Thursday, October 20, 2011

Líderes Populistas, Democracia y Legitimidad Política

Uno de los argumentos más utilizados para legitimar abusos de poder, violaciones a los Derechos Humanos o  restricciones a las libertades básicas es el amplio margen de aceptación que tienen algunos líderes populistas. Cuando estos aparecen, diversos sectores de la sociedad están dispuestos a aceptar algunos costos en función de un bien superior, sea este progreso económico, derrota del terrorismo o redistribución de la riqueza, entre muchos otros. Paralelamente, las posiciones frente a prácticas anti-democráticas y/o personalistas también pueden ser explicadas por variables contextuales como el nivel de modernización de una sociedad, su cultura política, las orientaciones ideológicas de sus individuos, etc. 

¿Qué explica que en una región como Latinoamérica sigan apareciendo líderes personalistas a lo largo del espectro ideológico? ¿Qué determina, a su vez, la diversidad en los niveles de apoyo a los fundamentos de la democracia en los diferentes países de la región?

Dos artículos que aparecerán en el próximo número del Comparative Political Studies estudian este tema desde enfoques complementarios: el primero de ellos, de Ryan Carlin y Matthew Singer, busca identificar los perfiles de apoyo a los valores y normas intrínsecos de la democracia así como algunos de sus determinantes. El segundo, de David Doyle, se centra en el papel de la legitimidad de las instituciones políticas en el apoyo a líderes populistas de la región.

Carlin y Singer analizan las posiciones de ciudadanos de 12 países de la región frente al apoyo a prácticas democráticas. Los autores parten de cuestionar el carácter unidimensional con que usualmente se tratan estos temas –de apoyar el autoritarismo a apoyar totalmente la democracia-, y proponen que en lugar de esto se consideren múltiples dimensiones, cada una relacionada con diferentes principios básicos de la democracia.

En particular, siguiendo la definición de poliarquía de Robert Dahl, el estudio sugiere las dimensiones de debate público, participación incluyente, contrapesos al ejecutivo e instituciones y procesos. La primera recoge orientaciones hacia leyes sobre el derecho de protesta, movimientos sociales y censura por parte del gobierno; la segunda hacia la tolerancia al voto, a ocupar cargos públicos y a protestas pacíficas; la tercera es acerca de los límites al ejecutivo; y la cuarta acerca de la suspensión del legislativo o el judicial.

Un primer análisis estadístico permite a los autores identificar cinco perfiles de apoyo a la democracia; el más liberal –poliarca- consiste en posiciones más democráticas en las cuatro dimensiones; los otros cuatro perfiles rechazan o tienen posiciones ambivalentes frente a al menos una de ellas. Un resultado importante es que en el primer grupo se ubica cerca del 17% de la población, lo que indica que más del 80% impone algún límite a la democracia; adicionalmente, no aparece ningún grupo con posiciones totalmente antidemocráticas.

Pero, ¿qué determina que una persona tenga un perfil democrático frente a las otras alternativas? El estudio encuentra evidencia en favor de la hipótesis de modernización: mayores niveles de educación y mayor ingreso –comunes en sociedades más modernas- son favorables a un perfil más democrático. También se encuentra evidencia en favor de un efecto importante de la cultura política –compromiso político- en favor de perfiles más democráticos; adicionalmente, aquellos que se auto-consideran más de izquierda son más democráticos que aquellos de derecha, aunque aquellos que no se identifican con ninguna parte del espectro izquierda-derecha tienden a ser más democráticos; finalmente, quienes aprueban al presidente de turno tienden a tener perfiles que se escapan del modelo poliarca en al menos una dimensión, al igual que quienes evalúan la economía nacional como fuerte o reportan una mejora en su situación económica personal.

En el segundo trabajo mencionado, Doyle estudia la contraparte de este fenómeno para lo cual revisa algunas explicaciones tradicionales detrás del apoyo a líderes populistas como son las crisis económicas, la presencia de recursos naturales, la falta de institucionalización del sistema de partidos, y el impacto de políticas en favor de la liberalización y globalización, entre otros. Tras considerar el efecto probable de cada una de estas explicaciones, propone como hipótesis que los niveles de apoyo al populismo contemporáneo en Latinoamérica pueden ser explicados por los niveles de confianza que el público tiene hacia las instituciones tradicionales de las democracias liberales.

El argumento es sencillo: los candidatos populistas, conscientes de la insatisfacción que el electorado tiene con las instituciones políticas, se presentan como desafiantes del orden establecido y con esa estrategia consiguen el apoyo popular. De esta forma, una mayor desconfianza en las instituciones estará asociada a una mayor probabilidad de apoyo a candidatos populistas que en mayor o menor grado se consideran a sí mismos como ‘fuera del sistema’.

El autor utiliza la definición de populismo según la cual este consiste en una movilización de las masas desde arriba, por parte de líderes personalistas con un discurso en contra de algunos grupos de la élite y en defensa de un -pobremente definido- ‘pueblo’. Un criterio adicional es haber sido candidato por un partido de alto corte personalista y haber obtenido más del 20% de los votos en la primera vuelta presidencial. En este sentido, explica, a pesar de las aparentes diferencias ideológicas entre líderes como Hugo Chávez, Rafael Correa, Alberto Fujimori o Álvaro Uribe, todos entran en la misma categoría de líderes populistas.

En términos de la legitimidad de las instituciones políticas, el estudio construye un índice a partir de preguntas sobre la confianza de la ciudadanía en el Congreso, los partidos políticos y la rama judicial. Se utilizan datos a nivel nacional de 48 elecciones presidenciales en 18 países de la región desde 1996 hasta 2008.

Entre los resultados se encuentra que si bien la hipótesis de que las rentas provenientes de la extracción de recursos naturales favorecen el apoyo hacia líderes populistas, ninguna de las otras hipótesis se mantiene en pie una vez se ha controlado por el nivel de confianza en las instituciones políticas. El resultado principal del estudio es que el nivel de confianza en las instituciones es estadísticamente significativo y con el signo esperado en todas las especificaciones propuestas por el autor; asimismo, la magnitud de su efecto siempre es alta.

Lo anterior quiere decir que el principal motivo para el apoyo a líderes populistas radica en la falta de confianza en las instituciones democráticas fundamentales.

Más aún, los electores no votan únicamente como respuesta al desempeño económico de su país sino principalmente como respuesta a la confianza en sus instituciones políticas; no sorprende, entonces, que muchos candidatos populistas, una vez elegidos, adelanten profundos procesos de reformas constitucionales.

¿Qué lecciones se pueden obtener de estos resultados? Mayores niveles de ingreso y educación así como una mejor cultura política favorecen las posiciones que la ciudadanía tiene frente a diferentes valores de la democracia. No obstante, las condiciones económicas no son trascendentales al explicar el apoyo a líderes populistas; la confianza en las instituciones políticas, por el contrario, sí resulta primordial. Aquellas sociedades que perciben una deslegitimación de sus instituciones políticas son más proclives a la elección de líderes populistas, con las consecuencias en términos de abusos de poder, perpetuación en el cargo, ataques a las cortes y violaciones a derechos básicos que siguen siendo frecuentes en la región.

Resulta normal que ante la insatisfacción con las instituciones políticas el electorado busque alternativas, mientras algunos políticos, oportunistamente y presentándose como "anti-sistema", son quienes obtienen los votos. En la mayoría de los casos una vez en el poder estos políticos terminan reproduciendo prácticas antidemocráticas, con lo que el ciclo se inicia nuevamente. Está en manos de la ciudadanía la elección de políticos que, jugando dentro del sistema, favorezcan el fortalecimiento y la legitimización del mismo. Sólo así será posible romper el círculo vicioso de desinstitucionalización y populismo que tanto ha afectado a la región.

Referencias:

Carlin, R. E., & Singer, M. M. (2011). Support for Polyarchy in the Americas. Comparative Political Studies, 44(11), 1500-1526.

Doyle, D. (2011). The Legitimacy of Political Institutions: Explaining Contemporary Populism in Latin America. Comparative Political Studies, 44(11), 1447-1473.

Wednesday, October 12, 2011

Reformas Económicas, Democracia y Protestas Sociales

Protesta estudiantes chilenos. Foto: La Radio del Sur
Durante las últimas décadas Latinoamérica ha presenciado una serie de protestas frente a reformas económicas dirigidas a cambiar la estructura de funcionamiento del Estado y su relación con el mercado. Desde eventos como “el Caracazo” Venezolano en 1989, hasta las más recientes protestas estudiantiles en Chile, pasando por “las guerras del agua y el gas” en Bolivia entre 1999 y 2003, y los repetidos “cacerolazos” en Argentina, la región se ha visto convulsionada por diversos movimientos sociales con importantes consecuencias políticas y económicas.

En algunos de estos casos las protestas han propiciado la finalización de períodos de gobierno antes de la fecha pactada, un detrimento significativo en los índices de aprobación de los mandatarios por llevar a cabo cuestionadas reformas, o en otros casos la suspensión de las mismas. Sin embargo, a pesar de los ejemplos de movilizaciones como los mencionados, también se encuentran casos donde la sociedad civil se ha visto notablemente debilitada y desarticulada, al punto que pareciera que no vale la pena iniciar protestas para cambiar el orden político y económico.

¿Qué propicia estos comportamientos sociales y cuál es el patrón -si existe- que podría inducirse a partir de los múltiples casos de los países de la región? Más aún, ¿han tenido algún efecto en los resultados observados los procesos de democratización política y liberalización económica que la región vive desde hace varias décadas?

En un artículo reciente en el Political Research Quarterly, Paul Bellinger y Moisés Arce abordan estas preguntas poniendo a prueba dos hipótesis sobre movilizaciones sociales y reformas económicas y políticas. La primera, la hipótesis de desmovilización, propone que los mayores niveles de desempleo y menores estándares de calidad de vida golpean la capacidad de los individuos de actuar colectivamente, lo que pone en peligro las instituciones y organizaciones representativas tales como los sindicatos y los partidos políticos. De esta forma, una mayor liberalización económica, por medio de sus consecuencias en términos distributivos y el impacto negativo en la calidad de vida de algunos sectores, reduciría los incentivos a la acción colectiva y la formación de movimientos sociales; de acuerdo a los autores, México, Chile y Perú muestran cierta evidencia de este fenómeno.

Por otro lado, la hipótesis de repolitización argumenta que la liberalización económica en escenarios con mecanismos democráticos resulta en mayores niveles de participación y movilización. En el contexto Latinoamericano la movilización resulta de los tradicionales actores de clase, de los nuevos actores que aparecen en contra de las políticas de liberalización económica, y de protestas concentradas en territorios geográficos específicos que desencadenan protestas a nivel nacional.

Utilizando datos de 17 países de la región desde 1970 a 2003, Bellinger y Arce encuentran evidencia en favor de la hipótesis de repolitización: la interacción entre la liberalización económica y los mayores niveles democracia está asociada positivamente con el número de protestas en cada uno de estos países durante los años analizados. Es decir, la liberalización económica genera reivindicaciones que motivan la acción política; en escenarios con niveles de democracia relativamente aceptables, esto fortalece las oportunidades para las respuestas colectivas por medio de protestas.

Vale la pena enfatizar que el resultado importante aquí es el papel de la interacción entre reformas económicas y democracia en la generación de protestas. Así, los resultados del estudio indican que en ausencia de democracia, una mayor liberalización económica reduce el número de protestas –lo que coincide con la hipótesis de desmovilización; a su vez, en ausencia de reformas, mejoras en la calidad de la democracia no tienen ningún efecto sobre el número de protestas. Es la combinación de democracia y liberalización económica lo que genera un mayor número de protestas.

Descomponiendo los indicadores de democracia utilizados por los autores, se encuentra que la parte que es más responsable por los resultados encontrados es aquella relacionada con las libertades civiles. Esto indica que son precisamente las oportunidades políticas presentes en un sistema democrático lo que favorece las movilizaciones.

Las reformas económicas que se empiezan a implementar en la región a partir de finales de los ochenta han tenido consecuencias redistributivas trascendentales y han golpeado duramente a amplios sectores de la población. Mal han hecho algunos gobiernos del continente al prohibir las protestas por medio de las cuales estos sectores manifiestan su inconformismo o, lo que es lo mismo, al estigmatizar a todo aquel que se pronuncie al respecto.

Una democracia no consiste en la unanimidad frente al proyecto político y, mucho menos, en presencia de transformaciones socio-económicas que afectan a diferentes sectores de la población de forma desigual. Los Estados deben garantizar las libertades civiles para que la población tenga la oportunidad de manifestarse por medio de mecanismos democráticos, en lugar de deslegitimar cualquiera de sus demandas.

En el escenario actual de liberalización económica y con las implicaciones redistributivas que estas conllevan, la ausencia de protestas, más que ser prueba del éxito que estas representan, es un indicador claro de mecanismos coercitivos que desdicen mucho de una verdadera democracia.

Referencias
 
Bellinger, P. T., & Arce, M. (2011). Protest and Democracy in Latin America’s Market Era. Political Research Quarterly, 64(3), 688-704.

Saturday, October 8, 2011

Contravía: "Legalización del consumo de drogas"

Les comparto mis comentarios sobre el tema de la legalización en mi intervención de hoy en el programa Contravía.


Wednesday, October 5, 2011

Comentarios al Libro “Sistemas de Partidos Latinoamericanos”

La escena política a lo largo y ancho de Latinoamérica está caracterizada por candidatos que compiten por un partido y al año siguiente lo abandonan; por partidos frágiles que desaparecen luego de una derrota electoral; y por líderes carismáticos que tienen más poder que los mismos partidos a los que pertenecen. En este escenario, muchos de los partidos políticos sólo son vehículos para llegar al poder y carecen de una propuesta ideológica bien definida así como de relaciones programáticas con el electorado.

Como consecuencia de lo anterior, muchos políticos de la región han optado por adaptarse a este entorno indeseable evitando lo que consideran "el estigma de los partidos". Para lograrlo destacan las virtudes de ser candidatos independientes y de participar en movimientos personalistas, lo que a su vez contribuye a un mayor detrimento de las instituciones políticas y una mayor profundización de la crisis de los partidos.

Sin embargo, a pesar de este escenario común, existe una gran heterogeneidad en términos de los sistemas de partidos políticos en los diferentes países de la región. Así, mientras en Chile o Uruguay los políticos a lo largo del espectro ideológico ofrecen opciones que representan de forma relativamente satisfactoria a los diferentes sectores del electorado, la representación y coherencia ideológica en países como Bolivia, Ecuador o el mismo Brasil, son mucho menos estructuradas.

Los partidos políticos -fuertes y con lazos programáticos con la ciudadanía- son una condición necesaria para el sano desarrollo de la democracia. Más aún, son fundamentales en la reducción de los costos que representa para el electorado la búsqueda de información sobre los candidatos, y facilitan la respuesta ante las demandas de la ciudanía y el proceso de rendición de cuentas de los políticos a esta.

Estas consideraciones invitan a indagar acerca de los factores que favorecen una estructuración programática de los partidos políticos de la región. El libro "Sistemas de Partidos Latinoamericanos" de Herbert Kitschelt, Kirk A. Hawkins, Juan Pablo Luna, Guillermo Rosas y Elizabeth J. Zechmeister, propone algunas respuestas a este interrogante.

Los autores definen la Estructuración Programática de los Partidos (EPP) -su concepto de fondo- como aquella situación en la que existe coherencia al interior de los partidos, al tiempo que estos desarrollan lazos con el electorado a partir de sus agendas ideológicas. De esta forma, si todos, o la mayoría de los partidos relevantes buscan alcanzar el poder con base en relaciones programáticas, estaremos hablando de una estructuración programática del sistema de partidos.

Kitschelt y su equipo argumentan que la EPP es conveniente desde un punto de vista normativo ya que es la mejor alternativa frente a otros mecanismos de relación de los partidos con el electorado; ejemplos de estas alternativas son la provisión de bienes colectivos y de bienes club, al igual que las prácticas clientelistas. Pero quizás más importante que esto, la competencia programática es empíricamente factible ya que, a pesar de lo sugerido por el teorema del votante medio, una vez los partidos han definido sus perfiles programáticos, y a fin de no romper los lazos con el electorado, los cambios en sus posiciones generalmente son incrementales.

El estudio busca encontrar los determinantes de la EPP para una muestra de 12 países latinoamericanos. De acuerdo a los autores, para entender este fenómeno es más importante un enfoque de largo plazo que aquellos que favorecen explicaciones coyunturales. De hecho, justifican su aproximación argumentando que en estos temas las coyunturas críticas que se estudian en procesos históricos del tipo 'trayectoria-dependiente' suelen demorar varios años, e incluso décadas [1].

Adicionalmente, aclaran, la estructuración de los sistemas de partidos no es un proceso teleológico, sino más bien de carácter evolutivo; esto indica que los resultados observados en la actualidad de ninguna forma representan el mejor escenario posible y que, por el contrario, estos surgen de repetidas rondas de ensayo y error, así como de condiciones imprevisibles en cada etapa del proceso.

La hipótesis de este trabajo es que aquellos países caracterizados por un alto crecimiento económico antes de la segunda guerra mundial, largos períodos de competencia democrática después de 1945 e importantes divisiones históricas frente a temas 'sensibles', fueron capaces de establecer competencia programática partidista que persiste -al menos- hasta finales del siglo XX. En este sentido, los temas 'sensibles' se refieren al desarrollo de la política social en el plano económico, conflictos Estado-Iglesia, en el religioso, o posiciones frente a la democracia y el autoritarismo, en el político.

El libro procede con dos grandes secciones; la primera de ellas está dirigida al desarrollo de algunas medidas que capturen el grado de estructuración programática de los sistemas de partidos de los países de la muestra analizada. La segunda busca explicar los resultados encontrados en la primera parte y poner a prueba algunas hipótesis alternativas frente a los causales de la estructuración programática; seguido a esto se discute la relevancia de la estructuración programática. A continuación presento un recuento y discusión de cada una de estas secciones y hacia el final algunos comentarios generales sobre el texto.


Haciendo Operacional la Idea de "Estructuración Programática"

Con el propósito de cuantificar el grado de estructuración programática de los sistemas de partidos de los países de la región, los autores desarrollan técnicas innovadoras que apuntan a diferentes aspectos que capturen los componentes del concepto de Estructuración Programática de los Partidos. Así, el primer capítulo de esta sección está dedicado a identificar las dimensiones ideológicas de las legislaturas latinoamericanas y el grado en que estas dimensiones se traducen en divisiones partidistas. Se utiliza la base de datos de las Élites Parlamentarias de Latinoamérica para los años 1997 y 1998; esta base de datos incluye respuestas de congresistas latinoamericanos a múltiples preguntas de carácter social, económico, político, moral, etc. Las técnicas que se utilizan en esta sección son el análisis factorial y el análisis de función discriminante.

Se encuentra como resultado una alta heterogeneidad en torno a las principales líneas de división de los legisladores de la región. Así, mientras en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana hay una clara división ideológica en torno a temas económico-distributivos, esta es ausente en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Venezuela. En Uruguay, por ejemplo, el factor de división más importante captura aspectos relacionados con inversión extranjera, mientras que en Costa Rica este se refiere a variables de carácter moral/religioso y de derechos de minorías. Más aún, en todos los países de la muestra las variables relacionadas con temas morales y religiosos capturan importantes diferencias entre los congresistas, lo que podría entenderse como una representación de las divisiones  frente a los mismos, presentes en la sociedad.

De este análisis también resulta interesante ver cómo en varios países algunas de las dimensiones identificadas se traslapan. Por ejemplo, en Chile los temas económicos y políticos muestran una clara superposición: aquellos congresistas que favorecen posiciones consideradas como más de derecha en el plano económico (privatizaciones, negativa a control de precios y al apoyo a la creación de empleos), tienen opiniones menos favorables frente a la democracia, los partidos políticos y los derechos de las minorías.

Sin embargo, como es propio del análisis factorial, este enfoque de divisiones ideológicas no explica de qué manera estas se traducen en divisiones entre los diferentes partidos. Para analizar esto se utiliza la técnica de análisis de función discriminante donde los "grupos" propuestos son los partidos políticos. Esto reduce sustancialmente el número de dimensiones ideológicas ya que muchas de estas no se traducen en divisiones partidistas. Así por ejemplo, aunque en Argentina la dimensión religiosa es bastante divisiva entre los legisladores, esta no es suficientemente fuerte para generar divisiones entre los diferentes partidos. Esto implica que en los partidos a lo largo del espectro ideológico se encuentran opiniones religiosas de todo tipo.

Como resultado de lo anterior, el espacio ideológico-partidista queda reducido a una sola dimensión para la mayoría de los países: México y Chile aparecen como excepciones a esta regla, cada uno con dos dimensiones, mientras que Colombia no aparece con ninguna. Es decir, para el caso de esta última no hay ninguna diferenciación importante entre los partidos políticos de la muestra para la legislatura incluida en el análisis (en este caso 1994-1998).

Diferencias Semánticas, Representación Política y Cohesión Ideológica

Seguido a esto el libro explora en qué medida los conceptos de izquierda y derecha tienen sentido para los congresistas de la región. Para esto se utiliza como variable dependiente la ubicación que cada uno de ellos hace de sí mismo en el espectro ideológico, mientras las variables independientes son los factores y función discriminante encontrados previamente. En general, los conceptos de izquierda y derecha están principalmente asociados a los planos económico y religioso para los congresistas de la muestra. Sin embargo, mientras en Argentina, Chile, Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay los conceptos de izquierda y derecha tienen importancia substantiva -están fuertemente relacionados con posiciones tradicionalmente asociadas a ellos- en Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Perú, esto ocurre en mucho menor grado.

Pasando a otro tema, el texto aborda la segunda parte de la EPP, es decir, el grado en que existen lazos programáticos entre los partidos y la ciudadanía -la esencia de lo que se conoce en la literatura como representación política. Con el propósito de determinar en qué medida los partidos representan a la ciudadanía, los autores comparan respuestas de la base de datos de congresistas Latinoamericanos con respuestas de ciudadanos comunes y corrientes que aparecen en el Latinobarómetro de 1998. En este caso Chile, Uruguay y Argentina aparecen relativamente bien representados -algo similar a lo que ocurre en los análisis anteriores- mientras que México, Costa Rica y Ecuador ocupan el fondo de la tabla; los demás países ocupan posiciones intermedias.

Finalmente, el texto presenta una medida de cohesión ideológica de los partidos; esto consiste en la desviación estándar de las respuestas a varias preguntas por parte de los congresistas de cada uno de los partidos de la región. Así, encuentran un nivel de cohesión relativamente alto en Chile, Uruguay y Bolivia, mientras que Colombia aparece con el sistema de partidos menos cohesivo; de hecho, dos de los tres partidos menos cohesivos de la región -el Liberal y el Conservador- son colombianos. Adicionalmente, los autores  encuentran que los partidos de la izquierda tienden a ser más cohesivos que los de la derecha y que los partidos más cohesivos nunca han alcanzado la presidencia.


Explicando la Diversidad Encontrada: la Importancia del Largo Plazo

Pero, ¿qué explica la diversidad de resultados encontrados hasta ahora? La sección descriptiva de "Sistemas de Partidos Latinoamericanos" es en sí misma bastante enriquecedora y ofrece técnicas interesantes para hacer una aproximación cuidadosa al concepto de EPP. No obstante, desde el punto de vista del debate académico, la segunda sección del libro es mucho más ilustrativa ya que explora los determinantes de los diferentes niveles de EPP encontrados en los sistemas de partidos de la región, así como posibles mecanismos causales.

De esta forma, los autores argumentan que "la estructuración programática de los partidos encuentra sus raíces en períodos tempranos de competencia democrática e intensa lucha por el mando de la economía política de cada país" (Kitschelt, Hawkins, Luna, Rosas, y Zechmeister, 2010: 177). Para mostrar esto se desarrollan dos conceptos: capacidades y oportunidades. El primero de ellos se refiere a los recursos disponibles en un momento específico de la historia de los países de la región; en particular, el análisis se centra en el PIB per cápita en 1928 [2], con lo que se encuentra una fuerte correlación entre este y las diferentes medidas de EPP propuestas anteriormente; curiosamente, al utilizar medidas más recientes del PIB per cápita, la correlación encontrada es menor, lo cual favorece la explicación de largo plazo.

El concepto de oportunidades, por su parte, se refiere a los períodos de democracia, total o parcial, desde 1945 hasta 1998. Los datos del estudio sugieren que los países con un relativamente alto nivel de desarrollo económico crearon los incentivos para promover la organización partidista orientada a la lucha por tales recursos. Desde luego, sólo donde las condiciones políticas garantizaron la existencia y libre competencia de los partidos, se garantizó la estructuración programática de los mismos. Adicionalmente, la estructuración programática fue propiamente establecida únicamente en los países de la región donde estos dos componentes favorecieron niveles moderados de política social dentro del formato del modelo de sustitución de importaciones. En este sentido, la política social tiene un efecto amplificador de la estructuración programática generada por las capacidades y las oportunidades.

Vale la pena enfatizar que la política social, y no la intensidad en la aplicación del modelo de sustitución de importaciones, es la clave para la institucionalización de la competencia programática. Esto se debe a que a pesar de que el modelo económico favoreció la formación de partidos urbanos estructurados en torno suyo, también le otorgó a los partidos de gobierno la capacidad de asignar recursos a partir de prácticas clientelistas; como vimos antes, esto es una alternativa a la estructuración programática. Por el contrario, y tal como establecen los autores:

"la política social se convierte en 'el asunto' del conflicto político, donde los derechos civiles y políticos permiten el surgimiento de grupos de interés político bajo condiciones de desarrollo económico con industrialización y urbanización crecientes" (Kitschelt et al., 2010: 189).

Así, aparece una relación estrecha entre la importancia de los conflictos por los temas de política social, y el desarrollo de lazos programáticos entre los partidos y el electorado: cuando aquellos eran inexistentes, los políticos fomentaban relaciones clientelistas con el electorado; cuando los conflictos eran intensos y/o comunes, se facilitaba la estructuración programática.

La política social genera costos y beneficios así como beneficiarios y contribuyentes, lo que incentiva a que los diferentes grupos de la sociedad se organicen políticamente para maximizar su bienestar y, por ese camino, le quitan a los políticos la facultad de asignar beneficios a grupos específicos. Finalmente, una política social incluyente crea y mantiene amplios grupos de interés, lo que incentiva a los políticos a desarrollar estrategias programáticas que les garanticen el apoyo de los mismos. Es decir, dan prelación a estas estrategias programáticas sobre el desarrollo de lazos clientelistas.

Ahora, si la explicación que se obtiene hasta ahora en términos del papel de la política social, amplificando el efecto de las capacidades y las oportunidades es coherente, ¿qué determina cada una de las anteriores? En este punto del análisis el texto recurre a la literatura en fraccionalización etnolingüística para argumentar que, tal y como ocurre en los contextos europeo y estadounidense, aquéllas sociedades con un nivel de fraccionamiento más alto dejan un menor espacio a la política social (Alesina y Glaeser, 2006; Alesina, Baqir, y Easterly, 1999).

De esta forma, la relación extensa argumentada en el texto va del nivel de fraccionalización etnolingüística a la estructuración de los sistemas de partidos, pasando por las capacidades, oportunidades y política social de los países en cuestión. Ahora, como es claro, este argumento puede parecer un poco ambicioso, por lo cual los autores son cuidadosos en sugerir una relación causal explícita. Para poder tener resultados concluyentes en esa dirección y así poder determinar en qué medida las correlaciones encontradas entre las diferentes variables propuestas ofrecen una explicación causal de los resultados encontrados, los autores sugieren estudios del tipo 'seguimiento de procesos' [3].

Al igual que para la dimensión económica, la explicación tras la estructuración de los sistemas de partidos en torno a temas religiosos se remonta a fenómenos de largo plazo en la vida de los países de la región. En particular, el análisis se centra en las disputas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX acerca del papel de la Iglesia Católica en el orden político.

El argumento es que en aquellos países donde el conflicto por temas de la relación entre Iglesia y Estado fue intenso o duradero tienden a tener divisiones programáticas entre los partidos que persisten hasta finales del siglo XX; Por el contrario, no aparece una clara estructuración programática en torno a la religión en aquellos países donde estos conflictos fueron débiles o se superaron de forma rápida.

Así, en Chile, México y Uruguay -los países de la región donde la división por temas religiosos es más importante- se encuentran conflictos por temas religiosos que tardarían en resolverse hasta bien entrado el siglo XX. En cambio, en los casos de Bolivia, Perú y República Dominicana- los menos estructurados en torno a la religión- nunca hubo una disputa importante por estos temas, las ideas liberales nunca se establecieron, y rápidamente el Catolicismo se declaró como religión de Estado. Contrario a lo que podría esperarse, la presencia y éxito de partidos demócrata-cristianos no están asociados con la estructuración programática en torno a la religión ya que estos partidos aparecen mucho después de que terminaran las grandes disputas frente a la relación entre Iglesia y Estado.

¿Cuál es el Papel del Corto Plazo?

Una vez los autores han mostrado evidencia en favor de su hipótesis, según la cual las capacidades y oportunidades son condiciones necesarias para la estructuración programática de los partidos, proceden a considerar hipótesis alternativas. En particular, se centran en el posible papel que juegan algunas variables de corto plazo.

Una motivación importante para hacer esto es que los casos de Brasil y México aparecen como excepciones a la explicación provista por los autores. En particular, el caso de Brasil escapa a diferentes especificaciones presentadas en el texto, lo que lleva a los autores a considerar que en casos como este el corto plazo podría ser un factor importante.

Así, se consideran como posibles variables explicativas de corto plazo la descentralización, la profesionalización del servicio civil, las leyes electorales y la relación entre los diferentes poderes del Estado. En esta sección el análisis sigue con la misma metodología utilizada previamente en términos de computar correlaciones entre las medidas de EPP y de las explicaciones propuestas. El resultado principal es que ninguna de tales correlaciones es importante en sentido estadístico, lo que lleva a los autores a descartar cada una de estas hipótesis alternativas.

Tal vez esta sección sea la más debatible del estudio ya que si bien los autores son consistentes en el uso de su metodología, sería muy enriquecedor un análisis un poco más detallado que permitiera entender conceptualmente por qué cada una de estas posibles alternativas no juega un papel fundamental en la heterogeneidad observada en la EPP. Vale la pena señalar que en esta sección Kitschelt y su equipo son cuidadosos en no establecer conclusiones finales, y más bien dejan la puerta abierta a la discusión frente a enfoques que defiendan el papel que las instituciones tienen sobre la EPP [4].

Sin embargo, señalan que al hablar de la estructuración programática de la dimensión política, el corto plazo puede llegar a ser relevante. En este sentido, las experiencias recientes con regímenes autoritarios y la intensidad de ellos, contribuyen a explicar las posiciones de los congresistas en temas como su preferencia por la democracia, elecciones, la necesidad de partidos y los derechos de las minorías. Así, aunque en los temas económicos y religiosos el largo plazo ofrece explicaciones razonables para los niveles recientes de EPP, en temas políticos puede resultar más conveniente centrar la atención en fenómenos más recientes.

Importancia de la EPP y Consideraciones a Futuro

En este punto de la discusión vale la pena indagar acerca de la importancia real de la estructuración programática de los sistemas de partidos. A fin de cuentas, conceptos relacionados, como la institucionalización de los partidos políticos, desarrollado en el gran trabajo de Mainwarig y Scully (1996), presentan a algunos países con instituciones políticas relativamente fuertes, que años más tarde presenciaron una crisis importante en su sistema de partidos. Este es el caso de Colombia y Venezuela, por ejemplo.

Así, Kitschelt y su equipo muestran un importante efecto de la EPP sobre la intensidad y las formas de participación, la estabilidad y predictibilidad de la competencia democrática, la calidad en el diseño de políticas, gobernanza, y apoyo a la democracia. De hecho, encuentran que en varios de estos casos, la EPP tiene un mejor comportamiento en términos de predicción de estas variables que lo que ofrecen variables tradicionalmente consideradas para este propósito como son el PIB per cápita o la tasa de crecimiento económico.

A pesar de esto, es importante profundizar en la discusión acerca de la estructuración programática de los partidos y lo que esto realmente significa en el ámbito netamente político. Por ejemplo, Coppedge (1997) señala algunas de las limitaciones que un sistema de partidos rígido, aunque bien estructurado, puede tener sobre la evolución de la democracia de una sociedad. De igual forma, Siavelis (2009) y Luna y Altman (2011) llaman la atención acerca de las diferencias que existen entre la política nacional y la regional, y cómo unos partidos que logran penetrar profundamente la sociedad, pueden llegar a ser nocivos para el desarrollo de la democracia.

Ahora, a futuro se esperaría que algunas de las condiciones que han sido fundamentales en la generación de la estructuración programática de los partidos en los últimos años, sean reemplazadas por fenómenos más recientes con implicaciones de largo plazo. Los autores destacan las diferentes posiciones frente al Consenso de Washington que, como ya se ha visto a lo largo de la región en las dos últimas décadas, genera por lo menos dos bloques ideológicos importantes (Levitsky y Roberts 2011; Weyland 2010).

Siguiendo con este enfoque, se logra distinguir entre los modelos de liberalismo institucional y liberalismo social, los cuales podrían continuar convirtiéndose en aspectos divisores en países que ya cuentan con cierta estructuración programática. Por el contrario, en aquellos donde ésta es débil, se puede empezar a percibir un giro de un “neosocialismo” hacia la profundización de políticas clientelistas. En ese sentido, el peso de la historia, y específicamente, las condiciones generadas por las políticas sociales en el marco del modelo de sustitución de importaciones, siguen teniendo un efecto en la estructuración programática, a pesar de que los temas que entran a jugar un papel preponderante hoy sean otros.


Comentarios Finales

El trabajo de Kitschelt y su equipo es un punto bastante alto en el estudio de los sistemas de partidos políticos de la región. Es consistente en su metodología -a pesar de las limitaciones que esto implica en algunos casos-, tiene una gran validez externa -sus métodos son aplicados a otras regiones con resultados satisfactorios, y ofrece una propuesta audaz en el estudio de los determinantes de la estructuración programática.

Adicionalmente, el libro invita a continuar su propuesta en múltiples líneas de investigación futura: análisis de casos para poner a prueba la hipótesis principal de los autores; actualización de los resultados con datos más recientes a fin de estudiar el impacto de reformas electorales y otros cambios institucionales de corto plazo; aplicación a otros contextos fuera de la muestra aquí estudiada; contraste entre los niveles nacional y sub-nacional, etc.

En fin, “Sistemas de Partidos Latinoamericanos” no solo aborda su problema de una forma muy cuidadosa y sistemática, y ofreciendo una posible respuesta, sino que abre un sinnúmero de posibilidades para que los estudiosos de estos temas continúen el camino que en él se propone.

Ahora, para aquellos interesados en el tema de los partidos políticos desde una perspectiva menos académica, el libro ofrece posibles respuestas acerca del estado actual de los sistemas de partidos de la región y permite hacer comparaciones entre los diferentes países, tanto en su situación actual como en los fenómenos históricos que la propiciaron.

Asimismo, el texto invita a la reflexión en torno a los causantes de las crisis de partidos que presenciamos a lo largo de la región, las crisis de representación, y las consecuencias que esto puede significar en términos políticos, sociales y económicos. En general, invita a pensar acerca de la importancia de un sistema de partidos fuerte, donde los ciudadanos se vean bien representados y se reduzcan los incentivos tanto a candidaturas personalistas como al desarrollo de lazos clientelistas entre políticos y electores.

"Sistemas de Partidos Latinoamericanos" es, a todas luces, un libro recomendado para los interesados en los temas de instituciones políticas, partidos políticos, política comparada y dinámicas políticas regionales.


Notas

[1] Ver, por ejemplo, (Mahoney 2002).

[2] Un año de auge tras la recuperación económica luego de la primera guerra mundial, y antes de la caída de los mercados en 1929.

[3] Ver Mahoney (2003); para aplicaciones a casos de partidos políticos de la región, ver Van Cott (2007) y Hunter (2010).

[4] Para estudios con este enfoque, ver, por ejemplo, Ames (1995, 2002).


Referencias

Alesina, A. & Glaeser, E., 2006. Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference, Oxford University Press.

Alesina, A., Baqir, R. & Easterly, W., 1999. Public Goods and Ethnic Divisions. The Quarterly Journal of Economics, 114(4), pp.1243-1284.

Ames, B., 1995. Electoral Strategy under Open-List Proportional Representation. American Journal of Political Science, 39(2), p.406.

Ames, B., 2002. The Deadlock of Democracy in Brazil, University of Michigan Press.

Coppedge, M., 1997. Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela, Stanford University Press.

Hunter, W., 2010. The Transformation of the Workers' Party in Brazil, 1989-2009, Cambridge University Press.

Kitschelt, H. et al., 2010. Latin American Party Systems, Cambridge University Press.

Levitsky, S. & Roberts, K., 2011. Latin America’s “Left Turn”. A Framework for Analysis. In S. Levitsky & K. Roberts, eds. The Resurgence of the Latin American Left. Johns Hopkins University Press, pp. 1-30.

Luna, J.P. & Altman, D., 2011. Uprooted but Stable: Chilean Parties and the Concept of Party System Institutionalization. Latin American Politics and Society, 53(2).

Mahoney, J., 2003. Strategies of Causal Assessment in Comparative Historical Analysis. In J. Mahoney & D. Rueschemeyer, eds. Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. Cambridge University Press, pp. 337-372.

Mahoney, J., 2002. The Legacies of Liberalism: Path Dependence and Political Regimes in Central America, The Johns Hopkins University Press.

Mainwarig, S. & Scully, T., 1996. Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America, Stanford University Press.

Siavelis, P.M., 2009. Elite-Mass Congruence, Partidocracia and the Quality of Chilean Democracy. Journal of Politics in Latin America, 1(3), pp.3-31.

Van Cott, D.L., 2007. From Movements to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics, Cambridge University Press; 1 edition.

Weyland, K., 2010. The Performance of Leftist Governments in Latin America: Conceptual and Theoretical Issues. In K. Weyland, R. L. Madrid, & W. Hunter, eds. Leftist Governments in Latin America. Succeses and Shortcomings. Cambridge University Press, pp. 1-27.

Wednesday, September 7, 2011

Ejércitos Empresariales y Retos a la Democracia

Más allá de las actividades relacionadas con temas de defensa, con las que usualmente se asocia a los diferentes ejércitos nacionales, estos se involucran en actividades productivas que en muchos casos llegan a tener un impacto importante en la economía. El ejemplo tradicional es el de la industria militar, que con la creciente complejidad asociada a la producción de armamento desde finales del siglo XIX propició la emergencia de industrias dedicadas exclusivamente a ello. En muchos de estos casos los militares se vinculan a los procesos productivos e incluso llegan a tener un control completo sobre los sectores involucrados. No obstante, varios ejércitos han tenido un papel mucho más importante en la economía. En Latinoamérica, por ejemplo, han estado presentes en los sectores de petróleo y acero (Argentina y Brasil), turismo y agricultura (Cuba) y fondos de pensiones (El Salvador, Honduras y Guatemala) entre otros, con potenciales efectos importantes en la vida política de estas sociedades.

El último número del  Latin American Politics and Society incluye un artículo de Kristina Mani que busca entender algunas de las implicaciones de la labor del ejército en diferentes sectores de la economía. Su mayor presencia se ve incentivada por su nivel de coordinación interno, su capacidad de movilización para atender necesidades inmediatas y su bien definida estructura jerárquica; sin embargo, esto también genera importantes retos para sociedades con instituciones democráticas débiles. Primero, estas actividades económicas generan cierta autonomía presupuestal para el ejército, lo que reduce su dependencia de los gobiernos civiles; segundo, el acceso del ejército a los recursos del Estado -por medio de contratos- contribuye a perpetuar prácticas clientelistas; y, tercero, al involucrarse en la actividad productiva, el ejército desvía la atención prestada a los temas de defensa nacional.

Para entender la relación entre ejércitos empresariales y el resto de la sociedad la autora distingue dos tipos de empresas militares en la región: industrializadoras –cuyo objetivo es reducir la dependencia de la inversión extranjera-, y las que “construyen nación” –dedicadas a promover el desarrollo social y mejorar la distribución del ingreso y la cohesión social. Utilizando un enfoque histórico-institucional, Mani propone tres factores que determinan el éxito y duración de estas empresas: una coyuntura económica crítica que obliga a revisar las prioridades económicas del ejército; las prioridades estratégicas de las fuerzas armadas; y las oportunidades coalicionales de los militares.

Así, compara inicialmente los casos de Argentina y Brasil, donde la Gran Depresión desató importantes cambios en los modelos económicos y abrió las puertas a una creciente intervención estatal. En los dos países, las necesidades estratégicas de los militares se concentraban en las áreas de defensa nacional y adquisición de armamento, pero difirieron en las oportunidades coalicionales que encontraron en la sociedad. En Brasil, el modelo de Estado Novo de Getulio Vargas asignaba un papel preponderante a las fuerzas armadas, lo que les significó importantes prerrogativas para el desarrollo de su industria, algo que se mantuvo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En Argentina, por el contrario, el ejército encontró grandes obstáculos para formar una coalición fuerte con las élites burocráticas y del sector privado en la era post-Perón. Así, tras el fin de las dictaduras, mientras en Brasil el ejército continuó controlando el sector de defensa, en Argentina el modelo militar-empresarial quedó totalmente deslegitimado.

Tras el abandono parcial del modelo de estado interventor durante los años noventa, este volvió a cobrar importancia en la última década; no obstante,  en términos de industrialización, el ejército ha estado subordinado al control civil en la planeación de proyectos y toma de decisiones

Ahora, en cuanto al papel del Estado como "constructor de nación", Mani compara los casos de Cuba y Ecuador. En el primero se destaca el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la construcción del orden socialista bajo las órdenes del Partido Comunista. Esto se traduce en un alto nivel de coordinación que -de acuerdo a la autora- ha sido esencial para sortear la crisis generada tras el fin de la Guerra Fría e iniciar transformaciones económicas sin tener que recurrir al abandono de la ideología. En Ecuador, por el contrario, muchas de las iniciativas de los militares eran vistas con escepticismo por parte de la empresa privada, lo que imposibilitó el desarrollo de un ejército empresarial.

A diferencia de los ejércitos con actitud industrializadora, otros países de la región han dado un papel más importante al ejército en el proceso de "construcción de nación", como es el caso de las permanentes intervenciones en Bolivia y Venezuela en provisión de servicios públicos, promoción de desarrollo económico y control del petróleo.

Como lo indica la autora, las complicaciones que surgen a partir de la involucración del ejército en este tipo de actividades es que  aparte de la autonomía presupuestal, acceso a recursos estatales y continuación de prácticas clientelistas, que se mencionaron antes, el ejército consigue legitimidad ante las masas, lo que significa que está en capacidad de combinar recursos económicos y apoyo popular para desafiar un sistema democrático. De esta forma, si el ejército va a jugar un papel importante en la economía, es necesario garantizar que esté bajo permanente control civil; en tanto las instituciones democráticas no estén en pie y firmes, es indeseable un ejército relativamente autónomo tanto presupuestal como operativamente.

Finalmente, un tema importante que no aparece en el estudio y que merece una investigación detallada, es el de ejércitos legales que desarrollan, promueven o apoyan de forma clandestina actividades productivas o de prestación de servicios de carácter ilegal: por ejemplo, tráfico de armas, drogas, personas, crimen organizado o ejércitos privados ilegales. En estos escenarios, la autonomía de las instituciones castrenses y su acceso a recursos públicos, combinado con los intereses de sectores –legales e ilegales- que se benefician de llevar prácticas al margen de la ley, pueden consolidarse como importantes desafíos a sistemas democráticos o convertirse en obstáculos para el avance de políticas que buscan mejorar el bienestar social y económico de la población.

No sorprende mucho que en sociedades donde la democracia es aún bastante débil y las Fuerzas Armadas juegan un papel protagónico, aparezcan todo tipo de dificultades para la aprobación e implementación de políticas públicas progresistas que podrían aliviar algunos de los problemas más acuciantes del grueso de la población. Las Fuerzas Armadas deben tener el respaldo de la sociedad, desde luego; pero si lo que se busca es consolidar una verdadera democracia, los intereses militares –legales o ilegales- no pueden estar por encima de aquellos de la sociedad.
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Referencias

Mani, Kristina (2011) Military Entrepreneurs: Patterns in Latin America. Latin American Politics and Society, Vol. 3, No. 53, Fall.

Saturday, August 27, 2011

Contravía: "¿La paz regresa a Colombia? La sociedad toma la iniciativa"

Tuesday, August 9, 2011

Corrupción, Escándalos y Competencia Política: Lecciones para Colombia

Uno de los problemas políticos más generalizados en Latinoamérica es el de la corrupción; por ejemplo, de acuerdo al Latinobarómetro, los ciudadanos de la región consideran que cerca del 70% de los funcionarios públicos de su país son corruptos, mientras que cerca del 80% considera que en los últimos años se ha hecho poco o nada por reducir los niveles de corrupción. Con frecuencia salen a la luz pública escándalos relacionados con este fenómeno y no pocas veces los gobiernos locales y nacionales inician campañas para luchar en su contra. Sin embargo, a pesar de que la corrupción pareciera ser parte de la vida política de la región, los escándalos de este tipo se dan de forma discontinua, lo que hace pensar que muchos actos de corrupción nunca son conocidos por el público. En un artículo reciente en el Journal of Comparative Politics, Manuel Balán intenta explicar qué hace que algunos actos de corrupción se conviertan en escándalos mientras muchos otros permanecen ocultos.

Para esto el autor reta dos posiciones convencionales que explican los escándalos de corrupción. Una que los utiliza como indicadores de una democracia sana donde los mecanismos de rendición de cuentas funcionan satisfactoriamente; y otra que simplemente asocia los escándalos de corrupción a mayores niveles de la misma. Por el contrario, Balán argumenta que dados los incentivos de los actores políticos y las restricciones impuestas por posibles competidores, los escándalos de corrupción se desatan precisamente por la competencia entre tales actores.

Es decir, los políticos al interior de la coalición de gobierno, quienes en general tienen acceso a información que desconoce el público, eligen selectivamente qué información filtrar a los medios de comunicación y entidades de control. Esta actuación hace parte de dos posibles estrategias: una con la que se busca ganar poder dentro de la coalición de gobierno al hacerle daño a algunos aliados políticos, y otra con la que se busca abandonar esta coalición afectando a sus líderes al relacionarlos con un escándalo de corrupción. Así, el autor propone que los gobiernos con altos niveles de competencia interna, así como aquellos que enfrentan una oposición débil, son más vulnerables a sufrir escándalos de corrupción.

Balán presenta evidencia de Argentina y Chile utilizando como base de datos las noticias acerca de casos de corrupción en cada uno de estos países que aparecieron en el Latin American Weekly Report de 1989 a 2007, así como en importantes periódicos de cada uno de ellos. Así, durante el primer gobierno de Ménem Argentina se caracteriza por una intensa competencia al interior del Peronismo y una oposición bastante débil; en este escenario los escándalos de corrupción abundan. Esta situación cambia hacia el final de su segundo período con una reducción en la competencia interna al gobierno y un fortalecimiento de la oposición; como resultado de esto, explica el autor, los escándalos de corrupción fueron mucho menores durante este período. Una dinámica similar ocurre en los gobiernos posteriores.

Para el caso de Chile, los primeros diez años de los gobiernos de la Concertación estuvieron caracterizados por una baja competencia intrapartidista y una oposición –heredera del régimen Pinochetista- bastante fuerte. Como resultado de esto, los escándalos de corrupción fueron pocos. Sin embargo, la llegada del Partido Socialista al poder y el debilitamiento de la oposición por temas como la captura de Pinochet, generan una alta competencia intrapartidista y una baja competencia interpartidista, que termina en un alto nivel de escándalos de corrupción. Un patrón similar se encuentra en la segunda mitad del gobierno de Lagos y durante el gobierno de Bachellet.

De esta forma, el autor concluye que la dinámica de los escándalos de corrupción más que estar asociada al papel de los medios de comunicación o ser un resultado inmediato de los casos de corrupción, responde a la competencia política tanto al interior de los partidos de gobierno como a aquella existente entre estos y la oposición. Paradójicamente, indica Balán, una oposición fuerte más que promover el rendimiento de cuentas a los partidos de gobierno, genera una presión indirecta para que haya mayor encubrimiento de los casos de corrupción.

Los resultados de la investigación son de gran interés más allá de los dos casos discutidos. El autor se refiere brevemente a los casos de México, Brasil y España como otros ejemplos donde la dinámica descrita en el artículo explica la emergencia de escándalos de corrupción. Para el caso de Colombia – no discutido en el artículo-, y en particular los recientes escándalos de corrupción por la contratación en Bogotá, resulta enriquecedora la propuesta que hace esta investigación. En el año 2010, integrantes del Polo Democrático Alternativo -partido de gobierno en la capital del país- liderados por Gustavo Petro, sacan a la luz pública el problema de corrupción crónico que se vivía al interior de la administración distrital.

Tal como plantea la hipótesis del artículo, el Polo estaba bastante dividido internamente por temas como la presidencia del partido y la predominancia de las diversas fuerzas al interior de este, al tiempo que la oposición a nivel local era bastante débil. De hecho, luego de dos períodos de gobierno por parte del Polo, muchos analistas asumían que a menos que algo trascendental ocurriera –como los escándalos de corrupción que aparecieron- la alcaldía sería alcanzada nuevamente por este partido. Esta combinación de alta competencia intrapartidista y una oposición débil, finalmente llevan a la filtración de la información relacionada con el "carrusel de la contratación" y los demás escándalos que terminan con la suspensión del alcalde distrital Samuel Moreno y el descrédito generalizado de la administración del Polo Democrático.

En este caso, la estrategia de Petro y sus seguidores que inicialmente pareciera haber sido dirigida a ganar fuerza dentro de la coalición a costa del desprestigio de las otras partes –en particular, la ANAPO de la familia del alcalde Moreno-, termina convirtiéndose en un abandono de esta y en la fundación de un nuevo movimiento político; lo que Balán llama "el abandono del barco".

La tesis del artículo de Balán es sin duda bastante interesante e invita a reflexionar acerca de los intereses políticos que están en juego tanto en aquellas situaciones cuando salen a la luz pública escándalos de corrupción como en aquellas donde estos escándalos están ausentes. En uno y otro caso, la competencia política, o su ausencia, puede decirnos más acerca de la dinámica de los escándalos de corrupción que lo que nos ofrecen las explicaciones convencionales.

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Referencias

Balán, Manuel (2011) Competition by Denunciation. The Political Dynamics of Corruption Scandals in Argentina and Chile. Journal of Comparative Politics, Vol. 43, No. 4, pp. 459-478.

Latinobarómetro (2006) .

Thursday, August 4, 2011

La Política y el Respeto - Nacimos el 31 de diciembre

Durante la década de 1980, tras la declaración de guerra al Estado peruano por parte de Sendero Luminoso, cerca de 69.000 personas perdieron la vida. A pesar de que la población indígena representa una minoría dentro del total nacional, esta fue la principal víctima del conflicto armado, dando continuidad a una larga historia de exclusión, marginamiento y exterminio. Sendero Luminoso condenaba las tradiciones de estas comunidades, sus ritos y sus fiestas, al tiempo que ridiculizaba mucho de lo que constituye la identidad del indígena peruano. El Estado, por su parte, consideraba a los indígenas como ciudadanos de segunda categoría –cuando no aliados del terrorismo-, facilitando con esto el sufrimiento y asesinato de muchos de ellos.

Esta sería una historia aislada si no fuera porque se repite de formas diferentes con múltiples comunidades indígenas a lo largo del continente. Las poblaciones mestizas o aquellas que se sienten más cercanas al componente europeo en nuestra mezcla de razas antepasadas, permanentemente desprecian, manipulan y ridiculizan a aquellas que consideran "inferiores", en no pocos casos con resultados como los del Perú de los ochenta.

La semana pasada tuve la oportunidad de ver la premier del documental "Nacimos el 31 de diciembre", donde se presenta otra de estas lamentables historias de desprecio y burla hacia una comunidad indígena: en este caso los Wayúu en la costa norte colombiana. Los Wayúu, cuya lengua difiere del español, aparecen en sus cédulas de ciudadanía con nombres tan extraños y ridiculizantes como 'Raspahierro', 'Alkaseltzer', 'Bolsillo', 'Payaso', 'Arrancamuelas', o 'Cosita Rica'. No se trata de una competencia al interior de la comunidad por ver a quién se le ocurre el peor nombre; se trata de una burla por parte de funcionarios de la Registraduría quienes al no entender - o no querer entender- los verdaderos nombres de estas personas, deciden asignarles el que mejor les parece. Esto, sumado al analfabetismo o desconocimiento del español por parte de los Wayúu, termina con ciudadanos colombianos cuyos nombres generan desprecio en quien los escucha y denigran de la condición de quienes los llevan.

Pero el asunto no termina ahí sino que, como tantas otras cosas, tiene un trasfondo político importante. Los políticos locales se acercan a las comunidades Wayúu en época de campaña a fin de asegurar su voto; como muchos de los indígenas no están registrados, se les emiten documentos de identidad en los cuales aparte de asignarles nombres como los ya mencionados, se les altera su fecha de nacimiento de tal forma que puedan participar en las elecciones inmediatas y apoyar al candidato de turno. Así, aparecen documentos de identidad de mujeres y hombres adolescentes con la edad necesaria para votar, todos ellos con un dato curioso: nacieron el 31 de diciembre.

En las entrevistas a funcionarios y políticos de la región se culpa a los indígenas por estos resultados y se rechaza cualquier responsabilidad por parte del Estado y quienes lo representan. Sigue la idea de que los "indios son brutos", o, en el mejor de los casos, que es su culpa por no saber español.

Para muchos esto sería simplemente un mal chiste por parte de la Registraduría y un abuso más de los que cometen miles de políticos con el fin de ser elegidos. Sin embargo, el desprecio que se evidencia en actos como la alteración de los nombres y fechas de nacimiento, se propagan a lo largo de la sociedad y terminan justificando injusticias y violaciones de derechos básicos, cuando no violencia sistemática contra las poblaciones indígenas como en los casos de Perú, México, Guatemala o la misma Colombia.

El documental "Nacimos el 31 de diciembre" es una importante denuncia de la perpetuación de prácticas que no hemos podido abolir desde tiempos de la colonia, donde lo "indio" o lo "negro", sigue siendo visto como inferior a aquello de origen europeo. Es también una muestra de cómo en muchos casos los intereses políticos se imponen sobre la identidad y dignidad de los pueblos,  con consecuencias nefastas para ellos.

Una de las preguntas que queda abierta es si hoy podemos considerarnos una sociedad moderna donde el racismo es cosa del pasado. Sería interesante responder a esta pregunta después de ver el documental.

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Trailer del documental:

Nacimos el 31 de diciembre de Priscila Padilla Farfan on Vimeo.

Wednesday, July 13, 2011

Comisión de la Verdad y Discurso Público: Lecciones de El Salvador

Foto: Roberto D'Aubuisson. Fuente: Wikipedia
El viernes pasado el Presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de la masacre del corregimiento de El Salado, la peor masacre cometida por grupos paramilitares en Colombia. En su declaración, Santos reconoce las fallas del Estado, la condición de víctimas de quienes allí perdieron su vida, familiares, bienes o tierras, al tiempo que destaca el esfuerzo del gobierno en reparar el dolor causado por los grupos violentos. En un país marcado por la polarización ideológica, este tipo de actos apunta en la dirección correcta en términos de avanzar en el lenguaje del conflicto; en reconocer a las víctimas por lo que son en lugar de buscar posibles justificaciones a las atrocidades, y en transformar el discurso y el imaginario colectivo en torno a las partes involucradas en el conflicto armado.

En el caso de El Salado, como en otras de las masacres cometidas por paramilitares, se tiene un aceptable balance histórico de los hechos, las víctimas y sus victimarios (Ver, por ejemplo, www.verdadabierta.com). Sin embargo, los avances en términos de la concientización de la sociedad civil respecto a estos acontecimientos y sus responsables son bastante cuestionables, lo que impide pasar la página y pensar en un escenario ideológico diferente al que ha generado tanto daño.

La experiencia de otros países en su intento por superar períodos de conflicto violento muestra algunas de las dificultades asociadas al manejo del discurso de guerra y de eventual reconciliación. En un estudio reciente publicado en el Human Rights Quarterly, Julie M. Mazzei muestra el limitado avance de El Salvador en modificar su discurso público más de diez años después de las revelaciones hechas por la Comisión de la Verdad tras los acuerdos de paz de 1992. Así, mientras los victimarios no reciben una condena social por sus actos –siguen siendo admirados y despiertan fervor en varios sectores de la población-, las víctimas siguen siendo identificadas como "insurgentes" o "terroristas". Roberto D'Aubuisson, por ejemplo, quien fuera encontrado responsable de organizar escuadrones de la muerte que torturaron y asesinaron a miles de salvadoreños durante la guerra civil, organizó uno de los dos partidos más importantes, la Alianza Republicana Nacional (ARENA) de centro-derecha; al mismo tiempo, para muchos de sus seguidores D’Aubuisson es un "héroe", que trajo al país "Paz, Progreso y Libertad", por lo cual "hay que trabajar por [sus] principios". De forma paralela, los desmovilizados y demás integrantes del hoy partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), siguen siendo estigmatizados de acuerdo a categorías propias del período de conflicto.

En las ciencias sociales se ha identificado el discurso -hablado y escrito- como un medio fundamental por el cual compiten diferentes grupos y que representa una fuente específica de poder, explica la autora. Controlar el discurso público implica tener la posibilidad de legitimar y mantener la dominación institucional y a su vez perpetuar los significados de dicho discurso, el cual, como es de esperarse, es típicamente controlado por los grupos económicos más poderosos. Una Comisión de la Verdad, más allá de su tarea en la reconstrucción de los hechos, debe contribuir a la creación de un nuevo orden moral y político, para lo cual es necesario proveer los medios que permitan hacer un quiebre en la dominación del discurso. Así, es necesario reconocer que ciertas acciones fueron indebidas, ilegales e ilegítimas, lo que implica reconocer a quienes fueron objetivo de tales acciones como víctimas y a sus responsables como victimarios.

Mazzei explica que quienes cometieron las atrocidades en El Salvador no contaron su versión de los hechos públicamente, mientras que las víctimas no tuvieron la oportunidad de hablarle al país ni pudieron retar el discurso existente que los identifica como "insurgentes" y "comunistas". Contrasta esto con los casos de Chile, donde el Presidente Aylwin pidió perdón a las víctimas en nombre de las instituciones del Estado, y el de Argentina donde el Presidente Alfonsín dio a las cortes los nombres de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

El estudio concluye que tras establecer la verdad se requiere más que reformas institucionales y cambios estructurales. Es necesario un cambio de largo plazo en el discurso, que reemplace las categorías con las que se abordaba el conflicto y que, por ese camino, ubique a cada una de las partes en su respectivo lugar; es también necesario deslegitimizar el discurso previamente existente ya que, de una u otra forma, este justificaba las atrocidades.

A pesar del largo camino que Colombia necesita recorrer en términos de reconocer y reparar a sus víctimas, actos como el del pasado viernes por parte del gobierno son destacables. Sin embargo, no sólo es necesario que la sociedad civil exija muchas más iniciativas de este tipo sino que, como iniciativa propia, empiece a transformar su visión del conflicto y las categorías con que se refiere a cada una de las partes. Ya es hora de dejar de culpar a las víctimas por su tragedia y de empezar a señalar a los verdaderos responsables; en este respecto, fallos judiciales como los relacionados con la parapolítica deberían ser internalizados por toda la sociedad si esperamos algún día superar la espiral de violencia de estas décadas.


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Referencias:

El Espectador, Julio 8, 2011 "Santos pide perdón por masacre de El Salado."

Mazzei, Julie M. (2011) Finding Shame in Truth: The Importance of Public Engagement in Truth Commissions. Human Rights Quarterly Vol. 33, 431–452.

Ruiz, Marta (2008) Masacre de El Salado, Bolivar. Verdad Abierta, Agosto de 2008.

Wednesday, June 29, 2011

Actitudes Democráticas en Latinoamérica

Un tema recurrente en este blog ha sido la discusión en torno al tipo de estructuras socio-políticas en las cuales se fundamenta la democracia de los países latinoamericanos. En este respecto, una posibilidad es la de una democracia impuesta “desde arriba”, tal vez como resultado de acuerdos entre élites políticas, y que responde principalmente a líderes populares o a sus instituciones políticas formales. Otra posibilidad es aquella democracia que surge “desde abajo”, a partir del desarrollo de relaciones entre ciudadanos que llevan a cabo iniciativas de transformación de sus sociedades, al tiempo que ejercen control político sobre sus líderes e instituciones.

Desde luego, estos dos casos podrían considerarse como “tipos ideales”, mientras que en la realidad las diferentes sociedades se ubican en algún punto intermedio entre estos dos extremos. No obstante, la permanente aparición de líderes carismáticos, la maleabilidad de las normas para satisfacer sus intereses y la generalizada debilidad institucional, hacen que la realidad latinoamericana tienda a inclinarse más hacia el extremo “democracia desde arriba” que hacia aquella que involucra más directamente a la ciudadanía y que es más característica de otro tipo de sistemas políticos.

Ahora, es de esperarse que exista una relación entre el tipo de democracia de una sociedad y las actitudes de sus individuos hacia ella. Si ese es el caso -aunque no sólo en ese escenario- resulta importante conocer algunos de los aspectos que condicionan tales actitudes. En su artículo en el Journal of Politics in Latin America, Eduardo Salinas y John Booth abordan este problema, para lo cual analizan el efecto de características individuales y contextuales sobre tres variables que, argumentan, capturan la esencia de la democracia: preferencia de la democracia sobre otros sistemas de gobierno, derechos de los ciudadanos de participar en política, y derecho de participación para los críticos del sistema.

En principio, los autores encuentran una relativamente alta preferencia por la democracia sobre otras formas de gobierno, lo que indica una mejora frente a lo mostrado por otros estudios años atrás; Venezuela sobresale en este indicador mientras que Honduras se encuentra en el extremo inferior. En términos de derechos de participación, aunque la preferencia sigue siendo alta, es un poco menor que en el primer caso; allí sobresalen Argentina y Paraguay por sus altos niveles, mientras que Honduras nuevamente ocupa el puesto más bajo. Finalmente, en términos de tolerancia hacia los críticos del régimen, la aceptación general es sustancialmente menor, siendo particularmente baja en Bolivia, Guatemala, Honduras, Perú, Chile y Colombia.

Este último resultado es en sí mismo una señal de alerta acerca de la convicción y entendimiento de la ciudadanía respecto a la preferencia por la democracia: mientras una mayoría considera que la democracia es la mejor forma de gobierno, una fracción mucho menor está dispuesta a tolerar a los críticos del régimen. Es decir, una importante parte de la población tiene una actitud de “prefiero la democracia pero no el disenso” –algo muy poco democrático, desde luego.

En términos de las variables que explican cada uno de estas respuestas, los autores encuentran que un mayor nivel educativo contribuye a actitudes más democráticas, mientras que una mayor percepción de inseguridad, por el contrario, contribuye a su detrimento. Un resultado interesante es que no aparecen diferencias importantes en las actitudes hacia la democracia entre las diferentes clases sociales, mientras que un mayor nivel de confianza interpersonal juega un papel positivo. En términos de las variables sistémicas, los autores no encuentran evidencia de que las evaluaciones individuales del desempeño del gobierno o de la economía contribuyan hacia mejores actitudes democráticas, mientras que a nivel agregado un mejor desempeño económico y una mayor experiencia democrática contribuyen a la formación de actitudes democráticas.

Hacia comienzos de año Michael Shifter, del diálogo interamericano, ofrecía una visión optimista acerca de la realidad y fututo político de la región. Sin embargo, además de la amenaza para la estabilidad política latinoamericana que representan la escalada de violencia, el tráfico de drogas, y prácticas anti-democráticas por parte de varios gobernantes, las actitudes de la ciudadanía aún no son garante de que la democracia sea “el único juego posible”. Mayor estabilidad económica y mayores niveles de educación contribuyen al fortalecimiento de la democracia; no obstante, es necesario el fortalecimiento de los lazos interpersonales y la aceptación del disenso como piezas fundamentales hacia verdaderas actitudes democráticas.

En este nivel es poco lo que pueden hacer los gobernantes a nivel nacional y es, más bien, tarea de los propios ciudadanos y sus (nuestras) comunidades desarrollar la cultura democrática “desde abajo” que la región tanto necesita. La alternativa es seguir esperando a otro caudillo de los que tantos hemos visto y de quienes ya conocemos su legado.

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Referencias:

Shifter, M. (2011) A Surge to the Center. Journal of Democracy, Volume 22, Number 1, January 2011, pp. 107-121.

Salinas, E. and Booth, J. (2011) Micro-social and Contextual Sources of Democratic Attitudes in Latin America, Journal of Politics in Latin America, Vol. 3, No. 1.

Monday, June 27, 2011

El Papel de las Campañas en las Elecciones Presidenciales de México en 2006

Foto: Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón.    
Fuente: MexicoDecide.com
En el número más reciente del American Journal of Political Science, Kenneth Greene investiga el efecto de las campañas políticas en términos de persuasión del electorado, centrando su análisis en el caso de la cerrada elección de 2006 que le dio la presidencia a Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador. El argumento que motiva este estudio es que mientras en sociedades cuyas democracias están bien establecidas la decisión de buena parte del electorado es hasta cierto punto predecible, las elecciones en las "nuevas democracias" resultan ser mucho más volátiles. En estos casos, donde es normal que algunos candidatos pasen de tener algunos pocos puntos porcentuales en intención de voto a conquistar la mayoría del electorado, se abre un espacio importante para las campañas; allí, aspectos como la "identidad" –de clase, étnica, etc.-, típicamente considerados como importantes predictores del comportamiento electoral, pasan a un segundo plano detrás de los temas de la contienda.

El autor recurre a un escenario de información desequilibrada donde cada elector valora las características de los candidatos antes de hacer su elección. En esta valoración juegan un papel determinante la resistencia inercial - por ejemplo el escepticismo hacia información nueva-, así como el sesgo hacia alguno de los partidos políticos. De esta forma, si hay mayor información disponible sobre un candidato los electores tenderán a apoyarlo en la medida en que el grado de identificación partidista y la información de relevancia política antes de la campaña sean bajos. Esto, argumenta Greene, es más frecuente en las nuevas democracias a causa de los diferentes estilos de campaña de los candidatos, el grado de organización de los partidos, y los recursos con los que cuentan. Sobre este escenario teórico inicial, el autor propone dos hipótesis: 1) un efecto de persuasión grande sobre los votantes expuestos a un ambiente de información desequilibrada incluso cuando profesan unos lazos partidistas débiles o moderados, y 2) resistencia a las campañas de persuasión sólo para aquella minoría de partidarios fuertes.

El estudio presenta evidencia acerca de la volatilidad en la intención de voto en los meses anteriores a la última elección presidencial mexicana: alrededor del 37% de la población cambió su intención de voto al menos una vez entre octubre de 2005 y julio de 2006, algo que supera ampliamente lo que ocurre en democracias bien establecidas. Adicionalmente, el artículo presenta un modelo econométrico que muestra un importante efecto de las campañas en la elección de los candidatos a través de cambios en variables como la evaluación de políticos importantes y partidos políticos, así como en las posiciones del electorado frente a temas económicos. Es decir, se encuentra evidencia de que, a diferencia de lo que ocurre en democracias más desarrolladas, en este caso las campañas afectan la decisión de un amplio sector de la población.

Más aún, el autor encuentra que un 23.9% de los electores presentó algún tipo de conversión en su elección, cambiando de su candidato "natural" –el que elegiría en ausencia de campañas- hacia algún otro; tal vez lo más importante de esto es que de estos electores que experimentaron algún tipo de conversión, un 69.1% lo hicieron hacia Felipe Caderón mientras que sólo un 21.8% lo hiciera hacia López Obrador. Es decir, la "conversión" jugó un papel importante en la victoria de Calderón. Seguido a esto, el autor muestra el efecto de las campañas a través de su impacto en la evaluación de los candidatos. Encuentra que los electores presentan una baja inercia –la evaluación hecha meses antes tiene un papel limitado-, mientras el sesgo partidista y la intensidad con la que los electores se identifican con su partido, juegan un papel mucho más notorio.

Greene concluye señalando la importancia de las campañas en democracias relativamente jóvenes, y destaca el papel que estas pueden tener en un eventual proceso de rendimiento de cuentas por parte de los políticos. Igualmente, destaca la importancia de desarrollar canales de comunicación con votantes indecisos y la importancia de regular el financiamiento de campañas políticas; esto con el fin de nivelar el terreno para contendores con diferencias importantes en sus recursos y, así, evitar que las elecciones terminen girando únicamente en torno a la imagen de los candidatos y más bien se concentren en temas substanciales.

Algo preocupante frente a los resultados de este estudio es el bajo nivel de institucionalización de los partidos políticos de la región, el reducido grado de identificación partidista por parte del electorado y las borrosas líneas que separan ideológicamente a los partidos –en los pocos casos donde todavía existen. Estas condiciones crean indecisión en amplios sectores de la población y, como menciona Greene, tienden a favorecer escenarios donde la personalidad de los candidatos, más que sus propuestas de fondo, juegan un papel trascendental en la determinación de los resultados. Un claro ejemplo de esto se encuentra en las recientes elecciones presidenciales en Perú, donde a pesar de las evidentes diferencias ideológicas entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, la contienda se centró más en ataques personales y descalificaciones mutuas que en un amplio debate acerca de las ideas y programas de los candidatos. ¿Qué se puede esperar de escenarios donde las diferencias ideológicas entre los candidatos no son tan marcadas?

Ahora, ¿qué tipo de rendimiento de cuentas puede haber en un sistema político donde la decisión de apoyar a uno u otro candidato reside en su personalidad y no en propuestas de fondo? El escenario es bastante indeseable y difícilmente será cambiado por parte de los políticos quienes, en últimas, obtienen beneficios importantes de estos contextos de baja institucionalización política. La ciudadanía, en cambio, tiene en sus manos el derecho a decidir si toma sus decisiones basada en programas de gobierno o en temas relacionados con la personalidad de los líderes.
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Referencias

Greene, K. (2011) Campaign Persuasion and Nascent Partisanship in Mexico's New Democracy. American Journal of Political Science, Vol.55, Issue 2. pp 398-416.

Thursday, June 16, 2011

Democracia en Latinoamérica

Les comparto mi más reciente reseña en la Revista de Economía Institucional:
"Democracia en Latinoamérica: Capital Social e Instituciones Políticas"

Saludos,
Julián

Thursday, June 9, 2011

Partidos Políticos en Chile

Foto: Sebastián Piñera, Fuente: AP
El sistema de partidos chileno ha sido tradicionalmente considerado como uno de los más estables y mejor establecidos de la región. De hecho, a pesar de la interrupción de 17 años que representó el régimen de Augusto Pinochet, algunos estudios muestran cierta continuidad entre los sistemas pre y post-dictadura, argumentando que las principales líneas de división que existían entre los partidos antes de ella empezaban a reconstruirse una vez esta termina (Scully, 1995). A pesar de que esta teoría ha sido parcialmente abandonada, hasta hace poco se seguía manteniendo la idea de la estabilidad e institucionalidad del sistema de partidos. No obstante, la relativa insatisfacción de los chilenos con su sistema político, así como la medida en que los partidos se encuentran relacionados con el electorado, ha obligado a replantear esta posición.

Siavelis (2009), investiga si el relativamente bajo nivel de apoyo a la democracia en Chile y la llamada "crisis de representación" se debe a que las élites y el público tienen visiones radicalmente diferente sobre problemas fundamentales; si, en cambio, la causa de esto es que el nivel de congruencia entre las opiniones de las élites y el público no importan; o, si a pesar de un acuerdo entre estos hay otros aspectos del sistema político que conducen a la crisis. Tras mostrar un alto nivel de congruencia en las opiniones de políticos y electores en temas como el eventual apoyo a un régimen autoritario, el papel del estado en la economía y la importancia asignada a problemas específicos de políticas públicas, el autor descarta que existan visiones divergentes entre las élites políticas y el público. Así, más que una desconexión entre gobernantes y gobernados, lo que existe actualmente en Chile es una insatisfacción generalizada con las formas de participación y ejecución de las funciones representativas, así como grandes problemas de rendimiento de cuentas y legitimidad. Siavelis argumenta que el modelo chileno raya en lo que se conoce en la literatura como 'partidocracia' (Coppedge, 1994), en el sentido de tener partidos políticos que monopolizan el proceso electoral y dominan el proceso legislativo.

Los acuerdos que se llevaron a cabo entre los partidos políticos hacia el final de la dictadura establecieron mecanismos para compartir el poder; estos incluyen nombramientos ministeriales, dominación del diseño de política por parte de las ramas del ejecutivo y un limitado impacto de los votantes en los resultados de las elecciones legislativas. Esto afecta el proceso de rendimiento de cuentas al electorado y, por consiguiente, el nivel en que la ciudadanía siente que su participación realmente importa. Adicionalmente, mientras Chile es el país de la región donde las diferencias ideológicas entre los legisladores son más marcadas, cada vez un menor porcentaje de la población es capaz de ubicarse en el espectro ideológico –más aún, buena parte de quienes lo hacen optan por el centro. Finalmente, la ciudadanía se siente cada vez menos identificada con los partidos políticos, al tiempo que estos reciben bajas evaluaciones al ser comparados con otras instituciones.

En síntesis, el problema entre partidos y electores no radica en visiones diferentes acerca de temas fundamentales, sino en la forma como funciona la democracia a la hora de abordar estos problemas. En un estudio en el número más reciente del Latin American Politics and Society, Juan Pablo Luna y David Altman también cuestionan que el sistema de partidos chileno sea altamente institucionalizado y dan fuerza a la idea de una desconexión de estos frente a la sociedad civil. El criterio usual para argumentar tal nivel de institucionalización es la baja volatilidad electoral del sistema de partidos; no obstante, los autores argumentan que esta medida presenta serios problemas al ser aplicada al caso chileno una vez se desagrega de coaliciones a partidos, o por sub-unidades geográficas. Igualmente, muestran una marcada reducción en una de las líneas de división más importantes entre los partidos (democrático-autoritario), acompañada de una baja identificación de la ciudadanía con los partidos, tal como lo muestra Siavelis (2009).

La principal consecuencia de esta crisis de partidos -contraria a lo que se percibe en la superficie-, es la mayor relevancia de los estilos de liderazgo personalistas, acompañada del debilitamiento de instituciones democráticas importantes. Resultado de esto es la emergencia de candidatos anti-sistema o independientes, como fue el caso de Marco Enríquez-Ominami en las elecciones presidenciales pasadas.

A nivel metodológico, estos estudios muestran la necesidad de pasar de comparaciones macro a un nivel micro a la hora de calificar sistemas políticos. Como mencioné antes, al hacer comparaciones con indicadores como la volatilidad electoral, el sistema chileno parece ser altamente institucionalizado; una foto muy distinta aparece al analizar las posiciones individuales de los electores en múltiples temas.

En términos prácticos, estos estudios muestran que Chile no escapa al proceso de debilitamiento de los partidos políticos de la región, según el cual estos enfrentan cada vez mayores retos en atraer votantes y mantener un marco ideológico bien definido. Los partidos políticos juegan un papel trascendental en términos de reducir costos de información acerca de las opciones del electorado, canalizar y expresar los intereses de la ciudadanía y contribuir a darle forma a la estructura social, económica y cultural de una comunidad. Es difícil pensar en una verdadera democracia sin partidos, más aún, cuando muchas veces la única alternativa es la aparición de líderes carismáticos que movilizan al electorado tras un proyecto netamente personalista; de esto hemos visto innumerables casos a lo largo de la región. La pregunta que queda abierta es si ese es el tipo de democracia que queremos en nuestros países –si es que eso es posible.


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Referencias:

Copepdge (1994) Strong Parties and Lame Ducks : Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela Stanford: Stanford University Press.
 
Luna, J. P. and Altman, D. (2011) Uprooted but Stable: Chilean Parties and the Concept of Party System Institutionalization. Latin American Politics and Society, Vol. 53, Issue 2, 1-29.

Scully, T. R. (1995) Reconstituting Party Politics in Chile. In: Scott Mainwarig and Timothy R. Scully (Eds.) Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America, pp. 100-137.

Siavelis, P. (2009) Elite-Mass Congruence, Partidocracia and the Quality of Chilean Democracy. Journal of Politics in Latin America, Vol. 1, No. 3, 3-31.