"La Paz Democrática" y Centroamérica - Parte I

-Immanuel Kant-

En su influyente ensayo de 1795, la Paz Perpetua, Immanuel Kant argumentaba que en un escenario internacional, un Estado que garantice los principios de libertad, independencia e igualdad, es una condición necesaria para alcanzar una verdadera paz - una "paz perpetua". Bajo estas condiciones, y al ser los ciudadanos quienes deben sopesar los costos de ir a una guerra, sus dificultades y el hecho de que sean ellos mismos quienes deban pelearla, éstos siempre preferirán la paz al conflicto. Por el contrario, en situaciones donde es sólo un jefe de Estado quien debe tomar esta decisión -como en los regímenes autoritarios-, ir a la guerra es mucho más fácil ya que éste gobernante no evalúa cada una de las consecuencias anteriores de la misma forma como lo harían sus ciudadanos. Si bien Kant no hablaba de democracias, sino de repúblicas constitucionales -entendidas como Estados donde las ramas del poder están separadas-, sus planteamientos han dado lugar a lo que hoy se conoce como la Teoría de la Paz Democrática: dos Estados democráticos no van a una guerra entre ellos.

El argumento ha sido sometido a diferentes estudios empíricos a lo largo de las últimas décadas y en general ha salido bien librado. A pesar de que múltiples Estados democráticos se han visto involucrados en diferentes conflictos a lo largo de la historia, estos conflictos son, salvo contadas excepciones, en contra de regímenes no democráticos. No es sorprendente, entonces, ver cómo regímenes autoritarios se enfrentan entre sí (por ejemplo Irán e Iraq durante los ochenta) o entran en conflicto con sociedades democráticas -no necesariamente provocados por aquellos (Iraq y los Estados Unidos en las dos últimas décadas). Siguiendo con esta línea de análisis, no sorprende tampoco ver cómo, en la medida en que las sociedades se des-democratizan, se incrementa la probabilidad de que entren en conflicto con otras. Tomemos como ejemplo el caso de Venezuela y Colombia durante los últimos años: mientras cada una de estas sociedades veía cómo sus instituciones democráticas se deterioraban, se incrementaba el riesgo de que entraran en una confrontación armada.

La situación que vemos hoy entre Costa Rica y Nicaragua, no se escapa de este escenario. Costa Rica ha sido un país con un historial democrático que se remonta a la última década del siglo XIX, sin mayores problemas domésticos que amenacen su estabilidad política y ha llegado al punto de no considerar necesario un ejército, sino que confía en el multilateralismo en caso de una posible agresión en contra de su soberanía. Nicaragua, por su parte, ha sido un país con una limitada experiencia democrática, con un proceso de democratización que comienza en 1979 pero que aún carece de instituciones políticas básicas; sin embargo, y a pesar de los alcances logrados en las últimas décadas, en los meses recientes Nicaragua ha enfrentado una serie de maniobras por parte de la elite que lo gobierna, y que busca perpetuarse en el poder.

Como hemos visto, no es sorprendente que en la medida en que la democracia cede terreno, la probabilidad de un conflicto internacional aumente. En los últimos días se ha llevado a cabo una disputa fronteriza acerca de la soberanía sobre algunos tramos del Río San Juan, que determina parte de la frontera entre los dos países centroamericanos. Así, lo que Costa Rica considera una invasión a su territorio, es considerado por Nicaragua como parte de un plan para dragar el Río San Juan y de esta forma atraer turismo. Igualmente, Costa Rica condena el daño ambiental que su vecino del norte ha causado y señala las operaciones en el río como un intento por cambiar su cauce y, así, cambiar la frontera entre los dos países, desde luego a beneficio de Nicaragua.

Tras el escalamiento en la tensión entre los dos países -tropas nicaragüenses y policía costarricense se han movido a la frontera- el caso ya ha sido llevado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que en ocasiones pasadas ha sido exitosa en resolver conflictos entre países de la región. Así, la OEA le solicitó a Managua que retire sus tropas de la frontera y que suspenda cualquier obra que afecte la integridad territorial o el patrimonio ambiental costarricense -Nicaragua justifica la presencia de su ejército en el área como parte de la lucha contra el narcotráfico.

El texto fue rechazado por Nicaragua con el argumento de que la OEA no tiene competencia sobre estos asuntos y que es la Corte Internacional de Justicia (CIJ) quien debe tomar una decisión en este caso. Vale la pena señalar que la disputa por la soberanía del Rio San Juan se remonta a 1858, y que el año pasado, la CIJ le reconoció la soberanía a Nicaragua aunque también perpetuó el derecho de navegación de Costa Rica en un trecho de 140km.

El más reciente vinculado a esta disputa ha sido la compañía Google ya que, de acuerdo a la versión nicaragüense, la llamada "invasión" a Costa Rica se debería a un error en Google Maps, ante lo cual la compañía ha guardado silencio.

Los sucesos en este asunto aún están en desarrollo lo que implica que cualquier conclusión puede ser prematura. Lo que sí llama la atención es la reaparición de diferencias entre estos países con conatos de conflicto precisamente en un momento donde uno de los involucrados lleva a cabo importantes cambios políticos que atentan contra la democracia. Este tipo de sucesos y sus posibles consecuencias -que ojalá se eviten- invita a una seria reflexión acerca del apoyo que reciben regímenes autoritarios respaldados por mayorías que prefieren a un líder por encima de la institucionalidad de un país -esto a veces ni siquiera es cierto. Ya tendremos oportunidad de ver cómo avanzan estos hechos.