Uno de los problemas más complejos de las sociedades democráticas es aprender a vivir con su pasado. Esto es particularmente difícil cuando ese pasado se encuentra lleno de hechos atroces como torturas, desapariciones forzadas, casos de abuso sexual, asesinatos selectivos o cualquier otro tipo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Los países del cono sur, durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta, fueron víctimas de estos hechos y aún hoy luchan por arreglar sus cuentas con ese pasado tortuoso. Durante estas semanas, Uruguay retoma el debate acerca de la Ley de Caducidad por medio de la cual se bloquea la investigación a miembros de la policía y las fuerzas armadas por los delitos cometidos de 1973 a 1985.
Durante estos años, las fuerzas armadas uruguayas -como parte del Plan Cóndor, liderado por Chile- tomaron control de los diferentes aspectos de la vida del país, con lo cual se buscaba contener el avance del comunismo en varios países de la región. De acuerdo con estos estándares, el caso de Uruguay no es tan dramático como el de sus vecinos, ya que los crímenes más comunes por parte del Estado fueron "sólo" torturas y encarcelamientos injustificados, y no masacres y desapariciones como en los casos de Argentina o Chile, por ejemplo. No obstante, de acuerdo con algunos estudios, el saldo que dejó la dictadura fue la mayor tasa de prisioneros políticos del mundo, la mayoría de los cuales fueron torturados, al igual que un importante número de muertos y desaparecidos.
A diferencia del caso Argentino, donde los militares cedieron el poder en una posición de debilidad tras la derrota en la guerra de las Malvinas, en Uruguay el paso del poder a manos civiles fue principalmente un acuerdo negociado entre partes iguales. Como consecuencia de esto, los militares estuvieron en capacidad de imponer condiciones drásticas para su renuncia al poder, en particular, la promulgación de la Ley de Caducidad. Esta no sólo buscaba equiparar la Ley de Amnistía que cobijaba a los presos políticos, sino que significaba un cierre de cuentas con el pasado; es decir, una ley de olvido por los crímenes de la dictadura. Julio María Sanguinetti, quien preside el país de 1985 a 1990 y de 1995 a 2000, considera que la Ley de Caducidad era necesaria para garantizar la consolidación de la democracia uruguaya, opinión que es compartida por amplios sectores de la población.
No obstante, varias iniciativas de la sociedad civil, respaldadas por organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos, promueven un referendo en 1989 acerca de la ratificación de la controvertida ley. En ese momento la campaña anti-impunidad pierde el referendo por una votación de 56% a 44%, por lo cual se considera que los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura quedarían impunes. A pesar de esta derrota, las organizaciones de familiares de las víctimas de estos crímenes continúan su movilización. Con la llegada al poder de gobiernos de izquierda, logran convocar otro referendo en 2009 que también fracasaría en alcanzar la votación necesaria para la derogación de la ley.
El debate que vemos durante estos días en Uruguay es acerca de la posibilidad de derogar la Ley de Caducidad ya no por medio de un plebiscito, sino por decisión del Congreso. La posición que se tome frente a este tema significará un importante punto de referencia para otros países en procesos de transición similares al uruguayo. Sin embargo, aparecen varios problemas. Por un lado se encuentra la decisión del constituyente primario que en dos ocasiones ha rechazado la derogación de la ley; esto podría tomarse como una clara decisión del pueblo de cerrar sus cuentas con el pasado. Para algunos congresistas, tomar una decisión contraria a esta es ignorar la opinión del pueblo y, de esa manera, pasar por encima cualquier principio democrático. El argumento opuesto radica en el reconocimiento de los crímenes cometidos por agentes del Estado durante los años de la dictadura y una demanda contra el mismo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual se inicia audiencia el próximo 15 de noviembre.
Se ha enfatizado que la búsqueda de la Verdad, Justicia y Reparación es una condición trascendental al hablar de procesos de transición y consolidación de la democracia, al igual que en procesos de transición de una situación de guerra a una de paz. No sólo esto; la CIDH considera que "...son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (1).
Teniendo en cuenta esto, una eventual votación del Congreso en contra de la Ley de Caducidad no significa pasar por encima de la democracia, como se ha hecho creer en varios medios: todo lo contrario. No sólo una verdadera democracia es aquella que respeta a las minorías -en este caso las víctimas de los crímenes de Estado y sus familiares- sino que la paz sólo se garantiza cuando se esclarecen las causas de la violencia, se establece la verdad de lo sucedido y se adoptan las medidas necesarias para reparar a las víctimas (2). Mantener la Ley de Caducidad impide que estos tres componentes realmente se cumplan, e imposibilita a las víctimas y sus familiares hacer un verdadero cierre de cuentas con ese difícil pasado. Así, por respeto a una verdadera democracia, como mecanismo de garantías para la paz y como ejemplo frente a otros regímenes con historiales similares, el rechazo a la Ley de Caducidad es un paso necesario en Uruguay. No importa si las mayorías piensan lo contrario.
Durante estos años, las fuerzas armadas uruguayas -como parte del Plan Cóndor, liderado por Chile- tomaron control de los diferentes aspectos de la vida del país, con lo cual se buscaba contener el avance del comunismo en varios países de la región. De acuerdo con estos estándares, el caso de Uruguay no es tan dramático como el de sus vecinos, ya que los crímenes más comunes por parte del Estado fueron "sólo" torturas y encarcelamientos injustificados, y no masacres y desapariciones como en los casos de Argentina o Chile, por ejemplo. No obstante, de acuerdo con algunos estudios, el saldo que dejó la dictadura fue la mayor tasa de prisioneros políticos del mundo, la mayoría de los cuales fueron torturados, al igual que un importante número de muertos y desaparecidos.
A diferencia del caso Argentino, donde los militares cedieron el poder en una posición de debilidad tras la derrota en la guerra de las Malvinas, en Uruguay el paso del poder a manos civiles fue principalmente un acuerdo negociado entre partes iguales. Como consecuencia de esto, los militares estuvieron en capacidad de imponer condiciones drásticas para su renuncia al poder, en particular, la promulgación de la Ley de Caducidad. Esta no sólo buscaba equiparar la Ley de Amnistía que cobijaba a los presos políticos, sino que significaba un cierre de cuentas con el pasado; es decir, una ley de olvido por los crímenes de la dictadura. Julio María Sanguinetti, quien preside el país de 1985 a 1990 y de 1995 a 2000, considera que la Ley de Caducidad era necesaria para garantizar la consolidación de la democracia uruguaya, opinión que es compartida por amplios sectores de la población.
No obstante, varias iniciativas de la sociedad civil, respaldadas por organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos, promueven un referendo en 1989 acerca de la ratificación de la controvertida ley. En ese momento la campaña anti-impunidad pierde el referendo por una votación de 56% a 44%, por lo cual se considera que los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura quedarían impunes. A pesar de esta derrota, las organizaciones de familiares de las víctimas de estos crímenes continúan su movilización. Con la llegada al poder de gobiernos de izquierda, logran convocar otro referendo en 2009 que también fracasaría en alcanzar la votación necesaria para la derogación de la ley.
El debate que vemos durante estos días en Uruguay es acerca de la posibilidad de derogar la Ley de Caducidad ya no por medio de un plebiscito, sino por decisión del Congreso. La posición que se tome frente a este tema significará un importante punto de referencia para otros países en procesos de transición similares al uruguayo. Sin embargo, aparecen varios problemas. Por un lado se encuentra la decisión del constituyente primario que en dos ocasiones ha rechazado la derogación de la ley; esto podría tomarse como una clara decisión del pueblo de cerrar sus cuentas con el pasado. Para algunos congresistas, tomar una decisión contraria a esta es ignorar la opinión del pueblo y, de esa manera, pasar por encima cualquier principio democrático. El argumento opuesto radica en el reconocimiento de los crímenes cometidos por agentes del Estado durante los años de la dictadura y una demanda contra el mismo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual se inicia audiencia el próximo 15 de noviembre.
Se ha enfatizado que la búsqueda de la Verdad, Justicia y Reparación es una condición trascendental al hablar de procesos de transición y consolidación de la democracia, al igual que en procesos de transición de una situación de guerra a una de paz. No sólo esto; la CIDH considera que "...son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (1).
Teniendo en cuenta esto, una eventual votación del Congreso en contra de la Ley de Caducidad no significa pasar por encima de la democracia, como se ha hecho creer en varios medios: todo lo contrario. No sólo una verdadera democracia es aquella que respeta a las minorías -en este caso las víctimas de los crímenes de Estado y sus familiares- sino que la paz sólo se garantiza cuando se esclarecen las causas de la violencia, se establece la verdad de lo sucedido y se adoptan las medidas necesarias para reparar a las víctimas (2). Mantener la Ley de Caducidad impide que estos tres componentes realmente se cumplan, e imposibilita a las víctimas y sus familiares hacer un verdadero cierre de cuentas con ese difícil pasado. Así, por respeto a una verdadera democracia, como mecanismo de garantías para la paz y como ejemplo frente a otros regímenes con historiales similares, el rechazo a la Ley de Caducidad es un paso necesario en Uruguay. No importa si las mayorías piensan lo contrario.
______________________________________
Agradezco la discusión de estos temas con Mauricio Pérez y Bernardo Vela, quienes me esclarecieron algunos conceptos legales sobre los temas aquí tratados. Cualquier error u omisión es mi total responsabilidad.
(1) Citado en Vela, B. y Duarte, J. (2007) ¿Política de Estado de Paz o Política de Gubernamental de desmovilización? El conflicto armado colombiano y la precaria situación de las víctimas. En: Cátedra Unesco. Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza. El desplazamiento forzado interno en Colombia un desafío a los derechos humanos.
(1) Citado en Vela, B. y Duarte, J. (2007) ¿Política de Estado de Paz o Política de Gubernamental de desmovilización? El conflicto armado colombiano y la precaria situación de las víctimas. En: Cátedra Unesco. Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza. El desplazamiento forzado interno en Colombia un desafío a los derechos humanos.
(2) Ibid.
