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Thursday, January 5, 2012

Descentralización y Políticas Públicas I

Durante poco más de treinta años los países Latinoamericanos se han embarcado en procesos de descentralización administrativa, fiscal y política. Cada uno de estos tipos de descentralización responde a razones diferentes –desde quitarle poder a una burocracia nacional, hasta fortalecer un proceso de democratización-, es respuesta a coyunturas diferentes, y, algo que resultará importante, diferentes países han seguido el proceso de descentralización de cada una de estas áreas, en un orden diferente. Tal vez como consecuencia de lo anterior, los resultados al hacer comparaciones entre países, así como al comparar el desempeño de diferentes políticas al interior del mismo país, también varían sustancialmente.

En esta y las próximas entradas de este blog comentaré algunos estudios recientes sobre el tema de descentralización administrativa, fiscal y política, sus motivaciones, y su impacto en diferentes indicadores económicos, sociales y políticos a lo largo de la región. El objetivo general es conocer el papel que estos procesos de descentralización han jugado en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como sus repercusiones políticas y administrativas. Hacia el final de esta serie, comentaré un estudio más extenso que explica el papel del proceso mismo por el cual se llevaron a cabo estas reformas y sus implicaciones en términos del equilibrio de poder político entre entidades sub-nacionales y los gobiernos nacionales.

Empiezo con un artículo de Rodrigo Rodríguez-Silveira, publicado recientemente en el Latin American Research Review. En este escrito el autor evalúa diferentes tipos de estructura del gasto social a partir de dos dimensiones: una que captura si el gasto y financiamiento de los programas es de carácter centralizado o descentralizado, y otra que muestra si éste es focalizado o universal. El estudio se centra en el caso brasilero y su unidad de análisis son los municipios.

El autor compara cuatro programas de política social que varían sustancialmente en las dos dimensiones centrales. El primero de ellos es el famoso programa de transferencias condicionales de dinero, Bolsa Familia, cuya cobertura llegó a 12 millones de familias en 2010; este programa es de carácter federal -la participación de los gobiernos locales es auxiliar-, y se encuentra focalizado en familias de bajos ingresos. El segundo programa analizado es la asistencia social local, que, como su nombre lo indica, es gestionada por funcionarios locales –a nivel municipal-, y también está dirigido a los sectores más pobres. El tercer programa es la seguridad social, que es de carácter universal y centralizado. El último programa incluido es la educación básica y secundaria, que es de carácter universal pero cuya administración es responsabilidad de los Estados y municipios.

Para evaluar el papel de la descentralización, Rodríguez-Silveira propone estudiar la relación entre las necesidades de los municipios en cada uno de los programas, y el gasto per-cápita en los mismos. Como indicadores de necesidad se utiliza la proporción de niños y adolescentes en edad escolar sin acceso a educación básica, la proporción de la población del municipio con 64 años o más, y el porcentaje de familias pobres.

El autor utiliza dos técnicas: inicialmente computa auto-correlaciones espaciales que computan la asociación de dos o más variables en un espacio geo-referenciado. Seguido a esto presenta modelos de regresión simple en los que el gasto per-cápita en cada uno de los programas se utiliza como variable dependiente, mientras que las necesidades se utilizan como variable independiente; se utilizan como controles algunas variables socio-demográficas así como algunos indicadores de las finanzas de los municipios.

En ambos casos se encuentra que en los programas de carácter federal –Bolsa Familia y la Seguridad Social- las necesidades están asociadas positivamente con el gasto, es decir, se gasta más por habitante en aquellos municipios que más lo necesitan. Por su parte, en el caso de los programas de carácter municipal o estatal, tal asociación es negativa: el gasto se destina en mayor medida a municipios y regiones que menos lo necesitan.

Lo anterior lleva al autor a concluir que la centralización parece ofrecer mejores resultados en términos de atención a necesidades por servicios públicos que la descentralización; asimismo, concluye que es preferible el gasto focalizado que aquel de carácter universal.

Adicionalmente, las auto-correlaciones espaciales encontradas son evidencia de procesos históricos de carácter regional que afectan el tamaño del gasto; esto indica que más allá del tipo de estructura del gasto –centralizada o no, universal o focalizada- es necesaria una clara intervención para romper trayectorias históricas que ubican a algunas regiones en equilibrios de largo plazo caracterizados por bajos niveles de gasto.

A pesar de estos resultados, Rodríguez-Silveira destaca la necesidad de la descentralización en temas como la educación o la sanidad. Sin embargo, antes de llegar a este tipo de conclusiones, vale la pena estudiar el efecto de la descentralización en otros indicadores económicos, políticos y sociales. En este sentido, un ejemplo interesante es la implementación de políticas centralizantes de carácter social como las llevadas a cabo en Brasil durante los últimos años para luchar contra el flagelo del SIDA; ése será el tema de la próxima entrada.

Referencias

Rodrigues-Silveira, Rodrigo. 2011. "Descentralización y Focalización del Gasto Social en los Municipios Brasileños." Latin American Research Review 46(3): 69-92.

Sunday, June 27, 2010

Medvedev, Drogas y Política Social

Este domingo en su cuenta de Twitter, el Presidente ruso Dmitry Medvedev anunció su satisfacción frente a las reuniones del G8 y el G20 llevadas a cabo durante el fin de semana. Entre los temas tratados, explica, se encuentran el tráfico de drogas, el medio ambiente, temas de seguridad nuclear, y finanzas. Respecto al tráfico de drogas, hace específica referencia a dos de los productores más importantes del mundo, Colombia y Afghanistan, y aclara que "debemos luchar contra las drogas globalmente, y no de forma separada. Entonces veremos resultados."

Este tipo de pronunciamientos por parte de altos líderes mundiales ya los hemos escuchado antes. Hace pocos meses, por ejemplo, la secretaria de estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, aceptaba parte de la responsabilidad por los altos niveles de violencia en el norte de México y proponía una lucha conjunta contra las mafias.

La pregunta que queda en el aire es la misma de siempre: ¿en qué consiste esta lucha conjunta contra el tráfico de drogas, o la llamada co-responsabilidad frente a la violencia resultante de las guerras entre estados y los carteles que controlan el negocio?

La respuesta característica ha sido el envío a países productores de recursos monetarios o su equivalente en equipamiento militar, helicópteros, equipos de aspersión de químicos, etc. Como resultado de esto, la típica crítica ha sido la necesidad de controlar no sólo la oferta -de la que los países andinos y de Asia central son los principales responsables- sino también la demanda, donde los países desarrollados juegan un papel primordial. Ambos lados de la ecuación son necesarios para solucionar el problema, como claramente afirman Clinton y Medvedev.

Los gobiernos de los países desarrollados pueden argumentar que controlar la demanda es demasiado complejo ya que esto implica importantes esfuerzos, desde aquellos relacionados con un estado policial que prohíbe y penaliza el consumo de alucinógenos, hasta la interferencia con las libertades básicas de sus ciudadanos que, en últimas, son libres de decidir lo que es mejor para si mismos.

Sin embargo, un par de ejemplos muestran que gobiernos decididos a erradicar ciertos males sociales son exitosos en conseguirlo. En la década de los 80s el Sida amenazaba como una enfermedad de proporciones catastróficas; las campañas educativas y el tratamiento que se dio a portadores del virus -quizá para algunos un poco desmedido-, consiguió que esta se mantuviera en proporciones razonables en el mundo desarrollado y no alcanzara los niveles que muchos temían. De forma similar, el control al tabaquismo, con importantes campañas contra las grandes multinacionales del negocio y, de forma similar, previniendo a los jóvenes acerca de su consumo, han logrado reducirlo significativamente y han creado importantes normas sociales en su contra.


Si hay claros ejemplos donde la acción decidida de los estados muestra que es posible cambiar patrones de comportamiento de la sociedad sin la necesidad de violar libertades básicas, me queda la duda acerca de por qué después de tantos años y tanto derramamiento de sangre en los países productores de drogas no hemos avanzado en el control del otro lado de la ecuación: la demanda. ¿Será esto un problema intrínseco de las drogas o hay falta de voluntad política para afrontarlo? Si bien es positivo el reconocimiento al principio de co-responsabilidad que multiples gobernantes han refrendado, se hace necesario que este se traduzca en prácticas más allá de un simple financiamiento de una guerra en territorio ajeno.