Legalización de la Marihuana en California: ¿Cuál es el paso a seguir?

El tema de las drogas despierta un nuevo interés en estos días a raíz del referendo sobre  la legalización de la marihuana en California a llevarse acabo el próximo mes de noviembre. Desde el punto de vista práctico la propuesta ha sido defendida en aras de la liberalización  de recursos que actualmente se utilizan en la lucha anti-drogas, la reducción del número de presos en las cárceles Californianas relacionados con posesión y tráfico del estupefaciente, y el desmonte del negocio de los carteles haciéndolo legal. Sin embargo, el muy probable voto favorable que obtendrá esta propuesta rememora los repetidos problemas de coherencia que se han dado en este campo, lo cual obliga a un replanteamiento del papel de los países productores.

Desde hace años se ha argumentado ampliamente a favor de la legalización de las drogas en lugar de continuar las sangrientas guerras que se han dado a raíz de ellas. Países como Perú, Colombia y México han pagado con creces el precio de una guerra en la que el objetivo primordial siempre ha sido atacar la oferta. Mientras en los sesentas y setentas la marihuana se expandía en los campus de universidades estadounidenses, las mafias del negocio hacían de las suyas en Colombia. En los ochentas, cuando la cocaína alcanza un importante estatus en clubes nocturnos y fiestas privadas, Colombia se desangra en su lucha contra el cartel de Medellín al tiempo que la sociedad adopta el sistema de valores impuesto por los mafiosos. Perú entra a jugar un papel importante en este negocio, y los dineros del narcotráfico alimentan a la guerrilla Maoista Sendero Luminoso en lo que sería la época más violenta del país en su vida independiente. La tendencia continua y el dinero del narcotráfico financia guerrillas y paramilitares en Colombia, mientras  que los gobiernos de la región adoptan diferentes técnicas de erradicación incluyendo la siempre cuestionable fumigación con glifosato. En los años recientes, con el cambio en el sistema organizacional de las mafias, México y Centroamérica adquieren un poco deseado papel  protagónico y a diario vemos noticias cada vez más horrendas acerca del alto costo en vidas humanas que representa la guerra contra las drogas; las imágenes de la Colombia de los ochentas parecieran estar hoy re-creándose y ampliándose en territorio Mexicano.

-Guerra contra las drogas en México-

Durante todo este tiempo se ha hablado del principio de corresponsabilidad en la lucha contra las drogas; la convención de Viena en 1988, por ejemplo, establece la necesidad de cooperación internacional, lo que pareciera haberse traducido en el envío de recursos monetarios y técnicos a los países productores a fin de atacar el problema por el lado de la oferta. En repetidas ocasiones se ha alegado la falta de compromiso por parte de los países consumidores en desarrollar campañas que desincentiven su uso y signifiquen una importante reducción de la demanda.

-Evo Morales en la ONU en 2009-

En ese sentido, la posible legalización de la marihuana en California tiene un aspecto positivo adicional, y es el envío claro de la señal de "rendimiento" por parte de las autoridades norteamericanas en la lucha contra las drogas; lo positivo -si las relaciones internacionales obedecieran a un mínimo de lógica- es que con esta eventual decisión queda sin piso cualquier intento de continuar guerras contra las drogas al sur del Río Bravo. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, condenar los ritos que involucran la hoja de coca en Bolivia, y que ha defendido ferreamente el Presidente Evo Morales, cuando la marihuana es legal para usos recreativos en California? ¿Qué sentido tiene fumigar hoja de coca en las selvas colombianas cuando empresas norteamericanas son libres de producir y comercializar diferentes variedades y marcas de marihuana? ¿Qué sentido tiene condenar moralmente el uso de las drogas en nuestros países -como se ha hecho todos estos años- cuando algunas de estas son de uso libre en el país más poderoso del mundo?

Aparte de los beneficios mencionados arriba, la posible decisión tiene un trasfondo filosófico importante al hacer al individuo libre y responsable de sus propias decisiones, en lugar de tener un Estado vigilante que "lo proteja de si mismo". Otro aspecto positivo es que la legalización discrimina los costos del uso de las drogas haciéndolos caer principalmente sobre sus usuarios; a fín de cuentas ¿por qué debe pagar el conjunto de la sociedad por los hábitos y preferencias de unos cuantos -así sean millones-, como ha ocurrido hasta la fecha? Lo que sí es lamentable es que en nuestras sociedades latinoamericanas -principales protagonistas de esta dura guerra- no seamos capaces de dar un debate abierto y sin complejos acerca del uso y legalidad de las drogas. Es triste que por la falta de valor que nos ha caracterizado para discutir estos temas y tomar decisiones firmes frente a ellos, hayamos permitido el baño de sangre que marca nuestra historia reciente, la estigmatización de nuestras sociedades por ser productoras de las drogas tan apetecidas en el mundo desarrollado, y el descalabro social que ha traído esta lucha sin sentido.

Queda ahora abierta la pregunta acerca de los pasos a dar con miras a la posible decisión que se tome en California. Los presidentes Felipe Calderón de México, Alan García de Perú y Juan Manuel Santos de Colombia, han mencionado la necesidad de adoptar una posición común frente a estos temas, reconociendo la incoherencia que significaría continuar una guerra contra las drogas en este nuevo contexto. No obstante, más allá de las posiciones oficiales de estos gobiernos, es necesario que la sociedad civil se pronuncie al respecto y sea capaz de tomar una postura que rechace el conservatismo, mediocridad y dependencia con que estos temas se han manejado hasta hoy.

Como mencioné antes, los posibles cambios en la política anti-drogas que el referendo en California significa, aparecerían sólo si las relaciones internacionales entre productores y consumidores de drogas tuvieran un mínimo de lógica. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, la única lógica existente consiste en que los países consumidores se interesen en reducir el consumo por medio de una escalada en  los niveles de violencia en los países productores. Así, que no nos extrañe ver dentro de poco a nuevos emporios de la marihuana, así como el uso de la droga más que aceptado en la vida  diaria en California y otros estados, mientras que "al Sur de Estados Unidos" nos seguimos matando para controlar la producción de las drogas que aún no se han legalizado. Con tal de que allá no escalen los problemas de salud pública, aquí continuaremos nuestra escalada de violencia; claro, a menos que estas otras drogas también se legalicen.

Medvedev, Drogas y Política Social

Este domingo en su cuenta de Twitter, el Presidente ruso Dmitry Medvedev anunció su satisfacción frente a las reuniones del G8 y el G20 llevadas a cabo durante el fin de semana. Entre los temas tratados, explica, se encuentran el tráfico de drogas, el medio ambiente, temas de seguridad nuclear, y finanzas. Respecto al tráfico de drogas, hace específica referencia a dos de los productores más importantes del mundo, Colombia y Afghanistan, y aclara que "debemos luchar contra las drogas globalmente, y no de forma separada. Entonces veremos resultados."

Este tipo de pronunciamientos por parte de altos líderes mundiales ya los hemos escuchado antes. Hace pocos meses, por ejemplo, la secretaria de estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, aceptaba parte de la responsabilidad por los altos niveles de violencia en el norte de México y proponía una lucha conjunta contra las mafias.

La pregunta que queda en el aire es la misma de siempre: ¿en qué consiste esta lucha conjunta contra el tráfico de drogas, o la llamada co-responsabilidad frente a la violencia resultante de las guerras entre estados y los carteles que controlan el negocio?

La respuesta característica ha sido el envío a países productores de recursos monetarios o su equivalente en equipamiento militar, helicópteros, equipos de aspersión de químicos, etc. Como resultado de esto, la típica crítica ha sido la necesidad de controlar no sólo la oferta -de la que los países andinos y de Asia central son los principales responsables- sino también la demanda, donde los países desarrollados juegan un papel primordial. Ambos lados de la ecuación son necesarios para solucionar el problema, como claramente afirman Clinton y Medvedev.

Los gobiernos de los países desarrollados pueden argumentar que controlar la demanda es demasiado complejo ya que esto implica importantes esfuerzos, desde aquellos relacionados con un estado policial que prohíbe y penaliza el consumo de alucinógenos, hasta la interferencia con las libertades básicas de sus ciudadanos que, en últimas, son libres de decidir lo que es mejor para si mismos.

Sin embargo, un par de ejemplos muestran que gobiernos decididos a erradicar ciertos males sociales son exitosos en conseguirlo. En la década de los 80s el Sida amenazaba como una enfermedad de proporciones catastróficas; las campañas educativas y el tratamiento que se dio a portadores del virus -quizá para algunos un poco desmedido-, consiguió que esta se mantuviera en proporciones razonables en el mundo desarrollado y no alcanzara los niveles que muchos temían. De forma similar, el control al tabaquismo, con importantes campañas contra las grandes multinacionales del negocio y, de forma similar, previniendo a los jóvenes acerca de su consumo, han logrado reducirlo significativamente y han creado importantes normas sociales en su contra.

Si hay claros ejemplos donde la acción decidida de los estados muestra que es posible cambiar patrones de comportamiento de la sociedad sin la necesidad de violar libertades básicas, me queda la duda acerca de por qué después de tantos años y tanto derramamiento de sangre en los países productores de drogas no hemos avanzado en el control del otro lado de la ecuación: la demanda. ¿Será esto un problema intrínseco de las drogas o hay falta de voluntad política para afrontarlo? Si bien es positivo el reconocimiento al principio de co-responsabilidad que multiples gobernantes han refrendado, se hace necesario que este se traduzca en prácticas más allá de un simple financiamiento de una guerra en territorio ajeno.