Videla, la Ciudadanía y los Límites del Poder

-Jorge Rafael Videla-

En mayo de 1804 cuando Napoleón se autoproclama Emperador de Francia, Beethoven, que hasta entonces había sido su admirador, arranca lleno de ira la primera página de la Sinfonía Bonaparte que había compuesto en su honor, la rompe y la tira al piso diciendo: "¡Así que él no es más que un mortal común y corriente!" Más adelante el nombre de la obra sería modificado y hoy simplemente la conocemos como 'Sinfonía Heroica. Compuesta para celebrar la memoria de un gran hombre', sin alusión alguna a Napoleón. Esta anécdota debería servir para entender la naturaleza del poder y de quienes lo alcanzan, su capacidad de corromper incluso los ideales más nobles y que, por más grande que sea el líder, es a fin de cuentas un mortal común y corriente, con las mismas debilidades que nos caracterizan a todos los demás, o quizá incluso peor. La nueva condena a cadena perpetua del General y ex Presidente Argentino Jorge Rafael Videla es un recuerdo oportuno de los límites del poder y lo que debe ser nuestra actitud ante quienes lo ejercen.

Durante los años de 1976 a 1983 Argentina vivió el período conocido como Guerra Sucia durante el cual el gobierno militar se dio a la tarea de perseguir activistas de izquierda, periodistas, estudiantes, guerrillas Peronistas y Marxistas, entre muchos otros, así como a todo aquel con indicios de apoyar cualquier causa que estuviera en contra de su ideario económico y político. El saldo incluye varias decenas de miles de muertos y desaparecidos, así como un clamor permanente por parte de los familiares de las víctimas acerca de la verdad sobre lo ocurrido.

Este caso, desde luego, no es exclusivo de la Argentina de esos años; en ese entonces, el modelo de Nuevo Militarismo encarnado en la 'Operación Cóndor' fue un importante responsable del terrorismo de Estado que sufrió la región. La reaparición del Populismo Autoritario - con Menem, Fujimori, Chávez, Uribe y los Kirchner- indica que la región es aún presa fácil de modelos políticos en los cuales las libertades básicas de los ciudadanos se ven vulneradas con el argumento de un 'bien superior' y la presencia –real o infundada- de una amenaza importante. Así, comunismo, imperialismo, terrorismo, tráfico de drogas, o cualquier otra elección conveniente, parecieran justificar los abusos de poder.

El caso de Augusto Pinochet, que murió sin pagar un sólo día en cárcel por los crímenes cometidos durante la dictadura Chilena fue, sin duda, una señal desesperanzadora acerca de la posibilidad de juzgar y hacer pagar a los responsables del terrorismo de Estado en una de las épocas más aciagas de la región. Sin embargo, el caso del enjuiciamiento y condena a Alberto Fujimori, o la reciente nueva condena a Jorge Rafael Videla, son señales positivas para otras sociedades que en los últimos años hemos vivido bajo la presencia de regímenes que poco valoran los derechos humanos. No obstante, estas medidas sólo sirven como correctivo de errores pasados, y no como garante de que los abusos cometidos no vuelvan a ocurrir. Pero, más allá del carácter enceguecedor del poder, ¿qué es lo que lleva a resultados tan lamentables, que permite que veamos historias similares a lo largo de toda la región incluso en momentos tan diferentes?

Una respuesta inmediata es el apoyo de un poder extranjero cuyos intereses coinciden con los de algunas élites locales, como ciertamente ha ocurrido en múltiples casos. Sin embargo, y a pesar de la obviedad de esta explicación, hay otra que es resultado de la relación que los ciudadanos mantienen con sus gobiernos. Al analizar los casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ex presidentes que son juzgados en tribunales nacionales o internacionales, o los innumerables escándalos de este tipo que salen a la luz pública una vez estos dejan su mandato, todos –independientemente del modelo político que siguen, Nuevo Militarismo o Populismo Autoritario- comparten una característica: sus niveles de popularidad mientras ejercían el poder eran abrumadores. Es decir, el temor generalizado frente a una amenaza o el afán por alcanzar ciertos resultados económicos, parecieran hacer necesario pasar por encima de los derechos fundamentales de algunas minorías. Por su parte, la mayoría de la población -en muchos casos con información fabricada por los mismos gobiernos- celebra estas políticas e ignora el sufrimiento de aquellos a quienes se le vulneran sus derechos, mientras nuestros presidentes alcanzan un nivel de popularidad sólo comparable al de algunos cantantes, deportistas o actores de cine. Esto, desde luego, los hace sentir con el derecho de manejar las leyes a su antojo y sentirse amos y dueños de los destinos de aquellos a quienes gobiernan.

De esta forma, y dada la imposibilidad de cambiar el carácter de quienes están en el poder así como de cambiar los intereses y políticas externas de otros países, la tarea de evitar los abusos de poder queda muchas veces en manos de la ciudadanía. Es necesario que ella –desde abajo- le imponga límites claros a sus gobernantes, ejerza control político y, en últimas, defienda la democracia por encima del carisma y atractivo de sus gobernantes, por buenos que estos parezcan. La condena a Videla por los crímenes cometidos durante la dictadura militar es una prueba de que el poder tiene límites y la justicia está ahí para hacerlos respetar. Si esto es algo que los gobernantes -ciegos de poder- no están en capacidad de reconocer, es nuestra tarea como ciudadanos recordárselos permanentemente.

La labor de académicos, analistas y periodistas independientes debe apuntar en esa dirección, y es responsabilidad de la ciudadanía apoyar estas iniciativas de control político. Una alta popularidad no es excusa ni justificación para el abuso del poder, pero sí puede hacer sentir al gobernante con el derecho de hacerlo; al fin y al cabo, como diría Beethoven, ellos son mortales comunes y corrientes.

Adenda:
Aprovecho la oportunidad para reiterar mi total apoyo a Daniel Coronell en su permanente esfuerzo por sacar a la luz pública verdades incómodas y que aquellos con poco o nulo respeto por la democracia colombiana han tratado de acallar.

Reflexiones Sobre Referendos y Derechos Humanos en Uruguay

Uno de los problemas más complejos de las sociedades democráticas es aprender a vivir con su pasado. Esto es particularmente difícil cuando ese pasado se encuentra lleno de hechos atroces como torturas, desapariciones forzadas, casos de abuso sexual, asesinatos selectivos o cualquier otro tipo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Los países del cono sur, durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta, fueron víctimas de estos hechos y aún hoy luchan por arreglar sus cuentas con ese pasado tortuoso. Durante estas semanas, Uruguay retoma el debate acerca de la Ley de Caducidad por medio de la cual se bloquea la investigación a miembros de la policía y las fuerzas armadas por los delitos cometidos de 1973 a 1985.

Durante estos años, las fuerzas armadas uruguayas -como parte del Plan Cóndor, liderado por Chile- tomaron control de los diferentes aspectos de la vida del país, con lo cual se buscaba contener el avance del comunismo en varios países de la región. De acuerdo con estos estándares, el caso de Uruguay no es tan dramático como el de sus vecinos, ya que los crímenes más comunes por parte del Estado fueron "sólo" torturas y encarcelamientos injustificados, y no masacres y desapariciones como en los casos de Argentina o Chile, por ejemplo. No obstante, de acuerdo con algunos estudios, el saldo que dejó la dictadura fue la mayor tasa de prisioneros políticos del mundo, la mayoría de los cuales fueron torturados, al igual que un importante número de muertos y desaparecidos.

A diferencia del caso Argentino, donde los militares cedieron el poder en una posición de debilidad tras la derrota en la guerra de las Malvinas, en Uruguay el paso del poder a manos civiles fue principalmente un acuerdo negociado entre partes iguales. Como consecuencia de esto, los militares estuvieron en capacidad de imponer condiciones drásticas para su renuncia al poder, en particular, la promulgación de la Ley de Caducidad. Esta no sólo buscaba equiparar la Ley de Amnistía que cobijaba a los presos políticos, sino que significaba un cierre de cuentas con el pasado; es decir, una ley de olvido por los crímenes de la dictadura. Julio María Sanguinetti, quien preside el país de 1985 a 1990 y de 1995 a 2000, considera que la Ley de Caducidad era necesaria para garantizar la consolidación de la democracia uruguaya, opinión que es compartida por amplios sectores de la población.

No obstante, varias iniciativas de la sociedad civil, respaldadas por organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos, promueven un referendo en 1989 acerca de la ratificación de la controvertida ley. En ese momento la campaña anti-impunidad pierde el referendo por una votación de 56% a 44%, por lo cual se considera que los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura quedarían impunes. A pesar de esta derrota, las organizaciones de familiares de las víctimas de estos crímenes continúan su movilización. Con la llegada al poder de gobiernos de izquierda, logran convocar otro referendo en 2009 que también fracasaría en alcanzar la votación necesaria para la derogación de la ley.

El debate que vemos durante estos días en Uruguay es acerca de la posibilidad de derogar la Ley de Caducidad ya no por medio de un plebiscito, sino por decisión del Congreso. La posición que se tome frente a este tema significará un importante punto de referencia para otros países en procesos de transición similares al uruguayo. Sin embargo, aparecen varios problemas. Por un lado se encuentra la decisión del constituyente primario que en dos ocasiones ha rechazado la derogación de la ley; esto podría tomarse como una clara decisión del pueblo de cerrar sus cuentas con el pasado. Para algunos congresistas, tomar una decisión contraria a esta es ignorar la opinión del pueblo y, de esa manera, pasar por encima cualquier principio democrático. El argumento opuesto radica en el reconocimiento de los crímenes cometidos por agentes del Estado durante los años de la dictadura y una demanda contra el mismo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual se inicia audiencia el próximo 15 de noviembre.

Se ha enfatizado que la búsqueda de la Verdad, Justicia y Reparación es una condición trascendental al hablar de procesos de transición y consolidación de la democracia, al igual que en procesos de transición de una situación de guerra a una de paz. No sólo esto; la CIDH considera que "...son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (1).

Teniendo en cuenta esto, una eventual votación del Congreso en contra de la Ley de Caducidad no significa pasar por encima de la democracia, como se ha hecho creer en varios medios: todo lo contrario. No sólo una verdadera democracia es aquella que respeta a las minorías -en este caso las víctimas de los crímenes de Estado y sus familiares- sino que la paz sólo se garantiza cuando se esclarecen las causas de la violencia, se establece la verdad de lo sucedido y se adoptan las medidas necesarias para reparar a las víctimas (2). Mantener la Ley de Caducidad impide que estos tres componentes realmente se cumplan, e imposibilita a las víctimas y sus familiares hacer un verdadero cierre de cuentas con ese difícil pasado. Así, por respeto a una verdadera democracia, como mecanismo de garantías para la paz y como ejemplo frente a otros regímenes con historiales similares, el rechazo a la Ley de Caducidad es un paso necesario en Uruguay. No importa si las mayorías piensan lo contrario.

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Agradezco la discusión de estos temas con Mauricio Pérez y Bernardo Vela, quienes me esclarecieron algunos conceptos legales sobre los temas aquí tratados. Cualquier error u omisión es mi total responsabilidad.

(1) Citado en Vela, B. y Duarte, J. (2007) ¿Política de Estado de Paz o Política de Gubernamental de desmovilización? El conflicto armado colombiano y la precaria situación de las víctimas. En: Cátedra Unesco. Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza. El desplazamiento forzado interno en Colombia un desafío a los derechos humanos.

(2) Ibid.