A comienzos de diciembre, James Anaya, relator de la ONU sobre Derechos Indígenas, visitó la Provincia de Formosa en el nororiente argentino, en la frontera con Paraguay. Como parte de su viaje por todo el país, en este caso su objetivo era informarse acerca de la situación en la que viven los pueblos Qon, Wichi-Mataco y Pilagá que habitan esta región; los representantes de las comunidades indígenas se han mostrado notablemente agradecidos por lo que consideran "una visita histórica".
Y es que en la región han ocurrido algunos acontecimientos que han captado la atención del país en los últimos años. En particular, en noviembre de 2010 dos indígenas y un policía murieron en medio de enfrentamientos en la zona. Adicionalmente, cerca de treinta indígenas de la comunidad Qon resultaron privados de su libertad, seis más resultaron heridos y uno de ellos terminó en estado de coma, mientras que su Cacique, Félix Díaz, estuvo desaparecido por un tiempo.
Según algunas de las versiones de los hechos, tras un altercado con la poderosa familia Celía, el líder indígena recibió amenazas ante la mirada complaciente de las autoridades. Seguido a esto se desató la represión policial contra miembros de la comunidad; estos habían bloqueado una importante vía como señal de protesta frente a sus demandas históricas por el derecho al disfrute y usufructo de sus tierras.
Los conflictos entre la comunidad y la policía se iniciaron en 2007 luego de que el gobierno provincial ordenara el despojo de cerca de 600 hectáreas de territorios indígenas, acompañado de algunas compensaciones para su comunidad. No obstante, las tierras ofrecidas como compensación no pertenecen a la Provincia sino que son consideradas propiedad de Parque Nacional, por lo cual la primera no está en capacidad de disponer de ellas.
En sus demandas, la comunidad indígena se refiere a un Decreto del año 1940 que consideraba estas tierras -5000 hectáreas- como reserva indígena. A pesar de que en teoría hoy cuentan con un territorio más amplio, el Estado les impugna violar el derecho a la propiedad privada al tiempo que les impide usar partes de este territorio que para ellos tiene un importante valor espiritual.[1] De acuerdo con la versión de Félix Díaz ante el relator de las Naciones Unidas durante la visita, la comunidad no puede usar el agua porque se ha creado una Ley que cataloga la laguna como área de conservación; no pueden construir sus viviendas en este territorio, y no pueden pescar ni buscar medicamentos en ella - prácticas que son parte fundamental de la vida de la comunidad. Es decir, argumenta Díaz, tienen títulos pero no los pueden usar.
Adicionalmente, los indígenas explican que el gobierno provincial los ha estigmatizado ya que el discurso de que "la tierra es para quien la trabaje" se ha aprovechado para decir que los indígenas son ociosos y poco productivos. Con este discurso estigmatizador, y con la promesa de traer el desarrollo a la región luego del despojo, se busca legitimar la pérdida de tierras de los indígenas. Por su parte, en lugar de desarrollo, lo que las comunidades originarias demandan es la garantía de la devolución de las tierras y su derecho para usarlas como fuente de vida, de su espiritualidad, de sus medicamentos, y como base fundamental de su cultura.
Para ellos la explicación de lo ocurrido recientemente es muy clara: ha habido una usurpación de sus tierras por parte de los criollos. La familia Celía, con un gran poder político y económico en el área, está en capacidad de controlar a la policía y moverla de acuerdo con sus intereses, incluso hasta llegar a asesinar a los miembros de la comunidad. Según se afirma en la región, varios de los policías implicados en los enfrentamientos de noviembre de 2010 son familiares cercanos de los Celía.
No obstante, más allá del tema de la tierra y de los enfrentamientos de hace un año -sobre los que aparecen diferentes versiones según quien cuente la historia-, las condiciones de vida de los indígenas de Formosa son lamentables; son permanentemente perseguidos, por lo cual tienen miedo incluso de ir al hospital en situaciones de urgencia, y cuando han intentado hacerlo no reciben tratamiento médico por su condición de resistencia. Han sufrido muertes, quema de sus viviendas, y un trato brutal por parte de la policía, al tiempo que han sido permanentemente ignorados por los medios de comunicación.
En su presentación a James Anaya, los indígenas repudian hechos que los afectan directamente como la creciente concentración de la tierra para fines agro-industriales y de extracción petrolera, la contaminación y, peor aún, las repetidas hambrunas de las que han sido víctimas y que han cobrado la vida de varios de sus niños en un país con capacidad de alimentar a 350 millones de personas.
La situación de la comunidad se agrava al carecer de cualquier acceso a mecanismos de poder: su representación política es prácticamente inexistente tanto a nivel provincial como a nivel federal. Esto reduce su campo de acción a demandas por el derecho a la tierra de acuerdo con lo establecido en la legislación, por medio de bloqueos de vías como los ocurridos el año anterior. Recientemente se ha hecho un llamado a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para una mesa de diálogo el próximo 2 de mayo. En esta ocasión se ha consensuado el diálogo, pero poco más se ha avanzado en esa dirección.
Argentina: Un Escenario Adverso para las Comunidades Indígenas
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| James Anaya y Félix Díaz |
La situación de los indígenas de Formosa no es exclusiva de esta región ni mucho menos de la Argentina, aunque las condiciones presentes en este país sí son particularmente adversas para las comunidades originarias. En un detallado estudio en 2005[2] Donna Lee Van Cott analiza la situación de los pueblos indígenas en diferentes países de la región. En particular, se centra en las condiciones que los grupos étnicos han enfrentado para poder convertirse en actores políticos importantes, de tal forma que puedan llevar a cabo mejoras para sus comunidades por medio de mecanismos democráticos.
El caso de las comunidades originarias de Argentina es especialmente preocupante en el contexto Latinoamericano. En este caso hablamos de una comunidad indígena extremadamente fragmentada, geográficamente dispersa, y con el agravante de que no cuenta con distritos políticos sub-nacionales donde tenga una posición mayoritaria. A diferencia de otros países de la región, las comunidades argentinas no cuentan con derechos políticos especiales y su participación en procesos de reforma constitucional –en 1994 en este caso- ha sido insignificante.
Otras variables que complican aún más su situación política son la posición dominante de los partidos tradicionales –el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical-, la desconexión entre los movimientos urbano y rural, y la permanente cooptación de sus líderes. Estas condiciones afectan a cerca de 600.000 indígenas en comunidades rurales de todo el país, más una cantidad similar correspondiente a los indígenas que viven en barrios étnicamente mixtos en las principales ciudades argentinas.
Tal como ocurre para el caso de Formosa, la carencia de cualquier tipo de poder político se ha traducido en condiciones de extrema pobreza para amplios sectores de las comunidades indígenas, pésimas condiciones laborales bajo el mando de terratenientes, así como la carencia de derechos de acceso a la tierra y otros recursos naturales. También ha significado opresión, asesinatos, y escasa legislación que los favorezca y menor aún que efectivamente se haga cumplir. No por nada, para la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, Argentina es el país donde las condiciones de vida de las comunidades originarias son las peores de la región.
En casos como el argentino, la descentralización administrativa, fiscal y política que en teoría debería servir para abrir mecanismos democráticos que le permitan acceder al poder político a grupos minoritarios como las comunidades en cuestión, se ha convertido más en un obstáculo para que ello ocurra. Así como en Formosa con la familia Celía, la descentralización ha permitido que las élites locales consoliden su poder y estén en capacidad de bloquear la implementación de cualquier tipo de legislación orientada a mejorar las condiciones de vida de los grupos indígenas.
La Convergencia de Males de las Comunidades Originarias de Formosa
En el caso de los indígenas de Formosa convergen varias dimensiones que acentúan las dificultades de sus comunidades: los conflictos por la tierra, el racismo y la falta de poder político.
Los conflictos por la tierra se inician en 2007 y desde entonces han azotado a la población con hechos como los ocurridos en noviembre de 2010; hasta ahora, la atención del Gobierno federal ha sido escasa y no se vislumbran condiciones que garanticen la no repetición de estos hechos. Los indígenas, por su parte, demandan la aplicación de la Ley 26160 según la cual se les garantiza el derecho a ocupar los territorios en cuestión. Solicitan también un mayor compromiso por parte del Ministerio de Desarrollo Social y en particular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Por otro lado, los indígenas de Formosa han sido víctimas del racismo que como ha ocurrido en múltiples escenarios, apela a la superioridad racial para justificar todo tipo de crímenes e injusticias. En palabras del juez español Baltasar Garzón, en casos como el genocidio Maya durante el gobierno de facto de Efraín Rios Montt en Guatemala entre 1982 y 1983, el racismo como política de Estado, significó "la existencia de tierras arrasadas, de masacres, de exterminio masivo de comunidades mayas, incluyendo niños, mujeres y ancianos."[3]
La puerta de acciones infames que abre el racismo puede mantenerse cerrada con una clara política de Estado conducente a garantizar la igualdad de derechos a todos los grupos de la sociedad. Acceso a la tierra, a condiciones básicas de vida y el respeto a la diferencia en las comunidades indígenas, son requisitos mínimos para que esto ocurra.
Finalmente, en términos de poder político, los indígenas de Formosa dicen llegar a sentirse como extranjeros en su propio país, algo que siempre rechazan por ser originarios de la tierra que ocupan –tanto en Argentina como en Paraguay. Su voto nunca ha servido para elegir a alguien que los represente, al tiempo que lamentan haber sido utilizados en repetidas ocasiones al llegar la época electoral. De esta forma, buscan aplicar la Ley 26160 para que los gobiernos nacional y provincial canalicen los mecanismos que les permitan participar en los relevos territoriales y así elegir representantes del consejo de participación indígena -nexo entre la nación y la provincia.
Para ellos es claro que las transformaciones sociales y económicas que buscan deben pasar por el debate político y que para tal fin requieren de las garantías y la representación que les ha sido esquiva con los mecanismos actuales de elección y representación. Son más que necesarias algunas reformas como las que se han implementado en otros países de la región, tales como asientos en el Congreso reservados para las comunidades indígenas o mejoramientos del sistema electoral, de tal forma que las vías democráticas se conviertan en los canales institucionales para que estas comunidades presenten sus demandas.
La visita del representante de la ONU a Formosa es una señal positiva respecto a la atención que exigen las comunidades que allí habitan. El aparato político estatal debe adaptarse para que todas las voces sean escuchadas y así se garantice la participación democrática de todos los sectores. No hacerlo abre la puerta para que la estigmatización racial continúe, lo cual trae consigo consecuencias cada vez más lamentables: para las comunidades originarias por ser quienes las sufren directamente, y para el resto de la sociedad por permitir que esto ocurra.
TONOLEC- SO CAYOLEC - Mi Caballito
Canción infantil en lengua Qom:
[1] Declaración de Félix Diaz a James Anaya, Diciembre 5 de 2011.
[2] Van Cott, Donna Lee (2005). From Movements to Parties in Latin America. The Evolution of Ethnic Politics. Cambridge University Press.
[3] Garzón, Baltasar (2008) La Línea del Horizonte. Una Crónica de Nuestro Tiempo. Debate, p. 173.
