Justicia Transicional, Democracia y Paz

Uno de los conceptos jurídicos más importantes de finales del siglo pasado es el de Justicia Transicional. Algunos autores lo definen como “justicia adaptada a sociedades en transformación luego de un período con violaciones masivas de los derechos humanos” (1). Entre los objetivos principales de los mecanismos que hacen parte de este tipo de justicia, se destacan la reducción del número de crímenes de lesa humanidad y la transición y consolidación de la democracia en las sociedades afectadas. No obstante, hay un debate abierto acerca de la efectividad de las prácticas de tipo transicional, así como del tipo de mecanismos ideales para alcanzar sus objetivos. Es decir, ¿son los mecanismos transicionales –amnistías, juicios, comisiones de la verdad- garantes de una reducción de las violaciones a los derechos humanos y fortalecimiento de la democracia? Y si es así, ¿qué tipo de combinación de estos mecanismos facilitan el alcance de dichos objetivos?

 

Un estudio reciente en el Human Rights Quarterly (2) busca ofrecer un marco general de análisis de los diferentes mecanismos transicionales, e intenta dar respuesta a algunos de estos interrogantes. Los autores distinguen cuatro tipos diferentes de enfoques de justicia transicional: maximalista, o que pone el énfasis en la rendición de cuentas,  es decir, que los responsables por las violaciones de derechos humanos paguen por sus crímenes; minimalista, que enfatiza en los procesos de amnistía como condición necesaria para alcanzar estabilidad y fortalecimiento de la democracia; un enfoque moderado, basado en comisiones de la verdad; y un enfoque holístico,  que recurre a diversas combinaciones de los mecanismos anteriores.

Como es claro a partir de aquí, aparecen claras tensiones entre algunos de estos enfoques. Mientras que los críticos de un enfoque maximalista argumentan que este representa obstáculos insuperables para alcanzar la paz, aquellos que cuestionan el enfoque minimalista aducen que la impunidad que generan los procesos de este tipo son generadores de más violencia. Es decir: “mientras un enfoque maximalista enfatiza la parte de “justicia” de la ecuación de justicia transicional, un enfoque minimalista enfatiza la parte de ‘transición’.” Los defensores de ambos enfoques consideran a las comisiones de la verdad como la segunda mejor opción después de su favorita. Sin embargo, los maximalistas ponen en duda la eficiencia de estas comisiones para garantizar el imperio de la ley, el fortalecimiento de las cortes y la erradicación de la impunidad; los minimalistas, por su parte, consideran que  estas comisiones pueden generar problemas al referirse a crímenes que quedan por fuera de las leyes de amnistía, así como por la reacción que pueden tener los responsables de estos.

Los defensores de un enfoque holístico -en el que se combinen al menos dos de los enfoques anteriores- argumentan que procesos donde no se castigue a los responsables, o no se cuente la verdad, o no se repare a las víctimas, son, por definición, procesos incompletos y, por consiguiente, representan dificultades importantes en un proceso de transición. Por esta razón, consideran necesario incluir elementos de cada uno de estos enfoques para alcanzar la reducción de la violencia así como los objetivos trazados en materia de democracia.

El estudio mencionado utiliza una base de datos con 91 procesos de transición a la democracia en 74 países desde 1970 a 2004. Los autores encuentran que si bien los procesos de justicia transicional contribuyen al fortalecimiento de la democracia y a la reducción de la violencia, no cualquier tipo de proceso tiene un efecto positivo sobre estas variables. De hecho, ninguno de los mecanismos de justicia por sí solos ayuda a reducir la violencia o fortalecer la democracia. Sólo la combinación de estos mecanismos genera resultados positivos sobre los objetivos que hicieron necesario el establecimiento de la justicia transicional.

A pesar de que el artículo no es explícito en cuanto a sus métodos, y sólo presenta una versión reducida de sus resultados -lo cual hace que para el lector sea difícil extraer los detalles del trabajo-, sus conclusiones son un llamado de atención acerca de los mecanismos que se aplican al llevarse a cabo un proceso de transición a la democracia o de firmas de acuerdos de paz. Es claro que leyes de perdón y olvido, como las que se han tratado de emitir en varios países no son garantía alguna del fortalecimiento de la democracia ni de la reducción de la violencia. Aunque es necesaria una dosis de perdón para facilitar el período de transición, las leyes de indulto tras la comisión de crímenes contra la humanidad sólo garantizan la impunidad y, muy probablemente, el retorno de la violencia en un mediano plazo.

Como muestra la experiencia de algunas de las dictaduras del Cono Sur, las heridas que los crímenes contra la humanidad generan en la sociedad sólo empiezan a cerrarse una vez los responsables son juzgados por ellos. Las amnistías firmadas bajo la presión del poder militar de una de las partes no ofrecen, por sí solas, el arreglo de cuentas con el pasado que estos procesos buscan. Desde luego, esto también aplica para casos donde las desmovilizaciones de militantes de un movimiento armado, más allá del espectáculo ante los medios, sólo representan el ocultamiento de la verdad, así como la impunidad acerca de centenares de crímenes atroces. De esto tenemos experiencia de sobra en Colombia; las consecuencias de mediano plazo, como estamos empezando a ver, no son nada alentadoras.

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Referencias

(1) International Center for Transitional Justice. What is Transitional Justice?  http://www.ictj.org/en/tj/.

(2) Tricia D. Olsen, Leigh A. Payne and Andrew G. Reiter. The Justice Balance: When Transitional Justice Improves Human Rights and Democracy. Volume 32, Number 4, November 2010.

Reflexiones Sobre Referendos y Derechos Humanos en Uruguay

Uno de los problemas más complejos de las sociedades democráticas es aprender a vivir con su pasado. Esto es particularmente difícil cuando ese pasado se encuentra lleno de hechos atroces como torturas, desapariciones forzadas, casos de abuso sexual, asesinatos selectivos o cualquier otro tipo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Los países del cono sur, durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta, fueron víctimas de estos hechos y aún hoy luchan por arreglar sus cuentas con ese pasado tortuoso. Durante estas semanas, Uruguay retoma el debate acerca de la Ley de Caducidad por medio de la cual se bloquea la investigación a miembros de la policía y las fuerzas armadas por los delitos cometidos de 1973 a 1985.

Durante estos años, las fuerzas armadas uruguayas -como parte del Plan Cóndor, liderado por Chile- tomaron control de los diferentes aspectos de la vida del país, con lo cual se buscaba contener el avance del comunismo en varios países de la región. De acuerdo con estos estándares, el caso de Uruguay no es tan dramático como el de sus vecinos, ya que los crímenes más comunes por parte del Estado fueron "sólo" torturas y encarcelamientos injustificados, y no masacres y desapariciones como en los casos de Argentina o Chile, por ejemplo. No obstante, de acuerdo con algunos estudios, el saldo que dejó la dictadura fue la mayor tasa de prisioneros políticos del mundo, la mayoría de los cuales fueron torturados, al igual que un importante número de muertos y desaparecidos.

A diferencia del caso Argentino, donde los militares cedieron el poder en una posición de debilidad tras la derrota en la guerra de las Malvinas, en Uruguay el paso del poder a manos civiles fue principalmente un acuerdo negociado entre partes iguales. Como consecuencia de esto, los militares estuvieron en capacidad de imponer condiciones drásticas para su renuncia al poder, en particular, la promulgación de la Ley de Caducidad. Esta no sólo buscaba equiparar la Ley de Amnistía que cobijaba a los presos políticos, sino que significaba un cierre de cuentas con el pasado; es decir, una ley de olvido por los crímenes de la dictadura. Julio María Sanguinetti, quien preside el país de 1985 a 1990 y de 1995 a 2000, considera que la Ley de Caducidad era necesaria para garantizar la consolidación de la democracia uruguaya, opinión que es compartida por amplios sectores de la población.

No obstante, varias iniciativas de la sociedad civil, respaldadas por organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos, promueven un referendo en 1989 acerca de la ratificación de la controvertida ley. En ese momento la campaña anti-impunidad pierde el referendo por una votación de 56% a 44%, por lo cual se considera que los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura quedarían impunes. A pesar de esta derrota, las organizaciones de familiares de las víctimas de estos crímenes continúan su movilización. Con la llegada al poder de gobiernos de izquierda, logran convocar otro referendo en 2009 que también fracasaría en alcanzar la votación necesaria para la derogación de la ley.

El debate que vemos durante estos días en Uruguay es acerca de la posibilidad de derogar la Ley de Caducidad ya no por medio de un plebiscito, sino por decisión del Congreso. La posición que se tome frente a este tema significará un importante punto de referencia para otros países en procesos de transición similares al uruguayo. Sin embargo, aparecen varios problemas. Por un lado se encuentra la decisión del constituyente primario que en dos ocasiones ha rechazado la derogación de la ley; esto podría tomarse como una clara decisión del pueblo de cerrar sus cuentas con el pasado. Para algunos congresistas, tomar una decisión contraria a esta es ignorar la opinión del pueblo y, de esa manera, pasar por encima cualquier principio democrático. El argumento opuesto radica en el reconocimiento de los crímenes cometidos por agentes del Estado durante los años de la dictadura y una demanda contra el mismo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual se inicia audiencia el próximo 15 de noviembre.

Se ha enfatizado que la búsqueda de la Verdad, Justicia y Reparación es una condición trascendental al hablar de procesos de transición y consolidación de la democracia, al igual que en procesos de transición de una situación de guerra a una de paz. No sólo esto; la CIDH considera que "...son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (1).

Teniendo en cuenta esto, una eventual votación del Congreso en contra de la Ley de Caducidad no significa pasar por encima de la democracia, como se ha hecho creer en varios medios: todo lo contrario. No sólo una verdadera democracia es aquella que respeta a las minorías -en este caso las víctimas de los crímenes de Estado y sus familiares- sino que la paz sólo se garantiza cuando se esclarecen las causas de la violencia, se establece la verdad de lo sucedido y se adoptan las medidas necesarias para reparar a las víctimas (2). Mantener la Ley de Caducidad impide que estos tres componentes realmente se cumplan, e imposibilita a las víctimas y sus familiares hacer un verdadero cierre de cuentas con ese difícil pasado. Así, por respeto a una verdadera democracia, como mecanismo de garantías para la paz y como ejemplo frente a otros regímenes con historiales similares, el rechazo a la Ley de Caducidad es un paso necesario en Uruguay. No importa si las mayorías piensan lo contrario.

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Agradezco la discusión de estos temas con Mauricio Pérez y Bernardo Vela, quienes me esclarecieron algunos conceptos legales sobre los temas aquí tratados. Cualquier error u omisión es mi total responsabilidad.

(1) Citado en Vela, B. y Duarte, J. (2007) ¿Política de Estado de Paz o Política de Gubernamental de desmovilización? El conflicto armado colombiano y la precaria situación de las víctimas. En: Cátedra Unesco. Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza. El desplazamiento forzado interno en Colombia un desafío a los derechos humanos.

(2) Ibid.

Historias de Verdad,... ¿Justicia y Reparación?

Cerca de 2700 metros sobre el nivel del mar, en medio de la accidentada geografía de los Andes al sureste peruano, se encuentra la legendaria ciudad de Ayacucho. En sus cercanías en 1824 se libró la batalla de independencia del Perú, que selló al mismo tiempo la independencia de Suramérica. Décadas después, ante problemas económicos originados por conflictos internacionales y siguiendo un patrón típico de muchos gobiernos de la región, Ayacucho pasó a ser prácticamente olvidada por el gobierno en Lima y entró en un estado de marginación extremo, con escasa comunicación con el resto del país y en un avanzado nivel de pobreza. Las víctimas de esta exclusión compartían una característica principal: eran mayoritariamente indígenas, quechua-hablantes y, en consecuencia, considerados ciudadanos de segunda clase por las elites nacionales.

En respuesta a una larga historia de exclusión y abandono, a partir de 1980 el movimiento Maoista-Leninista Sendero Luminoso le declara la guerra al Estado y sumerge a la región de Ayacucho en la más sangrienta confrontación que Perú recuerde en su vida republicana. Tras importantes años de inactividad o complacencia con los alzados en armas, el Estado peruano bajo el gobierno de Alan García decide responder con toda la fuerza disponible pero sin la inteligencia correspondiente y, así, persecuciones a campesinos e indígenas de la región se vuelven noticia de todos los días. Se multiplican las violaciones de derechos humanos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, abuso sexual y demás vejaciones posibles, tanto por parte de miembros del ejército como de los senderistas. El libro del periodista Ricardo Ucceda "Muerte en el Pentagonito. Los Secretos del Ejército Peruano" ofrece un relato detallado de muchos de estos hechos escabrosos; Mario Vargas Llosa resume la crueldad de esta guerra diciendo que la lectura del texto no es nada fácil ya que "muchas de sus revelaciones estremecen y producen náuseas".

En medio de un conflicto que se expande por el territorio nacional y que empieza a amenazar sectores exclusivos en Lima, Alberto Fujimori llega al poder en 1990 de la mano de su asesor, Vladimiro Montesinos, y rápidamente asume poderes extraordinarios para ejercer su gobierno. Tras el cierre del Congreso y la emisión de una serie de decretos de excepción, se auto-otorgan privilegios para perseguir a la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, y todo aquel con supuestos vínculos con terroristas. Montesinos usa los instrumentos del Estado para su enriquecimiento personal, lo cual consigue con actividades que van desde la concesión preferencial de contratos, hasta la de permisos especiales para el tráfico de cocaína. Cientos de crímenes son perpetrados directamente desde la central de comandancia del Ejército, utilizando los servicios de inteligencia del Estado y con el visto bueno del Presidente de la República o su asesor estrella.

Años después, tras la captura de Abimael Guzmán -el líder terrorista-, la posterior desarticulación de Sendero Luminoso, y la consolidación del poder Fujimori-Montesinos respaldada por una enorme popularidad a nivel nacional, Ayacucho recobra su estado de olvido y abandono, esta vez con el agravante de haber sido la cuna del grupo terrorista y el centro de la confrontación armada. Como resultado del fuego cruzado entre ejército y senderistas en el que queda atrapada la población civil más de sesenta y nueve mil peruanos pierden la vida, siendo la región de Ayacucho y la población indígena las principales víctimas de esta guerra.

En Ayacucho -cuyo nombre en Quechua algunos expertos traducen como "el rincón de los muertos"- las imágenes del conflicto son hoy una constante en la conciencia colectiva. Tras su llegada a la ciudad el visitante desprevenido rápidamente se familiariza con las historias de violencia, los relatos de los sobrevivientes, los lugares donde Sendero Luminoso forjó su estrategia y las calles impregnadas de esa paz tensa. Este sentimiento de horror poco a poco se transforma en un adormecimiento e indiferencia ante los relatos mas atroces; aparece cierta inmunidad desagradable ante las historias de desaparecidos, torturados y asesinados. Tal vez lo más parecido a esto sea la sensación que tiene el lector de 2666 ante los innumerables y grotescos casos de violaciones y asesinatos de mujeres que -en otro contexto- relata magistralmente Roberto Bolaño. Este adormecimiento es cómplice de innumerables historias de violencia en múltiples latitudes y es también un gran aliado de centenares de criminales que encuentran libertad para seguir delinquiendo ante la aletargada respuesta de la población.

Pero el Ayacuchano no es este visitante desprevenido y, así, en los últimos años han aparecido organizaciones de la sociedad civil dedicadas al reparo psicológico de las víctimas, su inclusión en la vida económica de la comunidad y el apoyo a los hijos de desaparecidos o asesinados. El objetivo primordial de estas entidades es hacer renacer la esperanza en una ciudad que ha sido históricamente azotada por múltiples violencias: insurgente, militar, económica y racial. Sin embargo, estos esfuerzos individuales no han sido acompañados por una actitud decidida por parte del gobierno central. Hace poco más de un año se vio la reticencia del gobierno de Alan García frente a la construcción del Museo de la Memoria aduciendo "la necesidad de satisfacer otras necesidades más importantes", y hoy todavía se escuchan las demandas de Ollanta Humala -candidato a la presidencia- de un incremento en la presencia del gobierno en la región y en territorios aledaños ante la posibilidad de nuevos brotes de insurgencia, algunos de ellos vestigios de Sendero Luminoso.

Aunque Fujimori, Montesinos y Guzmán hoy pagan sentencias por sus repetidas violaciones a los derechos humanos, múltiples organizaciones de familiares de asesinados y desaparecidos siguen clamando justicia. Muchos de sus miembros han envejecido o muerto sin alcanzar el objetivo que se trazaron hace más de veinte años: Verdad, Justicia y Reparación. El Estado continúa ignorando las demandas de las víctimas; continúa también la estigmatización de la población por supuestos nexos con terroristas y, en últimas, se mantiene hacia ella la actitud de exclusión y rechazo que ha sido característica por casi 200 años. Esta, mezclada con el fanatismo de una revolución sangrienta, escribió una de las páginas más trágicas en la historia peruana.

Para las familias afectadas por la violencia los ideales de Verdad, Justicia y Reparación significan la posibilidad de volver a vivir, de sentirse parte de una sociedad que nunca los ha tenido en cuenta. Desconocer sus demandas no sólo es darle la espalda a una población que lo perdió todo en medio de un conflicto del que no hacía parte, sino que es también olvidar las duras lecciones que ofrece la historia. Y el olvido de la historia, como es bien sabido, es el primer paso para repetirla.