Más Sobre la Derecha Latinoamericana: Movimientos Autonomistas Conservadores

Foto: Protestas en Bolivia.
Fuente: hacer.org

En mi entrada anterior comentaba un artículo acerca del nuevo papel de la derecha en Latinoamérica y algunas áreas importantes donde enmarcar su estudio. Las victorias de candidatos de derecha en las elecciones presidenciales de Chile, Honduras y Panamá -sumadas a los casos de Colombia, Perú y México- parecieran detener el "giro a la izquierda" que venía dando la región en los últimos años. Sin embargo, el papel de la derecha está lejos de ser circunscrito a gobiernos nacionales y, por el contrario, a nivel local ha mostrado una importante dinámica que vale la pena estudiar.
 

En el número más reciente del Comparative Politics, Ken Eaton presenta un estudio sobre grupos sub-nacionales de derecha con influencia política importante: los Movimientos Autonomistas Conservadores en Santa Cruz (Bolivia) y Guayas (Ecuador). En ambos casos, las demandas de autonomía por parte de estos grupos buscan defender modelos de libre mercado y autonomía fiscal; sus líderes argumentan que bajo las políticas de los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, los beneficios económicos que obtienen estas regiones se han visto amenazados. Las quejas de estos movimientos tienen como punto de origen común las políticas redistributivas que han llevado a cabo los dos gobiernos nacionales en los últimos años. Siendo Santa Cruz y Guayas las regiones más productivas de sus países, las demandas de estos grupos buscan garantizar el acceso de ellas a un mayor porcentaje de sus recursos fiscales. No obstante, según el autor del estudio, el trasfondo de estas demandas es el interés de llevar a cabo modelos de desarrollo diferentes a los que se aplican a nivel nacional.

Eaton desarrolla la hipótesis según la cual la separación geográfica de los poderes político y económico es una condición necesaria para el ascenso de Movimientos Autonomistas Conservadores: la concentración del poder político en La Paz y Quito, y el poder económico en Santa Cruz y Guayas, respectivamente, es un patrón que no se encuentra en ningún otro país de la región. Esto, combinado con la presencia de gobiernos nacionales que buscan subvertir el statu quo, ha generado una crisis de representación que se ha traducido en la presencia y ascenso de estos movimientos. Ahora, en términos de su importancia comparativa –mayor en Bolivia que en Ecuador- el autor explica que es resultado del mayor reto que ofrece la constitución de un partido indígena poderoso en Bolivia (Movimiento al Socialismo), la mayor importancia de sus clivajes étnicos, y la reversión de reformas de mercado que se han efectuado bajo el gobierno de Evo Morales.

 

El carácter reaccionario de estos movimientos ha sido una espada de doble filo; por un lado, su defensa de los intereses de las clases más altas le ha permitido obtener el apoyo de partidos conservadores (PODEMOS en Bolivia y el Partido Social Cristiano en Ecuador), asociaciones de empresarios, asociaciones civiles lideradas por la élite y gobiernos sub-nacionales. Sin embargo, esto mismo ha significado un obstáculo importante en términos de movilización de las masas, ya que un amplio sector de la población percibe estos movimientos como de carácter elitista. Así, los esfuerzos más importantes de los líderes de estos movimientos autonomistas han estado encaminados a enmarcar sus demandas en torno a la identidad territorial y no en términos de clase o etnia. La respuesta oficial no se ha hecho esperar, con Evo Morales condenado estas iniciativas como el trabajo de "oligarcas" que buscan defender la concentración en la propiedad de la tierra, y con Rafael Correa que, siendo de Guayaquil, le resta legitimidad a un movimiento que lucha por los intereses de la región.

Hay varios aspectos a los que vale la pena hacer seguimiento a partir de las demandas de estos Movimientos Autonomistas Conservadores. Por un lado, el costo en términos de estabilidad en dos países particularmente convulsionados políticamente; dentro de estos movimientos hay sectores altamente confrontativos que amenazan con escaladas de violencia e incluso intentos separatistas. Por otro lado, el éxito o fracaso de estos movimientos tendrá importantes repercusiones en materia de redistribución, tema trascendental en una región caracterizada por sus altos niveles de desigualdad económica. También hacen parte de este debate temas como el papel del Estado así como conceptos de solidaridad y nacionalidad.

Finalmente, aparece la discusión en torno a la identidad, un tema que he discutido en entradas previas de este blog y sobre el que pienso volver más adelante. En los casos de Santa Cruz y Guayas las élites han moldeado su discurso de tal forma que lo que originalmente constituye intereses de clase aparezca ante el público como intereses territoriales. Una de las preguntas que surge al respecto es en qué medida los sectores menos favorecidos se ven beneficiados –económicamente o de otra forma- tras una movilización de carácter territorial. En el caso de República Dominicana que discutía hace unas semanas, la identidad en términos de nacionalidad o etnia ha sido un obstáculo para la formación de partidos de izquierda que demanden transformaciones importantes del sistema económico. Por su parte en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, esta identidad ha permitido la formación y ascenso de partidos políticos que materialicen algunas de las demandas de sus integrantes –en diferente medida en cada caso, desde luego.

Si bien en cada momento y lugar las prioridades de la población son diferentes y, por consiguiente, esta responde a identidades diferentes, es importante determinar el formato en el que se enmarcan los proyectos políticos para entender quiénes serán los beneficiados de un determinado curso de acción. Temas como la inmigración, protestas sociales, guerras civiles y contra países vecinos, entre otros, dependen crucialmente de estos marcos conceptuales y condicionan la participación en ellos por parte del grueso de la población. Los sectores de derecha en Santa Cruz y Guayas han hecho un trabajo importante en movilizar a la población en torno a intereses regionales; queda por ver, como decía antes, en qué medida esto podría traducirse en beneficios para la población que se ha movilizado y las repercusiones que esto tiene para nuestro entendimiento de conceptos como la nacionalidad.

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Referencias:

Eaton, Ken (2011) Conservative Autonomy Movements: Territorial Dimensions of Ideological Conflict in Bolivia and Ecuador. Comparative Politics, Vol. 4 No. 3, April.

La Derecha en Latinoamérica

Foto: Calderón, Santos, García, Piñera.
Fuente: daylife.com

Uno de los fenómenos políticos más importantes en Latinoamérica durante las últimas décadas es el ascenso al poder por parte de partidos de izquierda; los casos de Lula en Brasil, o los gobiernos de Concertación en Chile son, tal vez, los ejemplos más representativos de esta tendencia. El análisis de este fenómeno ha concentrado los esfuerzos de académicos y estudiosos de la región, quitándole atención a lo que ocurre a la derecha del espectro ideológico. Si bien hace algunos años sólo Perú, Colombia y México eran gobernados por líderes de centro-derecha, recientemente Honduras, Panamá y Chile se han unido a este grupo, lo cual indica la necesidad de avanzar en el estudio de este tipo de opciones políticas.

El número más reciente del Journal of Politics in Latin America incluye un artículo de James Bowen que analiza este fenómeno. El autor se plantea dos objetivos interrelacionados: determinar los fundamentos ideológicos de los grupos de derecha, y estudiar las formas por las cuales estos grupos se organizan y se movilizan para alcanzar sus objetivos. A pesar del legado que reciben los partidos y grupos de derecha existentes –la fusión de los antes antagónicos partidos liberal y conservador, por ejemplo-, estos enfrentan hoy un escenario distinto que resulta del reciente movimiento de la población hacia el centro del espectro ideológico, lo que obliga a un cambio de sus estrategias de movilización. Así, el artículo propone cuatro áreas para el estudio de la derecha en Latinoamérica: 1. la agenda política, 2. la organización interna y práctica política, 3. la capacidad de poder, y 4. el ambiente institucional.

Respecto a la agenda política, Bowen identifica ideológicamente a la derecha en un rango que va desde el conservatismo hasta el libertarianismo; es decir, desde relaciones estrechas entre Estado e instituciones religiosas, preferencia por el orden en conflictos sociales y posiciones conservadoras en temas sociales como la homosexualidad y los métodos anti-conceptivos, hasta un papel limitado del Estado en la toma de decisiones de los individuos. En cuanto a su relación con la clase capitalista, las posibilidades van desde inclinarse por el mercado como mecanismo de asignación de recursos, hasta el favorecimiento de la clase empresarial.

En términos de la organización interna y la práctica política, el carácter minoritario de los núcleos de influencia de la derecha hace que su capacidad de movilización política sea limitada; esto obliga a una relación directa de la clase empresarial con los gobiernos, en la cual los partidos políticos de derecha juegan un papel mediador importante. El tipo de desempeño que tienen estos partidos depende en buena medida de la estabilidad e institucionalización de la vida política: en ambientes más institucionalizados la derecha juega un rol más moderado, mientras que en aquellos donde las instituciones son débiles, aparecen incentivos grandes para la radicalización.

La siguiente área de atención para el estudio de la derecha es su capacidad de poder; esta incluye recursos monetarios, conexiones con actores internacionales, y su capacidad armada –ya sea a través del ejército o con organizaciones paramilitares. En ese sentido, el tipo de economía de cada país determina la agenda económica de los partidos de derecha: oligárquica, donde la economía doméstica es fuerte; tecnocrática, donde los sectores exportadores y los inversionistas extranjeros son dominantes.

Finalmente, la cuarta línea de análisis que propone el autor es el ambiente institucional. Dado que los partidos de derecha no comparten un origen común –como sí ocurre con muchos partidos de izquierda en relación con la represión que algunos de sus miembros sufrieron durante las dictaduras militares-, su desempeño y agenda estará parcialmente condicionada por el comportamiento de los partidos –presumiblemente de izquierda- que los preceden en el poder: a mayor radicalismo de la izquierda, mayor radicalismo de la derecha. No obstante, esto plantea dilemas importantes, ya que si bien la presencia de un partido de derecha fuerte constituye un gran activo para una sana democracia, una organización coherente por parte de la izquierda puede conducir a que sus oponentes hagan lo mismo y constituyan un partido coherente de derecha. Nada malo hasta ahí. Sin embargo, el fortalecimiento e institucionalización de la izquierda puede hacer que la derecha llame a una intervención militar como ha sido costumbre a lo largo de la región.

En este respecto, Bowen es enfático en cuestionar la voluntad de la derecha de jugar de acuerdo a las reglas de una democracia: cuando sus intereses se ven favorecidos, un sistema político democrático resulta conveniente para los grupos de derecha, sin embargo, "[En casos] donde las élites sienten que sus intereses están siendo atacados, no se pueden descartar opciones anti-democráticas. Durante las últimas dos décadas las élites han apoyado, exitosamente o no, golpes militares en por lo menos cuatro países Latinoamericanos (Ecuador, Honduras, Perú y Venezuela) y parecen haber contemplado opciones antidemocráticas en otros" (p. 120).

A pesar de estas dificultades, parece ser una mejor opción para la sociedad la conformación de partidos de derecha coherentes que sigan las reglas del juego democrático frente a sus similares de izquierda, que enfrentar opciones ilegales que defienden los intereses de las élites. Casos como las alianzas entre empresarios regionales y ejércitos armados ilegales con el visto bueno de políticos locales, representan, sin duda, la peor de estas opciones y desdibujan cualquier intento de la sociedad por crear y fortalecer instituciones y prácticas democráticas.

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Referencias:

Bowen, D. (2011) The Right in "New Left" Latin America. Journal of Politics in Latin America. Vol 3, No. 1, 99-124.

Comentarios al Libro “De Movimientos a Partidos en Latinoamérica. Evolución de la Política Étnica”

En mi entrada anterior en este blog comentaba un artículo que discute las razones por las cuales no ha surgido un partido de izquierda en la República Dominicana. Una de estas razones es la importancia del discurso nacionalista anti-Haitiano que se ha manejado históricamente en el país y que, entre otras consecuencias, ha dividido a las clases populares de acuerdo a su origen. Así, nación y etnia han jugado un papel más importante que clase en la identidad de los sectores menos favorecidos, lo que dificulta la formación de un partido de izquierda con posibilidades electorales.

Pero si en la República Dominicana las diferentes identidades han dificultado la formación de un partido de izquierda, en otros países de la región la etnicidad ha sido el eje alrededor del cual se articulan algunos partidos políticos. El libro de Donna Lee Van Cott de 2005 “De Movimientos a Partidos en Latinoamérica. Evolución de la Política Étnica” se centra precisamente en el estudio de las condiciones que facilitan la formación y consolidación de partidos étnicos en la región, así como aquellas que permiten a los movimientos sociales convertirse en vehículos electorales.

La metodología del libro es el "Análisis Sistemático de Procesos", según la cual el proceso que genera un resultado recibe tanta atención como las variables causales involucradas en su determinación. La investigación se basa en entrevistas de la autora en Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Perú, lo que le permite contrastar casos donde se han consolidado partidos étnicos frente a otros donde esto no ha ocurrido.

La autora clasifica las posibles variables independientes en tres grupos: instituciones, sistemas de partidos y movimientos sociales. En cuanto a las instituciones, sobresalen el nivel de descentralización, facilidad de acceso a las boletas electorales (tarjetones), curules reservadas para grupos indígenas, sistemas de representación proporcional y umbrales mínimos, como condiciones relativamente favorables para la formación y desempeño de los partidos de origen étnico.

En cuanto a las características de los sistemas de partidos, Van Cott destaca su fragmentación y "desalineación": los partidos dominantes en los países de la región obtienen cada vez un menor porcentaje del total de los votos. Igualmente, identifica como una variable trascendental la debilidad de los partidos de izquierda, lo que abre posibilidades para que nuevos partidos ocupen su lugar en el espectro ideológico.

Finalmente, otro grupo de variables importante para determinar la formación y desempeño de partidos étnicos es el relacionado con el desempeño de los movimientos sociales con identidad étnica. En este sentido, tener acceso a un proceso de reforma Constitucional, una densa red de afiliados, la madurez de la organización de los movimientos indígenas y los efectos trasnacionales de difusión, afectan positivamente las oportunidades de desarrollo y consolidación de partidos étnicos.

Usando estos grupos de variables, la autora describe los procesos que llevaron al desarrollo de partidos étnicos en Bolivia y Ecuador; es interesante destacar que la investigación termina justo antes de que Evo Morales subiera al poder en Bolivia, lo que resalta aún más los resultados de este trabajo. Así mismo, muestra como en el Perú, donde el tamaño de la población indígena haría esperar la formación de un movimiento indígena políticamente fuerte, la lucha contra el terrorismo y el cambio en las reglas de juego establecido por el gobierno de Alberto Fujimori, imposibilitaron el desarrollo de partidos étnicos con posibilidades electorales.

Seguido al estudio de estos tres países, Van Cott analiza de forma combinada los casos de Argentina, Colombia y Venezuela: mientras en el primero la concentración de poder de las élites locales ha dificultado la formación de partidos étnicos, en los dos siguientes estos partidos han tenido resultados remarcables dado el reducido tamaño de su población indígena. Su participación en procesos de reforma Constitucional ha sido uno de los principales activos de estos movimientos en su proceso de consolidación como partidos políticos.

Un tema que aparece a lo largo de los diferentes casos es el papel que han jugado de los partidos de izquierda en el desarrollo de movimientos étnicos y sus posibilidades como partidos políticos. Históricamente, la izquierda –típicamente movilizada por asuntos de clase- ha representado un obstáculo para los movimientos étnicos. En múltiples ocasiones los líderes indígenas han estado subordinados a los líderes de estos partidos, mientras que en muchos otros se ha presentado un proceso de cooptación de los líderes indígenas y, por consiguiente, la debilitación de sus movimientos. De hecho, como mencionaba anteriormente, es la debilidad –y no el fortalecimiento- de los partidos de izquierda tras la caída del muro de Berlín, un aspecto que ha facilitado la consolidación de partidos con identidad étnica en los últimos años.

Tal vez el caso más dramático en cuanto a las dificultades planteadas por la izquierda tradicional se encuentra es el del Perú, donde incluso la simbología indígena ha sido apropiada por las élites políticas e intelectuales mestizas. Esto ha reducido notablemente las posibilidades de encontrar un discurso y símbolos que identifiquen políticamente a los indígenas peruanos y, por consiguiente, ha retrasado la formación de un movimiento político fuerte.

El libro cierra con un balance de implicaciones positivas y negativas resultantes de la formación y ascenso de partidos de origen étnico en la región. Contrario a lo que ha ocurrido en otras partes del planeta, en Latinoamérica el discurso étnico no ha generado conflicto étnico ya que, entre otras razones, ha buscado el apoyo de personas y grupos no-indígenas. Adicionalmente este discurso ha integrado al sistema político grupos que hasta hace poco habían permanecido excluidos, al tiempo que ha introducido nuevos temas en la agenda política y ha recordado que, en un momento donde los partidos tradicionales cada vez se desdibujan más, las ideas políticas siguen importando.

Sin embargo, la inclusión de movimientos indígenas en los sistemas políticos modernos también tiene su costo: desde el cambio de la estructura interna de los movimientos indígenas hasta la penetración y contaminación de su cultura ancestral. No obstante, no es políticamente correcto hablar de sistemas políticos democráticos que perpetúan la exclusión de grupos de su población –por pequeños y marginales que estos sean.

El libro de Van Cott es una contribución importante a la comprensión de la formación y desempeño de partidos de origen étnico. Así mismo, plantea una nueva dimensión para entender la política de la región, en particular en la izquierda del espectro ideológico, y muestra cómo el concepto de identidad sigue siendo importante para la articulación de proyectos políticos incluyentes.

Continuidad del Sistema de Partidos Dominicano: ¿Un Problema de Identidad?

Leonel Fernández, Fuente: Noticias SIN

Las décadas de 1980 y 1990 en Latinoamérica estuvieron marcadas por un proceso de convergencia hacia un conjunto limitado de opciones de política económica; en la mayoría de países de la región las diferencias ideológicas entre los partidos políticos tradicionales fueron desapareciendo durante este período. No obstante, cuando se hace evidente la incapacidad del modelo económico dominante de mejorar las condiciones de vida de millones de personas, aparecen al menos dos opciones claras: i) la diferenciación ideológica de los partidos a fin de capturar el voto de los sectores menos favorecidos - sin que esto implique desafiar al sistema de partidos-, y ii) la aparición de retos mayores al sistema tradicional de partidos. México y Uruguay hacen parte del primer caso; Venezuela, Bolivia y Colombia hacen parte del segundo.

Sin embargo, hay también una tercera opción: preservar intacto el sistema de partidos –específicamente, permitir la consolidación de los partidos tradicionales de centro-derecha. En un artículo reciente en el Latin American Politics and Society, Jana Morgan, Jonathan Hartlyn y Rosario Espinal investigan por qué con los problemas sociales y económicos típicos de la región, y en presencia de convergencia ideológica entre los partidos tradicionales, el sistema de partidos políticos en la República Dominicana ha permanecido intacto en los últimos años.

Los autores identifican cuatro posibles razones en la literatura para explicar la continuidad del sistema de partidos y proceden a determinar en qué medida estas se ajustan al caso Dominicano. La primera de estas razones es una percepción relativamente positiva frente al desempeño económico, lo que le permite a los partidos tradicionales tomar crédito por el diseño de política. En este sentido, la República Dominicana ha tenido períodos de crisis relativamente cortos acompañados de recuperaciones rápidas, lo que reduce la posibilidad de aparición de opciones diferentes a las de centro-derecha.

La segunda posible razón es el carácter clientelista del Estado, a partir del cual los políticos dan beneficios materiales a cambio de apoyo electoral; a mayor clientelismo, menor espacio para nuevas alternativas políticas. En el caso dominicano esta práctica es común y se remonta al período de Trujillo (1930-1961), y en la actualidad sigue siendo bastante fácil para muchos ciudadanos tener vínculos clientelistas con el Estado.

Una tercera posible explicación consiste en la fragmentación de los sectores populares: en la medida en que los sectores más vulnerables de la población se encuentren desintegrados, se reducen las demandas hacia el Estado, con lo cual se favorece la preservación del status quo –en este caso, el sistema de partidos tradicionales. Sin embargo, al analizar la situación de los grupos menos favorecidos en la República Dominicana hablamos de un importante sector de la población de origen Haitiano, cuya situación en términos de derechos y libertades es bastante inferior a aquella de la de origen Dominicano. Más aún, históricamente el país ha manejado un discurso étnico y nacionalista en contra de los haitianos, lo que hace que estas identidades sean más importantes en la población que aquella de clase o en torno a problemas económicos.

Finalmente, otra posibilidad consiste en las actividades de los dominicanos en el exilio a causa del papel que las remesas juegan en la economía nacional; en particular, los lazos que los emigrantes tienen con los partidos tradicionales pueden ser determinantes al hablar de financiamiento de partidos y campañas políticas, lo que dificulta la aparición de nuevas opciones que desafíen el sistema partidista.

Los autores presentan evidencia estadística que apoya sus hipótesis: ideología, evaluación económica, prácticas clientelistas y recepción de remesas afectan la decisión de un elector de apoyar uno de los partidos tradicionales frente a mantenerse independiente. Por el contrario, la fragmentación social, capturada como apoyo a los haitianos o haber sufrido discriminación, no juega un papel importante a la hora de tomar decisiones políticas.

A partir de los resultados del estudio surge una importante conclusión en términos de la complementariedad de las diferentes estrategias en su papel estabilizador del sistema político. Por un lado, un importante sector de la población se ve beneficiado por el crecimiento económico, remesas y prácticas clientelistas, lo cual hace que sea proclive a mantener el statu quo en términos de apoyar partidos de centro-derecha. Por otro lado, aquellos sectores que se han visto marginados de los logros macroeconómicos y que no tienen acceso a beneficios clientelistas, cuentan con muy limitadas – o nulas- opciones políticas que les permitan ejercer presión para tener un sistema más incluyente. Las clases menos favorecidas, sean de origen dominicano o haitiano, han respondido prioritariamente a su identidad de raza –usada exitosamente por los diferentes gobiernos- en lugar de identificarse mutuamente en sus dificultades económicas, como sí ha ocurrido en otros países. Tal opción, en casos como Bolivia, Ecuador y Venezuela, ha permitido la organización política y, por ese camino, la exigencia de transformaciones económicas.

El caso dominicano es un claro ejemplo de un sistema de partidos que sobrevive a pesar de ser dominado por escasas opciones y de enfrentar los retos socio-económicos característicos de los demás países de la región. En este caso, el discurso político étnico-nacionalista garantiza que amplios sectores de la población permanezcan excluidos y desarticulados políticamente. Un cambio de identidad –de raza a clase- podría jugar un papel clave en el futuro de la política dominicana.

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Referencias: 

Morgan, J., Hartlyn, J. and Espinal, R. (2011) Dominican Party System Continuity amid Regional Transformations: Economic Policy, Clientelism, and Migration Flows. Latin American Politics and Society, Volume 53, Issue 1, pp 1–32.

‘Contravía’ y la Democracia que Queremos

Después de vivir cerca de dos años en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de presenciar la intensa campaña electoral que finalmente llevó a la presidencia a Barack Obama. Entre todos los aspectos llamativos de esta campaña, uno que en particular captó mi atención fue la permanente invitación a reuniones y fiestas en las que a los asistentes se nos pedía una pequeña contribución monetaria para financiar la candidatura de Obama.

En principio esto me pareció un poco extraño ya que, viniendo de Colombia, estaba acostumbrado a que quienes financian las campañas políticas son los grandes empresarios, industriales y, sobra decirlo, diversas fuentes de dudosa reputación. Pedirle plata a un estudiante como yo o mis amigos, así fueran sólo unos pocos dólares, me parecía muy raro.

Sin embargo, noté que quienes organizaban las reuniones a las que era invitado no eran personas que esperaban un puesto en caso de que Obama ganara la presidencia, ni miembros del partido demócrata, ni tampoco amigos o familiares de políticos locales. Eran ciudadanos comunes y corrientes -estudiantes, profesores, empleados- que realmente se motivaron con la esperanza de ver a Barack Obama en la Casa Blanca y que entendieron que la suma de múltiples esfuerzos individuales sería la clave para lograr los recursos necesarios para sobrevivir financieramente la costosa contienda electoral. Recordé entonces que había visto esquemas de funcionamiento similares en radio, televisión y algunos medios impresos: ciudadanos comunes y corrientes haciendo contribuciones voluntarias para poder tener acceso al tipo de información que quieren ver y no únicamente a aquella por la que pagan las grandes corporaciones.

Esta semana el programa de televisión Contravía decidió jugársela por este esquema y, con tal apuesta, abre una ventana de oportunidades inmensa para la democracia en Colombia y en América Latina. Se abre la posibilidad de tener un medio financiado por los ciudadanos en un país donde prácticamente la totalidad de la radio y televisión y, por ende, sus contenidos, son controlados por dos grandes emporios económicos. Se abren nuevas alternativas en un escenario con sólo dos periódicos de circulación nacional y donde los medios masivos, por miedo, conveniencia o incompetencia, han sido muy inferiores a los retos que ofrece la realidad del país.

Sin duda alguna, la democracia se ve fortalecida con más y mejores medios, más aún si estos son de carácter independiente; en sus nueve años Contravía ha mostrado la calidad y seriedad de su trabajo, así como su compromiso con la democracia. Más allá del fortalecimiento de nuestras instituciones políticas, con opciones como ésta la ciudadanía muestra que está en capacidad de competir con los grandes negocios, que no está dispuesta a ser un simple agente pasivo de los intereses económicos y que está en capacidad de elegir el tipo de contenidos que quiere ver. Es la única forma de exigir que las verdades que muchas veces se busca ocultar salgan a la luz pública, y contar con un medio de televisión para hacerlo.

La apuesta de Hollman Morris y su equipo hoy abre la oportunidad histórica de tener un programa independiente financiado por la ciudadanía; el éxito de esta apuesta nos permitirá pensar mañana en un canal de televisión o estaciones de radio financiadas completamente por sus seguidores; no muy lejos de allí estaremos hablando del financiamiento de campañas políticas por parte de la ciudadanía; estamos hablando de empoderar a la población para que sea ésta quien decida por quién quiere ser gobernada y no que simplemente elija entre las pocas opciones que se le ofrecen. Que este tipo de prácticas aún estén poco desarrolladas en América Latina, no es razón para no empezar a llevarlas a cabo.

La democracia funciona mejor cuando la construyen los mismos ciudadanos. Una democracia es débil cuando es impuesta desde arriba y es el resultado de intereses políticos y económicos con los que los ciudadanos comunes y corrientes -nosotros- no estamos realmente identificados. Participar en esta propuesta es nuestra oportunidad de contribuir a la democracia más allá del depósito del voto que nos piden cada dos años; es la verdadera oportunidad de elegir lo que queremos ver; es un primer paso hacia la democracia que soñamos. Démonos la oportunidad de soñar.

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Más información aquí.

Comentarios al Libro "Gobiernos de Izquierda en Latinoamérica. Éxitos y Fracasos"

Uno de los temas políticos más complejos en Latinoamérica es el del papel de los partidos de izquierda, su relación con la sociedad, el modelo económico que representan, y su desempeño general una vez alcanzan el poder. Las dificultades que han vivido estos partidos en la región se remontan por lo menos al inicio de la guerra fría con la estrategia de contención del comunismo liderada por los Estados Unidos. Durante este período y gracias a su valor geopolítico, Latinoamérica sirvió de campo de ensayo de estrategias que buscaban detener el eventual avance de gobiernos de izquierda. Es así como aparecen el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala, a Salvador Allende en Chile, las dictaduras militares en varios países del sur del continente, y la represión generalizada a estudiantes, trabajadores, intelectuales y demás ciudadanos que se consideraran amenazas al modelo económico que se buscaba defender.

El fin de la guerra fría abre la posibilidad real de que partidos de izquierda puedan ascender al poder local y nacional en varios de los países de la región. La materialización de estas expectativas representa, sin duda, un hito en la historia reciente del continente. Sin embargo, luego de algunos años tras los primeros ascensos de la izquierda al poder, surgen (o retornan) algunas preguntas: ¿Qué intereses representa un gobierno de izquierda?; ¿Qué se puede esperar de un gobierno de izquierda?; ¿Bajo qué estándares se debe calificar a un gobierno de izquierda?; ¿Qué hace diferente a un gobierno de izquierda de sus competidores?

El libro "Gobiernos de Izquierda en Latinoamérica. Éxitos y Fracasos", editado por Kurt Weiland, Raúl L. Madrid y Wendy Hunter, intenta abordar algunas de estas preguntas a partir del estudio de cuatro países Latinoamericanos donde la izquierda ha llegado al poder en los últimos años: Bolivia, Brasil, Chile y Venezuela. Define a la izquierda por su interés en la búsqueda de equidad social, justicia y solidaridad; por oponerse a toda clase de diferencias por status, ser igualitaria, anti jerárquica y buscar la no-discriminación; finalmente, argumenta Weyland, los gobiernos de izquierda persiguen estos objetivos a través de una activa intervención del Estado. Desde luego, los gobiernos de Morales en Bolivia, Lula en Brasil, Lagos y Bachelet en Chile y de Chávez en Venezuela, en mayor o menor medida satisfacen estas características. El estudio se centra específicamente en los logros que estos gobiernos han traído a sus países.

El capítulo introductorio clasifica a los gobiernos en un continuo desde moderados a contestatarios de acuerdo a temas como sus relaciones con la oposición y con Estados Unidos, así como sus visiones en temas como respeto a las instituciones democráticas, globalización y neoliberalismo. De esta forma, ubica a Brasil y Chile dentro del grupo de moderados, y a Bolivia y Venezuela dentro de los contestatarios. El escenario en que se procede a evaluar a cada uno de estos países es en términos de desempeño económico de mediano y largo plazo, logros en materia social y tipo de democracia que favorecen (participativa o representativa).

En su análisis de Venezuela, Javier Corrales muestra que el gobierno de Chávez representa una ruptura frente al pasado en términos políticos pero una continuidad en temas económicos. La primera se hace manifiesta en la concentración de poderes por parte del ejecutivo, los costos crecientes de estar en la oposición, el deterioro de mecanismos de control político y la reducción en la libertad de prensa. Por su parte, la continuidad en el modelo económico se refiere a la dependencia del petróleo y la implementación de políticas similares a las que caracterizaron el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones que caracterizó a los gobiernos en la década de los 70s; en particular, el de Carlos Andrés Pérez. Adicionalmente, cuestiona el papel de las fuerzas armadas en el gobierno, el incremento en el gasto militar y su papel en cargos públicos, empresas estatales e incluso su capacidad de ser la única institución con poder de veto al presidente (al menos informalmente).

El autor cuestiona la sostenibilidad del modelo económico actual y critica la promoción de la democracia participativa con referendos y múltiples elecciones. De forma similar, le resta importancia a los avances en materia social y argumenta que los logros alcanzados son únicamente el resultado de mayores rentas petroleras y no de una mayor atención al gasto social. Sin embargo, a pesar de la importancia del petróleo en el gobierno de Chávez, el autor explica que la carencia del recurso no necesariamente significaría un colapso del mismo ya que, como muestra la literatura del tema, aunque la falta de recursos afecta duramente a las democracias, no ocurre lo mismo con regímenes autocráticos.

El capítulo dedicado a Bolivia -con seguridad el más débil del texto- cuestiona la agenda económica de Evo Morales y resalta las tensiones políticas que ha sufrido el gobierno durante estos años. Desde esta perspectiva, el debate político parece haberse convertido en un juego de suma cero, con temas sensibles como referendos para autonomía regional, nombramientos de jueces para la Corte Constitucional y la aprobación de una nueva constitución. En particular, resultan problemáticas las diferencias que aparecen entre las constituciones de las nuevas entidades autónomas y la constitución nacional. El autor cuestiona los avances en términos de desigualdad, competitividad, productividad y manejo de recursos naturales, y pone en duda la sostenibilidad de los avances logrados por la administración actual.

El caso de Chile es el que recibe un tratamiento más completo y, a la vez, el más favorable por parte de sus autores. Allí se destacan los logros en términos de reformas políticas frente al legado de los años de la dictadura de Pinochet, como la eliminación de la figura de Senadores vitalicios, reformas a leyes de financiamiento de campañas políticas en aras de generar mayor pluralismo y la subordinación del ejército a los civiles. Así mismo, se destacan logros en términos de reformas en el mercado de trabajo y en áreas de política social –Salud, Seguro de Desempleo y Pensiones, principalmente- al igual que el avance en la legislación en temas como el aborto y el divorcio donde las leyes Chilenas son las más conservadoras del continente. Todo esto va acompañado de una política económica conservadora, que sigue las restricciones internacionales y que persigue la estabilidad macroeconómica por encima de cualquier otro objetivo.

No obstante, prevalecen importantes dificultades en términos de los vínculos entre las élites de los partidos de izquierda y la sociedad civil, lo que dificulta la movilización de la población para fines políticos. Como lo explican los autores, esto es resultado de la experiencia durante la dictadura y las dificultades financieras que enfrentan estos partidos durante períodos diferentes a las campañas.

Por último, los dos capítulos dedicados a Brasil coinciden en atribuirle los logros de las administraciones de Lula a las políticas heredadas del gobierno de Fernando Henrique Cardoso e, incluso, de Fernando Collor de Melo. Para los autores, estos gobiernos establecieron un rumbo en términos del manejo económico y programas de asistencia social a los que el gobierno de Lula dio continuidad. Así, argumentan que Brasil durante los últimos años alcanzó éxitos moderados en términos de crecimiento, desempleo e inflación; logros mucho menores en temas políticos y peor aún en temas sociales, donde lo consideran una gran decepción. Igualmente cuestionan la legitimidad del gobierno de calificarse de izquierda al darle prelación a un modelo económico de acumulación capitalista donde las grandes compañías agroindustriales y financieras pudieron expandirse libremente.

La lectura de "Gobiernos de Izquierda en Latinoamérica" deja un doble sinsabor. Por un lado, se percibe cierta desconexión entre los capítulos: análisis diferentes, hipótesis diferentes (o la ausencia total de ellas), y afirmaciones sin mayor respaldo empírico o discusión. Sin embargo, al mismo tiempo se percibe cierta unanimidad de criterios para juzgar países con realidades históricas bastante diferentes como es el caso de Bolivia y Chile, aunque estos criterios no se apliquen en todos los casos. Por ejemplo, en el caso del primero, ignorar temas como la inclusión de pueblos indígenas, los cambios sociales y culturales así como en términos del impacto sobre la identidad nacional y las reivindicaciones históricas de estos pueblos, resulta una omisión trascendental.

Adicionalmente, el libro no hace una importante contribución en términos del entendimiento de la región y sus dificultades; la clasificación que hace es bastante estándar en la literatura y las apreciaciones sobre cada uno de los gobiernos son de conocimiento común. La ausencia de una hipótesis general sobre la cual se desarrollen los diferentes capítulos, acompañada de la superficialidad en algunos de ellos, hacen de la lectura un recuento de información más que un análisis sistemático de la misma.

Finalmente, dada la trascendencia del tema, la muestra incluida en el estudio es bastante limitada. Países como Argentina, Ecuador, Nicaragua y Uruguay quedan relegados a una breve sección del capítulo final, y sólo se hacen breves comentarios respecto a otros que en algún momento se han considerado de izquierda. (Contrasta esto con el caso de Brasil, al que se le dedican dos capítulos) Nuevamente, al no haber una clara hipótesis de trabajo (aparte de que a los moderados les va mejor), la validez interna y externa del estudio es bastante limitada.

Más allá de los problemas metodológicos del texto, la mayoría de los capítulos tienden a subestimar los logros alcanzados por la izquierda durante los últimos años y, en el peor de los casos, mostrarlos como el resultado esperado tras las políticas de gobiernos pasados. Si este es el caso, sería interesante ver un ejercicio contra-factual donde los partidos que hubieran asumido el poder fueran de una orientación ideológica diferente a la que realmente ocurrió. Es decir, ¿son los logros limitados de estos gobiernos el resultado de un abandono de la agenda política que los caracteriza (al menos a nivel teórico), o es este el desempeño esperado, dadas las restricciones políticas, económicas, sociales e históricas que estos enfrentan? Propongo un ejemplo: mientras en Brasil el coeficiente de Gini -que mide la desigualdad económica- cayó cerca de diez puntos durante el gobierno de Lula, en Colombia, donde durante estos años gobernó la derecha, este indicador creció en cerca de tres puntos. ¿Cuál habría sido el resultado en Brasil si las condiciones políticas hubiesen sido diferentes? El texto no responde este tipo de preguntas.

Para terminar, en cuanto a las conclusiones generales de la investigación, es claro que los gobiernos que han optado por estrategias más moderadas han tenido un mejor desempeño en temas sociales, políticos y económicos. Si bien esto no es una gran novedad, vale la pena tenerlo en cuenta como un referente respecto a los partidos y políticos que ofrecen cambios radicales frente al status quo, cuando son comparados con aquellos que proponen ajustes graduales. No es nuevo que el ajuste gradual suele brindar cambios más trascendentales que las revoluciones de un dia.

Clientelismo e Instituciones Participativas en México

Un problema importante que enfrentan múltiples sociedades durante el proceso de consolidación de sus democracias es el del intercambio de favores políticos por beneficios materiales, más comúnmente conocido como clientelismo. En repetidas ocasiones se ha hablado del papel que los mecanismos institucionales de participación democrática pueden tener sobre el control de este fenómeno. Sin embargo, un estudio reciente publicado en el Latin American Politics and Society, muestra que el efecto sobre las prácticas clientelistas depende sustancialmente de la forma como la ciudadanía se inserta en los procesos de participación pública y la relación que los partidos políticos tienen con ella.

Controlar el clientelismo es importante por varias razones; por un lado, este tipo de prácticas debilita la cohesión social al fomentar competencia entre grupos que buscan el favor de los políticos; igualmente, el clientelismo genera exclusión social al tratar de forma privilegiada a unos grupos sobre otros; y, finalmente, al restarle autonomía a los ciudadanos, dificulta el proceso de rendimiento de cuentas por parte de los actores políticos, afectando el desarrollo democrático de la sociedad. Los regímenes autoritarios y semi-democráticos que caracterizaron a Latinoamérica durante buena parte del siglo XX dependían de forma substancial de prácticas clientelistas: el caso típico es el de una comunidad que legitimiza a un líder político autoritario a cambio de beneficios materiales. Sin embargo, este tipo de prácticas no desaparece una vez la sociedad hace su transición a la democracia; por el contrario, las prácticas clientelistas se adaptan al nuevo contexto democrático penetrando los partidos políticos y convirtiéndolos en máquinas de intercambio de favores.

La literatura identifica tres agentes de control a los actores políticos: votantes, agencias estatales y sociedad civil. El autor del estudio, se enfoca en el papel de esta última y compara las ciudades Mexicanas de León y Nezahualcóyotl, dadas sus similitudes en términos históricos. Adicionalmente, en ambas ciudades el Estado implementó dos mecanismos similares de participación: comités de obras públicas e infraestructura, y comités de barrios. Ambos mecanismos son apolíticos, voluntarios y democráticos. A pesar de estas similitudes, el estudio muestra una reducción en la importancia de las prácticas clientelistas en León, pero la prevalencia de prácticas clientelistas heredadas de administraciones anteriores en Nezahualcóyotl.

¿Qué explica estas diferencias? De acuerdo a F. Montambeault, autor de la investigación, las principales diferencias en el funcionamiento de los grupos de la sociedad civil entre las dos ciudades radican en la autonomía que estos tienen para llevar a cabo sus labores. Aquí, autonomía se entiende como la capacidad de los ciudadanos para expresar sus preferencias y defender sus propios intereses por medio de mecanismos políticos. Así, en León los partidos políticos han estado por fuera del funcionamiento de comités y grupos consejeros ciudadanos, por lo cual estos han mantenido un carácter predominantemente apolítico. Por el contrario, en Nezahualcóyotl, las élites políticas han ejercido un importante control sobre los mecanismos de participación, lo que ha obstaculizado el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil como un actor con capacidad de fiscalizar a los actores políticos.

De esta forma, si bien las reformas que buscan fomentar la democracia por medio de la inclusión de la sociedad civil logran vincular a los ciudadanos en procesos de decisión política, esto no es suficiente para alcanzar logros importantes en materia de reducción del clientelismo y, por consiguiente, en consolidación de la democracia. Es necesario que estas reformas vayan acompañadas de límites al poder de los partidos políticos en tanto estos queden impedidos de minar la autonomía de los grupos de la sociedad civil para que realmente se alcancen estos logros.

Como es tradicional al hablar del papel de la sociedad civil en la vida política de los países, estos grupos constituyen “una escuela” donde los ciudadanos se familiarizan con las prácticas políticas y se preparan para llevarlas a cabo en un nivel más alto. Si estos grupos de la sociedad civil son cooptados por los partidos políticos –normalmente mejor estructurados y muchos más poderosos- hay un costo alto en términos de la consolidación de una democracia. El diseño institucional orientado a fomentar la participación de la comunidad debe tener esto en cuenta.

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Referencias:

Montambeault, F. (2011) Overcoming Clientelism through Local Participatory Institutions in Mexico: What Type of Participation? Latin American Politics and Society, Volume 53, Issue 1, pages 91–124, Spring.

Ver una version libre aquí.

Personalidades e Ideologías

A poco más de ocho meses antes de las elecciones regionales del próximo 30 de octubre, es poco lo que los Colombianos conocemos acerca de los programas que estarán en la contienda en los diferentes municipios y departamentos. Y hablo específicamente de programas, en lugar de candidatos, ya que son estos últimos quienes han dominado la escena pública.

Este fenómeno no es nuevo en un país que tradicionalmente se ha visto atraído por líderes populares que movilizan al electorado con gran facilidad y donde aspectos como su personalidad y su carisma resultan ser más importantes que las ideas y programas que defienden. Sin embargo, durante los últimos años se ha dado una tendencia hacia la reducción del debate ideológico, que pareciera dar la sensación de un acuerdo generalizado frente a las necesidades del país y la forma como suplirlas. Prueba de esto es la pasada disputa por la Presidencia donde al menos cuatro de los seis candidatos que lideraban las encuestas no competían por sus programas de gobierno sino por mostrar quién era el más indicado para preservar el legado uribista.

Pero, ¿existe realmente un acuerdo frente a las necesidades del país y los métodos para abordarlas - como sugiere la falta de compromiso de muchos candidatos- o se trata, más bien, de una estrategia de acomodamiento electoral? Siguiendo con el ejemplo de la Presidencia de la República y el progresivo desmonte del uribismo por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, se evidencia que la ausencia de debate es, básicamente, una estrategia electoral: los candidatos dicen lo que la gente espera escuchar o, al menos, evaden temas que podrían comprometerlos seriamente frente a algunos sectores del electorado. Una vez en el poder llevan a cabo la agenda que más les interesa, como se ha podido constatar recientemente, no pocas veces ante la mutua sorpresa de sus electores y contradictores.

Esta estrategia, aunque pueda surtir efectos positivos para algunos candidatos, es bastante nociva para el desarrollo de una democracia sana. Si quienes deben liderar el debate público evaden su responsabilidad a cambio de dividendos políticos, las contiendas electorales son poco más que concursos de belleza donde los electores terminan votando por una imagen o un estilo y no por ideas claras acerca del futuro de la sociedad. Peor aún, una consecuencia de la vaguedad del discurso político es la total incertidumbre respecto a lo que hará un candidato en caso de que alcance el poder.

Dada la comodidad que representa para los candidatos a alcaldías, gobernaciones y demás cargos públicos, esconderse en un ambiente político de baja polarización, es responsabilidad de los ciudadanos ser exigentes con ellos. Así la ciudadanía debe demandar respuestas a preguntas como ¿Cuál es el programa de gobierno?; ¿Cuáles son los proyectos de infraestructura que tendrán prioridad?; ¿Qué tipo de gasto social planea fomentar?; ¿En qué sectores se invertirá?, o ¿Cómo se financiarán esos gastos e inversiones? Un político que no responda a estas y otras preguntas básicas, evade su responsabilidad y, por consiguiente, no merece ningún tipo de apoyo electoral.

Una democracia funciona mejor cuando las responsabilidades políticas no son deber y derecho exclusivo de sus líderes sino que también recaen sobre ciudadanos comunes y corrientes. En un contexto de candidatos y partidos que más que atraer a sus electores por medio de programas de gobierno, son maquinarias diseñadas para ganar elecciones, temas como la rendición de cuentas y el control político quedan completamente desvirtuados. Así, exigir claridad en los programas de gobierno es un requisito fundamental para la claridad en el debate político y es, a la vez, un punto de partida sobre el cual evaluar el desempeño de gobernantes y partidos. Reemplazar el discurso y la ideología por simples características personales es dejar al azar las decisiones futuras de la sociedad. Poco ayudan quienes fomentan este tipo de política.

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Enlace a mi columna en Zero Horas:

Personalidades e Ideologías

Comentarios al libro "La Transformación del Partido de los Trabajadores en Brasil, 1989-2009"

Uno de los eventos políticos más importantes de las últimas décadas en Latinoamérica es el ascenso al poder en Brasil por parte del Partido de los Trabajadores (PT). Siendo en sus inicios un partido radical, que integraba intelectuales, trabajadores y campesinos, y que surgía como respuesta a la dictadura de 1964-1985, el PT se transforma gradualmente hasta llegar a convertirse en la mayor fuerza electoral del país y alcanzar la Presidencia de la República en tres ocasiones consecutivas. El ascenso del PT ofrece ideas importantes sobre los aspectos que propician la consolidación de un partido político progresista. Al mismo tiempo, su contraste con casos menos exitosos ilustra los errores que comenten algunos partidos en proceso de consolidación en ambientes políticos particularmente complejos. El reciente libro de Wendy Hunter, "La Transformación del Partido de los Trabajadores en Brasil, 1989-2009", que aquí se reseña, muestra el desarrollo del PT desde sus años iniciales hasta los últimos años del segundo gobierno de Lula y ofrece un marco de análisis para el estudio de otros partidos políticos.

Durante su etapa inicial el PT se caracterizó por sus detallados requisitos para la afiliación de nuevos miembros, la baja autonomía de sus líderes intermedios y sus complicadas reglas de decisión. La coherencia ideológica entre sus miembros era bastante alta, al tiempo que el partido cargaba las banderas de la transparencia y la seriedad en el manejo político; la ideología partidista se ubicaba en un punto supremo y desde ningún punto de vista se consideraba negociable a cambio de votos o prebendas políticas. En el plano económico, su búsqueda de un modelo socialista se vio alimentada por las fallas del modelo neoliberal, y fortalecida gracias a su independencia frente a otros partidos de izquierda en el mundo.

No obstante, a lo largo de la década de los noventas se dieron importantes cambios en el electorado brasilero, particularmente relacionados con temas como la reforma agraria y las actitudes hacia el modelo económico neoliberal. Específicamente, los cambios en el electorado se dieron en la dirección contraria a la agenda original del PT: como resultado de la estabilidad macroeconómica alcanzada, el pueblo brasilero no veía con buenos ojos a un partido que ofrecía un cambio en el modelo económico. Por el contrario, resultaba más atractivo un partido que le diera continuidad a este modelo, pero que corrigiera las dificultades que presentaba frente a los temas sociales. Para el PT, aferrarse a su agenda radical habría significado quedar en el extremo izquierdo del espectro ideológico y sin ninguna posibilidad de alcanzar el éxito electoral a nivel nacional. Prueba de esto fue que los miembros del PT que adoptaron una agenda moderada alcanzaron mucho mejores resultados electorales a nivel regional que aquellos que mantuvieron el discurso radical.

De esta forma, se da un cambio en el discurso económico según el cual el PT asume una agenda en favor del libre mercado, sin que eso implique renunciar a sus objetivos de reducción de la pobreza y de mejorar las condiciones de igualdad al interior del país. Otro cambio importante fue en términos del marketing político; contrario a la visión inicial, en esta nueva etapa el PT contrata publicistas para que siguieran las tendencias del electorado, lo que implicaba "seguir a las masas" en lugar de "ser un líder de las masas", como había sido su política originalmente. Esto, a su vez, implicaba reducir el carácter ideológico de las campañas y enfocarse más en los atributos del candidato y la imagen que éste proyectaba en los medios; finalmente, se destaca la alianza con otros partidos, algo que habría sido impensable años atrás.

Es de destacar que los ajustes al interior del PT no fueron nada inmediatos. Por el contrario, los ajustes graduales que se llevaron a cabo durante los noventas estuvieron llenos de tensiones y contradicciones entre varios de sus miembros, como es de esperarse en cualquier partido donde el componente ideológico juega un papel preponderante.

Conceptualmente la transición del PT establece dificultades interesantes para su análisis al no ajustarse a los esquemas predominantes en la literatura. Mientras que un enfoque de elección racional predice el cambio de estrategia de tal forma que esta se ajuste a las condiciones cambiantes de la realidad política nacional y, así, permita ganar elecciones, falla al tratar de explicar la reticencia del partido a llevar a cabo esos ajustes durante sus años iniciales, como ocurre en muchos casos. Por otro lado, un enfoque histórico institucional, que permite entender cómo ciertas prácticas políticas persisten a lo largo del tiempo, enfrenta dificultades para explicar el cambio en la interacción del partido con el electorado. Así, Hunter recurre a la integración de los dos enfoques teóricos para lograr dar cuenta del efecto de los contextos político y económico en la creación de estructuras de incentivos que conduzcan a la innovación institucional. Esto, a su vez, le permite explicar la rigidez del partido para adoptar esos cambios, así como las consecuentes disputas internas protagonizadas por los diferentes grupos en su interior.

Adicionalmente, la autora muestra un contraste interesante entre el desempeño del PT en la legislatura frente a su comportamiento en los gobiernos locales. A nivel legislativo, las posiciones radicales del partido así como su permanente carácter opositor del gobierno le permitieron consolidarse ideológicamente, mostrar su cohesión, disciplina y lealtad partidista; campos en los que superó con creces a los demás competidores. Así mismo, su desempeño en el legislativo le generó una imagen bastante positiva gracias a temas como las denuncias de corrupción por parte del gobierno, una de ellas llevando a la renuncia del Presidente en 1992. En los gobiernos locales, la tarea del PT exigía más pragmatismo y moderación en el manejo político, lo que ayudó a entender la diferencia entre el proyecto de largo plazo a nivel nacional y las necesidades de corto plazo a nivel local. En estos gobiernos se defendió la transparencia, descentralización en el manejo de los recursos y provisión de servicios, así como un énfasis importante en materia de salud, educación y transporte. Se promovió la participación de la sociedad en el diseño de presupuestos, lo cual también favoreció el desarrollo y fortalecimiento de lazos con la sociedad civil. Igualmente, se dio inicio a los programas de transferencias condicionales de dinero que serían de gran éxito a nivel nacional durante la administración de Lula.

Hunter también explica la evolución de la estrategia para las elecciones nacionales. Lula pasa de un 47% en la segunda vuelta de las elecciones de 1989, como resultado de un ambiente político altamente polarizado, a no lograr ir más allá de la primera vuelta en 1994 y 1998; con una menor polarización, la opción del PT parecía ser demasiado radical como para recibir un apoyo electoral importante. Progresivamente, Lula exige autonomía para el manejo de su campaña política y da muestras de que no sería controlado por los sectores más radicales del partido en caso de llegar a la Presidencia. Finalmente, en 2002, con el desprestigio de Fernando Henrique Cardoso tras la devaluación del real en 1999, el PT en cabeza de Lula, llega al poder.

Durante su primer gobierno Lula da continuidad a la política económica de su antecesor, generando inconformismo al interior del partido. Sus diferencias más importantes se dan en temas de carácter internacional, donde promueve la cooperación Sur-Sur y busca consolidar al Brasil como un líder del tercer mundo, para lo cual busca aliados en Asia, Medio Oriente y África, al tiempo que le presta menos atención a Estados Unidos.

Ahora, de acuerdo con su lógica original, el PT es reticente a incluir en el ejecutivo miembros de la coalición que alcanza el poder. Esto conduce a una relación difícil con el legislativo que termina en una situación de compra de votos de Congresistas y que genera un escándalo mayor para la colectividad. Curiosamente, la imagen de Lula no se ve afectada por este escándalo, lo cual genera incomodidades dentro del partido ya que esto se toma como una señal de caudillismo, que es precisamente algo a lo que tradicionalmente se ha opuesto el PT. El segundo período de Lula se aproximaría un poco más al ideario original del PT en temas sociales, acompañados de importantes logros de caracter macroeconómico.

El libro termina con algunas comparaciones del PT frente a otros partidos políticos de la región. Así, muestra el caso del Frente Amplio en Uruguay, el cual sigue una trayectoria bastante similar a la del PT. Contrasta esto con FREPASO en Argentina, que al carecer de una buena organización desaparece una vez enfrenta la crisis tras la renuncia de De La Rua, así como el caso de La Causa R, en Venezuela, cuya falta de institucionalidad y el fenómeno Chávez aseguran su desaparición como partido de izquierda. Otro ejemplo es el de Izquierda Unida, en Perú, donde la estructura ideológica es tan rígida que le impide llevar a cabo las transformaciones necesarias para ajustarse a las nuevas condiciones políticas de su sociedad.

Dado el carácter del libro, su balance final podría dividirse en dos partes: una de carácter teórico  y otra de carácter práctico. A nivel teórico sus contribuciones no son tan claras, ya que más allá de mostrar la necesidad de un enfoque en el que se combinen el análisis de elección racional con el análisis histórico institucional, no hay una hipótesis de trabajo que se desarrolle a lo largo del texto. Como es de esperarse, esto reduce la validez externa de la obra ya que no ofrece una teoría bien definida que pueda ser aplicable directamente a otros escenarios y deja la duda de si el fenómeno que analiza es específico al caso brasilero. Tal vez consciente de esto, la autora incluye los casos de algunos partidos políticos de la región, mencionados al final, tema que sería interesante desarrollar con mucha más profundidad y quizá con una muestra más amplia.

A nivel práctico "La Transformación del Partido de los Trabajadores en Brasil, 1989-2009" presenta un balance interesante de la evolución del PT en las dos últimas décadas y de cómo los cambios que ha sufrido le han permitido convertirse en la fuerza electoral más importante del país. Las experiencias allí documentadas son, sin duda, un referente importante para otros partidos de izquierda en su lucha por llegar al poder así como para los interesados en el estudio de los partidos políticos latinoamericanos. Como muestra la sección final de análisis comparativo, el afán o la rigidez para llevar a cabo transformaciones institucionales pueden garantizar la muerte de un partido político.

La Coherencia Ideológica de los Partidos Políticos Brasileros

Hace algunas semanas comenté en este blog dos estudios acerca de la evolución ideológica y política en Latinoamérica. En el primero de ellos (1) se muestra la dificultad que enfrentan los electores brasileros para ubicarse a sí mismos en el espectro ideológico izquierda-derecha, así como algunas de las consecuencias que esto trae en términos de sus elecciones políticas. El segundo trabajo (2) desarrolla la hipótesis de una reducción en la confrontación ideológica a nivel regional; recientes encuestas de opinión y resultados electorales evidencian una tendencia hacia el centro, acompañada de un proceso de convergencia en términos de la aceptación del modelo económico y las prioridades sociales.

Aunque en el primero de estos artículos mencionaba el multipartidismo como una posible explicación del resultado encontrado, esta hipótesis no se desarrolla plenamente. No obstante, si los resultados de ambos estudios son correctos, es de esperarse que los partidos políticos jueguen un papel fundamental en términos de la falta de identidad ideológica, así como del movimiento hacia el centro del espectro izquierda-derecha. Un estudio de Kevin Lucas y David Samuels de la Universidad de Minnesota, precisamente estudia esta hipótesis (3).

La investigación es dirigida al caso de Brasil y busca establecer si sus partidos políticos son débiles y el sistema partidista rudimentario, o si, por el contrario, hay algún indicio de fortaleza de los partidos. Para responder esta pregunta algunos estudios anteriores utilizan opiniones de expertos o información según la cual los congresistas ubican su propio partido, los demás partidos, y se ubican a sí mismos en el espectro ideológico. Entre las conclusiones de estas investigaciones anteriores se encuentra que los principales partidos políticos brasileros pueden ser organizados claramente entre izquierda y derecha y que su ordenamiento ha sido relativamente estable desde la transición a la democracia. Lucas y Samuels, no obstante, cuestionan este resultado.

A diferencia de los estudios anteriores, su enfoque consiste en utilizar las respuestas de los congresistas durante los últimos veinte años a múltiples preguntas. Estas incluyen temas como el papel del ejército en la sociedad, autoritarianismo y democracia, poderes presidenciales, estructura partidista, sistema económico, descentralización, campañas electorales, y evaluación a importantes políticos, entre otros. El estudio se concentra en los cuatro partidos políticos más importantes durante este período: Partido de los Trabajadores, PT; Partido de la Democracia Socialista de Brasil, PSDB; Partido del Movimiento Democrático Brasilero, PMDB; y Partido del Frente Liberal, PFL. Como técnica los autores utilizan el análisis de función discriminante, a fin de determinar las variables (respuestas a las preguntas mencionadas) que discriminan entre los posibles partidos políticos.

El resultado principal del estudio es la identificación de dos grandes bloques: uno conformado únicamente por el PT, y otro donde se encuentran todos los demás partidos. Como era de esperarse, el PT se encuentra hacia la izquierda del espectro ideológico, mientras que los demás –PMDB, PSDB y PFL- ocupan una posición hacia el centro-derecha, estadísticamente indistinguible entre ellos. Es decir, se derrumba el argumento de un discurso coherente y diferenciado entre los principales partidos políticos; a excepción del PT, todos los demás comparten sus posiciones y orientación ideológicas. Otro resultado interesante es el desplazamiento hacia el centro que el PT ha mostrado desde la llegada de Lula al poder en 2003, así como el movimiento del PFL durante los últimos 12 años pasando de una clara posición de derecha a una posición más hacia el centro.

Estos dos resultados coinciden con los de aquellos de los otros dos estudios mencionados al inicio: por un lado se reduce la identificación ideológica de los partidos más importantes, lo cual, como vimos, dificulta la identificación del electorado. Por otro lado, tanto la izquierda como la derecha se mueven hacia opciones más de centro, lo que reduce el espacio para el debate ideológico. Es decir, se alcanza cierto acuerdo entre los resultados económicos y sociales deseados, así como en los métodos para conseguirlos.

Como mencioné en mis entradas anteriores, si bien hay varios aspectos positivos de estos dos resultados, las consecuencias negativas no son nada despreciables: primero, al ser más difícil para los electores identificarse con uno u otro partido, estos se vuelven presa fácil de políticos oportunistas que sólo buscan atender sus necesidades inmediatas. De igual forma, cuando desaparecen las diferencias entre las posibles opciones, se deteriora la calidad en la representación y el rendimiento de cuentas por parte de los partidos.

Adicionalmente, al desaparecer la confrontación ideológica, el carisma y otras características personales de los líderes entran a jugar un papel más importante que las ideas y el discurso político; algo indeseable en una región tan proclive a la aparición de caudillos y con unas instituciones democráticas aún en proceso de consolidación. Finalmente, la convergencia ideológica hacia el centro genera la sensación de un acuerdo en torno al debate ideológico y, por consiguiente, descuida problemas importantes como las amenazas latentes en temas de seguridad o aquellos relacionados con el tráfico de drogas; un ambiente más heterogéneo, por el contrario, permite abordar estos problemas desde diferentes perspectivas, así como estar más atentos a las nuevas amenazas.

Aunque el estudio se centra únicamente en el caso brasilero, hay claros indicios de tendencias similares a lo largo de la región. Esto invita no sólo a evaluar en qué medida estas tendencias se encuentran en otros países, sino también las consecuencias que esto trae en términos del fortalecimiento de la democracia y de solución a problemas persistentes como los mencionados arriba. En un ambiente tan contrariado como el de la región, no es nada satisfactorio pensar en el fin del debate ideológico.

Nota:

Una de las preguntas que surge de este análisis es acerca de las razones detrás de la evolución del PT hacia una opción más de centro -probablemente uno de los eventos políticos más importantes en la región durante las dos últimas décadas. Este será el tema sobre el que hablaré la próxima semana.

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Referencias:

(1) Ames, B., and Smith, A.E. Knowing Left From Right: Ideological Identification in Brazil, 2002-2006. Journal of Politics in Latin America, Vol 3, No. 3, 2010.

(2) Shifter, M. A Surge to the Center. Journal of Democracy, Volume 22, Number 1, January 2011, pp. 107-121., 2011.

(3) Kevin Lucas, David Samuels. The Ideological "Coherence" of the Brazilian Party System, 1990-2009. Journal of Politics in Latin America, Vol 3, No. 3, 2010.

El Polo, los Medios y la Democracia en Colombia

Uno de los temas que ha copado la atención de los medios y la opinión pública durante los últimos meses es el de las divisiones del Polo Democrático, el desempeño de algunos de sus líderes y su futuro político. Los escándalos que hoy vive el Polo han sido un duro golpe para la colectividad e incluso han llegado a poner en duda la viabilidad de un proyecto político de izquierda democrática. Surge la pregunta acerca de lo equilibrado que es este debate, así como su conveniencia para el país.

Si se quisiera defender al Polo, lo más fácil sería decir que la atención que le han dado los medios y la opinión pública es injustificada al compararse con la que reciben los escándalos provenientes de otros partidos. No creo que este camino sea el correcto. Todas las administraciones y partidos políticos, independientemente de su ideología, deben estar sometidas a un escrutinio público permanente por parte de los medios, las entidades de control y de la ciudadanía en general. Lo curioso es que este derecho y deber ciudadano se ejerza selectivamente y “perdone” incluso crímenes contra la humanidad -como en los que se han visto involucrados miembros de otras colectividades- pero decida jugársela toda en este caso. ¿No será, más bien, que ese derecho y deber de informar responde a otro tipo de intereses, y los repetidos ataques al Polo hacen parte de una estrategia de mayores dimensiones?

La situación que hoy enfrenta el Polo no es nueva y, en cambio, se ajusta a dinámicas similares que han vivido otros partidos y políticos de izquierda en el continente. Desde el inicio de la guerra fría –sólo por dar una fecha-, el ascenso de la izquierda en Latinoamérica ha recibido toda la oposición por parte de los sectores que más se ven beneficiados con la preservación del statu quo -medios de comunicación, grandes empresarios e Iglesia Católica, entre otros. Ejemplos de esto son los casos de Jacobo Arbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, el Sandinismo en Nicaragua o el Partido de los Trabajadores en Brasil. En todos estos escenarios, ya sea por la vía armada, la manipulación de los medios de comunicación, presiones externas directas, o simple “ayuda humanitaria”, se han obstruido proyectos progresistas que buscan incluir a amplios sectores de la población.

A pesar de algunos cambios en la geopolítica mundial, es claro que en múltiples escenarios locales e internacionales no se ve con buenos ojos la consolidación de este tipo de proyectos políticos. Por el contrario, cuando éstos empiezan a convertirse en una fuerza electoral importante, las campañas de desprestigio y de desinformación no han faltado.

Se dirá que el caso del Polo no se ajusta a este formato y que sus propios errores son los responsables de la situación que el partido vive actualmente. Seguramente sí, pero regreso sobre mi punto anterior: llama la atención que cuando se han dado escándalos como la parapolítica o los innumerables casos de corrupción que ha visto el país a lo largo de su historia, no se haya puesto en la picota pública a colectividades enteras. Si hay alguna duda de esto, sólo hay que ver la importante presencia en el Congreso de la República de miembros de los partidos involucrados en estos escándalos.

Conscientes de esta situación, varios dirigentes del Polo ya han manifestado su descontento frente a medios como El Tiempo por tergiversar la información que ofrecen a sus lectores, o por ocultar sus pronunciamientos en los que condenan las prácticas de sus copartidarios. También aparecen cuestionamientos frente al gobierno nacional por el proyecto de ley que reformaría el censo electoral y que afectaría directamente al mismo partido.

Sin embargo, más allá de los intereses inmediatos que se vean amenazados por el eventual ascenso de un partido de izquierda, se debe hacer una evaluación acerca de las consecuencias de esta situación para una democracia sana. ¿Será que al país le conviene un escenario monolítico en materia política, donde no exista el disenso y desaparezca el debate? Una verdadera democracia es aquella que se nutre de las diferencias, la diversidad de opiniones y las múltiples visiones sobre lo que le conviene al país, y no donde las mayorías imponen su voluntad libremente.

Esto, desde luego, no implica ignorar los errores del Polo ni de ningún otro partido, así como tampoco perdonar sus culpas; todo lo contrario. El escrutinio público debe ser generalizado y debe asegurarse de las leyes se cumplan y de que los recursos públicos se utilicen de forma debida. Lo que no se puede aceptar es el uso selectivo de estos mecanismos democráticos para acallar el disenso y por ese camino marginar a un partido político. Si no se garantiza un espacio de debate y unas reglas de juego tales que las diferentes voces –sean estas de izquierda o de derecha- sean escuchadas, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando?

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Enlace a la columna en Zero Horas:

El Polo, los Medios y la Democracia en Colombia

Justicia Transicional, Democracia y Paz

Uno de los conceptos jurídicos más importantes de finales del siglo pasado es el de Justicia Transicional. Algunos autores lo definen como “justicia adaptada a sociedades en transformación luego de un período con violaciones masivas de los derechos humanos” (1). Entre los objetivos principales de los mecanismos que hacen parte de este tipo de justicia, se destacan la reducción del número de crímenes de lesa humanidad y la transición y consolidación de la democracia en las sociedades afectadas. No obstante, hay un debate abierto acerca de la efectividad de las prácticas de tipo transicional, así como del tipo de mecanismos ideales para alcanzar sus objetivos. Es decir, ¿son los mecanismos transicionales –amnistías, juicios, comisiones de la verdad- garantes de una reducción de las violaciones a los derechos humanos y fortalecimiento de la democracia? Y si es así, ¿qué tipo de combinación de estos mecanismos facilitan el alcance de dichos objetivos?

 

Un estudio reciente en el Human Rights Quarterly (2) busca ofrecer un marco general de análisis de los diferentes mecanismos transicionales, e intenta dar respuesta a algunos de estos interrogantes. Los autores distinguen cuatro tipos diferentes de enfoques de justicia transicional: maximalista, o que pone el énfasis en la rendición de cuentas,  es decir, que los responsables por las violaciones de derechos humanos paguen por sus crímenes; minimalista, que enfatiza en los procesos de amnistía como condición necesaria para alcanzar estabilidad y fortalecimiento de la democracia; un enfoque moderado, basado en comisiones de la verdad; y un enfoque holístico,  que recurre a diversas combinaciones de los mecanismos anteriores.

Como es claro a partir de aquí, aparecen claras tensiones entre algunos de estos enfoques. Mientras que los críticos de un enfoque maximalista argumentan que este representa obstáculos insuperables para alcanzar la paz, aquellos que cuestionan el enfoque minimalista aducen que la impunidad que generan los procesos de este tipo son generadores de más violencia. Es decir: “mientras un enfoque maximalista enfatiza la parte de “justicia” de la ecuación de justicia transicional, un enfoque minimalista enfatiza la parte de ‘transición’.” Los defensores de ambos enfoques consideran a las comisiones de la verdad como la segunda mejor opción después de su favorita. Sin embargo, los maximalistas ponen en duda la eficiencia de estas comisiones para garantizar el imperio de la ley, el fortalecimiento de las cortes y la erradicación de la impunidad; los minimalistas, por su parte, consideran que  estas comisiones pueden generar problemas al referirse a crímenes que quedan por fuera de las leyes de amnistía, así como por la reacción que pueden tener los responsables de estos.

Los defensores de un enfoque holístico -en el que se combinen al menos dos de los enfoques anteriores- argumentan que procesos donde no se castigue a los responsables, o no se cuente la verdad, o no se repare a las víctimas, son, por definición, procesos incompletos y, por consiguiente, representan dificultades importantes en un proceso de transición. Por esta razón, consideran necesario incluir elementos de cada uno de estos enfoques para alcanzar la reducción de la violencia así como los objetivos trazados en materia de democracia.

El estudio mencionado utiliza una base de datos con 91 procesos de transición a la democracia en 74 países desde 1970 a 2004. Los autores encuentran que si bien los procesos de justicia transicional contribuyen al fortalecimiento de la democracia y a la reducción de la violencia, no cualquier tipo de proceso tiene un efecto positivo sobre estas variables. De hecho, ninguno de los mecanismos de justicia por sí solos ayuda a reducir la violencia o fortalecer la democracia. Sólo la combinación de estos mecanismos genera resultados positivos sobre los objetivos que hicieron necesario el establecimiento de la justicia transicional.

A pesar de que el artículo no es explícito en cuanto a sus métodos, y sólo presenta una versión reducida de sus resultados -lo cual hace que para el lector sea difícil extraer los detalles del trabajo-, sus conclusiones son un llamado de atención acerca de los mecanismos que se aplican al llevarse a cabo un proceso de transición a la democracia o de firmas de acuerdos de paz. Es claro que leyes de perdón y olvido, como las que se han tratado de emitir en varios países no son garantía alguna del fortalecimiento de la democracia ni de la reducción de la violencia. Aunque es necesaria una dosis de perdón para facilitar el período de transición, las leyes de indulto tras la comisión de crímenes contra la humanidad sólo garantizan la impunidad y, muy probablemente, el retorno de la violencia en un mediano plazo.

Como muestra la experiencia de algunas de las dictaduras del Cono Sur, las heridas que los crímenes contra la humanidad generan en la sociedad sólo empiezan a cerrarse una vez los responsables son juzgados por ellos. Las amnistías firmadas bajo la presión del poder militar de una de las partes no ofrecen, por sí solas, el arreglo de cuentas con el pasado que estos procesos buscan. Desde luego, esto también aplica para casos donde las desmovilizaciones de militantes de un movimiento armado, más allá del espectáculo ante los medios, sólo representan el ocultamiento de la verdad, así como la impunidad acerca de centenares de crímenes atroces. De esto tenemos experiencia de sobra en Colombia; las consecuencias de mediano plazo, como estamos empezando a ver, no son nada alentadoras.

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Referencias

(1) International Center for Transitional Justice. What is Transitional Justice?  http://www.ictj.org/en/tj/.

(2) Tricia D. Olsen, Leigh A. Payne and Andrew G. Reiter. The Justice Balance: When Transitional Justice Improves Human Rights and Democracy. Volume 32, Number 4, November 2010.

TLC con Estados Unidos e Integración Regional

La semana anterior vimos el retorno del debate acerca de la firma del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos. En esta nueva discusión aparece por un lado la breve mención del tema en el discurso sobre el estado de la unión por parte del Presidente Obama y, por otro, la visita a Washington del Vicepresidente Colombiano y su reunión con la Secretaria de Estado. Tras múltiples reuniones y pronunciamientos, el panorama hacia una eventual firma del tratado es aún bastante incierto.

En sus declaraciones a la prensa, Hillary Clinton expresó la necesidad de revisar el acuerdo para que una vez sea enviado al Congreso este no sea rechazado, lo que para muchos significa una renegociación. No obstante, Gabriel Silva, embajador de Colombia en Washington, destaca el consenso entre diversos sectores estadounidenses acerca de los beneficios del tratado en materia de empleo y del desempeño general de la economía de ese país. Adicionalmente, en su discurso del martes, Obama establece: “Sólo firmaré acuerdos que sean fieles a los intereses de los trabajadores estadounidenses y que estimulen trabajos estadounidenses.”

Resulta curioso, por decir lo menos, que todas las preocupaciones mencionadas acerca de empleos, crecimiento y otros beneficios económicos provengan del país más rico de la relación y no de su socio potencial, como sería de esperar. Al parecer la discusión parte de la premisa de que el comercio que se genere traerá beneficios para todas las partes; es decir, si el tratado es bueno para Estados Unidos, es bueno para Colombia.

Sin embargo, aun manteniendo el argumento acerca de las bondades del libre comercio, una característica de los acuerdos como el que se discute es que no se limitan a una reducción generalizada de aranceles como mecanismo para generar un mayor flujo de bienes y servicios. Por el contrario, estos acuerdos establecen una serie de excepciones y condiciones que enmarcan la relación comercial bilateral una vez entran en vigencia.

El ejemplo más común de estas restricciones son las famosas reglas de origen, que establecen el mínimo porcentaje de contenido nacional que debe tener un producto que quiera ser vendido en el mercado del país socio. Al hablar de países como Colombia, esto dificulta la posibilidad de integración con sus vecinos, ya que al tener que satisfacer las reglas de origen, se reducen los incentivos de negociar con un vecino que produzca insumos. Tal escenario genera una mayor dependencia frente a los países desarrollados y establece importantes obstáculos frente a un eventual proceso de integración regional –exactamente lo contrario a lo que la región necesita.

Por lo tanto, si el objetivo real fuera generar un mayor volumen de comercio se le debería poner más atención a los desmontes generalizados de aranceles por medio de la Organización Mundial del Comercio y no a este tipo de acuerdos, como ha sido costumbre en las últimas dos décadas. En un reciente libro sobre el tema, Mark Manger –Profesor de Relaciones Internacionales del London School of Economics- muestra que la verdadera causa detrás de estos acuerdos comerciales son las presiones que las compañías multinacionales de los países desarrollados ejercen sobre sus gobiernos. El objetivo que persiguen es la liberalización de sectores donde estas compañías son fuertes y que requieren de insumos importados; así, lo que buscan es reducir sus costos y facilitar su integración vertical, por lo cual resulta evidente que la liberalización sólo se dé en unos sectores mientras excluye muchos otros. No es entonces sorprendente la escasa liberalización que acuerdos como NAFTA (acuerdo de libre comercio de Norte América) significan en áreas como trabajo y productos agrícolas –ambos de gran interés para México- frente a la significativa liberalización en sectores como el automotriz y de servicios -de interés para Estados Unidos.

Más aún, si de incrementar el volumen de comercio con Estados Unidos se trata, Colombia debe buscar profundizar y extender el acuerdo de preferencias arancelarias andinas (ATPDEA) que, en últimas, es la contraparte del esfuerzo que el país y sus vecinos hacen en la lucha anti-drogas. El principio de corresponsabilidad en esta lucha no puede limitarse a la financiación de la guerra y la erradicación de cultivos.

Las repetidas señales que ha enviado el gobierno estadounidense respecto a este tema deberían ser tomadas como una lección acerca del tipo de relaciones internacionales a las que les que el gobierno colombiano debe dar prioridad. El discurso de Juan Manuel Santos acerca del potencial rol del país como líder de la región debe ser puesto en práctica, y esto significa mirar más hacia los vecinos y menos hacia el norte. Ojalá sea cierta la actitud que tanto él como Angelino Garzón, han mostrado frente al tema cuando dicen que Colombia “no se sentará a llorar” si el acuerdo no se firma, y que Colombia “seguirá buscando socios comerciales”.

Después de tener un presidente que le pedía a Estados Unidos que estableciera bases militares en su territorio, esta actitud es, sin duda, un gran avance. Ojalá este discurso del actual gobierno sea mucho más que palabras.