Indígenas de Formosa, Argentina: Tierra, Violencia y Poder Político

(Con el trabajo periodístico, entrevistas y fotos de Ernesto Arzamendia Quatrin de Radio Amanecer Argentina; agradezco también los comentarios de Melisa Di Franco)

A comienzos de diciembre, James Anaya, relator de la ONU sobre Derechos Indígenas, visitó la Provincia de Formosa en el nororiente argentino, en la frontera con Paraguay. Como parte de su viaje por todo el país, en este caso su objetivo era informarse acerca de la situación en la que viven los pueblos Qon, Wichi-Mataco y Pilagá que habitan esta región; los representantes de las comunidades indígenas se han mostrado notablemente agradecidos por lo que consideran "una visita histórica".

Y es que en la región han ocurrido algunos acontecimientos que han captado la atención del país en los últimos años. En particular, en noviembre de 2010 dos indígenas y un policía murieron en medio de enfrentamientos en la zona. Adicionalmente, cerca de treinta indígenas de la comunidad Qon resultaron privados de su libertad, seis más resultaron heridos y uno de ellos terminó en estado de coma, mientras que su Cacique, Félix Díaz, estuvo desaparecido por un tiempo.

Según algunas de las versiones de los hechos, tras un altercado con la poderosa familia Celía, el líder indígena recibió amenazas ante la mirada complaciente de las autoridades. Seguido a esto se desató la represión policial contra miembros de la comunidad; estos habían bloqueado una importante vía como señal de protesta frente a sus demandas históricas por el derecho al disfrute y usufructo de sus tierras.

Los conflictos entre la comunidad y la policía se iniciaron en 2007 luego de que el gobierno provincial ordenara el despojo de cerca de 600 hectáreas de territorios indígenas, acompañado de algunas compensaciones para su comunidad. No obstante, las tierras ofrecidas como compensación no pertenecen a la Provincia sino que son consideradas propiedad de Parque Nacional, por lo cual la primera no está en capacidad de disponer de ellas.

En sus demandas, la comunidad indígena se refiere a un Decreto del año 1940 que consideraba estas tierras -5000 hectáreas- como reserva indígena. A pesar de que en teoría hoy cuentan con un territorio más amplio, el Estado les impugna violar el derecho a la propiedad privada al tiempo que les impide usar partes de este territorio que para ellos tiene un importante valor espiritual.[1] De acuerdo con la versión de Félix Díaz ante el relator de las Naciones Unidas durante la visita, la comunidad no puede usar el agua porque se ha creado una Ley que cataloga la laguna como área de conservación; no pueden construir sus viviendas en este territorio, y no pueden pescar ni buscar medicamentos en ella - prácticas que son parte fundamental de la vida de la comunidad. Es decir, argumenta Díaz, tienen títulos pero no los pueden usar.

Adicionalmente, los indígenas explican que el gobierno provincial los ha estigmatizado ya que el  discurso de que "la tierra es para quien la trabaje" se ha aprovechado para decir que los indígenas son ociosos y poco productivos. Con este discurso estigmatizador, y con la promesa de traer el desarrollo a la región luego del despojo, se busca legitimar la pérdida de tierras de los indígenas. Por su parte, en lugar de desarrollo, lo que las comunidades originarias demandan es la garantía de la devolución de las tierras y su derecho para usarlas como fuente de vida, de su espiritualidad, de sus medicamentos, y como base fundamental de su cultura.

Para ellos la explicación de lo ocurrido recientemente es muy clara: ha habido una usurpación de sus tierras por parte de los criollos. La familia Celía, con un gran poder político y económico en el área, está en capacidad de controlar a la policía y moverla de acuerdo con sus intereses, incluso hasta llegar a asesinar a los miembros de la comunidad. Según se afirma en la región, varios de los policías implicados en los enfrentamientos de noviembre de 2010 son familiares cercanos de los Celía.

No obstante, más allá del tema de la tierra y de los enfrentamientos de hace un año -sobre los que aparecen diferentes versiones según quien cuente la historia-, las condiciones de vida de los indígenas de Formosa son lamentables; son permanentemente perseguidos, por lo cual tienen miedo incluso de ir al hospital en situaciones de urgencia, y cuando han intentado hacerlo no reciben tratamiento médico por su condición de resistencia. Han sufrido muertes, quema de sus viviendas, y un trato  brutal por parte de la policía, al tiempo que han sido permanentemente ignorados por los medios de comunicación.

En su presentación a James Anaya, los indígenas repudian hechos que los afectan directamente como la creciente concentración de la tierra para fines agro-industriales y de extracción petrolera, la contaminación y, peor aún, las repetidas hambrunas de las que han sido víctimas y que han cobrado la vida de varios de sus niños en un país con capacidad de alimentar a 350 millones de personas.

La situación de la comunidad se agrava al carecer de cualquier acceso a mecanismos de poder: su representación política es prácticamente inexistente tanto a nivel provincial como a nivel federal. Esto reduce su campo de acción a demandas por el derecho a la tierra de acuerdo con lo establecido en la legislación, por medio de bloqueos de vías como los ocurridos el año anterior. Recientemente se ha hecho un llamado a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para una mesa de diálogo el próximo 2 de mayo. En esta ocasión se ha consensuado el diálogo, pero poco más se ha avanzado en esa dirección.

Argentina: Un Escenario Adverso para las Comunidades Indígenas

James Anaya y Félix Díaz

La situación de los indígenas de Formosa no es exclusiva de esta región ni mucho menos de la Argentina, aunque las condiciones presentes en este país sí son particularmente adversas para las comunidades originarias. En un detallado estudio en 2005[2] Donna Lee Van Cott analiza la situación de los pueblos indígenas en diferentes países de la región. En particular, se centra en las condiciones que los grupos étnicos han enfrentado para poder convertirse en actores políticos importantes, de tal forma que puedan llevar a cabo mejoras para sus comunidades por medio de mecanismos democráticos.

El caso de las comunidades originarias de Argentina es especialmente preocupante en el contexto Latinoamericano. En este caso hablamos de una comunidad indígena extremadamente fragmentada, geográficamente dispersa, y con el agravante de que no cuenta con distritos políticos sub-nacionales donde tenga una posición mayoritaria. A diferencia de otros países de la región, las comunidades argentinas no cuentan con derechos políticos especiales y su participación en procesos de reforma constitucional –en 1994 en este caso- ha sido insignificante.

Otras variables que complican aún más su situación política son la posición dominante de los partidos tradicionales –el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical-, la desconexión entre los movimientos urbano y rural, y la permanente cooptación de sus líderes. Estas condiciones afectan a cerca de 600.000 indígenas en comunidades rurales de todo el país, más una cantidad similar correspondiente a los indígenas que viven en barrios étnicamente mixtos en las principales ciudades argentinas.

Tal como ocurre para el caso de Formosa, la carencia de cualquier tipo de poder político se ha traducido en condiciones de extrema pobreza para amplios sectores de las comunidades indígenas, pésimas condiciones laborales bajo el mando de terratenientes, así como la carencia de derechos de acceso a la tierra y otros recursos naturales. También ha significado opresión, asesinatos, y escasa legislación que los favorezca y menor aún que efectivamente se haga cumplir. No por nada, para la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, Argentina es el país donde las condiciones de vida de las comunidades originarias son las peores de la región.

En casos como el argentino, la descentralización administrativa, fiscal y política que en teoría debería servir para abrir mecanismos democráticos que le permitan acceder al poder político a grupos minoritarios como las comunidades en cuestión, se ha convertido más en un obstáculo para que ello ocurra. Así como en Formosa con la familia Celía, la descentralización ha permitido que las élites locales consoliden su poder y estén en capacidad de bloquear la implementación de cualquier tipo de legislación orientada a mejorar las condiciones de vida de los grupos indígenas.

La Convergencia de Males de las Comunidades Originarias de Formosa

De acuerdo con la declaración de James Anaya tras su visita a Formosa, su corta estadía no le permitió ver la realización de obras u otras acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de los indígenas de la zona. Sin embargo, más allá de este tipo de acciones que busquen rescatar a los indígenas de su condición de abandono, sus demandas resultan ser mucho menos que eso. Demandan, por ejemplo, el derecho a la igualdad, a la aplicación debida de los códigos civil y penal, y a tener acceso a las tierras a las que la legislación establece.

En el caso de los indígenas de Formosa convergen varias dimensiones que acentúan las dificultades de sus comunidades: los conflictos por la tierra, el racismo y la falta de poder político.

Los conflictos por la tierra se inician en 2007 y desde entonces han azotado a la población con hechos como los ocurridos en noviembre de 2010; hasta ahora, la atención del Gobierno federal ha sido escasa y no se vislumbran condiciones que garanticen la no repetición de estos hechos. Los indígenas, por su parte, demandan la aplicación de la Ley 26160 según la cual se les garantiza el derecho a ocupar los  territorios en cuestión. Solicitan también un mayor compromiso por parte del Ministerio de Desarrollo Social y en particular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Por otro lado, los indígenas de Formosa han sido víctimas del racismo que como ha ocurrido en múltiples escenarios, apela a la superioridad racial para justificar todo tipo de crímenes e injusticias. En palabras del juez español Baltasar Garzón, en casos como el genocidio Maya durante el gobierno de facto de Efraín Rios Montt en Guatemala entre 1982 y 1983, el racismo como política de Estado, significó "la existencia de tierras arrasadas, de masacres, de exterminio masivo de comunidades mayas, incluyendo niños, mujeres y ancianos."[3]

La puerta de acciones infames que abre el racismo puede mantenerse cerrada con una clara política de Estado conducente a garantizar la igualdad de derechos a todos los grupos de la sociedad. Acceso a la tierra, a condiciones básicas de vida y el respeto a la diferencia en las comunidades indígenas, son requisitos mínimos para que esto ocurra.

Finalmente, en términos de poder político, los indígenas de Formosa dicen llegar a sentirse como extranjeros en su propio país, algo que siempre rechazan por ser originarios de la tierra que ocupan –tanto en Argentina como en Paraguay. Su voto nunca ha servido para elegir a alguien que los represente, al tiempo que lamentan haber sido utilizados en repetidas ocasiones al llegar la época electoral. De esta forma, buscan aplicar la Ley 26160 para que los gobiernos nacional y provincial canalicen los mecanismos que les permitan participar en los relevos territoriales y así elegir representantes del consejo de participación indígena -nexo entre la nación y la provincia.

Para ellos es claro que las transformaciones sociales y económicas que buscan deben pasar por el debate político y que para tal fin requieren de las garantías y la representación que les ha sido esquiva con los mecanismos actuales de elección y representación. Son más que necesarias algunas reformas como las que se han implementado en otros países de la región, tales como asientos en el Congreso reservados para las comunidades indígenas o mejoramientos del sistema electoral, de tal forma que las vías democráticas se conviertan en los canales institucionales para que estas comunidades presenten sus demandas.

La visita del representante de la ONU a Formosa es una señal positiva respecto a la atención que exigen las comunidades que allí habitan. El aparato político estatal debe adaptarse para que todas las voces sean escuchadas y así se garantice la participación democrática de todos los sectores. No hacerlo abre la puerta para que la estigmatización racial continúe, lo cual trae consigo consecuencias cada vez más lamentables: para las comunidades originarias por ser quienes las sufren directamente, y para el resto de la sociedad por permitir que esto ocurra.

TONOLEC- SO CAYOLEC - Mi Caballito

Canción infantil en lengua Qom:

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[1] Declaración de Félix Diaz a James Anaya, Diciembre 5 de 2011.

[2] Van Cott, Donna Lee (2005). From Movements to Parties in Latin America. The Evolution of Ethnic Politics. Cambridge University Press.

[3] Garzón, Baltasar (2008) La Línea del Horizonte. Una Crónica de Nuestro Tiempo. Debate, p. 173.

Comisión de la Verdad y Discurso Público: Lecciones de El Salvador

Foto: Roberto D'Aubuisson. Fuente: Wikipedia

El viernes pasado el Presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de la masacre del corregimiento de El Salado, la peor masacre cometida por grupos paramilitares en Colombia. En su declaración, Santos reconoce las fallas del Estado, la condición de víctimas de quienes allí perdieron su vida, familiares, bienes o tierras, al tiempo que destaca el esfuerzo del gobierno en reparar el dolor causado por los grupos violentos. En un país marcado por la polarización ideológica, este tipo de actos apunta en la dirección correcta en términos de avanzar en el lenguaje del conflicto; en reconocer a las víctimas por lo que son en lugar de buscar posibles justificaciones a las atrocidades, y en transformar el discurso y el imaginario colectivo en torno a las partes involucradas en el conflicto armado.

En el caso de El Salado, como en otras de las masacres cometidas por paramilitares, se tiene un aceptable balance histórico de los hechos, las víctimas y sus victimarios (Ver, por ejemplo, www.verdadabierta.com). Sin embargo, los avances en términos de la concientización de la sociedad civil respecto a estos acontecimientos y sus responsables son bastante cuestionables, lo que impide pasar la página y pensar en un escenario ideológico diferente al que ha generado tanto daño.

La experiencia de otros países en su intento por superar períodos de conflicto violento muestra algunas de las dificultades asociadas al manejo del discurso de guerra y de eventual reconciliación. En un estudio reciente publicado en el Human Rights Quarterly, Julie M. Mazzei muestra el limitado avance de El Salvador en modificar su discurso público más de diez años después de las revelaciones hechas por la Comisión de la Verdad tras los acuerdos de paz de 1992. Así, mientras los victimarios no reciben una condena social por sus actos –siguen siendo admirados y despiertan fervor en varios sectores de la población-, las víctimas siguen siendo identificadas como "insurgentes" o "terroristas". Roberto D'Aubuisson, por ejemplo, quien fuera encontrado responsable de organizar escuadrones de la muerte que torturaron y asesinaron a miles de salvadoreños durante la guerra civil, organizó uno de los dos partidos más importantes, la Alianza Republicana Nacional (ARENA) de centro-derecha; al mismo tiempo, para muchos de sus seguidores D’Aubuisson es un "héroe", que trajo al país "Paz, Progreso y Libertad", por lo cual "hay que trabajar por [sus] principios". De forma paralela, los desmovilizados y demás integrantes del hoy partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), siguen siendo estigmatizados de acuerdo a categorías propias del período de conflicto.

En las ciencias sociales se ha identificado el discurso -hablado y escrito- como un medio fundamental por el cual compiten diferentes grupos y que representa una fuente específica de poder, explica la autora. Controlar el discurso público implica tener la posibilidad de legitimar y mantener la dominación institucional y a su vez perpetuar los significados de dicho discurso, el cual, como es de esperarse, es típicamente controlado por los grupos económicos más poderosos. Una Comisión de la Verdad, más allá de su tarea en la reconstrucción de los hechos, debe contribuir a la creación de un nuevo orden moral y político, para lo cual es necesario proveer los medios que permitan hacer un quiebre en la dominación del discurso. Así, es necesario reconocer que ciertas acciones fueron indebidas, ilegales e ilegítimas, lo que implica reconocer a quienes fueron objetivo de tales acciones como víctimas y a sus responsables como victimarios.

Mazzei explica que quienes cometieron las atrocidades en El Salvador no contaron su versión de los hechos públicamente, mientras que las víctimas no tuvieron la oportunidad de hablarle al país ni pudieron retar el discurso existente que los identifica como "insurgentes" y "comunistas". Contrasta esto con los casos de Chile, donde el Presidente Aylwin pidió perdón a las víctimas en nombre de las instituciones del Estado, y el de Argentina donde el Presidente Alfonsín dio a las cortes los nombres de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

El estudio concluye que tras establecer la verdad se requiere más que reformas institucionales y cambios estructurales. Es necesario un cambio de largo plazo en el discurso, que reemplace las categorías con las que se abordaba el conflicto y que, por ese camino, ubique a cada una de las partes en su respectivo lugar; es también necesario deslegitimizar el discurso previamente existente ya que, de una u otra forma, este justificaba las atrocidades.

A pesar del largo camino que Colombia necesita recorrer en términos de reconocer y reparar a sus víctimas, actos como el del pasado viernes por parte del gobierno son destacables. Sin embargo, no sólo es necesario que la sociedad civil exija muchas más iniciativas de este tipo sino que, como iniciativa propia, empiece a transformar su visión del conflicto y las categorías con que se refiere a cada una de las partes. Ya es hora de dejar de culpar a las víctimas por su tragedia y de empezar a señalar a los verdaderos responsables; en este respecto, fallos judiciales como los relacionados con la parapolítica deberían ser internalizados por toda la sociedad si esperamos algún día superar la espiral de violencia de estas décadas.

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Referencias:

El Espectador, Julio 8, 2011 "Santos pide perdón por masacre de El Salado."

Mazzei, Julie M. (2011) Finding Shame in Truth: The Importance of Public Engagement in Truth Commissions. Human Rights Quarterly Vol. 33, 431–452.

Ruiz, Marta (2008) Masacre de El Salado, Bolivar. Verdad Abierta, Agosto de 2008.

Videla, la Ciudadanía y los Límites del Poder

-Jorge Rafael Videla-

En mayo de 1804 cuando Napoleón se autoproclama Emperador de Francia, Beethoven, que hasta entonces había sido su admirador, arranca lleno de ira la primera página de la Sinfonía Bonaparte que había compuesto en su honor, la rompe y la tira al piso diciendo: "¡Así que él no es más que un mortal común y corriente!" Más adelante el nombre de la obra sería modificado y hoy simplemente la conocemos como 'Sinfonía Heroica. Compuesta para celebrar la memoria de un gran hombre', sin alusión alguna a Napoleón. Esta anécdota debería servir para entender la naturaleza del poder y de quienes lo alcanzan, su capacidad de corromper incluso los ideales más nobles y que, por más grande que sea el líder, es a fin de cuentas un mortal común y corriente, con las mismas debilidades que nos caracterizan a todos los demás, o quizá incluso peor. La nueva condena a cadena perpetua del General y ex Presidente Argentino Jorge Rafael Videla es un recuerdo oportuno de los límites del poder y lo que debe ser nuestra actitud ante quienes lo ejercen.

Durante los años de 1976 a 1983 Argentina vivió el período conocido como Guerra Sucia durante el cual el gobierno militar se dio a la tarea de perseguir activistas de izquierda, periodistas, estudiantes, guerrillas Peronistas y Marxistas, entre muchos otros, así como a todo aquel con indicios de apoyar cualquier causa que estuviera en contra de su ideario económico y político. El saldo incluye varias decenas de miles de muertos y desaparecidos, así como un clamor permanente por parte de los familiares de las víctimas acerca de la verdad sobre lo ocurrido.

Este caso, desde luego, no es exclusivo de la Argentina de esos años; en ese entonces, el modelo de Nuevo Militarismo encarnado en la 'Operación Cóndor' fue un importante responsable del terrorismo de Estado que sufrió la región. La reaparición del Populismo Autoritario - con Menem, Fujimori, Chávez, Uribe y los Kirchner- indica que la región es aún presa fácil de modelos políticos en los cuales las libertades básicas de los ciudadanos se ven vulneradas con el argumento de un 'bien superior' y la presencia –real o infundada- de una amenaza importante. Así, comunismo, imperialismo, terrorismo, tráfico de drogas, o cualquier otra elección conveniente, parecieran justificar los abusos de poder.

El caso de Augusto Pinochet, que murió sin pagar un sólo día en cárcel por los crímenes cometidos durante la dictadura Chilena fue, sin duda, una señal desesperanzadora acerca de la posibilidad de juzgar y hacer pagar a los responsables del terrorismo de Estado en una de las épocas más aciagas de la región. Sin embargo, el caso del enjuiciamiento y condena a Alberto Fujimori, o la reciente nueva condena a Jorge Rafael Videla, son señales positivas para otras sociedades que en los últimos años hemos vivido bajo la presencia de regímenes que poco valoran los derechos humanos. No obstante, estas medidas sólo sirven como correctivo de errores pasados, y no como garante de que los abusos cometidos no vuelvan a ocurrir. Pero, más allá del carácter enceguecedor del poder, ¿qué es lo que lleva a resultados tan lamentables, que permite que veamos historias similares a lo largo de toda la región incluso en momentos tan diferentes?

Una respuesta inmediata es el apoyo de un poder extranjero cuyos intereses coinciden con los de algunas élites locales, como ciertamente ha ocurrido en múltiples casos. Sin embargo, y a pesar de la obviedad de esta explicación, hay otra que es resultado de la relación que los ciudadanos mantienen con sus gobiernos. Al analizar los casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ex presidentes que son juzgados en tribunales nacionales o internacionales, o los innumerables escándalos de este tipo que salen a la luz pública una vez estos dejan su mandato, todos –independientemente del modelo político que siguen, Nuevo Militarismo o Populismo Autoritario- comparten una característica: sus niveles de popularidad mientras ejercían el poder eran abrumadores. Es decir, el temor generalizado frente a una amenaza o el afán por alcanzar ciertos resultados económicos, parecieran hacer necesario pasar por encima de los derechos fundamentales de algunas minorías. Por su parte, la mayoría de la población -en muchos casos con información fabricada por los mismos gobiernos- celebra estas políticas e ignora el sufrimiento de aquellos a quienes se le vulneran sus derechos, mientras nuestros presidentes alcanzan un nivel de popularidad sólo comparable al de algunos cantantes, deportistas o actores de cine. Esto, desde luego, los hace sentir con el derecho de manejar las leyes a su antojo y sentirse amos y dueños de los destinos de aquellos a quienes gobiernan.

De esta forma, y dada la imposibilidad de cambiar el carácter de quienes están en el poder así como de cambiar los intereses y políticas externas de otros países, la tarea de evitar los abusos de poder queda muchas veces en manos de la ciudadanía. Es necesario que ella –desde abajo- le imponga límites claros a sus gobernantes, ejerza control político y, en últimas, defienda la democracia por encima del carisma y atractivo de sus gobernantes, por buenos que estos parezcan. La condena a Videla por los crímenes cometidos durante la dictadura militar es una prueba de que el poder tiene límites y la justicia está ahí para hacerlos respetar. Si esto es algo que los gobernantes -ciegos de poder- no están en capacidad de reconocer, es nuestra tarea como ciudadanos recordárselos permanentemente.

La labor de académicos, analistas y periodistas independientes debe apuntar en esa dirección, y es responsabilidad de la ciudadanía apoyar estas iniciativas de control político. Una alta popularidad no es excusa ni justificación para el abuso del poder, pero sí puede hacer sentir al gobernante con el derecho de hacerlo; al fin y al cabo, como diría Beethoven, ellos son mortales comunes y corrientes.

Adenda:
Aprovecho la oportunidad para reiterar mi total apoyo a Daniel Coronell en su permanente esfuerzo por sacar a la luz pública verdades incómodas y que aquellos con poco o nulo respeto por la democracia colombiana han tratado de acallar.

Reflexiones Sobre Referendos y Derechos Humanos en Uruguay

Uno de los problemas más complejos de las sociedades democráticas es aprender a vivir con su pasado. Esto es particularmente difícil cuando ese pasado se encuentra lleno de hechos atroces como torturas, desapariciones forzadas, casos de abuso sexual, asesinatos selectivos o cualquier otro tipo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Los países del cono sur, durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta, fueron víctimas de estos hechos y aún hoy luchan por arreglar sus cuentas con ese pasado tortuoso. Durante estas semanas, Uruguay retoma el debate acerca de la Ley de Caducidad por medio de la cual se bloquea la investigación a miembros de la policía y las fuerzas armadas por los delitos cometidos de 1973 a 1985.

Durante estos años, las fuerzas armadas uruguayas -como parte del Plan Cóndor, liderado por Chile- tomaron control de los diferentes aspectos de la vida del país, con lo cual se buscaba contener el avance del comunismo en varios países de la región. De acuerdo con estos estándares, el caso de Uruguay no es tan dramático como el de sus vecinos, ya que los crímenes más comunes por parte del Estado fueron "sólo" torturas y encarcelamientos injustificados, y no masacres y desapariciones como en los casos de Argentina o Chile, por ejemplo. No obstante, de acuerdo con algunos estudios, el saldo que dejó la dictadura fue la mayor tasa de prisioneros políticos del mundo, la mayoría de los cuales fueron torturados, al igual que un importante número de muertos y desaparecidos.

A diferencia del caso Argentino, donde los militares cedieron el poder en una posición de debilidad tras la derrota en la guerra de las Malvinas, en Uruguay el paso del poder a manos civiles fue principalmente un acuerdo negociado entre partes iguales. Como consecuencia de esto, los militares estuvieron en capacidad de imponer condiciones drásticas para su renuncia al poder, en particular, la promulgación de la Ley de Caducidad. Esta no sólo buscaba equiparar la Ley de Amnistía que cobijaba a los presos políticos, sino que significaba un cierre de cuentas con el pasado; es decir, una ley de olvido por los crímenes de la dictadura. Julio María Sanguinetti, quien preside el país de 1985 a 1990 y de 1995 a 2000, considera que la Ley de Caducidad era necesaria para garantizar la consolidación de la democracia uruguaya, opinión que es compartida por amplios sectores de la población.

No obstante, varias iniciativas de la sociedad civil, respaldadas por organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos, promueven un referendo en 1989 acerca de la ratificación de la controvertida ley. En ese momento la campaña anti-impunidad pierde el referendo por una votación de 56% a 44%, por lo cual se considera que los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura quedarían impunes. A pesar de esta derrota, las organizaciones de familiares de las víctimas de estos crímenes continúan su movilización. Con la llegada al poder de gobiernos de izquierda, logran convocar otro referendo en 2009 que también fracasaría en alcanzar la votación necesaria para la derogación de la ley.

El debate que vemos durante estos días en Uruguay es acerca de la posibilidad de derogar la Ley de Caducidad ya no por medio de un plebiscito, sino por decisión del Congreso. La posición que se tome frente a este tema significará un importante punto de referencia para otros países en procesos de transición similares al uruguayo. Sin embargo, aparecen varios problemas. Por un lado se encuentra la decisión del constituyente primario que en dos ocasiones ha rechazado la derogación de la ley; esto podría tomarse como una clara decisión del pueblo de cerrar sus cuentas con el pasado. Para algunos congresistas, tomar una decisión contraria a esta es ignorar la opinión del pueblo y, de esa manera, pasar por encima cualquier principio democrático. El argumento opuesto radica en el reconocimiento de los crímenes cometidos por agentes del Estado durante los años de la dictadura y una demanda contra el mismo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual se inicia audiencia el próximo 15 de noviembre.

Se ha enfatizado que la búsqueda de la Verdad, Justicia y Reparación es una condición trascendental al hablar de procesos de transición y consolidación de la democracia, al igual que en procesos de transición de una situación de guerra a una de paz. No sólo esto; la CIDH considera que "...son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (1).

Teniendo en cuenta esto, una eventual votación del Congreso en contra de la Ley de Caducidad no significa pasar por encima de la democracia, como se ha hecho creer en varios medios: todo lo contrario. No sólo una verdadera democracia es aquella que respeta a las minorías -en este caso las víctimas de los crímenes de Estado y sus familiares- sino que la paz sólo se garantiza cuando se esclarecen las causas de la violencia, se establece la verdad de lo sucedido y se adoptan las medidas necesarias para reparar a las víctimas (2). Mantener la Ley de Caducidad impide que estos tres componentes realmente se cumplan, e imposibilita a las víctimas y sus familiares hacer un verdadero cierre de cuentas con ese difícil pasado. Así, por respeto a una verdadera democracia, como mecanismo de garantías para la paz y como ejemplo frente a otros regímenes con historiales similares, el rechazo a la Ley de Caducidad es un paso necesario en Uruguay. No importa si las mayorías piensan lo contrario.

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Agradezco la discusión de estos temas con Mauricio Pérez y Bernardo Vela, quienes me esclarecieron algunos conceptos legales sobre los temas aquí tratados. Cualquier error u omisión es mi total responsabilidad.

(1) Citado en Vela, B. y Duarte, J. (2007) ¿Política de Estado de Paz o Política de Gubernamental de desmovilización? El conflicto armado colombiano y la precaria situación de las víctimas. En: Cátedra Unesco. Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza. El desplazamiento forzado interno en Colombia un desafío a los derechos humanos.

(2) Ibid.

Más Sobre El Caso Morris

En mi entrada anterior cuestionaba el cubrimiento y relevancia dada a ciertos hechos, así como la posición de la opinión pública y los medios masivos colombianos al respecto. En particular, me fijaba en el caso del negado de la visa a los Estados Unidos al periodista Hollman Morris para realizar estudios en la Universidad de Harvard.

La noticia que encontramos hoy es que tras un arduo lobby por parte de organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, Morris y su familia recibieron el visado que generó tanta controversia. Este lobby incluyó, entre otros, una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, por parte de la Asociación Nacional (de Estados Unidos) para la Defensa de los Derechos Civiles y la Asociación Americana de Profesores Universitarios, donde se solicitaba reconsiderar la decisión.

Más allá del impacto directo sobre la vida del periodista, lo cual es, sin duda, motivo de celebración, esta noticia es de gran trascendencia en términos del tipo de discurso manejado por el gobierno saliente, y la divergencia observada entre la opinión pública y la realidad nacional.

La revisión de esta decisión hace recordar el famoso fallo de la corte constitucional en el que esta declaraba su rechazo al referendo reeleccionista: allí la opinión pública iba por un lado mientras la institucionalidad y las normas iban por otro, pero aún así, la corte antepuso la norma al estado de opinión y obligó a que se llevaran a cabo elecciones con nuevos candidatos.

En el caso Morris, el gobierno estadounidense enfrenta la encrucijada de mantener su posición y así satisfacer al gobierno colombiano, o responder al reclamo de múltiples organizaciones no gubernamentales -principalmente internacionales- con intereses diametralmente opuestos. Así, opta por la segunda opción y por ese camino muestra su superioridad frente a la administración que termina en su parcialmente exitosa campaña de estigmatización de algunos personajes de la vida pública del país. De esta forma, Estados Unidos prefiere ahorrarse una pelea con organizaciones de periodistas y de defensa de derechos humanos que respaldar el juego sucio del gobierno colombiano. El rechazo que miembros de la oposición o algunos periodistas despiertan en ciertos sectores de opinión nacionales como resultado de esta campaña, no fue suficiente para bloquear el ingreso de Morris a Harvard y, por el contrario, la que queda en entredicho es la postura del gobierno colombiano frente a este y otros temas. Sobre esta campaña de desprestigio, su origen y sus responsables, apenas conocemos unos escabrosos detalles pero, sin duda, muchas más verdades saldrán a la luz pública en los próximos meses.

Ahora, respecto a la trascendencia que la opinión pública y los medios dieron a este tema, la señal que queda en el aire es la calidad del tipo de información que están recibiendo los colombianos y el tipo de discurso que se está manejando. Algo en ellos debe estar mal si en repetidas ocasiones lo que está en el ideario público no corresponde a las normas, y va en contra de las instituciones y procedimientos legales existentes. Es decir, queda la sensación de que los medios y el discurso político dirigen a la población por un camino diferente al que las instituciones establecen. El visado de Morris muestra la falacia del discurso polarizador del presidente colombiano y el engaño al que sus seguidores han estado expuestos durante estos años: mientras este califica a Morris de hacer "apología del terrorismo", el gobierno estadounidense rectifica su decisión y deja sin piso este tipo de discurso; un claro revés más para terminar estos ocho años, y un importante triunfo para aquellos que han trabajado por sacar a la luz pública verdades dolorosas que muchos se han empecinado en ocultar.

Por último, esta corrección es un acierto - ciertamente bajo presión- para la administración Obama, que en repetidas ocasiones ha esgrimido argumentos acerca de las múltiples violaciones de derechos humanos en Colombia -por ejemplo, para bloquear el TLC- pero procedía a castigar a una importante figura nacional que ha mostrado un serio trabajo en este campo.