Thursday, October 28, 2010

Reflexiones Sobre Referendos y Derechos Humanos en Uruguay

Uno de los problemas más complejos de las sociedades democráticas es aprender a vivir con su pasado. Esto es particularmente difícil cuando ese pasado se encuentra lleno de hechos atroces como torturas, desapariciones forzadas, casos de abuso sexual, asesinatos selectivos o cualquier otro tipo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Los países del cono sur, durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta, fueron víctimas de estos hechos y aún hoy luchan por arreglar sus cuentas con ese pasado tortuoso. Durante estas semanas, Uruguay retoma el debate acerca de la Ley de Caducidad por medio de la cual se bloquea la investigación a miembros de la policía y las fuerzas armadas por los delitos cometidos de 1973 a 1985.

Durante estos años, las fuerzas armadas uruguayas -como parte del Plan Cóndor, liderado por Chile- tomaron control de los diferentes aspectos de la vida del país, con lo cual se buscaba contener el avance del comunismo en varios países de la región. De acuerdo con estos estándares, el caso de Uruguay no es tan dramático como el de sus vecinos, ya que los crímenes más comunes por parte del Estado fueron "sólo" torturas y encarcelamientos injustificados, y no masacres y desapariciones como en los casos de Argentina o Chile, por ejemplo. No obstante, de acuerdo con algunos estudios, el saldo que dejó la dictadura fue la mayor tasa de prisioneros políticos del mundo, la mayoría de los cuales fueron torturados, al igual que un importante número de muertos y desaparecidos.

A diferencia del caso Argentino, donde los militares cedieron el poder en una posición de debilidad tras la derrota en la guerra de las Malvinas, en Uruguay el paso del poder a manos civiles fue principalmente un acuerdo negociado entre partes iguales. Como consecuencia de esto, los militares estuvieron en capacidad de imponer condiciones drásticas para su renuncia al poder, en particular, la promulgación de la Ley de Caducidad. Esta no sólo buscaba equiparar la Ley de Amnistía que cobijaba a los presos políticos, sino que significaba un cierre de cuentas con el pasado; es decir, una ley de olvido por los crímenes de la dictadura. Julio María Sanguinetti, quien preside el país de 1985 a 1990 y de 1995 a 2000, considera que la Ley de Caducidad era necesaria para garantizar la consolidación de la democracia uruguaya, opinión que es compartida por amplios sectores de la población.

No obstante, varias iniciativas de la sociedad civil, respaldadas por organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos, promueven un referendo en 1989 acerca de la ratificación de la controvertida ley. En ese momento la campaña anti-impunidad pierde el referendo por una votación de 56% a 44%, por lo cual se considera que los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura quedarían impunes. A pesar de esta derrota, las organizaciones de familiares de las víctimas de estos crímenes continúan su movilización. Con la llegada al poder de gobiernos de izquierda, logran convocar otro referendo en 2009 que también fracasaría en alcanzar la votación necesaria para la derogación de la ley.

El debate que vemos durante estos días en Uruguay es acerca de la posibilidad de derogar la Ley de Caducidad ya no por medio de un plebiscito, sino por decisión del Congreso. La posición que se tome frente a este tema significará un importante punto de referencia para otros países en procesos de transición similares al uruguayo. Sin embargo, aparecen varios problemas. Por un lado se encuentra la decisión del constituyente primario que en dos ocasiones ha rechazado la derogación de la ley; esto podría tomarse como una clara decisión del pueblo de cerrar sus cuentas con el pasado. Para algunos congresistas, tomar una decisión contraria a esta es ignorar la opinión del pueblo y, de esa manera, pasar por encima cualquier principio democrático. El argumento opuesto radica en el reconocimiento de los crímenes cometidos por agentes del Estado durante los años de la dictadura y una demanda contra el mismo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual se inicia audiencia el próximo 15 de noviembre.

Se ha enfatizado que la búsqueda de la Verdad, Justicia y Reparación es una condición trascendental al hablar de procesos de transición y consolidación de la democracia, al igual que en procesos de transición de una situación de guerra a una de paz. No sólo esto; la CIDH considera que "...son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (1).

Teniendo en cuenta esto, una eventual votación del Congreso en contra de la Ley de Caducidad no significa pasar por encima de la democracia, como se ha hecho creer en varios medios: todo lo contrario. No sólo una verdadera democracia es aquella que respeta a las minorías -en este caso las víctimas de los crímenes de Estado y sus familiares- sino que la paz sólo se garantiza cuando se esclarecen las causas de la violencia, se establece la verdad de lo sucedido y se adoptan las medidas necesarias para reparar a las víctimas (2). Mantener la Ley de Caducidad impide que estos tres componentes realmente se cumplan, e imposibilita a las víctimas y sus familiares hacer un verdadero cierre de cuentas con ese difícil pasado. Así, por respeto a una verdadera democracia, como mecanismo de garantías para la paz y como ejemplo frente a otros regímenes con historiales similares, el rechazo a la Ley de Caducidad es un paso necesario en Uruguay. No importa si las mayorías piensan lo contrario.

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Agradezco la discusión de estos temas con Mauricio Pérez y Bernardo Vela, quienes me esclarecieron algunos conceptos legales sobre los temas aquí tratados. Cualquier error u omisión es mi total responsabilidad.

(1) Citado en Vela, B. y Duarte, J. (2007) ¿Política de Estado de Paz o Política de Gubernamental de desmovilización? El conflicto armado colombiano y la precaria situación de las víctimas. En: Cátedra Unesco. Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza. El desplazamiento forzado interno en Colombia un desafío a los derechos humanos.
(2) Ibid.

4 comments:

  1. Me inquieta que la opinion pública este en contra de las iniciativas anti-impunidad. Dice mucho de una sociedad el querer ocultar la verdad acerca de las atrocidades cometidas en el pasado, independientemente de quien las haya cometido.
    Me pregunto si ha habido alguna campaña para convencer a la gente que esa es la mejor manera de mantener la democracia que es tan preciada para ellos, ya que esta me parece una actitud forzada.
    Reverencias y laureles para las madres y familiares de las victimas en toda Latinoamerica, que se reusan a aceptar el olvido y dedican sus vidas (literalemente) a destapar la verdad y dignificar a sus hijos.

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  2. Rafael Andrés Barrera G.October 31, 2010 at 4:16 PM

    Puede que el que a Gregorio Álvarez lo hayan condenado a 27 años de cárcel por el homicidio de 37 opositores sea parte del proceso que da inicio al “castigo” a los militares por los delitos cometidos, o sólo una casualidad al tener en consideración que la decisión salió tres días antes de elecciones. Muchas cosas por conocer y preguntarse a la vez.
    1. ¿Cuáles son los motivos que llevan a que se rechace la derogación de la ley, antes y ahora?
    2. ¿Será cuestión de miedo y de que es mejor hacer como si todo fuera parte de un pasado que está ahí pero que es preferible olvidar para la tranquilidad de las generaciones presentes y futuras?
    3. ¿Será que detrás de esto todavía se ve el hilo del poder de los militares y/o de ciertos grupos políticos?
    4. ¿Qué es lo que significa la consolidación de la democracia en un país? Cuestión a la que se alude para apoyar la ley.
    Los expresidentes Sanguinetti y Battle rechazan la anulación de la ley de caducidad por considerar que la paz y el ejercicio de sus derechos fue algo que “costó mucho recuperar” después de la violencia política y la dictadura”. ¿Pero quién asumió el costo? Sostienen además que en este momento no tiene sentido hablar del tema y que lo que se considera propicio es ajustarse a las decisiones democráticas. Pero estas decisiones tienen que ver con algo más que con el cumplimiento de la ley, una ley que se promulgó para salir de una situación difícil y que evidencia el poder de los militares en ese momento y las condiciones que se imponen para dejar el mando. Es parte de un compromiso ético con las víctimas y sus familiares y es parte de la obligación de la sociedad de recomponer su andar y reconocer las equivocaciones cometidas en el pasado, lo cual se manifiesta en el reconocimiento que tienen las minorías de que se vele por sus derechos y por el examen de su situación. Si bien es cierto que las decisiones por voto popular en el sistema democrático se deciden por mayoría, no siempre las mayorías tienen la razón. De eso tenemos una larga experiencia en Colombia.

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  3. Charlie: La opinión pública responde mucho a las pasiones del momento, algo de lo que tenemos mucha experiencia en Latinoamérica. Ahora, en algo que leía por estos días el autor muestra una dicotomía entre participación y debate: cuando hay mucha participación (como en un referendo), el debate es poco, y viceversa. No sé en qué medida las masas que votan en contra de una inciativa como esta han debatido sobre estos temas; pero no creo que sea mucho. Comparto tu opinión en que el olvido no es la mejor forma de superar el pasado.

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  4. Hola Rafael:

    Respecto a tus preguntas: creo que tiene que ver con la relación participación-debate que menciono en mi respuesta anterior. No creo que el olvido sea la mejor forma de superar el pasado. Desde luego que hay partes interesadas en que esto sea así; políticos, militares, etc.

    Por otro lado, una definición "operacionalizable" de consolidación de la democracia es elecciones relativamente libres y limpias, y dos cambios en el partido en el poder. Así, no solo se necesita un gobierno elegido libremente sino que ese gobierno pierda las elecciones, y pase al poder un partido de oposición sin mayores traumatismos. Al menos esta es la definición de Larry Diamond, que ha sido relativamente bien aceptada.

    Estoy totalmente de acuerdo con tus otros comentarios respecto a la responsabilidad moral con las víctimas y los problemas de las decisiones mayoritarias.

    Un saludo,

    Julián

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