TLC con Estados Unidos e Integración Regional

La semana anterior vimos el retorno del debate acerca de la firma del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos. En esta nueva discusión aparece por un lado la breve mención del tema en el discurso sobre el estado de la unión por parte del Presidente Obama y, por otro, la visita a Washington del Vicepresidente Colombiano y su reunión con la Secretaria de Estado. Tras múltiples reuniones y pronunciamientos, el panorama hacia una eventual firma del tratado es aún bastante incierto.

En sus declaraciones a la prensa, Hillary Clinton expresó la necesidad de revisar el acuerdo para que una vez sea enviado al Congreso este no sea rechazado, lo que para muchos significa una renegociación. No obstante, Gabriel Silva, embajador de Colombia en Washington, destaca el consenso entre diversos sectores estadounidenses acerca de los beneficios del tratado en materia de empleo y del desempeño general de la economía de ese país. Adicionalmente, en su discurso del martes, Obama establece: “Sólo firmaré acuerdos que sean fieles a los intereses de los trabajadores estadounidenses y que estimulen trabajos estadounidenses.”

Resulta curioso, por decir lo menos, que todas las preocupaciones mencionadas acerca de empleos, crecimiento y otros beneficios económicos provengan del país más rico de la relación y no de su socio potencial, como sería de esperar. Al parecer la discusión parte de la premisa de que el comercio que se genere traerá beneficios para todas las partes; es decir, si el tratado es bueno para Estados Unidos, es bueno para Colombia.

Sin embargo, aun manteniendo el argumento acerca de las bondades del libre comercio, una característica de los acuerdos como el que se discute es que no se limitan a una reducción generalizada de aranceles como mecanismo para generar un mayor flujo de bienes y servicios. Por el contrario, estos acuerdos establecen una serie de excepciones y condiciones que enmarcan la relación comercial bilateral una vez entran en vigencia.

El ejemplo más común de estas restricciones son las famosas reglas de origen, que establecen el mínimo porcentaje de contenido nacional que debe tener un producto que quiera ser vendido en el mercado del país socio. Al hablar de países como Colombia, esto dificulta la posibilidad de integración con sus vecinos, ya que al tener que satisfacer las reglas de origen, se reducen los incentivos de negociar con un vecino que produzca insumos. Tal escenario genera una mayor dependencia frente a los países desarrollados y establece importantes obstáculos frente a un eventual proceso de integración regional –exactamente lo contrario a lo que la región necesita.

Por lo tanto, si el objetivo real fuera generar un mayor volumen de comercio se le debería poner más atención a los desmontes generalizados de aranceles por medio de la Organización Mundial del Comercio y no a este tipo de acuerdos, como ha sido costumbre en las últimas dos décadas. En un reciente libro sobre el tema, Mark Manger –Profesor de Relaciones Internacionales del London School of Economics- muestra que la verdadera causa detrás de estos acuerdos comerciales son las presiones que las compañías multinacionales de los países desarrollados ejercen sobre sus gobiernos. El objetivo que persiguen es la liberalización de sectores donde estas compañías son fuertes y que requieren de insumos importados; así, lo que buscan es reducir sus costos y facilitar su integración vertical, por lo cual resulta evidente que la liberalización sólo se dé en unos sectores mientras excluye muchos otros. No es entonces sorprendente la escasa liberalización que acuerdos como NAFTA (acuerdo de libre comercio de Norte América) significan en áreas como trabajo y productos agrícolas –ambos de gran interés para México- frente a la significativa liberalización en sectores como el automotriz y de servicios -de interés para Estados Unidos.

Más aún, si de incrementar el volumen de comercio con Estados Unidos se trata, Colombia debe buscar profundizar y extender el acuerdo de preferencias arancelarias andinas (ATPDEA) que, en últimas, es la contraparte del esfuerzo que el país y sus vecinos hacen en la lucha anti-drogas. El principio de corresponsabilidad en esta lucha no puede limitarse a la financiación de la guerra y la erradicación de cultivos.

Las repetidas señales que ha enviado el gobierno estadounidense respecto a este tema deberían ser tomadas como una lección acerca del tipo de relaciones internacionales a las que les que el gobierno colombiano debe dar prioridad. El discurso de Juan Manuel Santos acerca del potencial rol del país como líder de la región debe ser puesto en práctica, y esto significa mirar más hacia los vecinos y menos hacia el norte. Ojalá sea cierta la actitud que tanto él como Angelino Garzón, han mostrado frente al tema cuando dicen que Colombia “no se sentará a llorar” si el acuerdo no se firma, y que Colombia “seguirá buscando socios comerciales”.

Después de tener un presidente que le pedía a Estados Unidos que estableciera bases militares en su territorio, esta actitud es, sin duda, un gran avance. Ojalá este discurso del actual gobierno sea mucho más que palabras.