrastan los consejos comunales, práctica que encarnó más de cerca el carisma y lazos verticales entre Presidente y ciudadanos, característicos del gobierno pasado, con la práctica equivalente del gobierno de Santos: los acuerdos. Si bien aún es apresurado sacar conclusiones acerca del nuevo mandatario, si es interesante la descripción que se hace de los consejos comunales, su carácter demagógico y su cuestionada eficiencia práctica:

"A pesar de su comprobada eficacia para lograr cercanía entre el Presidente y los ciudadanos, y para llenar la agenda de los medios de comunicación, pocos se imaginaban a Santos recorriendo el país cada sábado con poncho y sombrero para oir las quejas en jornadas de más de ocho horas. Mucho menos para ponerse del lado de la gente para criticar la ineficiencia estatal frente a temas puntuales como la necesidad de poner un semáforo en una esquina, remodelar una escuela o construir un salón comunal.... [Los acuerdos de Santos]  son más serios y pueden ser más eficaces pero difícilmente producirán diversiones como las que llenaron los noticieros de televisión los fines de semana en los últimos ocho años."

La pregunta que queda abierta es el tipo de capital social que se construye en Colombia; si es esta una sociedad en la que los ciudadanos se identifican en el otro y ven en sí mismos la posibilidad de unión para salir adelante en la solución de sus problemas o si, por el contrario, es una sociedad con lazos verticales donde la población espera la aparición de un líder que la movilice y le de solución a sus necesidades.

El carácter carismático y basado en aspectos personalistas que caracterizó al gobierno pasado hace pensar que en la sociedad colombiana los lazos verticales entre ciudadanos y líderes son más fuertes que aquellos lazos horizontales entre ciudadanos en igualdad de condiciones. Esto, como hemos visto, es un resultado lamentable y deja el rumbo de la democracia únicamente en manos de las instituciones políticas -por más responsables y eficientes que estas sean- en lugar de hacer responsable a cada ciudadano por el avance de su sistema político, como se ha encontrado en otras sociedades con larga tradición democrática. Esperemos que en el futuro haya menos caudillos carismáticos y en lugar de estos aparezcan más iniciativas ciudadanas para llevar a cabo las transformaciones que el país necesita. O, más bien, siguiendo el lenguaje del capital social: ¡empecemos a trabajar para ello!

-Consejos comunales de Uribe y los Acuerdos de Santos-

pd. En este momento preparo una reseña detallada del libro de Leslie E. Anderson que espero publicar en unos meses. Sobra decir que recomiendo este libro a quién esté interesado en los temas de capital social o desarrollo político de Latinoamérica.

Commentary to the Book "Social Capital in Developing Democracies: Nicaragua and Argentina Compared". Some Reflections on Colombia

After his trip to the United States in the 1830s, Alexis de Tocqueville wrote his book Democracy in America which highlights several of the democratic traditions of the nascent American society and shows its contrast with the case of some European ones where the democratization process was so complex. One of his conclusions is that democratic systems work best in societies where citizens have a high level of mutual trust, are used to cooperate and are considered equal to each other. The underlying concept in this idea, known today under the name of social capital, has seen a remarkable development in the last twenty years in the literature in the social sciences. Part of the research agenda on this issue is to understand how people create ties within their societies, and the role these ties play in processes of transition and consolidation of democracy, the collapse of political regimes and even economic performance.

The book Social Capital in Developing Democracies by Leslie E. Anderson proposes a comparative study of the current democratization processes in Nicaragua and Argentina and focuses its analysis on the role that each of these societies has played in the political life of their countries over recent decades. It is interesting to see that the political development of these two countries is contrary to what their economic development and industrialization levels would make one expect. Thus, the text shows how in a relatively modern society like Argentina, horizontal ties among citizens are rather weak, there is a low level of political capital, a poor democratic nature of citizenship and little citizens' initiatives for political organization. By contrast, a largely agricultural society with one of the poorest economic performances in the region, like the case of Nicaragua, is characterized by high levels of citizen participation and is permanently involved in their own political affairs.

A recent example of the divergence between the political realities of these two countries is the uneasiness with which some of the recent practices of Nicaraguan President Daniel Ortega, described as "caudillistas", have been received, as well as the opposition he faces from the legislature, other leftist parties and even within the Sandinistas. The contrary of this occurs in Argentina where since the transition to democracy several presidents have resigned, corruption scandals and economic crisis have erupted and not only the presidency has been held for years by the same party but, even worse, since a few years ago it has been held by the same family. The little dissent that these facts have had in the public opinion reveals a major weakness of the democratic character of the Argentinean society.

-Sandinista Nicaragua-

In her effort to identify the causes that have led to two completely different paths in the performance of civil society in these countries, Anderson identifies long-term historical processes as the major explanation. Specifically, she focuses on two well-defined phenomena: Sandinism and Peronism. According to the author, the Nicaraguan people's need to fight against a totalitarian regime required the cooperation between different sectors of the population, social and age groups, as well as economic sectors, creating the idea of a "we" that identified virtually the whole population. Within the revolutionary movement that put an end to more than forty years of dictatorship of the Somoza dynasty, personality-based leadership was virtually nonexistent, while its members developed a sense of solidarity and camaraderie among themselves. Moreover, given the repeated losses of the leaders of the movement, the incentives to all types of personalisms or the appearance of charismatic leaders were reduced. The Nicaraguan revolution belonged to the Nicaraguans and did not respond to the interests and passions of a few leaders; on the contrary, the society built significant horizontal ties among its members, while creating civil society organizations that are officially recognized once the Sandinistas come to power.

-Juan Perón and Eva Perón-

The case of Argentina with Perón offers an interesting contrast. Unlike the Sandinistas, Perón frames its political project around himself without subscribing his ideas or objectives to any predecessor, nor he strives to frame it in any international context. Similarly, important vertical ties are developed between Perón, Peronism, and its followers, where aspects such as the personality and charisma of the leader played a key role. Coming from the lower middle class, Perón shows an interest in the lower classes but from a position of power over them, in the style of a benefactor of the population. Thus, during this period an ideologically inconsistent process of reform is carried out in the country from above rather than a scenario of struggle, mutual support and close ties among citizens.


As part of a worldview in which he sees enemies of the regime everywhere, Perón closed the possibilities for the emergence of leaders within Peronism, opposed to students, teachers, other political parties, the media and any political alternative that would escape his direct control. In fact, Eva Perón, who enjoys a high popularity during these years, acts mainly as an asset that adds political capital to Perón's leadership and authority. Again, her participation is limited to a charitable scheme instead of inviting the most vulnerable sectors of the population to mobilize and work together for their own welfare.

According to Anderson, the type of social capital developed under this type of semi-fascist political regime is anti-democratic. With respect to Peronism she states: "[Its behavior] undermined trust among average Peronists, between lesser leaders and Perón himself, among secondary leaders and between Peronism and its non-Peronist opponents in the wider society." In short, a political regime that is based on its leader charisma rather than on a clear ideology, creates the idea of an "us" -the Peronists, in this case, and a "them" (the non-working class, the capitalist elites, the Radicals, the intellectuals, the press, the Church, universities, etc.). In addition to this, economically this kind of movement needs to perpetuate poverty and its influence on the population in the long run, as its clientelist mechanisms are weakened at the same time that poverty is reduced.

While social capital in Argentina is quite low, given its importance to building democracy, a question arises: how to explain the democratic advances that Argentina has achieved in recent years? Anderson points out at the political institutions as an alternative to overcome the lack of social and political capital in some societies. Thus, she stresses the important historical role that the legislative and judicial branches have taken over the history of Argentina in contrast to their poor development in the Nicaraguan case. For example, during the Argentine Radical period (1916-1930) the Congress was a counterweight to the interests of the executive in head of Hipólito Yrigoyen, which led to major clashes between these branches of power. Although during the Perón years the legislative served mainly to legitimize the role of the executive thanks to its Peronist majorities, the legislature and the courts played a key role in the transition to democracy in the eighties, as well as in the prosecution of those responsible for human rights violations during the dictatorship. Similarly, following the change of the constitution that allowed Menem's reelection, at the end of the nineties the Congress and the Judicial branch blocked his attempts to remain in power for a third term, while bringing to light important cases of corruption of his government.

After reading the text it is impossible not to think of the style of politics present in Colombia during the last eight years. It is not worth listing all the details that characterized the last government now; at the end of the day they are widely well-known and in many cases that would imply repeating some of the practices mentioned above for the Argentinean case just changing the names of the protagonists. It's enough to recall phrases like "I do not read international newspapers, "these little flesh and bones" or the famous "crossroads of the soul" Remember? Well, I think it is no doubt for anybody that the earlier Colombian government was characterized by high doses of personality, charisma and mass movement by its leader, and the development of vertical ties between him and other members of the governing party, the party and its followers, and between them and the non-followers. All this, of course, to the detriment of the developing of ties between citizens and the construction of the type of social capital that is conducive to the advancement of democracy.

In order not to expand further here, I want to refer to an article that appeared in the last issue of the Semana magazine indirectly related to this issue and that shows a clear example of the negative impact of this way of doing politics. It contrasts the communal councils, the practice that most closely embodied the charisma and vertical ties between the President and the citizens (characteristic of the previous government) with the equivalent mechanisms of the government of Santos: the agreements. Although it is still hasty to draw conclusions about the new President, it's interesting to see the description of the communal councils because of their demagogic character and its dubious practical efficiency:

"Despite its proven effectiveness in achieving closeness between the President and citizens, and to fill the agenda of the media, few imagined Santos touring the country every Saturday with a poncho and a hat to hear complaints in journeys of over eight hours. Much less siding with the people to criticize the inefficiency of the State in addressing specific issues as the need to put a stoplight on a corner, remodel a school or build a community hall .... [Santos agreements] are more serious and may be more effective, but will hardly produce entertainment like the one that filled television newscasts on weekends in the last eight years."

The question that remains open is the kind of social capital that is being built in Colombia today; whether this is a society in which people are identified in the other and see in themselves the possibility of cooperation to succeed in solving its problems or whether, on the contrary, it is a society with vertical ties where the public expects the emergence of a leader that will mobilize it and bring solutions to their needs.

The charismatic character and personal aspects that characterized the previous administration suggests that in the Colombian society the vertical ties between leaders and citizens are stronger than those horizontal links between citizens on equal terms. This, as we have seen, is an unfortunate result, as it leaves the path of democracy only in the hands of the political institutions -no matter how responsible and efficient they might be- instead of holding every citizen accountable of the advance of their political system, as it has been found in other societies with long democratic traditions. Hopefully in the future there will be fewer charismatic leaders and, instead of these, there will appear more citizen initiatives to carry out the transformations that the country needs. Or, rather, following the language of social capital: we better start working on it!

-Communal councils of Uribe and Santos' Agreements-

pd. At this point I am preparing a detailed review of Leslie Anderson's book which I hope to publish in a few months. Needless to say I recommend this book to anyone interested in the topics of social capital or political development in Latin America.