El Contrabando y la Fragilidad del Sistema Político

El negocio de la importación ilícita de mercancías golpea duramente la economía nacional en tanto el Estado deja de recibir los recursos que deben pagar quienes se benefician del comercio transfronterizo. En los casos de licores y cigarrillos, el contrabando significa para los departamentos colombianos la pérdida de una de sus principales fuentes de recursos, con lo que se afectan también la inversión en salud, educación y deporte.

Desembarque en Puerto Nuevo, La Guajira

También se ven perjudicadas por el contrabando las empresas que juegan bajo las reglas de la legalidad, ya que al hacerlo incrementan sus costos y los precios que cobran, con lo que a su vez se desincentiva la demanda por sus productos. Los consumidores, por su parte, enfrentan importantes dificultades al reclamar por la calidad de sus productos ya que, como es lógico, quienes venden mercancías de contrabando no ofrecen las garantías que sí brindan aquellos en la legalidad. 

Con este panorama, pareciera que las consecuencias del contrabando, aunque significativas, se restringieran únicamente a la esfera económica de la vida del país. Así, un manejo más eficiente de los recursos tanto del gobierno nacional como de las entidades sub-nacionales, a través de programas de inversión social, bastaría para solventar las dificultades mencionadas. Más aun, si la situación fuera la descrita, ¿qué necesidad habría de utilizar los recursos de la nación -fuerza pública, tecnología, funcionarios de diferentes instituciones del Estado- en atacar el contrabando y agotar lo que, según gran parte de la opinión pública, es la única oportunidad de empleo de muchos ciudadanos y, por consiguiente, aceptable?

Desafortunadamente, la realidad está lejos de ser así. Es claro que el comercio informal en zonas de frontera es más que normal y carece de toda lógica desviar recursos a perseguir y criminalizar personas que simplemente, de acuerdo a una racionalidad económica básica, compran los productos de la canasta básica en el lado de la frontera donde resulte más beneficioso. No es ese tipo de práctica la que nos preocupa.

Sin embargo, el negocio del contrabando no se restringe a personas que cruzan una línea imaginaria para hacer sus compras; en mercancías como el combustible, licores, cigarrillos, y múltiples víveres, la actividad transfronteriza está controlada por poderosas organizaciones criminales con enormes recursos económicos, y en varios casos, también con importante poder político.

La reciente experiencia de Paraguay es bastante útil para mostrar el alcance del fenómeno del contrabando a gran escala. En Ciudad del Este, ubicada en el sureste paraguayo, y donde coinciden sus fronteras con Brasil y Argentina, múltiples actores ilegales han aprovechado su posición geográfica favorable para el comercio ilegal de drogas, armas y, en especial, cigarrillos. Actualmente Paraguay produce cerca del 10% del tráfico mundial de cigarrillos ilegales, con una estructura de costos inferior incluso a la de China, la permanente violación de cualquier mínimo estándar de calidad, y una producción anual de cerca de 70 mil millones de cigarrillos, que representan alrededor de US$1000 millones. Hasta ahí nada muy lejano de la percepción generalizada sobre este tipo de negocios ilegales.

Horacio Cartes. Fuente: Despierta Paraguay

No obstante, la historia va más allá. Detrás de esta actividad se encuentran personajes como el empresario y dirigente deportivo Horacio Cartes, quien hizo parte de su fortuna en los negocios del comercio de licor y cigarrillo y que, de acuerdo con el portal WikiLeaks, ha utilizado sus empresas para coordinar una red internacional de lavado de activos. Cartes ha sido vinculado con el juicio político del pasado mes de junio que terminó con la remoción de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay, es actualmente precandidato a la presidencia del país suramericano y favorito para ganar las elecciones del próximo año; consecuencias impensables si seguimos considerando el contrabando como un simple negocio transfronterizo de ciudadanos comunes.

Más allá de su impacto en las finanzas nacionales y regionales, este tipo de situaciones muestra el desafío que ofrece el contrabando a la misma institucionalidad de los países tolerantes con esta práctica. Las jugosas ganancias que genera esta actividad ilícita, y la menor atención que recibe frente a otras que parecieran ser más acuciantes, convierten al contrabando en una amenaza latente al sistema político y a la continuidad de los regímenes democráticos, como bien lo ilustra la experiencia reciente de Paraguay.

Así, las implicaciones económicas, sociales y políticas del contrabando obligan a que éste ocupe una posición alta en la lista de prioridades del Estado. En un país que ha sido víctima de todo tipo de criminalidad, el fracaso en enfrentar este fenómeno abre también una puerta a la inestabilidad política, condición determinante del atraso social y económico.

Desembarque en Puerto Nuevo, La Guajira (Agosto de 2012):