Un problema importante que enfrentan múltiples sociedades durante el proceso de consolidación de sus democracias es el del intercambio de favores políticos por beneficios materiales, más comúnmente conocido como clientelismo. En repetidas ocasiones se ha hablado del papel que los mecanismos institucionales de participación democrática pueden tener sobre el control de este fenómeno. Sin embargo, un estudio reciente publicado en el Latin American Politics and Society, muestra que el efecto sobre las prácticas clientelistas depende sustancialmente de la forma como la ciudadanía se inserta en los procesos de participación pública y la relación que los partidos políticos tienen con ella.
Controlar el clientelismo es importante por varias razones; por un lado, este tipo de prácticas debilita la cohesión social al fomentar competencia entre grupos que buscan el favor de los políticos; igualmente, el clientelismo genera exclusión social al tratar de forma privilegiada a unos grupos sobre otros; y, finalmente, al restarle autonomía a los ciudadanos, dificulta el proceso de rendimiento de cuentas por parte de los actores políticos, afectando el desarrollo democrático de la sociedad. Los regímenes autoritarios y semi-democráticos que caracterizaron a Latinoamérica durante buena parte del siglo XX dependían de forma substancial de prácticas clientelistas: el caso típico es el de una comunidad que legitimiza a un líder político autoritario a cambio de beneficios materiales. Sin embargo, este tipo de prácticas no desaparece una vez la sociedad hace su transición a la democracia; por el contrario, las prácticas clientelistas se adaptan al nuevo contexto democrático penetrando los partidos políticos y convirtiéndolos en máquinas de intercambio de favores.
La literatura identifica tres agentes de control a los actores políticos: votantes, agencias estatales y sociedad civil. El autor del estudio, se enfoca en el papel de esta última y compara las ciudades Mexicanas de León y Nezahualcóyotl, dadas sus similitudes en términos históricos. Adicionalmente, en ambas ciudades el Estado implementó dos mecanismos similares de participación: comités de obras públicas e infraestructura, y comités de barrios. Ambos mecanismos son apolíticos, voluntarios y democráticos. A pesar de estas similitudes, el estudio muestra una reducción en la importancia de las prácticas clientelistas en León, pero la prevalencia de prácticas clientelistas heredadas de administraciones anteriores en Nezahualcóyotl.
¿Qué explica estas diferencias? De acuerdo a F. Montambeault, autor de la investigación, las principales diferencias en el funcionamiento de los grupos de la sociedad civil entre las dos ciudades radican en la autonomía que estos tienen para llevar a cabo sus labores. Aquí, autonomía se entiende como la capacidad de los ciudadanos para expresar sus preferencias y defender sus propios intereses por medio de mecanismos políticos. Así, en León los partidos políticos han estado por fuera del funcionamiento de comités y grupos consejeros ciudadanos, por lo cual estos han mantenido un carácter predominantemente apolítico. Por el contrario, en Nezahualcóyotl, las élites políticas han ejercido un importante control sobre los mecanismos de participación, lo que ha obstaculizado el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil como un actor con capacidad de fiscalizar a los actores políticos.
De esta forma, si bien las reformas que buscan fomentar la democracia por medio de la inclusión de la sociedad civil logran vincular a los ciudadanos en procesos de decisión política, esto no es suficiente para alcanzar logros importantes en materia de reducción del clientelismo y, por consiguiente, en consolidación de la democracia. Es necesario que estas reformas vayan acompañadas de límites al poder de los partidos políticos en tanto estos queden impedidos de minar la autonomía de los grupos de la sociedad civil para que realmente se alcancen estos logros.
Como es tradicional al hablar del papel de la sociedad civil en la vida política de los países, estos grupos constituyen “una escuela” donde los ciudadanos se familiarizan con las prácticas políticas y se preparan para llevarlas a cabo en un nivel más alto. Si estos grupos de la sociedad civil son cooptados por los partidos políticos –normalmente mejor estructurados y muchos más poderosos- hay un costo alto en términos de la consolidación de una democracia. El diseño institucional orientado a fomentar la participación de la comunidad debe tener esto en cuenta.
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Referencias:
Montambeault, F. (2011) Overcoming Clientelism through Local Participatory Institutions in Mexico: What Type of Participation? Latin American Politics and Society, Volume 53, Issue 1, pages 91–124, Spring.
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