La Derecha Política en Colombia

¿Colombia es un país de Derechas?

Nuestra intervención en la emisora de la Universidad Nacional.

El Contrabando y la Fragilidad del Sistema Político

El negocio de la importación ilícita de mercancías golpea duramente la economía nacional en tanto el Estado deja de recibir los recursos que deben pagar quienes se benefician del comercio transfronterizo. En los casos de licores y cigarrillos, el contrabando significa para los departamentos colombianos la pérdida de una de sus principales fuentes de recursos, con lo que se afectan también la inversión en salud, educación y deporte.

Desembarque en Puerto Nuevo, La Guajira

También se ven perjudicadas por el contrabando las empresas que juegan bajo las reglas de la legalidad, ya que al hacerlo incrementan sus costos y los precios que cobran, con lo que a su vez se desincentiva la demanda por sus productos. Los consumidores, por su parte, enfrentan importantes dificultades al reclamar por la calidad de sus productos ya que, como es lógico, quienes venden mercancías de contrabando no ofrecen las garantías que sí brindan aquellos en la legalidad. 

Con este panorama, pareciera que las consecuencias del contrabando, aunque significativas, se restringieran únicamente a la esfera económica de la vida del país. Así, un manejo más eficiente de los recursos tanto del gobierno nacional como de las entidades sub-nacionales, a través de programas de inversión social, bastaría para solventar las dificultades mencionadas. Más aun, si la situación fuera la descrita, ¿qué necesidad habría de utilizar los recursos de la nación -fuerza pública, tecnología, funcionarios de diferentes instituciones del Estado- en atacar el contrabando y agotar lo que, según gran parte de la opinión pública, es la única oportunidad de empleo de muchos ciudadanos y, por consiguiente, aceptable?

Desafortunadamente, la realidad está lejos de ser así. Es claro que el comercio informal en zonas de frontera es más que normal y carece de toda lógica desviar recursos a perseguir y criminalizar personas que simplemente, de acuerdo a una racionalidad económica básica, compran los productos de la canasta básica en el lado de la frontera donde resulte más beneficioso. No es ese tipo de práctica la que nos preocupa.

Sin embargo, el negocio del contrabando no se restringe a personas que cruzan una línea imaginaria para hacer sus compras; en mercancías como el combustible, licores, cigarrillos, y múltiples víveres, la actividad transfronteriza está controlada por poderosas organizaciones criminales con enormes recursos económicos, y en varios casos, también con importante poder político.

La reciente experiencia de Paraguay es bastante útil para mostrar el alcance del fenómeno del contrabando a gran escala. En Ciudad del Este, ubicada en el sureste paraguayo, y donde coinciden sus fronteras con Brasil y Argentina, múltiples actores ilegales han aprovechado su posición geográfica favorable para el comercio ilegal de drogas, armas y, en especial, cigarrillos. Actualmente Paraguay produce cerca del 10% del tráfico mundial de cigarrillos ilegales, con una estructura de costos inferior incluso a la de China, la permanente violación de cualquier mínimo estándar de calidad, y una producción anual de cerca de 70 mil millones de cigarrillos, que representan alrededor de US$1000 millones. Hasta ahí nada muy lejano de la percepción generalizada sobre este tipo de negocios ilegales.

Horacio Cartes. Fuente: Despierta Paraguay

No obstante, la historia va más allá. Detrás de esta actividad se encuentran personajes como el empresario y dirigente deportivo Horacio Cartes, quien hizo parte de su fortuna en los negocios del comercio de licor y cigarrillo y que, de acuerdo con el portal WikiLeaks, ha utilizado sus empresas para coordinar una red internacional de lavado de activos. Cartes ha sido vinculado con el juicio político del pasado mes de junio que terminó con la remoción de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay, es actualmente precandidato a la presidencia del país suramericano y favorito para ganar las elecciones del próximo año; consecuencias impensables si seguimos considerando el contrabando como un simple negocio transfronterizo de ciudadanos comunes.

Más allá de su impacto en las finanzas nacionales y regionales, este tipo de situaciones muestra el desafío que ofrece el contrabando a la misma institucionalidad de los países tolerantes con esta práctica. Las jugosas ganancias que genera esta actividad ilícita, y la menor atención que recibe frente a otras que parecieran ser más acuciantes, convierten al contrabando en una amenaza latente al sistema político y a la continuidad de los regímenes democráticos, como bien lo ilustra la experiencia reciente de Paraguay.

Así, las implicaciones económicas, sociales y políticas del contrabando obligan a que éste ocupe una posición alta en la lista de prioridades del Estado. En un país que ha sido víctima de todo tipo de criminalidad, el fracaso en enfrentar este fenómeno abre también una puerta a la inestabilidad política, condición determinante del atraso social y económico.

Desembarque en Puerto Nuevo, La Guajira (Agosto de 2012):

Contrabando e Instituciones en La Guajira

El pasado martes en el puesto de control de la Policía cerca al municipio de Cuestecitas, departamento de La Guajira, dos policías fueron heridos por ataques de contrabandistas de combustible, uno de ellos con disparo de bala de escopeta. Durante la madrugada del jueves, seis carrotanques cargados de gasolina pasaron disparando sobre el puesto de control, sin importar el llamado de la fuerza pública por detenerlos, ni su respuesta ante los ataques de los transportadores del líquido. 

Como siempre que se establecen este tipo de controles, durante esta semana la situación en la carretera ha sido bastante tensa, con un permanente desafío a la autoridad, acciones violentas y ataques planeados por parte de los contrabandistas. El objetivo buscado con estas prácticas es llevar el combustible de origen venezolano hacia el interior del país y así obtener una ganancia a partir del importante diferencial de precios respecto a aquellos que se pagan más al norte. 

En las carreteras del departamento son frecuentes los accidentes de tránsito a causa de las altas velocidades a las que viajan todo tipo de vehículos cargados de combustible -las llamadas Caravanas de la Muerte (ver vídeos al final)-, hasta el punto que parte de los paisajes del departamento son algunos de ellos calcinados a los lados de la carretera. Mientras tanto, las calles de Cuestecitas están abarrotadas de combustible, y su población -incluyendo menores de edad-, circula tranquilamente por ellas, como si en lugar de gasolina y ACPM se tratara de víveres o manufacturas; hace algunos meses un accidente en la vía amenazó con, literalmente, hacer explotar el pueblo. 

Al hablar con la comunidad acerca de estos hechos, su respuesta es que el contrabando es la única actividad económica posible, que existe una total falta de proyectos productivos para la región y que, al fin y al cabo, durante toda su vida se han dedicado a practicas como las mencionadas, ya sea con combustible o con cualquier otro tipo de mercancías. 

Esto es poco sorprendente. Lo que sí llama la atención es que muchas personas influyentes en la región utilicen las mismas explicaciones para justificar situaciones como las que a diario se viven en las carreteras de La Guajira. Es decir, pareciera que las pocas oportunidades que ofrece el departamento, así como el arraigo cultural que tienen muchas de las prácticas comerciales de la población, la condenaran a realizar actividades delictivas y altamente riesgosas durante toda su vida. 

Utilizar del problema social como explicación para la situación de ilegalidad en que vive buena parte del la población de La Guajira equivale a perpetuarla y, por ese camino, perpetuar también los lamentables indicadores socio-económicos que ubican a este departamento como el más pobre y desigual del país. 

Sin embargo, la cultura y la falta de oportunidades no son las únicas respuestas típicas a los problemas de La Guajira. En algunos casos estas se abandonan y se opta por la falta de presencia del Estado -entendiéndola como el giro de recursos desde el gobierno central hacia el departamento-, creyendo que esta será la solución mágica a los problemas estructurales del mismo. Pareciera querer ignorarse el avanzado estado de captura de los procesos de contratación en el departamento, y lo infructuosos que, por décadas, han resultado los recursos que la nación ha destinado al mismo. 

En cambio, es poco lo que se dice acerca del funcionamiento de las instituciones políticas de La Guajira, variable fundamental para el desarrollo económico. Situaciones como el permanente irrespeto a la autoridad, la virtual ausencia del imperio de la Ley, los limitados procesos de rendimiento de cuentas y respuesta por parte de sus gobernantes, el lamentable funcionamiento de la justicia en el departamento, y un silencio cómplice de los entes competentes frente a todos estos fenómenos, sólo sirven para profundizar el vacío institucional de La Guajira. Esto, a su vez, genera condiciones aún más adversas para el inicio de un proceso de desarrollo que beneficie a la comunidad, y que logre, por fin, romper el círculo vicioso de atraso e ilegalidad. 

Tal vez deberíamos empezar por revisar el funcionamiento de estas instituciones, y condenar los ataques –violentos, legales y tácitos-, a la institucionalidad del departamento, en lugar de seguir utilizando la excusa del “tema social” o de la cultura como excusa para condenar a una comunidad al atraso y la marginación. Estos han sido un caballito de batalla útil para evitar el inicio de una lucha frontal contra la ilegalidad, pero al mismo tiempo han servido para perpetuar las duras realidades del departamento.

Adenda: Mientras termino de escribir este artículo me llega información de que en Cúcuta, algunos habitantes se han tomado el puente Simón Bolívar y han quemado instalaciones de la Dian como resultado de un operativo frente al contrabando de arroz,.... 

Aquí, más información sobre estos hechos:

http://www.rcnradio.com/noticias/protesta-en-zona-fronteriza-de-cucuta-por-operativos-contra-el-contrabando-16088

http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/maleteros-quemaron-puestos-de-control-de-la-dian_12141643-4

Video Caravanas de la Muerte: 

Video ataque a vehículo de la fuerza pública:

Descentralización y Sistema Político: Brasil, Bolivia y Perú

En las últimas dos entradas de este blog comenté un par de investigaciones orientadas a entender la relación entre descentralización y políticas públicas. En ambos casos se presentan argumentos a favor de una acción centralizada a la hora de atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población, al igual que en situaciones de emergencia de carácter nacional.

Lejos de dar por cerrado este debate, vale la pena poner atención a otra dimensión importante en un contexto de descentralización: el sistema político. Por un lado, en procesos de transición a la democracia la descentralización se asocia a esquemas autoritarios sub-nacionales donde las élites locales buscan mantener su poder regional por medio de estrategias como la parroquialización del poder, la nacionalización de su influencia, o la monopolización de los lazos entre los diferentes niveles de gobierno (Gibson 2011). Por otro lado, normalmente se asume que la descentralización afecta negativamente la estructura de los sistemas de partidos ya que fragmenta el marco institucional de la competencia política. Es decir, en la medida en que la descentralización hace más dispersos los recursos, intereses y responsabilidades de las entidades sub-nacionales, crea incentivos para el surgimiento de partidos políticos de carácter sub-nacional. Esto, desde luego, va en detrimento de un sistema de partidos bien estructurado.

Dos investigaciones publicadas recientemente estudian algunas variables relacionadas con el sistema político en contextos de descentralización. En un artículo en el Latin American Research Review, André Borges estudia el efecto de las políticas redistributivas lideradas por el Partido de los Trabajadores (PT) sobre el poder de las élites políticas locales brasileras, que hasta entonces se habían visto fortalecidas por el proceso de descentralización. Por su parte, un artículo de Alberto Vergara en el Journal of Politics in Latin America estudia el posible efecto de la descentralización en el desempeño de los partidos políticos en Bolivia y Perú.

Borges encuentra una mayor dominación electoral de las élites territoriales en las regiones menos desarrolladas de Brasil, donde un sector más amplio de la población está empleado en el sector informal y en actividades primarias de menor productividad. Es decir, aquellas regiones donde los votantes son más dependientes del gobierno, son más propensas a escenarios de baja competencia política y al funcionamiento de las maquinarias electorales.

Sin embargo, el autor también muestra que precisamente aquellas regiones que hasta hace poco eran bastiones del clientelismo, han visto durante los últimos años una mayor competencia electoral, al tiempo que sus estructuras políticas han sido debilitadas. De acuerdo con su explicación, este debilitamiento de las élites locales se debe en buena medida al ascenso del PT y la profundización de sus políticas orientadas a los sectores menos favorecidos –en particular, el programa Bolsa Familia. La descentralización prácticamente le había otorgado un monopolio político a algunas fuerzas de centro-derecha; sin embargo, la dinámica nacional tras la llegada al poder de un partido de izquierda, mueve a la oposición a sectores previamente beneficiados por la descentralización. Esto a su vez permite que el PT utilice su nueva posición privilegiada a nivel nacional para penetrar también las regiones periféricas.

Es decir, "la experiencia de Brasil refuerza la visión de que la democratización nacional no es nunca un problema netamente local" (Borges, 2011: 40); superar los estados de autoritarismo sub-nacional, en algunos casos consolidados por procesos de descentralización, requiere la articulación de los diferentes niveles de gobierno.

Pasando al artículo que trata el tema de la descentralización y partidos políticos, Alberto Vergara cuestiona las explicaciones convencionales acerca del efecto de la descentralización sobre la coherencia del sistema de partidos. Utiliza los casos de Bolivia y Perú -que durante la última década tuvieron procesos similares de descentralización política-, para mostrar que más que las reformas institucionales de los últimos años, la coherencia del sistema de partidos se ha visto principalmente afectada por variables de carácter social: la intensidad del debate político y la existencia de una densa red de organizaciones sociales.

Así, muestra un contraste interesante entre los casos de Bolivia y Perú; en el primero, el MAS (Movimiento al Socialismo) y otros partidos menores, han logrado articular los niveles nacional y sub-nacionales de gobierno, contribuyendo a fortalecer el sistema de partidos. En Perú, por el contrario, se ha visto un progresivo debilitamiento de los partidos de carácter nacional, representado en votaciones cada vez más pobres en las elecciones regionales, y un crecimiento explosivo en el número de partidos.

Como explicación de este resultado, el autor destaca que en Bolivia los últimos años han estado marcados por un intenso debate político en torno a temas como el modelo económico, la resistencia al neoliberalismo, y los debates entre centralización y descentralización, así como entre democracia y autoritarismo; todos ellos importantes tanto a nivel nacional como sub-nacional. Perú, por el contrario, ha estado caracterizado por la ausencia de un debate ideológico que logre vincular los diferentes niveles de gobierno; si bien las posturas de Ollanta Humala en la campaña presidencial de 2006 lograron polarizar al electorado, estas no tuvieron mayores repercusiones a nivel sub-nacional; en 2011 sus posiciones fueron mucho más moderadas.

Ahora, en cuanto a la densidad de las redes sociales y políticas, Bolivia ofrece un escenario bastante dinámico, tradicionalmente caracterizado por altos niveles de organización social y movilización, donde Estado y sociedad civil han permanecido históricamente fusionados. El caso del Perú ofrece un marcado contraste: el gobierno militar de Juan Francisco Velasco Alvarado, la lucha contra Sendero Luminoso, las reformas neoliberales, y las políticas del gobierno autoritario de Alberto Fujimori han significado importantes golpes contra la sociedad civil; esto ha minado su capacidad organizativa y, por ende, el surgimiento de movimientos sociales autónomos.

Así, el autor muestra que las trayectorias históricas de movilización social, al igual que los debates ideológicos contemporáneos, son fundamentales a la hora de entender la política partidista en un escenario de descentralización; es decir, estas variables son catalizadoras del efecto de la descentralización sobre el sistema de partidos políticos.

Surgen algunas conclusiones importantes de estos dos trabajos. Primero, la importancia del contexto nacional a la hora de entender las dinámicas regionales. Tanto en el caso de las élites locales en Brasil, como en los partidos políticos en Perú y Bolivia, el grado de articulación entre los diferentes niveles de gobierno es un factor determinante en los resultados observados: mientras en Brasil y Bolivia, se observa una clara articulación, en Perú esta es mucho más débil; en los dos primeros casos hay convergencia entre los proyectos nacionales y sub-nacionales, mientras que en el último esta es cada vez menor.

Por otro lado, estas investigaciones señalan algunos de los riesgos de la descentralización política. En Perú, la dinámica histórica de la sociedad civil y del debate político han propiciado que la descentralización conduzca a un detrimento del sistema de partidos; en Brasil, hasta hace poco, la descentralización le dio beneficios monopólicos a las élites locales; la llegada de un partido de izquierda permitió iniciar la desarticulación de esas élites. Sin embargo, como muestra la experiencia colombiana durante el gobierno de Álvaro Uribe, un gobierno de derecha en un escenario de descentralización puede fortalecer aún más a las élites locales, contribuyendo al proceso de autoritarismo sub-nacional, que en este caso funcionaba en la ilegalidad.

Finalmente, y siguiendo la línea de otros estudios que han sido comentados en este blog, los casos de Bolivia y Perú en el estudio de Vergara, resaltan la importancia de los fenómenos históricos de largo plazo a la hora de entender la realidad política, social y económica contemporánea. Tal como menciona el autor, "un resultado generado por reformas institucionales no es producto de la reforma en sí misma, sino de la interacción de la reforma con el escenario social e histórico donde esta se realizó". Pensar en reformas o implementación de políticas en el vacío, no es más que un ejercicio mental sin relevancia práctica.

Referencias

Borges, André. 2011. "The Political Consequences of Center-Led Redistribution in Brazilian Federalism: The Fall of Subnational Party Machines." Latin American Research Review 46(3): 21-45.

Gibson, Edward L. 2011. "Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Democratic Countries." World Politics 58(01): 101-132.

Vergara, Alberto. 2011. "United by Discord, Divided by Consensus: National and Sub-national Articulation in Bolivia and Peru, 2000–2010." Journal of Politics in Latin America 3(3): 65-93.

Descentralización y Políticas Públicas II: la Lucha Contra el SIDA en Brasil

Durante los últimos años del gobierno militar en Brasil, el país se embarca en un proceso de descentralización como parte de una estrategia para dar algún grado de legitimidad al régimen. Inicia con la elección popular de gobernadores en 1980, para luego seguir con la descentralización fiscal, 1983, y la descentralización administrativa en el sector salud, lograda hacia mediados de la década de los noventa. Al tiempo que se adelantan reformas orientadas a darle mayor poder a las entidades sub-nacionales, el país enfrenta una difícil situación de salud pública resultante de la amenaza generada por el entonces recientemente descubierto virus del HIV/SIDA.

Brasil es objeto de quejas a nivel mundial por la forma como se atendió esta calamidad; sin embargo, recientemente el país ha sido ampliamente reconocido por su exitosa lucha contra el virus: los casos de contagio se han logrado reducir sustancialmente, mientras que el número de muertes se ha logrado estabilizar a niveles comparables a los de hace 15 años; ¿Cómo se lograron estos resultados? ¿Cómo se enfrentan los retos generados por una epidemia como el SIDA en un escenario de descentralización fiscal y administrativa, sin violar las normas constitucionales? ¿Qué tipo de condiciones locales e internacionales propician una respuesta efectiva a este tipo de problemas?

Eduardo Gómez estudia las anteriores preguntas en un reciente artículo del Journal of Politics in Latin America, y argumenta que en un escenario de descentralización política, “la respuesta exitosa del gobierno supone la centralización gradual de la burocracia y de los procesos de toma de decisiones sobre política de salud” (énfasis propio). Metodológicamente la investigación es de carácter cualitativo y consiste en un estudio de caso que intencionalmente selecciona a partir de la variable dependiente -el éxito de Brasil en controlar la epidemia del SIDA-, lo cual permite generar nuevas hipótesis que podrían ser puestas a prueba en escenarios diferentes.

A pesar de las quejas que la comunidad internacional tuvo hacia el país frente al tratamiento de la epidemia, el autor descarta que la centralización en las políticas públicas orientadas a combatirla se debiera principalmente a estas presiones externas. Por el contrario, explica que las quejas abrieron una ventana de oportunidades para que el país retomara su posición como un líder en la lucha contra las enfermedades; históricamente Brasil había logrado tal reconocimiento gracias a la lucha contra la sífilis, la malaria y la fiebre amarilla a comienzos y mediados del siglo XX.

Precisamente, la experiencia adquirida en estos casos sirvió para que algunas ONGs con experiencia en el tratamiento de epidemias fueran de gran ayuda para funcionarios nacionales a cargo del problema de salud pública que representaba el SIDA. Éstos, al verse decepcionados por el funcionamiento de políticas descentralizadas, encontraron en las ONGs y en algunos movimientos de la sociedad civil, el conocimiento y respaldo necesarios para enfrentar este tipo de problemas de forma centralizada.

Así, el tipo de actores involucrados tanto en las ONGs como en el gobierno central es un determinante fundamental para el proceso de transformación institucional que vivió el país –pasar de un enfoque descentralizado a uno centralizado. Estos, junto al deseo del gobierno de posicionar al país como un líder en la lucha contra las enfermedades, fueron los catalizadores del proceso de centralización en el manejo del SIDA y su consiguiente éxito relativo.

El caso brasilero en su lucha contra el SIDA es muestra de que aún en escenarios de descentralización fiscal, política y administrativa, es posible -y en algunos casos incluso necesario-, recurrir a un proceso gradual de centralización para poder llevar a cabo de manera exitosa algunas políticas de salud pública. Se encuentra evidencia similar en los procesos llevados a cabo en varios países de Europa occidental en la provisión de servicios de salud, vacunación, control de la mortalidad infantil y materna, y, al igual que en Brasil, en la lucha contra el SIDA.

Este resultado es un llamado de atención acerca de los límites de la descentralización y de cómo en algunos escenarios ofrecer una respuesta coordinada desde el gobierno central, más que minar el proceso de descentralización puede fortalecerlo a partir de la ayuda técnica y financiera que requieren las entidades sub-nacionales. También se destaca la importancia de la experiencia histórica en el diseño de políticas públicas, y la importancia de las ideas y el debate político a la hora de inclinar la balanza en una u otra dirección; la calidad de las ideas y su papel  en la descentralización política será el tema de la siguiente entrada.

Referencias

Gómez, E. J. (2011). Pursuing Centralization amidst Decentralization: The Politics of Brazil’s Innovative Response to HIV/AIDS. Journal of Politics in Latin America, 3(3), 95-126.

Descentralización y Políticas Públicas I

Durante poco más de treinta años los países Latinoamericanos se han embarcado en procesos de descentralización administrativa, fiscal y política. Cada uno de estos tipos de descentralización responde a razones diferentes –desde quitarle poder a una burocracia nacional, hasta fortalecer un proceso de democratización-, es respuesta a coyunturas diferentes, y, algo que resultará importante, diferentes países han seguido el proceso de descentralización de cada una de estas áreas, en un orden diferente. Tal vez como consecuencia de lo anterior, los resultados al hacer comparaciones entre países, así como al comparar el desempeño de diferentes políticas al interior del mismo país, también varían sustancialmente.

En esta y las próximas entradas de este blog comentaré algunos estudios recientes sobre el tema de descentralización administrativa, fiscal y política, sus motivaciones, y su impacto en diferentes indicadores económicos, sociales y políticos a lo largo de la región. El objetivo general es conocer el papel que estos procesos de descentralización han jugado en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como sus repercusiones políticas y administrativas. Hacia el final de esta serie, comentaré un estudio más extenso que explica el papel del proceso mismo por el cual se llevaron a cabo estas reformas y sus implicaciones en términos del equilibrio de poder político entre entidades sub-nacionales y los gobiernos nacionales.

Empiezo con un artículo de Rodrigo Rodríguez-Silveira, publicado recientemente en el Latin American Research Review. En este escrito el autor evalúa diferentes tipos de estructura del gasto social a partir de dos dimensiones: una que captura si el gasto y financiamiento de los programas es de carácter centralizado o descentralizado, y otra que muestra si éste es focalizado o universal. El estudio se centra en el caso brasilero y su unidad de análisis son los municipios.

El autor compara cuatro programas de política social que varían sustancialmente en las dos dimensiones centrales. El primero de ellos es el famoso programa de transferencias condicionales de dinero, Bolsa Familia, cuya cobertura llegó a 12 millones de familias en 2010; este programa es de carácter federal -la participación de los gobiernos locales es auxiliar-, y se encuentra focalizado en familias de bajos ingresos. El segundo programa analizado es la asistencia social local, que, como su nombre lo indica, es gestionada por funcionarios locales –a nivel municipal-, y también está dirigido a los sectores más pobres. El tercer programa es la seguridad social, que es de carácter universal y centralizado. El último programa incluido es la educación básica y secundaria, que es de carácter universal pero cuya administración es responsabilidad de los Estados y municipios.

Para evaluar el papel de la descentralización, Rodríguez-Silveira propone estudiar la relación entre las necesidades de los municipios en cada uno de los programas, y el gasto per-cápita en los mismos. Como indicadores de necesidad se utiliza la proporción de niños y adolescentes en edad escolar sin acceso a educación básica, la proporción de la población del municipio con 64 años o más, y el porcentaje de familias pobres.

El autor utiliza dos técnicas: inicialmente computa auto-correlaciones espaciales que computan la asociación de dos o más variables en un espacio geo-referenciado. Seguido a esto presenta modelos de regresión simple en los que el gasto per-cápita en cada uno de los programas se utiliza como variable dependiente, mientras que las necesidades se utilizan como variable independiente; se utilizan como controles algunas variables socio-demográficas así como algunos indicadores de las finanzas de los municipios.

En ambos casos se encuentra que en los programas de carácter federal –Bolsa Familia y la Seguridad Social- las necesidades están asociadas positivamente con el gasto, es decir, se gasta más por habitante en aquellos municipios que más lo necesitan. Por su parte, en el caso de los programas de carácter municipal o estatal, tal asociación es negativa: el gasto se destina en mayor medida a municipios y regiones que menos lo necesitan.

Lo anterior lleva al autor a concluir que la centralización parece ofrecer mejores resultados en términos de atención a necesidades por servicios públicos que la descentralización; asimismo, concluye que es preferible el gasto focalizado que aquel de carácter universal.

Adicionalmente, las auto-correlaciones espaciales encontradas son evidencia de procesos históricos de carácter regional que afectan el tamaño del gasto; esto indica que más allá del tipo de estructura del gasto –centralizada o no, universal o focalizada- es necesaria una clara intervención para romper trayectorias históricas que ubican a algunas regiones en equilibrios de largo plazo caracterizados por bajos niveles de gasto.

A pesar de estos resultados, Rodríguez-Silveira destaca la necesidad de la descentralización en temas como la educación o la sanidad. Sin embargo, antes de llegar a este tipo de conclusiones, vale la pena estudiar el efecto de la descentralización en otros indicadores económicos, políticos y sociales. En este sentido, un ejemplo interesante es la implementación de políticas centralizantes de carácter social como las llevadas a cabo en Brasil durante los últimos años para luchar contra el flagelo del SIDA; ése será el tema de la próxima entrada.

Referencias

Rodrigues-Silveira, Rodrigo. 2011. "Descentralización y Focalización del Gasto Social en los Municipios Brasileños." Latin American Research Review 46(3): 69-92.

Indígenas de Formosa, Argentina: Tierra, Violencia y Poder Político

(Con el trabajo periodístico, entrevistas y fotos de Ernesto Arzamendia Quatrin de Radio Amanecer Argentina; agradezco también los comentarios de Melisa Di Franco)

A comienzos de diciembre, James Anaya, relator de la ONU sobre Derechos Indígenas, visitó la Provincia de Formosa en el nororiente argentino, en la frontera con Paraguay. Como parte de su viaje por todo el país, en este caso su objetivo era informarse acerca de la situación en la que viven los pueblos Qon, Wichi-Mataco y Pilagá que habitan esta región; los representantes de las comunidades indígenas se han mostrado notablemente agradecidos por lo que consideran "una visita histórica".

Y es que en la región han ocurrido algunos acontecimientos que han captado la atención del país en los últimos años. En particular, en noviembre de 2010 dos indígenas y un policía murieron en medio de enfrentamientos en la zona. Adicionalmente, cerca de treinta indígenas de la comunidad Qon resultaron privados de su libertad, seis más resultaron heridos y uno de ellos terminó en estado de coma, mientras que su Cacique, Félix Díaz, estuvo desaparecido por un tiempo.

Según algunas de las versiones de los hechos, tras un altercado con la poderosa familia Celía, el líder indígena recibió amenazas ante la mirada complaciente de las autoridades. Seguido a esto se desató la represión policial contra miembros de la comunidad; estos habían bloqueado una importante vía como señal de protesta frente a sus demandas históricas por el derecho al disfrute y usufructo de sus tierras.

Los conflictos entre la comunidad y la policía se iniciaron en 2007 luego de que el gobierno provincial ordenara el despojo de cerca de 600 hectáreas de territorios indígenas, acompañado de algunas compensaciones para su comunidad. No obstante, las tierras ofrecidas como compensación no pertenecen a la Provincia sino que son consideradas propiedad de Parque Nacional, por lo cual la primera no está en capacidad de disponer de ellas.

En sus demandas, la comunidad indígena se refiere a un Decreto del año 1940 que consideraba estas tierras -5000 hectáreas- como reserva indígena. A pesar de que en teoría hoy cuentan con un territorio más amplio, el Estado les impugna violar el derecho a la propiedad privada al tiempo que les impide usar partes de este territorio que para ellos tiene un importante valor espiritual.[1] De acuerdo con la versión de Félix Díaz ante el relator de las Naciones Unidas durante la visita, la comunidad no puede usar el agua porque se ha creado una Ley que cataloga la laguna como área de conservación; no pueden construir sus viviendas en este territorio, y no pueden pescar ni buscar medicamentos en ella - prácticas que son parte fundamental de la vida de la comunidad. Es decir, argumenta Díaz, tienen títulos pero no los pueden usar.

Adicionalmente, los indígenas explican que el gobierno provincial los ha estigmatizado ya que el  discurso de que "la tierra es para quien la trabaje" se ha aprovechado para decir que los indígenas son ociosos y poco productivos. Con este discurso estigmatizador, y con la promesa de traer el desarrollo a la región luego del despojo, se busca legitimar la pérdida de tierras de los indígenas. Por su parte, en lugar de desarrollo, lo que las comunidades originarias demandan es la garantía de la devolución de las tierras y su derecho para usarlas como fuente de vida, de su espiritualidad, de sus medicamentos, y como base fundamental de su cultura.

Para ellos la explicación de lo ocurrido recientemente es muy clara: ha habido una usurpación de sus tierras por parte de los criollos. La familia Celía, con un gran poder político y económico en el área, está en capacidad de controlar a la policía y moverla de acuerdo con sus intereses, incluso hasta llegar a asesinar a los miembros de la comunidad. Según se afirma en la región, varios de los policías implicados en los enfrentamientos de noviembre de 2010 son familiares cercanos de los Celía.

No obstante, más allá del tema de la tierra y de los enfrentamientos de hace un año -sobre los que aparecen diferentes versiones según quien cuente la historia-, las condiciones de vida de los indígenas de Formosa son lamentables; son permanentemente perseguidos, por lo cual tienen miedo incluso de ir al hospital en situaciones de urgencia, y cuando han intentado hacerlo no reciben tratamiento médico por su condición de resistencia. Han sufrido muertes, quema de sus viviendas, y un trato  brutal por parte de la policía, al tiempo que han sido permanentemente ignorados por los medios de comunicación.

En su presentación a James Anaya, los indígenas repudian hechos que los afectan directamente como la creciente concentración de la tierra para fines agro-industriales y de extracción petrolera, la contaminación y, peor aún, las repetidas hambrunas de las que han sido víctimas y que han cobrado la vida de varios de sus niños en un país con capacidad de alimentar a 350 millones de personas.

La situación de la comunidad se agrava al carecer de cualquier acceso a mecanismos de poder: su representación política es prácticamente inexistente tanto a nivel provincial como a nivel federal. Esto reduce su campo de acción a demandas por el derecho a la tierra de acuerdo con lo establecido en la legislación, por medio de bloqueos de vías como los ocurridos el año anterior. Recientemente se ha hecho un llamado a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para una mesa de diálogo el próximo 2 de mayo. En esta ocasión se ha consensuado el diálogo, pero poco más se ha avanzado en esa dirección.

Argentina: Un Escenario Adverso para las Comunidades Indígenas

James Anaya y Félix Díaz

La situación de los indígenas de Formosa no es exclusiva de esta región ni mucho menos de la Argentina, aunque las condiciones presentes en este país sí son particularmente adversas para las comunidades originarias. En un detallado estudio en 2005[2] Donna Lee Van Cott analiza la situación de los pueblos indígenas en diferentes países de la región. En particular, se centra en las condiciones que los grupos étnicos han enfrentado para poder convertirse en actores políticos importantes, de tal forma que puedan llevar a cabo mejoras para sus comunidades por medio de mecanismos democráticos.

El caso de las comunidades originarias de Argentina es especialmente preocupante en el contexto Latinoamericano. En este caso hablamos de una comunidad indígena extremadamente fragmentada, geográficamente dispersa, y con el agravante de que no cuenta con distritos políticos sub-nacionales donde tenga una posición mayoritaria. A diferencia de otros países de la región, las comunidades argentinas no cuentan con derechos políticos especiales y su participación en procesos de reforma constitucional –en 1994 en este caso- ha sido insignificante.

Otras variables que complican aún más su situación política son la posición dominante de los partidos tradicionales –el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical-, la desconexión entre los movimientos urbano y rural, y la permanente cooptación de sus líderes. Estas condiciones afectan a cerca de 600.000 indígenas en comunidades rurales de todo el país, más una cantidad similar correspondiente a los indígenas que viven en barrios étnicamente mixtos en las principales ciudades argentinas.

Tal como ocurre para el caso de Formosa, la carencia de cualquier tipo de poder político se ha traducido en condiciones de extrema pobreza para amplios sectores de las comunidades indígenas, pésimas condiciones laborales bajo el mando de terratenientes, así como la carencia de derechos de acceso a la tierra y otros recursos naturales. También ha significado opresión, asesinatos, y escasa legislación que los favorezca y menor aún que efectivamente se haga cumplir. No por nada, para la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, Argentina es el país donde las condiciones de vida de las comunidades originarias son las peores de la región.

En casos como el argentino, la descentralización administrativa, fiscal y política que en teoría debería servir para abrir mecanismos democráticos que le permitan acceder al poder político a grupos minoritarios como las comunidades en cuestión, se ha convertido más en un obstáculo para que ello ocurra. Así como en Formosa con la familia Celía, la descentralización ha permitido que las élites locales consoliden su poder y estén en capacidad de bloquear la implementación de cualquier tipo de legislación orientada a mejorar las condiciones de vida de los grupos indígenas.

La Convergencia de Males de las Comunidades Originarias de Formosa

De acuerdo con la declaración de James Anaya tras su visita a Formosa, su corta estadía no le permitió ver la realización de obras u otras acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de los indígenas de la zona. Sin embargo, más allá de este tipo de acciones que busquen rescatar a los indígenas de su condición de abandono, sus demandas resultan ser mucho menos que eso. Demandan, por ejemplo, el derecho a la igualdad, a la aplicación debida de los códigos civil y penal, y a tener acceso a las tierras a las que la legislación establece.

En el caso de los indígenas de Formosa convergen varias dimensiones que acentúan las dificultades de sus comunidades: los conflictos por la tierra, el racismo y la falta de poder político.

Los conflictos por la tierra se inician en 2007 y desde entonces han azotado a la población con hechos como los ocurridos en noviembre de 2010; hasta ahora, la atención del Gobierno federal ha sido escasa y no se vislumbran condiciones que garanticen la no repetición de estos hechos. Los indígenas, por su parte, demandan la aplicación de la Ley 26160 según la cual se les garantiza el derecho a ocupar los  territorios en cuestión. Solicitan también un mayor compromiso por parte del Ministerio de Desarrollo Social y en particular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Por otro lado, los indígenas de Formosa han sido víctimas del racismo que como ha ocurrido en múltiples escenarios, apela a la superioridad racial para justificar todo tipo de crímenes e injusticias. En palabras del juez español Baltasar Garzón, en casos como el genocidio Maya durante el gobierno de facto de Efraín Rios Montt en Guatemala entre 1982 y 1983, el racismo como política de Estado, significó "la existencia de tierras arrasadas, de masacres, de exterminio masivo de comunidades mayas, incluyendo niños, mujeres y ancianos."[3]

La puerta de acciones infames que abre el racismo puede mantenerse cerrada con una clara política de Estado conducente a garantizar la igualdad de derechos a todos los grupos de la sociedad. Acceso a la tierra, a condiciones básicas de vida y el respeto a la diferencia en las comunidades indígenas, son requisitos mínimos para que esto ocurra.

Finalmente, en términos de poder político, los indígenas de Formosa dicen llegar a sentirse como extranjeros en su propio país, algo que siempre rechazan por ser originarios de la tierra que ocupan –tanto en Argentina como en Paraguay. Su voto nunca ha servido para elegir a alguien que los represente, al tiempo que lamentan haber sido utilizados en repetidas ocasiones al llegar la época electoral. De esta forma, buscan aplicar la Ley 26160 para que los gobiernos nacional y provincial canalicen los mecanismos que les permitan participar en los relevos territoriales y así elegir representantes del consejo de participación indígena -nexo entre la nación y la provincia.

Para ellos es claro que las transformaciones sociales y económicas que buscan deben pasar por el debate político y que para tal fin requieren de las garantías y la representación que les ha sido esquiva con los mecanismos actuales de elección y representación. Son más que necesarias algunas reformas como las que se han implementado en otros países de la región, tales como asientos en el Congreso reservados para las comunidades indígenas o mejoramientos del sistema electoral, de tal forma que las vías democráticas se conviertan en los canales institucionales para que estas comunidades presenten sus demandas.

La visita del representante de la ONU a Formosa es una señal positiva respecto a la atención que exigen las comunidades que allí habitan. El aparato político estatal debe adaptarse para que todas las voces sean escuchadas y así se garantice la participación democrática de todos los sectores. No hacerlo abre la puerta para que la estigmatización racial continúe, lo cual trae consigo consecuencias cada vez más lamentables: para las comunidades originarias por ser quienes las sufren directamente, y para el resto de la sociedad por permitir que esto ocurra.

TONOLEC- SO CAYOLEC - Mi Caballito

Canción infantil en lengua Qom:

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[1] Declaración de Félix Diaz a James Anaya, Diciembre 5 de 2011.

[2] Van Cott, Donna Lee (2005). From Movements to Parties in Latin America. The Evolution of Ethnic Politics. Cambridge University Press.

[3] Garzón, Baltasar (2008) La Línea del Horizonte. Una Crónica de Nuestro Tiempo. Debate, p. 173.

El Encuentro Chávez-Santos y las Soluciones Maximalistas

El día de ayer se llevó a cabo la esperada reunión entre los mandatarios de Colombia y Venezuela, la cual se había visto aplazada desde junio a causa de la enfermedad de Hugo Chávez. Como antesala a esta reunión, la semana pasada el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, en reunión con líderes de la oposición venezolana sugirió la redacción de un manifiesto en donde se le increpara a Santos su cercanía con el Presidente venezolano. Su argumento: los principios democráticos no tienen precio y no se pueden negociar a cambio de 800 millones de dólares que es lo que se ganaría tras la normalización de las relaciones comerciales con el país vecino.

A partir de ese momento varios medios de comunicación han asumido la dicotomía propuesta por el ex presidente como suya: ¿Qué vale más: el comercio o la democracia? La pregunta resulta en sí misma tendenciosa y de alguna forma obliga a una respuesta “políticamente correcta” en la que el cuestionado tiene que inclinarse por la segunda opción: los principios democráticos no se pueden sacrificar a cambio de ningún incremento en el volumen de comercio. ¿Cómo podría ser de otra forma?

Más aún, dado que instrumentos regionales como la Carta Democrática Interamericana indican el férreo compromiso de los países signatarios con la democracia, pareciera interpretarse la posición de acercamiento de Santos al gobierno de Chávez como una afrenta a la misma por parte de Colombia. Sin embargo, la dicotomía planteada tiene por lo menos dos atenuantes que vale la pena considerar. 

Primero, el contexto en el cual se da el acercamiento entre los dos gobiernos. Cualquier conocedor de mecanismos de resolución de conflictos no dudaría en afirmar que las soluciones maximalistas - entendidas como aquellas donde se ponen en juego los temas más álgidos dentro de la agenda de las partes- en general conducen al fracaso de la negociación. Por el contrario, los conflictos que logran ser resueltos de forma exitosa se caracterizan por un proceso de generación de confianza entre las partes. En estos, la negociación de aspectos que no son trascendentales en la agenda de cada uno de ellos garantiza la normalización de las relaciones y así poder seguir avanzando.

El contexto de la relación entre Colombia y Venezuela es uno de crisis tras la incursión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano en 2008 y la posterior respuesta de Chávez, luego buscar una salida maximalista –comercio versus democracia- no nos llevaría a ningún lado.

El segundo tema importante frente a la solución maximalista es el de la posición de Colombia en la región. Si bien Colombia tiene un compromiso en la defensa de la democracia, como todos los demás países de la región, ¿por qué tiene que ser ella quien lidere un movimiento de protesta contra el régimen venezolano, como lo propone Uribe?

En pocos días más de 30 mandatarios del continente visitarán Venezuela, lo que de alguna forma indica algún tipo de reconocimiento al gobierno venezolano. ¿Debe Colombia ir en contra de esta postura regional y declararse como un férreo defensor de la democracia increpando a Venezuela? ¿Olvidamos acaso que aparte de los intereses comerciales de los que habla Uribe, también hay temas de seguridad e infraestructura en los que es importante para Colombia contar con la cooperación de su vecino?

No es este el espacio para hablar acerca del derrumbamiento de la democracia en Venezuela y sus posibles implicaciones para la región; punto concedido a los críticos del sistema político del país vecino. Sin embargo, si de algo nos sirve la experiencia internacional es para mostrar que las soluciones maximalistas sólo conducen al fracaso de las negociaciones, y que en un período de crisis como el que los dos países han vivido en los últimos años, el paso más importante e inmediato es la normalización de las relaciones y el avance en la cooperación.

Los grandes ideales, a pesar de su trascendencia y deseabilidad, pueden convertirse en obstáculos importantes en momentos de crisis y solo servir para proponer dicotomías tendenciosas como la que se debate por estos días en Colombia.

Contravía: Latinoamérica Camina por la Educación

Les comparto algunos comentarios sobre las marchas por la educación en mi intervención de esta semana en el programa Contravía.

Contravía: "Delitos electorales. Las regiones en riesgo"

Les comparto algunos comentarios sobre 'Delitos Electorales' en mi intervención de esta semana en el programa Contravía.

Líderes Populistas, Democracia y Legitimidad Política

Uno de los argumentos más utilizados para legitimar abusos de poder, violaciones a los Derechos Humanos o  restricciones a las libertades básicas es el amplio margen de aceptación que tienen algunos líderes populistas. Cuando estos aparecen, diversos sectores de la sociedad están dispuestos a aceptar algunos costos en función de un bien superior, sea este progreso económico, derrota del terrorismo o redistribución de la riqueza, entre muchos otros. Paralelamente, las posiciones frente a prácticas anti-democráticas y/o personalistas también pueden ser explicadas por variables contextuales como el nivel de modernización de una sociedad, su cultura política, las orientaciones ideológicas de sus individuos, etc. 

¿Qué explica que en una región como Latinoamérica sigan apareciendo líderes personalistas a lo largo del espectro ideológico? ¿Qué determina, a su vez, la diversidad en los niveles de apoyo a los fundamentos de la democracia en los diferentes países de la región?

Dos artículos que aparecerán en el próximo número del Comparative Political Studies estudian este tema desde enfoques complementarios: el primero de ellos, de Ryan Carlin y Matthew Singer, busca identificar los perfiles de apoyo a los valores y normas intrínsecos de la democracia así como algunos de sus determinantes. El segundo, de David Doyle, se centra en el papel de la legitimidad de las instituciones políticas en el apoyo a líderes populistas de la región.

Carlin y Singer analizan las posiciones de ciudadanos de 12 países de la región frente al apoyo a prácticas democráticas. Los autores parten de cuestionar el carácter unidimensional con que usualmente se tratan estos temas –de apoyar el autoritarismo a apoyar totalmente la democracia-, y proponen que en lugar de esto se consideren múltiples dimensiones, cada una relacionada con diferentes principios básicos de la democracia.

En particular, siguiendo la definición de poliarquía de Robert Dahl, el estudio sugiere las dimensiones de debate público, participación incluyente, contrapesos al ejecutivo e instituciones y procesos. La primera recoge orientaciones hacia leyes sobre el derecho de protesta, movimientos sociales y censura por parte del gobierno; la segunda hacia la tolerancia al voto, a ocupar cargos públicos y a protestas pacíficas; la tercera es acerca de los límites al ejecutivo; y la cuarta acerca de la suspensión del legislativo o el judicial.

Un primer análisis estadístico permite a los autores identificar cinco perfiles de apoyo a la democracia; el más liberal –poliarca- consiste en posiciones más democráticas en las cuatro dimensiones; los otros cuatro perfiles rechazan o tienen posiciones ambivalentes frente a al menos una de ellas. Un resultado importante es que en el primer grupo se ubica cerca del 17% de la población, lo que indica que más del 80% impone algún límite a la democracia; adicionalmente, no aparece ningún grupo con posiciones totalmente antidemocráticas.

Pero, ¿qué determina que una persona tenga un perfil democrático frente a las otras alternativas? El estudio encuentra evidencia en favor de la hipótesis de modernización: mayores niveles de educación y mayor ingreso –comunes en sociedades más modernas- son favorables a un perfil más democrático. También se encuentra evidencia en favor de un efecto importante de la cultura política –compromiso político- en favor de perfiles más democráticos; adicionalmente, aquellos que se auto-consideran más de izquierda son más democráticos que aquellos de derecha, aunque aquellos que no se identifican con ninguna parte del espectro izquierda-derecha tienden a ser más democráticos; finalmente, quienes aprueban al presidente de turno tienden a tener perfiles que se escapan del modelo poliarca en al menos una dimensión, al igual que quienes evalúan la economía nacional como fuerte o reportan una mejora en su situación económica personal.

En el segundo trabajo mencionado, Doyle estudia la contraparte de este fenómeno para lo cual revisa algunas explicaciones tradicionales detrás del apoyo a líderes populistas como son las crisis económicas, la presencia de recursos naturales, la falta de institucionalización del sistema de partidos, y el impacto de políticas en favor de la liberalización y globalización, entre otros. Tras considerar el efecto probable de cada una de estas explicaciones, propone como hipótesis que los niveles de apoyo al populismo contemporáneo en Latinoamérica pueden ser explicados por los niveles de confianza que el público tiene hacia las instituciones tradicionales de las democracias liberales.

El argumento es sencillo: los candidatos populistas, conscientes de la insatisfacción que el electorado tiene con las instituciones políticas, se presentan como desafiantes del orden establecido y con esa estrategia consiguen el apoyo popular. De esta forma, una mayor desconfianza en las instituciones estará asociada a una mayor probabilidad de apoyo a candidatos populistas que en mayor o menor grado se consideran a sí mismos como ‘fuera del sistema’.

El autor utiliza la definición de populismo según la cual este consiste en una movilización de las masas desde arriba, por parte de líderes personalistas con un discurso en contra de algunos grupos de la élite y en defensa de un -pobremente definido- ‘pueblo’. Un criterio adicional es haber sido candidato por un partido de alto corte personalista y haber obtenido más del 20% de los votos en la primera vuelta presidencial. En este sentido, explica, a pesar de las aparentes diferencias ideológicas entre líderes como Hugo Chávez, Rafael Correa, Alberto Fujimori o Álvaro Uribe, todos entran en la misma categoría de líderes populistas.

En términos de la legitimidad de las instituciones políticas, el estudio construye un índice a partir de preguntas sobre la confianza de la ciudadanía en el Congreso, los partidos políticos y la rama judicial. Se utilizan datos a nivel nacional de 48 elecciones presidenciales en 18 países de la región desde 1996 hasta 2008.

Entre los resultados se encuentra que si bien la hipótesis de que las rentas provenientes de la extracción de recursos naturales favorecen el apoyo hacia líderes populistas, ninguna de las otras hipótesis se mantiene en pie una vez se ha controlado por el nivel de confianza en las instituciones políticas. El resultado principal del estudio es que el nivel de confianza en las instituciones es estadísticamente significativo y con el signo esperado en todas las especificaciones propuestas por el autor; asimismo, la magnitud de su efecto siempre es alta.

Lo anterior quiere decir que el principal motivo para el apoyo a líderes populistas radica en la falta de confianza en las instituciones democráticas fundamentales.

Más aún, los electores no votan únicamente como respuesta al desempeño económico de su país sino principalmente como respuesta a la confianza en sus instituciones políticas; no sorprende, entonces, que muchos candidatos populistas, una vez elegidos, adelanten profundos procesos de reformas constitucionales.

¿Qué lecciones se pueden obtener de estos resultados? Mayores niveles de ingreso y educación así como una mejor cultura política favorecen las posiciones que la ciudadanía tiene frente a diferentes valores de la democracia. No obstante, las condiciones económicas no son trascendentales al explicar el apoyo a líderes populistas; la confianza en las instituciones políticas, por el contrario, sí resulta primordial. Aquellas sociedades que perciben una deslegitimación de sus instituciones políticas son más proclives a la elección de líderes populistas, con las consecuencias en términos de abusos de poder, perpetuación en el cargo, ataques a las cortes y violaciones a derechos básicos que siguen siendo frecuentes en la región.

Resulta normal que ante la insatisfacción con las instituciones políticas el electorado busque alternativas, mientras algunos políticos, oportunistamente y presentándose como "anti-sistema", son quienes obtienen los votos. En la mayoría de los casos una vez en el poder estos políticos terminan reproduciendo prácticas antidemocráticas, con lo que el ciclo se inicia nuevamente. Está en manos de la ciudadanía la elección de políticos que, jugando dentro del sistema, favorezcan el fortalecimiento y la legitimización del mismo. Sólo así será posible romper el círculo vicioso de desinstitucionalización y populismo que tanto ha afectado a la región.

Referencias:

Carlin, R. E., & Singer, M. M. (2011). Support for Polyarchy in the Americas. Comparative Political Studies, 44(11), 1500-1526.

Doyle, D. (2011). The Legitimacy of Political Institutions: Explaining Contemporary Populism in Latin America. Comparative Political Studies, 44(11), 1447-1473.

Reformas Económicas, Democracia y Protestas Sociales

Protesta estudiantes chilenos. Foto: La Radio del Sur

Durante las últimas décadas Latinoamérica ha presenciado una serie de protestas frente a reformas económicas dirigidas a cambiar la estructura de funcionamiento del Estado y su relación con el mercado. Desde eventos como “el Caracazo” Venezolano en 1989, hasta las más recientes protestas estudiantiles en Chile, pasando por “las guerras del agua y el gas” en Bolivia entre 1999 y 2003, y los repetidos “cacerolazos” en Argentina, la región se ha visto convulsionada por diversos movimientos sociales con importantes consecuencias políticas y económicas.

En algunos de estos casos las protestas han propiciado la finalización de períodos de gobierno antes de la fecha pactada, un detrimento significativo en los índices de aprobación de los mandatarios por llevar a cabo cuestionadas reformas, o en otros casos la suspensión de las mismas. Sin embargo, a pesar de los ejemplos de movilizaciones como los mencionados, también se encuentran casos donde la sociedad civil se ha visto notablemente debilitada y desarticulada, al punto que pareciera que no vale la pena iniciar protestas para cambiar el orden político y económico.

¿Qué propicia estos comportamientos sociales y cuál es el patrón -si existe- que podría inducirse a partir de los múltiples casos de los países de la región? Más aún, ¿han tenido algún efecto en los resultados observados los procesos de democratización política y liberalización económica que la región vive desde hace varias décadas?

En un artículo reciente en el Political Research Quarterly, Paul Bellinger y Moisés Arce abordan estas preguntas poniendo a prueba dos hipótesis sobre movilizaciones sociales y reformas económicas y políticas. La primera, la hipótesis de desmovilización, propone que los mayores niveles de desempleo y menores estándares de calidad de vida golpean la capacidad de los individuos de actuar colectivamente, lo que pone en peligro las instituciones y organizaciones representativas tales como los sindicatos y los partidos políticos. De esta forma, una mayor liberalización económica, por medio de sus consecuencias en términos distributivos y el impacto negativo en la calidad de vida de algunos sectores, reduciría los incentivos a la acción colectiva y la formación de movimientos sociales; de acuerdo a los autores, México, Chile y Perú muestran cierta evidencia de este fenómeno.

Por otro lado, la hipótesis de repolitización argumenta que la liberalización económica en escenarios con mecanismos democráticos resulta en mayores niveles de participación y movilización. En el contexto Latinoamericano la movilización resulta de los tradicionales actores de clase, de los nuevos actores que aparecen en contra de las políticas de liberalización económica, y de protestas concentradas en territorios geográficos específicos que desencadenan protestas a nivel nacional.

Utilizando datos de 17 países de la región desde 1970 a 2003, Bellinger y Arce encuentran evidencia en favor de la hipótesis de repolitización: la interacción entre la liberalización económica y los mayores niveles democracia está asociada positivamente con el número de protestas en cada uno de estos países durante los años analizados. Es decir, la liberalización económica genera reivindicaciones que motivan la acción política; en escenarios con niveles de democracia relativamente aceptables, esto fortalece las oportunidades para las respuestas colectivas por medio de protestas.

Vale la pena enfatizar que el resultado importante aquí es el papel de la interacción entre reformas económicas y democracia en la generación de protestas. Así, los resultados del estudio indican que en ausencia de democracia, una mayor liberalización económica reduce el número de protestas –lo que coincide con la hipótesis de desmovilización; a su vez, en ausencia de reformas, mejoras en la calidad de la democracia no tienen ningún efecto sobre el número de protestas. Es la combinación de democracia y liberalización económica lo que genera un mayor número de protestas.

Descomponiendo los indicadores de democracia utilizados por los autores, se encuentra que la parte que es más responsable por los resultados encontrados es aquella relacionada con las libertades civiles. Esto indica que son precisamente las oportunidades políticas presentes en un sistema democrático lo que favorece las movilizaciones.

Las reformas económicas que se empiezan a implementar en la región a partir de finales de los ochenta han tenido consecuencias redistributivas trascendentales y han golpeado duramente a amplios sectores de la población. Mal han hecho algunos gobiernos del continente al prohibir las protestas por medio de las cuales estos sectores manifiestan su inconformismo o, lo que es lo mismo, al estigmatizar a todo aquel que se pronuncie al respecto.

Una democracia no consiste en la unanimidad frente al proyecto político y, mucho menos, en presencia de transformaciones socio-económicas que afectan a diferentes sectores de la población de forma desigual. Los Estados deben garantizar las libertades civiles para que la población tenga la oportunidad de manifestarse por medio de mecanismos democráticos, en lugar de deslegitimar cualquiera de sus demandas.

En el escenario actual de liberalización económica y con las implicaciones redistributivas que estas conllevan, la ausencia de protestas, más que ser prueba del éxito que estas representan, es un indicador claro de mecanismos coercitivos que desdicen mucho de una verdadera democracia.

Referencias
 
Bellinger, P. T., & Arce, M. (2011). Protest and Democracy in Latin America’s Market Era. Political Research Quarterly, 64(3), 688-704.

Contravía: "Legalización del consumo de drogas"

Les comparto mis comentarios sobre el tema de la legalización en mi intervención de hoy en el programa Contravía.