Democracia Representativa y Regla Fiscal en Colombia

Una de las virtudes de la democracia representativa sobre la democracia participativa es que en ella, como su nombre lo indica, el ciudadano hace una elección para que sea otro quien lo represente, lo cual promueve el debate y la deliberación de los representantes en torno a los temas que le preocupan a la sociedad. Es decir, si el grueso de la población participa de una elección, como en un referendo, es de esperarse que las decisiones de buena parte de los ciudadanos sean resultado de un bajo nivel de deliberación y, más bien, respondan a juicios subjetivos, preconcepciones y campañas publicitarias, en vez de ser el producto de un debate concienzudo. En un escenario representativo es de esperarse que un voto a favor o en contra de un proyecto de Ley tenga un sustento real, esté fundamentado en argumentos fuertes y pase por una etapa de deliberación abierta.

El día de hoy, la comisión primera del Senado de la República -a cargo, entre otros, de las reformas a la constitución- aprobó en su tercer debate el proyecto por el cual se busca elevar la sostenibilidad fiscal al nivel de derecho constitucional. Independientemente de los argumentos a favor y en contra de dicha propuesta -sobre lo que hablaré en los próximos días- queda un sinsabor respecto al mecanismo que generó este resultado.

La votación inicial se llevó a cabo ayer con un resultado de nueve votos a favor del proyecto de reforma constitucional y nueve en contra, lo que obligaba a la repetición de la votación en la sesión de hoy. Para molestia de más de uno de los asistentes, justo antes de dar su voto el Senador Juan Carlos Rizzetto del Partido de Integración Nacional (PIN) se levanta de su curul, permanece en el recinto y guarda silencio. Como resultado de esto, la votación queda con nueve votos a favor y ocho en contra, con lo cual el proyecto queda con vida para pasar a los siguientes debates en el Congreso.

Inmediatamente los Senadores Avellaneda del Polo Democrático y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal manifestaron su inconformismo respecto al procedimiento de la votación. Su argumento: el reglamento de la institución obliga a todos los Senadores presentes en el recinto a votar ya sea a favor o en contra de las propuestas sometidas a escrutinio; las abstenciones no son válidas. La respuesta del Senador Nestor Iván Moreno del Polo, no podía ser menor al decir que "Rizzetto le vendió su voto al gobierno".

Más allá de si hubo venta del voto o no, es muy lamentable la calidad del mecanismo por el cual se cambia un voto o, se genera una abstención -lo cual en este caso viene siendo lo mismo. Sin explicación alguna, estando presente en el recinto y violando la norma, Rizzetto se abstiene, cambia el resultado y el resto de los Congresistas aprueba la decisión prácticamente como si no hubiera pasado nada raro. Más aún, las voces de protesta de los Senadores en contra del procedimiento son totalmente ignoradas y, en palabras de Velasco, reflejando su molestia: "vamos a decirle al país que pasó lo que no pasó" (es decir, afirmar que Rizzetto estaba ausente en la votación, lo que sí justificaría su abstención).

Volviendo al argumento del inicio, me pregunto acerca de la legitimidad de una democracia representativa donde los mismos mecanismos generados para el proceso de toma de decisiones son violados tajantemente sin despertar un repudio por parte de la totalidad de la institución, y que dejan como única opción mentirle al país. ¿Acaso no son ellos representantes del pueblo para dar un debate serio y abierto acerca de la conveniencia de los proyectos para el país? ¿No es una reforma constitucional un asunto suficientemente importante, como para merecer una explicación clara acerca de la razón de un voto –o una abstención? ¿Es válido aceptar vicios de forma en los mecanismos por medio de los cuales se representa el querer del país?

Ahora, deja mucho que desear un proyecto de reforma a la constitución como el de incluir la sostenibilidad fiscal en ella, que da uno de sus primeros pasos con vicios de forma tan grandes como los vistos en el debate de hoy. Recordemos los enormes problemas generados a partir de este tipo de fallos de procedimiento (Yidis, Teodolindo,…), y el lastre tan lamentable que han dejado para el país. No es de sorprender que sea la Corte  Constitucional quien en muchos casos deba tomar una posición más firme sobre las decisiones que toman quienes están en deber de representarnos.