Corrupción, Escándalos y Competencia Política: Lecciones para Colombia

Uno de los problemas políticos más generalizados en Latinoamérica es el de la corrupción; por ejemplo, de acuerdo al Latinobarómetro, los ciudadanos de la región consideran que cerca del 70% de los funcionarios públicos de su país son corruptos, mientras que cerca del 80% considera que en los últimos años se ha hecho poco o nada por reducir los niveles de corrupción. Con frecuencia salen a la luz pública escándalos relacionados con este fenómeno y no pocas veces los gobiernos locales y nacionales inician campañas para luchar en su contra. Sin embargo, a pesar de que la corrupción pareciera ser parte de la vida política de la región, los escándalos de este tipo se dan de forma discontinua, lo que hace pensar que muchos actos de corrupción nunca son conocidos por el público. En un artículo reciente en el Journal of Comparative Politics, Manuel Balán intenta explicar qué hace que algunos actos de corrupción se conviertan en escándalos mientras muchos otros permanecen ocultos.

Para esto el autor reta dos posiciones convencionales que explican los escándalos de corrupción. Una que los utiliza como indicadores de una democracia sana donde los mecanismos de rendición de cuentas funcionan satisfactoriamente; y otra que simplemente asocia los escándalos de corrupción a mayores niveles de la misma. Por el contrario, Balán argumenta que dados los incentivos de los actores políticos y las restricciones impuestas por posibles competidores, los escándalos de corrupción se desatan precisamente por la competencia entre tales actores.

Es decir, los políticos al interior de la coalición de gobierno, quienes en general tienen acceso a información que desconoce el público, eligen selectivamente qué información filtrar a los medios de comunicación y entidades de control. Esta actuación hace parte de dos posibles estrategias: una con la que se busca ganar poder dentro de la coalición de gobierno al hacerle daño a algunos aliados políticos, y otra con la que se busca abandonar esta coalición afectando a sus líderes al relacionarlos con un escándalo de corrupción. Así, el autor propone que los gobiernos con altos niveles de competencia interna, así como aquellos que enfrentan una oposición débil, son más vulnerables a sufrir escándalos de corrupción.

Balán presenta evidencia de Argentina y Chile utilizando como base de datos las noticias acerca de casos de corrupción en cada uno de estos países que aparecieron en el Latin American Weekly Report de 1989 a 2007, así como en importantes periódicos de cada uno de ellos. Así, durante el primer gobierno de Ménem Argentina se caracteriza por una intensa competencia al interior del Peronismo y una oposición bastante débil; en este escenario los escándalos de corrupción abundan. Esta situación cambia hacia el final de su segundo período con una reducción en la competencia interna al gobierno y un fortalecimiento de la oposición; como resultado de esto, explica el autor, los escándalos de corrupción fueron mucho menores durante este período. Una dinámica similar ocurre en los gobiernos posteriores.

Para el caso de Chile, los primeros diez años de los gobiernos de la Concertación estuvieron caracterizados por una baja competencia intrapartidista y una oposición –heredera del régimen Pinochetista- bastante fuerte. Como resultado de esto, los escándalos de corrupción fueron pocos. Sin embargo, la llegada del Partido Socialista al poder y el debilitamiento de la oposición por temas como la captura de Pinochet, generan una alta competencia intrapartidista y una baja competencia interpartidista, que termina en un alto nivel de escándalos de corrupción. Un patrón similar se encuentra en la segunda mitad del gobierno de Lagos y durante el gobierno de Bachellet.

De esta forma, el autor concluye que la dinámica de los escándalos de corrupción más que estar asociada al papel de los medios de comunicación o ser un resultado inmediato de los casos de corrupción, responde a la competencia política tanto al interior de los partidos de gobierno como a aquella existente entre estos y la oposición. Paradójicamente, indica Balán, una oposición fuerte más que promover el rendimiento de cuentas a los partidos de gobierno, genera una presión indirecta para que haya mayor encubrimiento de los casos de corrupción.

Los resultados de la investigación son de gran interés más allá de los dos casos discutidos. El autor se refiere brevemente a los casos de México, Brasil y España como otros ejemplos donde la dinámica descrita en el artículo explica la emergencia de escándalos de corrupción. Para el caso de Colombia – no discutido en el artículo-, y en particular los recientes escándalos de corrupción por la contratación en Bogotá, resulta enriquecedora la propuesta que hace esta investigación. En el año 2010, integrantes del Polo Democrático Alternativo -partido de gobierno en la capital del país- liderados por Gustavo Petro, sacan a la luz pública el problema de corrupción crónico que se vivía al interior de la administración distrital.

Tal como plantea la hipótesis del artículo, el Polo estaba bastante dividido internamente por temas como la presidencia del partido y la predominancia de las diversas fuerzas al interior de este, al tiempo que la oposición a nivel local era bastante débil. De hecho, luego de dos períodos de gobierno por parte del Polo, muchos analistas asumían que a menos que algo trascendental ocurriera –como los escándalos de corrupción que aparecieron- la alcaldía sería alcanzada nuevamente por este partido. Esta combinación de alta competencia intrapartidista y una oposición débil, finalmente llevan a la filtración de la información relacionada con el "carrusel de la contratación" y los demás escándalos que terminan con la suspensión del alcalde distrital Samuel Moreno y el descrédito generalizado de la administración del Polo Democrático.

En este caso, la estrategia de Petro y sus seguidores que inicialmente pareciera haber sido dirigida a ganar fuerza dentro de la coalición a costa del desprestigio de las otras partes –en particular, la ANAPO de la familia del alcalde Moreno-, termina convirtiéndose en un abandono de esta y en la fundación de un nuevo movimiento político; lo que Balán llama "el abandono del barco".

La tesis del artículo de Balán es sin duda bastante interesante e invita a reflexionar acerca de los intereses políticos que están en juego tanto en aquellas situaciones cuando salen a la luz pública escándalos de corrupción como en aquellas donde estos escándalos están ausentes. En uno y otro caso, la competencia política, o su ausencia, puede decirnos más acerca de la dinámica de los escándalos de corrupción que lo que nos ofrecen las explicaciones convencionales.

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Referencias

Balán, Manuel (2011) Competition by Denunciation. The Political Dynamics of Corruption Scandals in Argentina and Chile. Journal of Comparative Politics, Vol. 43, No. 4, pp. 459-478.

Latinobarómetro (2006) .

La Política y el Respeto - Nacimos el 31 de diciembre

Durante la década de 1980, tras la declaración de guerra al Estado peruano por parte de Sendero Luminoso, cerca de 69.000 personas perdieron la vida. A pesar de que la población indígena representa una minoría dentro del total nacional, esta fue la principal víctima del conflicto armado, dando continuidad a una larga historia de exclusión, marginamiento y exterminio. Sendero Luminoso condenaba las tradiciones de estas comunidades, sus ritos y sus fiestas, al tiempo que ridiculizaba mucho de lo que constituye la identidad del indígena peruano. El Estado, por su parte, consideraba a los indígenas como ciudadanos de segunda categoría –cuando no aliados del terrorismo-, facilitando con esto el sufrimiento y asesinato de muchos de ellos.

Esta sería una historia aislada si no fuera porque se repite de formas diferentes con múltiples comunidades indígenas a lo largo del continente. Las poblaciones mestizas o aquellas que se sienten más cercanas al componente europeo en nuestra mezcla de razas antepasadas, permanentemente desprecian, manipulan y ridiculizan a aquellas que consideran "inferiores", en no pocos casos con resultados como los del Perú de los ochenta.

La semana pasada tuve la oportunidad de ver la premier del documental "Nacimos el 31 de diciembre", donde se presenta otra de estas lamentables historias de desprecio y burla hacia una comunidad indígena: en este caso los Wayúu en la costa norte colombiana. Los Wayúu, cuya lengua difiere del español, aparecen en sus cédulas de ciudadanía con nombres tan extraños y ridiculizantes como 'Raspahierro', 'Alkaseltzer', 'Bolsillo', 'Payaso', 'Arrancamuelas', o 'Cosita Rica'. No se trata de una competencia al interior de la comunidad por ver a quién se le ocurre el peor nombre; se trata de una burla por parte de funcionarios de la Registraduría quienes al no entender - o no querer entender- los verdaderos nombres de estas personas, deciden asignarles el que mejor les parece. Esto, sumado al analfabetismo o desconocimiento del español por parte de los Wayúu, termina con ciudadanos colombianos cuyos nombres generan desprecio en quien los escucha y denigran de la condición de quienes los llevan.

Pero el asunto no termina ahí sino que, como tantas otras cosas, tiene un trasfondo político importante. Los políticos locales se acercan a las comunidades Wayúu en época de campaña a fin de asegurar su voto; como muchos de los indígenas no están registrados, se les emiten documentos de identidad en los cuales aparte de asignarles nombres como los ya mencionados, se les altera su fecha de nacimiento de tal forma que puedan participar en las elecciones inmediatas y apoyar al candidato de turno. Así, aparecen documentos de identidad de mujeres y hombres adolescentes con la edad necesaria para votar, todos ellos con un dato curioso: nacieron el 31 de diciembre.

En las entrevistas a funcionarios y políticos de la región se culpa a los indígenas por estos resultados y se rechaza cualquier responsabilidad por parte del Estado y quienes lo representan. Sigue la idea de que los "indios son brutos", o, en el mejor de los casos, que es su culpa por no saber español.

Para muchos esto sería simplemente un mal chiste por parte de la Registraduría y un abuso más de los que cometen miles de políticos con el fin de ser elegidos. Sin embargo, el desprecio que se evidencia en actos como la alteración de los nombres y fechas de nacimiento, se propagan a lo largo de la sociedad y terminan justificando injusticias y violaciones de derechos básicos, cuando no violencia sistemática contra las poblaciones indígenas como en los casos de Perú, México, Guatemala o la misma Colombia.

El documental "Nacimos el 31 de diciembre" es una importante denuncia de la perpetuación de prácticas que no hemos podido abolir desde tiempos de la colonia, donde lo "indio" o lo "negro", sigue siendo visto como inferior a aquello de origen europeo. Es también una muestra de cómo en muchos casos los intereses políticos se imponen sobre la identidad y dignidad de los pueblos,  con consecuencias nefastas para ellos.

Una de las preguntas que queda abierta es si hoy podemos considerarnos una sociedad moderna donde el racismo es cosa del pasado. Sería interesante responder a esta pregunta después de ver el documental.

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Trailer del documental:

Nacimos el 31 de diciembre de Priscila Padilla Farfan on Vimeo.

Comisión de la Verdad y Discurso Público: Lecciones de El Salvador

Foto: Roberto D'Aubuisson. Fuente: Wikipedia

El viernes pasado el Presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de la masacre del corregimiento de El Salado, la peor masacre cometida por grupos paramilitares en Colombia. En su declaración, Santos reconoce las fallas del Estado, la condición de víctimas de quienes allí perdieron su vida, familiares, bienes o tierras, al tiempo que destaca el esfuerzo del gobierno en reparar el dolor causado por los grupos violentos. En un país marcado por la polarización ideológica, este tipo de actos apunta en la dirección correcta en términos de avanzar en el lenguaje del conflicto; en reconocer a las víctimas por lo que son en lugar de buscar posibles justificaciones a las atrocidades, y en transformar el discurso y el imaginario colectivo en torno a las partes involucradas en el conflicto armado.

En el caso de El Salado, como en otras de las masacres cometidas por paramilitares, se tiene un aceptable balance histórico de los hechos, las víctimas y sus victimarios (Ver, por ejemplo, www.verdadabierta.com). Sin embargo, los avances en términos de la concientización de la sociedad civil respecto a estos acontecimientos y sus responsables son bastante cuestionables, lo que impide pasar la página y pensar en un escenario ideológico diferente al que ha generado tanto daño.

La experiencia de otros países en su intento por superar períodos de conflicto violento muestra algunas de las dificultades asociadas al manejo del discurso de guerra y de eventual reconciliación. En un estudio reciente publicado en el Human Rights Quarterly, Julie M. Mazzei muestra el limitado avance de El Salvador en modificar su discurso público más de diez años después de las revelaciones hechas por la Comisión de la Verdad tras los acuerdos de paz de 1992. Así, mientras los victimarios no reciben una condena social por sus actos –siguen siendo admirados y despiertan fervor en varios sectores de la población-, las víctimas siguen siendo identificadas como "insurgentes" o "terroristas". Roberto D'Aubuisson, por ejemplo, quien fuera encontrado responsable de organizar escuadrones de la muerte que torturaron y asesinaron a miles de salvadoreños durante la guerra civil, organizó uno de los dos partidos más importantes, la Alianza Republicana Nacional (ARENA) de centro-derecha; al mismo tiempo, para muchos de sus seguidores D’Aubuisson es un "héroe", que trajo al país "Paz, Progreso y Libertad", por lo cual "hay que trabajar por [sus] principios". De forma paralela, los desmovilizados y demás integrantes del hoy partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), siguen siendo estigmatizados de acuerdo a categorías propias del período de conflicto.

En las ciencias sociales se ha identificado el discurso -hablado y escrito- como un medio fundamental por el cual compiten diferentes grupos y que representa una fuente específica de poder, explica la autora. Controlar el discurso público implica tener la posibilidad de legitimar y mantener la dominación institucional y a su vez perpetuar los significados de dicho discurso, el cual, como es de esperarse, es típicamente controlado por los grupos económicos más poderosos. Una Comisión de la Verdad, más allá de su tarea en la reconstrucción de los hechos, debe contribuir a la creación de un nuevo orden moral y político, para lo cual es necesario proveer los medios que permitan hacer un quiebre en la dominación del discurso. Así, es necesario reconocer que ciertas acciones fueron indebidas, ilegales e ilegítimas, lo que implica reconocer a quienes fueron objetivo de tales acciones como víctimas y a sus responsables como victimarios.

Mazzei explica que quienes cometieron las atrocidades en El Salvador no contaron su versión de los hechos públicamente, mientras que las víctimas no tuvieron la oportunidad de hablarle al país ni pudieron retar el discurso existente que los identifica como "insurgentes" y "comunistas". Contrasta esto con los casos de Chile, donde el Presidente Aylwin pidió perdón a las víctimas en nombre de las instituciones del Estado, y el de Argentina donde el Presidente Alfonsín dio a las cortes los nombres de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

El estudio concluye que tras establecer la verdad se requiere más que reformas institucionales y cambios estructurales. Es necesario un cambio de largo plazo en el discurso, que reemplace las categorías con las que se abordaba el conflicto y que, por ese camino, ubique a cada una de las partes en su respectivo lugar; es también necesario deslegitimizar el discurso previamente existente ya que, de una u otra forma, este justificaba las atrocidades.

A pesar del largo camino que Colombia necesita recorrer en términos de reconocer y reparar a sus víctimas, actos como el del pasado viernes por parte del gobierno son destacables. Sin embargo, no sólo es necesario que la sociedad civil exija muchas más iniciativas de este tipo sino que, como iniciativa propia, empiece a transformar su visión del conflicto y las categorías con que se refiere a cada una de las partes. Ya es hora de dejar de culpar a las víctimas por su tragedia y de empezar a señalar a los verdaderos responsables; en este respecto, fallos judiciales como los relacionados con la parapolítica deberían ser internalizados por toda la sociedad si esperamos algún día superar la espiral de violencia de estas décadas.

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Referencias:

El Espectador, Julio 8, 2011 "Santos pide perdón por masacre de El Salado."

Mazzei, Julie M. (2011) Finding Shame in Truth: The Importance of Public Engagement in Truth Commissions. Human Rights Quarterly Vol. 33, 431–452.

Ruiz, Marta (2008) Masacre de El Salado, Bolivar. Verdad Abierta, Agosto de 2008.

Actitudes Democráticas en Latinoamérica

Un tema recurrente en este blog ha sido la discusión en torno al tipo de estructuras socio-políticas en las cuales se fundamenta la democracia de los países latinoamericanos. En este respecto, una posibilidad es la de una democracia impuesta “desde arriba”, tal vez como resultado de acuerdos entre élites políticas, y que responde principalmente a líderes populares o a sus instituciones políticas formales. Otra posibilidad es aquella democracia que surge “desde abajo”, a partir del desarrollo de relaciones entre ciudadanos que llevan a cabo iniciativas de transformación de sus sociedades, al tiempo que ejercen control político sobre sus líderes e instituciones.

Desde luego, estos dos casos podrían considerarse como “tipos ideales”, mientras que en la realidad las diferentes sociedades se ubican en algún punto intermedio entre estos dos extremos. No obstante, la permanente aparición de líderes carismáticos, la maleabilidad de las normas para satisfacer sus intereses y la generalizada debilidad institucional, hacen que la realidad latinoamericana tienda a inclinarse más hacia el extremo “democracia desde arriba” que hacia aquella que involucra más directamente a la ciudadanía y que es más característica de otro tipo de sistemas políticos.

Ahora, es de esperarse que exista una relación entre el tipo de democracia de una sociedad y las actitudes de sus individuos hacia ella. Si ese es el caso -aunque no sólo en ese escenario- resulta importante conocer algunos de los aspectos que condicionan tales actitudes. En su artículo en el Journal of Politics in Latin America, Eduardo Salinas y John Booth abordan este problema, para lo cual analizan el efecto de características individuales y contextuales sobre tres variables que, argumentan, capturan la esencia de la democracia: preferencia de la democracia sobre otros sistemas de gobierno, derechos de los ciudadanos de participar en política, y derecho de participación para los críticos del sistema.

En principio, los autores encuentran una relativamente alta preferencia por la democracia sobre otras formas de gobierno, lo que indica una mejora frente a lo mostrado por otros estudios años atrás; Venezuela sobresale en este indicador mientras que Honduras se encuentra en el extremo inferior. En términos de derechos de participación, aunque la preferencia sigue siendo alta, es un poco menor que en el primer caso; allí sobresalen Argentina y Paraguay por sus altos niveles, mientras que Honduras nuevamente ocupa el puesto más bajo. Finalmente, en términos de tolerancia hacia los críticos del régimen, la aceptación general es sustancialmente menor, siendo particularmente baja en Bolivia, Guatemala, Honduras, Perú, Chile y Colombia.

Este último resultado es en sí mismo una señal de alerta acerca de la convicción y entendimiento de la ciudadanía respecto a la preferencia por la democracia: mientras una mayoría considera que la democracia es la mejor forma de gobierno, una fracción mucho menor está dispuesta a tolerar a los críticos del régimen. Es decir, una importante parte de la población tiene una actitud de “prefiero la democracia pero no el disenso” –algo muy poco democrático, desde luego.

En términos de las variables que explican cada uno de estas respuestas, los autores encuentran que un mayor nivel educativo contribuye a actitudes más democráticas, mientras que una mayor percepción de inseguridad, por el contrario, contribuye a su detrimento. Un resultado interesante es que no aparecen diferencias importantes en las actitudes hacia la democracia entre las diferentes clases sociales, mientras que un mayor nivel de confianza interpersonal juega un papel positivo. En términos de las variables sistémicas, los autores no encuentran evidencia de que las evaluaciones individuales del desempeño del gobierno o de la economía contribuyan hacia mejores actitudes democráticas, mientras que a nivel agregado un mejor desempeño económico y una mayor experiencia democrática contribuyen a la formación de actitudes democráticas.

Hacia comienzos de año Michael Shifter, del diálogo interamericano, ofrecía una visión optimista acerca de la realidad y fututo político de la región. Sin embargo, además de la amenaza para la estabilidad política latinoamericana que representan la escalada de violencia, el tráfico de drogas, y prácticas anti-democráticas por parte de varios gobernantes, las actitudes de la ciudadanía aún no son garante de que la democracia sea “el único juego posible”. Mayor estabilidad económica y mayores niveles de educación contribuyen al fortalecimiento de la democracia; no obstante, es necesario el fortalecimiento de los lazos interpersonales y la aceptación del disenso como piezas fundamentales hacia verdaderas actitudes democráticas.

En este nivel es poco lo que pueden hacer los gobernantes a nivel nacional y es, más bien, tarea de los propios ciudadanos y sus (nuestras) comunidades desarrollar la cultura democrática “desde abajo” que la región tanto necesita. La alternativa es seguir esperando a otro caudillo de los que tantos hemos visto y de quienes ya conocemos su legado.

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Referencias:

Shifter, M. (2011) A Surge to the Center. Journal of Democracy, Volume 22, Number 1, January 2011, pp. 107-121.

Salinas, E. and Booth, J. (2011) Micro-social and Contextual Sources of Democratic Attitudes in Latin America, Journal of Politics in Latin America, Vol. 3, No. 1.

El Papel de las Campañas en las Elecciones Presidenciales de México en 2006

Foto: Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón.    
Fuente: MexicoDecide.com

En el número más reciente del American Journal of Political Science, Kenneth Greene investiga el efecto de las campañas políticas en términos de persuasión del electorado, centrando su análisis en el caso de la cerrada elección de 2006 que le dio la presidencia a Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador. El argumento que motiva este estudio es que mientras en sociedades cuyas democracias están bien establecidas la decisión de buena parte del electorado es hasta cierto punto predecible, las elecciones en las "nuevas democracias" resultan ser mucho más volátiles. En estos casos, donde es normal que algunos candidatos pasen de tener algunos pocos puntos porcentuales en intención de voto a conquistar la mayoría del electorado, se abre un espacio importante para las campañas; allí, aspectos como la "identidad" –de clase, étnica, etc.-, típicamente considerados como importantes predictores del comportamiento electoral, pasan a un segundo plano detrás de los temas de la contienda.

El autor recurre a un escenario de información desequilibrada donde cada elector valora las características de los candidatos antes de hacer su elección. En esta valoración juegan un papel determinante la resistencia inercial - por ejemplo el escepticismo hacia información nueva-, así como el sesgo hacia alguno de los partidos políticos. De esta forma, si hay mayor información disponible sobre un candidato los electores tenderán a apoyarlo en la medida en que el grado de identificación partidista y la información de relevancia política antes de la campaña sean bajos. Esto, argumenta Greene, es más frecuente en las nuevas democracias a causa de los diferentes estilos de campaña de los candidatos, el grado de organización de los partidos, y los recursos con los que cuentan. Sobre este escenario teórico inicial, el autor propone dos hipótesis: 1) un efecto de persuasión grande sobre los votantes expuestos a un ambiente de información desequilibrada incluso cuando profesan unos lazos partidistas débiles o moderados, y 2) resistencia a las campañas de persuasión sólo para aquella minoría de partidarios fuertes.

El estudio presenta evidencia acerca de la volatilidad en la intención de voto en los meses anteriores a la última elección presidencial mexicana: alrededor del 37% de la población cambió su intención de voto al menos una vez entre octubre de 2005 y julio de 2006, algo que supera ampliamente lo que ocurre en democracias bien establecidas. Adicionalmente, el artículo presenta un modelo econométrico que muestra un importante efecto de las campañas en la elección de los candidatos a través de cambios en variables como la evaluación de políticos importantes y partidos políticos, así como en las posiciones del electorado frente a temas económicos. Es decir, se encuentra evidencia de que, a diferencia de lo que ocurre en democracias más desarrolladas, en este caso las campañas afectan la decisión de un amplio sector de la población.

Más aún, el autor encuentra que un 23.9% de los electores presentó algún tipo de conversión en su elección, cambiando de su candidato "natural" –el que elegiría en ausencia de campañas- hacia algún otro; tal vez lo más importante de esto es que de estos electores que experimentaron algún tipo de conversión, un 69.1% lo hicieron hacia Felipe Caderón mientras que sólo un 21.8% lo hiciera hacia López Obrador. Es decir, la "conversión" jugó un papel importante en la victoria de Calderón. Seguido a esto, el autor muestra el efecto de las campañas a través de su impacto en la evaluación de los candidatos. Encuentra que los electores presentan una baja inercia –la evaluación hecha meses antes tiene un papel limitado-, mientras el sesgo partidista y la intensidad con la que los electores se identifican con su partido, juegan un papel mucho más notorio.

Greene concluye señalando la importancia de las campañas en democracias relativamente jóvenes, y destaca el papel que estas pueden tener en un eventual proceso de rendimiento de cuentas por parte de los políticos. Igualmente, destaca la importancia de desarrollar canales de comunicación con votantes indecisos y la importancia de regular el financiamiento de campañas políticas; esto con el fin de nivelar el terreno para contendores con diferencias importantes en sus recursos y, así, evitar que las elecciones terminen girando únicamente en torno a la imagen de los candidatos y más bien se concentren en temas substanciales.

Algo preocupante frente a los resultados de este estudio es el bajo nivel de institucionalización de los partidos políticos de la región, el reducido grado de identificación partidista por parte del electorado y las borrosas líneas que separan ideológicamente a los partidos –en los pocos casos donde todavía existen. Estas condiciones crean indecisión en amplios sectores de la población y, como menciona Greene, tienden a favorecer escenarios donde la personalidad de los candidatos, más que sus propuestas de fondo, juegan un papel trascendental en la determinación de los resultados. Un claro ejemplo de esto se encuentra en las recientes elecciones presidenciales en Perú, donde a pesar de las evidentes diferencias ideológicas entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, la contienda se centró más en ataques personales y descalificaciones mutuas que en un amplio debate acerca de las ideas y programas de los candidatos. ¿Qué se puede esperar de escenarios donde las diferencias ideológicas entre los candidatos no son tan marcadas?

Ahora, ¿qué tipo de rendimiento de cuentas puede haber en un sistema político donde la decisión de apoyar a uno u otro candidato reside en su personalidad y no en propuestas de fondo? El escenario es bastante indeseable y difícilmente será cambiado por parte de los políticos quienes, en últimas, obtienen beneficios importantes de estos contextos de baja institucionalización política. La ciudadanía, en cambio, tiene en sus manos el derecho a decidir si toma sus decisiones basada en programas de gobierno o en temas relacionados con la personalidad de los líderes.
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Referencias

Greene, K. (2011) Campaign Persuasion and Nascent Partisanship in Mexico's New Democracy. American Journal of Political Science, Vol.55, Issue 2. pp 398-416.

Democracia en Latinoamérica

Les comparto mi más reciente reseña en la Revista de Economía Institucional:

"Democracia en Latinoamérica: Capital Social e Instituciones Políticas"

Saludos,
Julián

Partidos Políticos en Chile

Foto: Sebastián Piñera, Fuente: AP

El sistema de partidos chileno ha sido tradicionalmente considerado como uno de los más estables y mejor establecidos de la región. De hecho, a pesar de la interrupción de 17 años que representó el régimen de Augusto Pinochet, algunos estudios muestran cierta continuidad entre los sistemas pre y post-dictadura, argumentando que las principales líneas de división que existían entre los partidos antes de ella empezaban a reconstruirse una vez esta termina (Scully, 1995). A pesar de que esta teoría ha sido parcialmente abandonada, hasta hace poco se seguía manteniendo la idea de la estabilidad e institucionalidad del sistema de partidos. No obstante, la relativa insatisfacción de los chilenos con su sistema político, así como la medida en que los partidos se encuentran relacionados con el electorado, ha obligado a replantear esta posición.

Siavelis (2009), investiga si el relativamente bajo nivel de apoyo a la democracia en Chile y la llamada "crisis de representación" se debe a que las élites y el público tienen visiones radicalmente diferente sobre problemas fundamentales; si, en cambio, la causa de esto es que el nivel de congruencia entre las opiniones de las élites y el público no importan; o, si a pesar de un acuerdo entre estos hay otros aspectos del sistema político que conducen a la crisis. Tras mostrar un alto nivel de congruencia en las opiniones de políticos y electores en temas como el eventual apoyo a un régimen autoritario, el papel del estado en la economía y la importancia asignada a problemas específicos de políticas públicas, el autor descarta que existan visiones divergentes entre las élites políticas y el público. Así, más que una desconexión entre gobernantes y gobernados, lo que existe actualmente en Chile es una insatisfacción generalizada con las formas de participación y ejecución de las funciones representativas, así como grandes problemas de rendimiento de cuentas y legitimidad. Siavelis argumenta que el modelo chileno raya en lo que se conoce en la literatura como 'partidocracia' (Coppedge, 1994), en el sentido de tener partidos políticos que monopolizan el proceso electoral y dominan el proceso legislativo.

Los acuerdos que se llevaron a cabo entre los partidos políticos hacia el final de la dictadura establecieron mecanismos para compartir el poder; estos incluyen nombramientos ministeriales, dominación del diseño de política por parte de las ramas del ejecutivo y un limitado impacto de los votantes en los resultados de las elecciones legislativas. Esto afecta el proceso de rendimiento de cuentas al electorado y, por consiguiente, el nivel en que la ciudadanía siente que su participación realmente importa. Adicionalmente, mientras Chile es el país de la región donde las diferencias ideológicas entre los legisladores son más marcadas, cada vez un menor porcentaje de la población es capaz de ubicarse en el espectro ideológico –más aún, buena parte de quienes lo hacen optan por el centro. Finalmente, la ciudadanía se siente cada vez menos identificada con los partidos políticos, al tiempo que estos reciben bajas evaluaciones al ser comparados con otras instituciones.

En síntesis, el problema entre partidos y electores no radica en visiones diferentes acerca de temas fundamentales, sino en la forma como funciona la democracia a la hora de abordar estos problemas. En un estudio en el número más reciente del Latin American Politics and Society, Juan Pablo Luna y David Altman también cuestionan que el sistema de partidos chileno sea altamente institucionalizado y dan fuerza a la idea de una desconexión de estos frente a la sociedad civil. El criterio usual para argumentar tal nivel de institucionalización es la baja volatilidad electoral del sistema de partidos; no obstante, los autores argumentan que esta medida presenta serios problemas al ser aplicada al caso chileno una vez se desagrega de coaliciones a partidos, o por sub-unidades geográficas. Igualmente, muestran una marcada reducción en una de las líneas de división más importantes entre los partidos (democrático-autoritario), acompañada de una baja identificación de la ciudadanía con los partidos, tal como lo muestra Siavelis (2009).

La principal consecuencia de esta crisis de partidos -contraria a lo que se percibe en la superficie-, es la mayor relevancia de los estilos de liderazgo personalistas, acompañada del debilitamiento de instituciones democráticas importantes. Resultado de esto es la emergencia de candidatos anti-sistema o independientes, como fue el caso de Marco Enríquez-Ominami en las elecciones presidenciales pasadas.

A nivel metodológico, estos estudios muestran la necesidad de pasar de comparaciones macro a un nivel micro a la hora de calificar sistemas políticos. Como mencioné antes, al hacer comparaciones con indicadores como la volatilidad electoral, el sistema chileno parece ser altamente institucionalizado; una foto muy distinta aparece al analizar las posiciones individuales de los electores en múltiples temas.

En términos prácticos, estos estudios muestran que Chile no escapa al proceso de debilitamiento de los partidos políticos de la región, según el cual estos enfrentan cada vez mayores retos en atraer votantes y mantener un marco ideológico bien definido. Los partidos políticos juegan un papel trascendental en términos de reducir costos de información acerca de las opciones del electorado, canalizar y expresar los intereses de la ciudadanía y contribuir a darle forma a la estructura social, económica y cultural de una comunidad. Es difícil pensar en una verdadera democracia sin partidos, más aún, cuando muchas veces la única alternativa es la aparición de líderes carismáticos que movilizan al electorado tras un proyecto netamente personalista; de esto hemos visto innumerables casos a lo largo de la región. La pregunta que queda abierta es si ese es el tipo de democracia que queremos en nuestros países –si es que eso es posible.

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Referencias:

Copepdge (1994) Strong Parties and Lame Ducks : Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela Stanford: Stanford University Press.

 

Luna, J. P. and Altman, D. (2011) Uprooted but Stable: Chilean Parties and the Concept of Party System Institutionalization. Latin American Politics and Society, Vol. 53, Issue 2, 1-29.

Scully, T. R. (1995) Reconstituting Party Politics in Chile. In: Scott Mainwarig and Timothy R. Scully (Eds.) Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America, pp. 100-137.

Siavelis, P. (2009) Elite-Mass Congruence, Partidocracia and the Quality of Chilean Democracy. Journal of Politics in Latin America, Vol. 1, No. 3, 3-31.

Más Sobre la Derecha Latinoamericana: Movimientos Autonomistas Conservadores

Foto: Protestas en Bolivia.
Fuente: hacer.org

En mi entrada anterior comentaba un artículo acerca del nuevo papel de la derecha en Latinoamérica y algunas áreas importantes donde enmarcar su estudio. Las victorias de candidatos de derecha en las elecciones presidenciales de Chile, Honduras y Panamá -sumadas a los casos de Colombia, Perú y México- parecieran detener el "giro a la izquierda" que venía dando la región en los últimos años. Sin embargo, el papel de la derecha está lejos de ser circunscrito a gobiernos nacionales y, por el contrario, a nivel local ha mostrado una importante dinámica que vale la pena estudiar.
 

En el número más reciente del Comparative Politics, Ken Eaton presenta un estudio sobre grupos sub-nacionales de derecha con influencia política importante: los Movimientos Autonomistas Conservadores en Santa Cruz (Bolivia) y Guayas (Ecuador). En ambos casos, las demandas de autonomía por parte de estos grupos buscan defender modelos de libre mercado y autonomía fiscal; sus líderes argumentan que bajo las políticas de los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, los beneficios económicos que obtienen estas regiones se han visto amenazados. Las quejas de estos movimientos tienen como punto de origen común las políticas redistributivas que han llevado a cabo los dos gobiernos nacionales en los últimos años. Siendo Santa Cruz y Guayas las regiones más productivas de sus países, las demandas de estos grupos buscan garantizar el acceso de ellas a un mayor porcentaje de sus recursos fiscales. No obstante, según el autor del estudio, el trasfondo de estas demandas es el interés de llevar a cabo modelos de desarrollo diferentes a los que se aplican a nivel nacional.

Eaton desarrolla la hipótesis según la cual la separación geográfica de los poderes político y económico es una condición necesaria para el ascenso de Movimientos Autonomistas Conservadores: la concentración del poder político en La Paz y Quito, y el poder económico en Santa Cruz y Guayas, respectivamente, es un patrón que no se encuentra en ningún otro país de la región. Esto, combinado con la presencia de gobiernos nacionales que buscan subvertir el statu quo, ha generado una crisis de representación que se ha traducido en la presencia y ascenso de estos movimientos. Ahora, en términos de su importancia comparativa –mayor en Bolivia que en Ecuador- el autor explica que es resultado del mayor reto que ofrece la constitución de un partido indígena poderoso en Bolivia (Movimiento al Socialismo), la mayor importancia de sus clivajes étnicos, y la reversión de reformas de mercado que se han efectuado bajo el gobierno de Evo Morales.

 

El carácter reaccionario de estos movimientos ha sido una espada de doble filo; por un lado, su defensa de los intereses de las clases más altas le ha permitido obtener el apoyo de partidos conservadores (PODEMOS en Bolivia y el Partido Social Cristiano en Ecuador), asociaciones de empresarios, asociaciones civiles lideradas por la élite y gobiernos sub-nacionales. Sin embargo, esto mismo ha significado un obstáculo importante en términos de movilización de las masas, ya que un amplio sector de la población percibe estos movimientos como de carácter elitista. Así, los esfuerzos más importantes de los líderes de estos movimientos autonomistas han estado encaminados a enmarcar sus demandas en torno a la identidad territorial y no en términos de clase o etnia. La respuesta oficial no se ha hecho esperar, con Evo Morales condenado estas iniciativas como el trabajo de "oligarcas" que buscan defender la concentración en la propiedad de la tierra, y con Rafael Correa que, siendo de Guayaquil, le resta legitimidad a un movimiento que lucha por los intereses de la región.

Hay varios aspectos a los que vale la pena hacer seguimiento a partir de las demandas de estos Movimientos Autonomistas Conservadores. Por un lado, el costo en términos de estabilidad en dos países particularmente convulsionados políticamente; dentro de estos movimientos hay sectores altamente confrontativos que amenazan con escaladas de violencia e incluso intentos separatistas. Por otro lado, el éxito o fracaso de estos movimientos tendrá importantes repercusiones en materia de redistribución, tema trascendental en una región caracterizada por sus altos niveles de desigualdad económica. También hacen parte de este debate temas como el papel del Estado así como conceptos de solidaridad y nacionalidad.

Finalmente, aparece la discusión en torno a la identidad, un tema que he discutido en entradas previas de este blog y sobre el que pienso volver más adelante. En los casos de Santa Cruz y Guayas las élites han moldeado su discurso de tal forma que lo que originalmente constituye intereses de clase aparezca ante el público como intereses territoriales. Una de las preguntas que surge al respecto es en qué medida los sectores menos favorecidos se ven beneficiados –económicamente o de otra forma- tras una movilización de carácter territorial. En el caso de República Dominicana que discutía hace unas semanas, la identidad en términos de nacionalidad o etnia ha sido un obstáculo para la formación de partidos de izquierda que demanden transformaciones importantes del sistema económico. Por su parte en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, esta identidad ha permitido la formación y ascenso de partidos políticos que materialicen algunas de las demandas de sus integrantes –en diferente medida en cada caso, desde luego.

Si bien en cada momento y lugar las prioridades de la población son diferentes y, por consiguiente, esta responde a identidades diferentes, es importante determinar el formato en el que se enmarcan los proyectos políticos para entender quiénes serán los beneficiados de un determinado curso de acción. Temas como la inmigración, protestas sociales, guerras civiles y contra países vecinos, entre otros, dependen crucialmente de estos marcos conceptuales y condicionan la participación en ellos por parte del grueso de la población. Los sectores de derecha en Santa Cruz y Guayas han hecho un trabajo importante en movilizar a la población en torno a intereses regionales; queda por ver, como decía antes, en qué medida esto podría traducirse en beneficios para la población que se ha movilizado y las repercusiones que esto tiene para nuestro entendimiento de conceptos como la nacionalidad.

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Referencias:

Eaton, Ken (2011) Conservative Autonomy Movements: Territorial Dimensions of Ideological Conflict in Bolivia and Ecuador. Comparative Politics, Vol. 4 No. 3, April.

La Derecha en Latinoamérica

Foto: Calderón, Santos, García, Piñera.
Fuente: daylife.com

Uno de los fenómenos políticos más importantes en Latinoamérica durante las últimas décadas es el ascenso al poder por parte de partidos de izquierda; los casos de Lula en Brasil, o los gobiernos de Concertación en Chile son, tal vez, los ejemplos más representativos de esta tendencia. El análisis de este fenómeno ha concentrado los esfuerzos de académicos y estudiosos de la región, quitándole atención a lo que ocurre a la derecha del espectro ideológico. Si bien hace algunos años sólo Perú, Colombia y México eran gobernados por líderes de centro-derecha, recientemente Honduras, Panamá y Chile se han unido a este grupo, lo cual indica la necesidad de avanzar en el estudio de este tipo de opciones políticas.

El número más reciente del Journal of Politics in Latin America incluye un artículo de James Bowen que analiza este fenómeno. El autor se plantea dos objetivos interrelacionados: determinar los fundamentos ideológicos de los grupos de derecha, y estudiar las formas por las cuales estos grupos se organizan y se movilizan para alcanzar sus objetivos. A pesar del legado que reciben los partidos y grupos de derecha existentes –la fusión de los antes antagónicos partidos liberal y conservador, por ejemplo-, estos enfrentan hoy un escenario distinto que resulta del reciente movimiento de la población hacia el centro del espectro ideológico, lo que obliga a un cambio de sus estrategias de movilización. Así, el artículo propone cuatro áreas para el estudio de la derecha en Latinoamérica: 1. la agenda política, 2. la organización interna y práctica política, 3. la capacidad de poder, y 4. el ambiente institucional.

Respecto a la agenda política, Bowen identifica ideológicamente a la derecha en un rango que va desde el conservatismo hasta el libertarianismo; es decir, desde relaciones estrechas entre Estado e instituciones religiosas, preferencia por el orden en conflictos sociales y posiciones conservadoras en temas sociales como la homosexualidad y los métodos anti-conceptivos, hasta un papel limitado del Estado en la toma de decisiones de los individuos. En cuanto a su relación con la clase capitalista, las posibilidades van desde inclinarse por el mercado como mecanismo de asignación de recursos, hasta el favorecimiento de la clase empresarial.

En términos de la organización interna y la práctica política, el carácter minoritario de los núcleos de influencia de la derecha hace que su capacidad de movilización política sea limitada; esto obliga a una relación directa de la clase empresarial con los gobiernos, en la cual los partidos políticos de derecha juegan un papel mediador importante. El tipo de desempeño que tienen estos partidos depende en buena medida de la estabilidad e institucionalización de la vida política: en ambientes más institucionalizados la derecha juega un rol más moderado, mientras que en aquellos donde las instituciones son débiles, aparecen incentivos grandes para la radicalización.

La siguiente área de atención para el estudio de la derecha es su capacidad de poder; esta incluye recursos monetarios, conexiones con actores internacionales, y su capacidad armada –ya sea a través del ejército o con organizaciones paramilitares. En ese sentido, el tipo de economía de cada país determina la agenda económica de los partidos de derecha: oligárquica, donde la economía doméstica es fuerte; tecnocrática, donde los sectores exportadores y los inversionistas extranjeros son dominantes.

Finalmente, la cuarta línea de análisis que propone el autor es el ambiente institucional. Dado que los partidos de derecha no comparten un origen común –como sí ocurre con muchos partidos de izquierda en relación con la represión que algunos de sus miembros sufrieron durante las dictaduras militares-, su desempeño y agenda estará parcialmente condicionada por el comportamiento de los partidos –presumiblemente de izquierda- que los preceden en el poder: a mayor radicalismo de la izquierda, mayor radicalismo de la derecha. No obstante, esto plantea dilemas importantes, ya que si bien la presencia de un partido de derecha fuerte constituye un gran activo para una sana democracia, una organización coherente por parte de la izquierda puede conducir a que sus oponentes hagan lo mismo y constituyan un partido coherente de derecha. Nada malo hasta ahí. Sin embargo, el fortalecimiento e institucionalización de la izquierda puede hacer que la derecha llame a una intervención militar como ha sido costumbre a lo largo de la región.

En este respecto, Bowen es enfático en cuestionar la voluntad de la derecha de jugar de acuerdo a las reglas de una democracia: cuando sus intereses se ven favorecidos, un sistema político democrático resulta conveniente para los grupos de derecha, sin embargo, "[En casos] donde las élites sienten que sus intereses están siendo atacados, no se pueden descartar opciones anti-democráticas. Durante las últimas dos décadas las élites han apoyado, exitosamente o no, golpes militares en por lo menos cuatro países Latinoamericanos (Ecuador, Honduras, Perú y Venezuela) y parecen haber contemplado opciones antidemocráticas en otros" (p. 120).

A pesar de estas dificultades, parece ser una mejor opción para la sociedad la conformación de partidos de derecha coherentes que sigan las reglas del juego democrático frente a sus similares de izquierda, que enfrentar opciones ilegales que defienden los intereses de las élites. Casos como las alianzas entre empresarios regionales y ejércitos armados ilegales con el visto bueno de políticos locales, representan, sin duda, la peor de estas opciones y desdibujan cualquier intento de la sociedad por crear y fortalecer instituciones y prácticas democráticas.

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Referencias:

Bowen, D. (2011) The Right in "New Left" Latin America. Journal of Politics in Latin America. Vol 3, No. 1, 99-124.

Comentarios al Libro “De Movimientos a Partidos en Latinoamérica. Evolución de la Política Étnica”

En mi entrada anterior en este blog comentaba un artículo que discute las razones por las cuales no ha surgido un partido de izquierda en la República Dominicana. Una de estas razones es la importancia del discurso nacionalista anti-Haitiano que se ha manejado históricamente en el país y que, entre otras consecuencias, ha dividido a las clases populares de acuerdo a su origen. Así, nación y etnia han jugado un papel más importante que clase en la identidad de los sectores menos favorecidos, lo que dificulta la formación de un partido de izquierda con posibilidades electorales.

Pero si en la República Dominicana las diferentes identidades han dificultado la formación de un partido de izquierda, en otros países de la región la etnicidad ha sido el eje alrededor del cual se articulan algunos partidos políticos. El libro de Donna Lee Van Cott de 2005 “De Movimientos a Partidos en Latinoamérica. Evolución de la Política Étnica” se centra precisamente en el estudio de las condiciones que facilitan la formación y consolidación de partidos étnicos en la región, así como aquellas que permiten a los movimientos sociales convertirse en vehículos electorales.

La metodología del libro es el "Análisis Sistemático de Procesos", según la cual el proceso que genera un resultado recibe tanta atención como las variables causales involucradas en su determinación. La investigación se basa en entrevistas de la autora en Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Perú, lo que le permite contrastar casos donde se han consolidado partidos étnicos frente a otros donde esto no ha ocurrido.

La autora clasifica las posibles variables independientes en tres grupos: instituciones, sistemas de partidos y movimientos sociales. En cuanto a las instituciones, sobresalen el nivel de descentralización, facilidad de acceso a las boletas electorales (tarjetones), curules reservadas para grupos indígenas, sistemas de representación proporcional y umbrales mínimos, como condiciones relativamente favorables para la formación y desempeño de los partidos de origen étnico.

En cuanto a las características de los sistemas de partidos, Van Cott destaca su fragmentación y "desalineación": los partidos dominantes en los países de la región obtienen cada vez un menor porcentaje del total de los votos. Igualmente, identifica como una variable trascendental la debilidad de los partidos de izquierda, lo que abre posibilidades para que nuevos partidos ocupen su lugar en el espectro ideológico.

Finalmente, otro grupo de variables importante para determinar la formación y desempeño de partidos étnicos es el relacionado con el desempeño de los movimientos sociales con identidad étnica. En este sentido, tener acceso a un proceso de reforma Constitucional, una densa red de afiliados, la madurez de la organización de los movimientos indígenas y los efectos trasnacionales de difusión, afectan positivamente las oportunidades de desarrollo y consolidación de partidos étnicos.

Usando estos grupos de variables, la autora describe los procesos que llevaron al desarrollo de partidos étnicos en Bolivia y Ecuador; es interesante destacar que la investigación termina justo antes de que Evo Morales subiera al poder en Bolivia, lo que resalta aún más los resultados de este trabajo. Así mismo, muestra como en el Perú, donde el tamaño de la población indígena haría esperar la formación de un movimiento indígena políticamente fuerte, la lucha contra el terrorismo y el cambio en las reglas de juego establecido por el gobierno de Alberto Fujimori, imposibilitaron el desarrollo de partidos étnicos con posibilidades electorales.

Seguido al estudio de estos tres países, Van Cott analiza de forma combinada los casos de Argentina, Colombia y Venezuela: mientras en el primero la concentración de poder de las élites locales ha dificultado la formación de partidos étnicos, en los dos siguientes estos partidos han tenido resultados remarcables dado el reducido tamaño de su población indígena. Su participación en procesos de reforma Constitucional ha sido uno de los principales activos de estos movimientos en su proceso de consolidación como partidos políticos.

Un tema que aparece a lo largo de los diferentes casos es el papel que han jugado de los partidos de izquierda en el desarrollo de movimientos étnicos y sus posibilidades como partidos políticos. Históricamente, la izquierda –típicamente movilizada por asuntos de clase- ha representado un obstáculo para los movimientos étnicos. En múltiples ocasiones los líderes indígenas han estado subordinados a los líderes de estos partidos, mientras que en muchos otros se ha presentado un proceso de cooptación de los líderes indígenas y, por consiguiente, la debilitación de sus movimientos. De hecho, como mencionaba anteriormente, es la debilidad –y no el fortalecimiento- de los partidos de izquierda tras la caída del muro de Berlín, un aspecto que ha facilitado la consolidación de partidos con identidad étnica en los últimos años.

Tal vez el caso más dramático en cuanto a las dificultades planteadas por la izquierda tradicional se encuentra es el del Perú, donde incluso la simbología indígena ha sido apropiada por las élites políticas e intelectuales mestizas. Esto ha reducido notablemente las posibilidades de encontrar un discurso y símbolos que identifiquen políticamente a los indígenas peruanos y, por consiguiente, ha retrasado la formación de un movimiento político fuerte.

El libro cierra con un balance de implicaciones positivas y negativas resultantes de la formación y ascenso de partidos de origen étnico en la región. Contrario a lo que ha ocurrido en otras partes del planeta, en Latinoamérica el discurso étnico no ha generado conflicto étnico ya que, entre otras razones, ha buscado el apoyo de personas y grupos no-indígenas. Adicionalmente este discurso ha integrado al sistema político grupos que hasta hace poco habían permanecido excluidos, al tiempo que ha introducido nuevos temas en la agenda política y ha recordado que, en un momento donde los partidos tradicionales cada vez se desdibujan más, las ideas políticas siguen importando.

Sin embargo, la inclusión de movimientos indígenas en los sistemas políticos modernos también tiene su costo: desde el cambio de la estructura interna de los movimientos indígenas hasta la penetración y contaminación de su cultura ancestral. No obstante, no es políticamente correcto hablar de sistemas políticos democráticos que perpetúan la exclusión de grupos de su población –por pequeños y marginales que estos sean.

El libro de Van Cott es una contribución importante a la comprensión de la formación y desempeño de partidos de origen étnico. Así mismo, plantea una nueva dimensión para entender la política de la región, en particular en la izquierda del espectro ideológico, y muestra cómo el concepto de identidad sigue siendo importante para la articulación de proyectos políticos incluyentes.

Continuidad del Sistema de Partidos Dominicano: ¿Un Problema de Identidad?

Leonel Fernández, Fuente: Noticias SIN

Las décadas de 1980 y 1990 en Latinoamérica estuvieron marcadas por un proceso de convergencia hacia un conjunto limitado de opciones de política económica; en la mayoría de países de la región las diferencias ideológicas entre los partidos políticos tradicionales fueron desapareciendo durante este período. No obstante, cuando se hace evidente la incapacidad del modelo económico dominante de mejorar las condiciones de vida de millones de personas, aparecen al menos dos opciones claras: i) la diferenciación ideológica de los partidos a fin de capturar el voto de los sectores menos favorecidos - sin que esto implique desafiar al sistema de partidos-, y ii) la aparición de retos mayores al sistema tradicional de partidos. México y Uruguay hacen parte del primer caso; Venezuela, Bolivia y Colombia hacen parte del segundo.

Sin embargo, hay también una tercera opción: preservar intacto el sistema de partidos –específicamente, permitir la consolidación de los partidos tradicionales de centro-derecha. En un artículo reciente en el Latin American Politics and Society, Jana Morgan, Jonathan Hartlyn y Rosario Espinal investigan por qué con los problemas sociales y económicos típicos de la región, y en presencia de convergencia ideológica entre los partidos tradicionales, el sistema de partidos políticos en la República Dominicana ha permanecido intacto en los últimos años.

Los autores identifican cuatro posibles razones en la literatura para explicar la continuidad del sistema de partidos y proceden a determinar en qué medida estas se ajustan al caso Dominicano. La primera de estas razones es una percepción relativamente positiva frente al desempeño económico, lo que le permite a los partidos tradicionales tomar crédito por el diseño de política. En este sentido, la República Dominicana ha tenido períodos de crisis relativamente cortos acompañados de recuperaciones rápidas, lo que reduce la posibilidad de aparición de opciones diferentes a las de centro-derecha.

La segunda posible razón es el carácter clientelista del Estado, a partir del cual los políticos dan beneficios materiales a cambio de apoyo electoral; a mayor clientelismo, menor espacio para nuevas alternativas políticas. En el caso dominicano esta práctica es común y se remonta al período de Trujillo (1930-1961), y en la actualidad sigue siendo bastante fácil para muchos ciudadanos tener vínculos clientelistas con el Estado.

Una tercera posible explicación consiste en la fragmentación de los sectores populares: en la medida en que los sectores más vulnerables de la población se encuentren desintegrados, se reducen las demandas hacia el Estado, con lo cual se favorece la preservación del status quo –en este caso, el sistema de partidos tradicionales. Sin embargo, al analizar la situación de los grupos menos favorecidos en la República Dominicana hablamos de un importante sector de la población de origen Haitiano, cuya situación en términos de derechos y libertades es bastante inferior a aquella de la de origen Dominicano. Más aún, históricamente el país ha manejado un discurso étnico y nacionalista en contra de los haitianos, lo que hace que estas identidades sean más importantes en la población que aquella de clase o en torno a problemas económicos.

Finalmente, otra posibilidad consiste en las actividades de los dominicanos en el exilio a causa del papel que las remesas juegan en la economía nacional; en particular, los lazos que los emigrantes tienen con los partidos tradicionales pueden ser determinantes al hablar de financiamiento de partidos y campañas políticas, lo que dificulta la aparición de nuevas opciones que desafíen el sistema partidista.

Los autores presentan evidencia estadística que apoya sus hipótesis: ideología, evaluación económica, prácticas clientelistas y recepción de remesas afectan la decisión de un elector de apoyar uno de los partidos tradicionales frente a mantenerse independiente. Por el contrario, la fragmentación social, capturada como apoyo a los haitianos o haber sufrido discriminación, no juega un papel importante a la hora de tomar decisiones políticas.

A partir de los resultados del estudio surge una importante conclusión en términos de la complementariedad de las diferentes estrategias en su papel estabilizador del sistema político. Por un lado, un importante sector de la población se ve beneficiado por el crecimiento económico, remesas y prácticas clientelistas, lo cual hace que sea proclive a mantener el statu quo en términos de apoyar partidos de centro-derecha. Por otro lado, aquellos sectores que se han visto marginados de los logros macroeconómicos y que no tienen acceso a beneficios clientelistas, cuentan con muy limitadas – o nulas- opciones políticas que les permitan ejercer presión para tener un sistema más incluyente. Las clases menos favorecidas, sean de origen dominicano o haitiano, han respondido prioritariamente a su identidad de raza –usada exitosamente por los diferentes gobiernos- en lugar de identificarse mutuamente en sus dificultades económicas, como sí ha ocurrido en otros países. Tal opción, en casos como Bolivia, Ecuador y Venezuela, ha permitido la organización política y, por ese camino, la exigencia de transformaciones económicas.

El caso dominicano es un claro ejemplo de un sistema de partidos que sobrevive a pesar de ser dominado por escasas opciones y de enfrentar los retos socio-económicos característicos de los demás países de la región. En este caso, el discurso político étnico-nacionalista garantiza que amplios sectores de la población permanezcan excluidos y desarticulados políticamente. Un cambio de identidad –de raza a clase- podría jugar un papel clave en el futuro de la política dominicana.

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Referencias: 

Morgan, J., Hartlyn, J. and Espinal, R. (2011) Dominican Party System Continuity amid Regional Transformations: Economic Policy, Clientelism, and Migration Flows. Latin American Politics and Society, Volume 53, Issue 1, pp 1–32.

‘Contravía’ y la Democracia que Queremos

Después de vivir cerca de dos años en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de presenciar la intensa campaña electoral que finalmente llevó a la presidencia a Barack Obama. Entre todos los aspectos llamativos de esta campaña, uno que en particular captó mi atención fue la permanente invitación a reuniones y fiestas en las que a los asistentes se nos pedía una pequeña contribución monetaria para financiar la candidatura de Obama.

En principio esto me pareció un poco extraño ya que, viniendo de Colombia, estaba acostumbrado a que quienes financian las campañas políticas son los grandes empresarios, industriales y, sobra decirlo, diversas fuentes de dudosa reputación. Pedirle plata a un estudiante como yo o mis amigos, así fueran sólo unos pocos dólares, me parecía muy raro.

Sin embargo, noté que quienes organizaban las reuniones a las que era invitado no eran personas que esperaban un puesto en caso de que Obama ganara la presidencia, ni miembros del partido demócrata, ni tampoco amigos o familiares de políticos locales. Eran ciudadanos comunes y corrientes -estudiantes, profesores, empleados- que realmente se motivaron con la esperanza de ver a Barack Obama en la Casa Blanca y que entendieron que la suma de múltiples esfuerzos individuales sería la clave para lograr los recursos necesarios para sobrevivir financieramente la costosa contienda electoral. Recordé entonces que había visto esquemas de funcionamiento similares en radio, televisión y algunos medios impresos: ciudadanos comunes y corrientes haciendo contribuciones voluntarias para poder tener acceso al tipo de información que quieren ver y no únicamente a aquella por la que pagan las grandes corporaciones.

Esta semana el programa de televisión Contravía decidió jugársela por este esquema y, con tal apuesta, abre una ventana de oportunidades inmensa para la democracia en Colombia y en América Latina. Se abre la posibilidad de tener un medio financiado por los ciudadanos en un país donde prácticamente la totalidad de la radio y televisión y, por ende, sus contenidos, son controlados por dos grandes emporios económicos. Se abren nuevas alternativas en un escenario con sólo dos periódicos de circulación nacional y donde los medios masivos, por miedo, conveniencia o incompetencia, han sido muy inferiores a los retos que ofrece la realidad del país.

Sin duda alguna, la democracia se ve fortalecida con más y mejores medios, más aún si estos son de carácter independiente; en sus nueve años Contravía ha mostrado la calidad y seriedad de su trabajo, así como su compromiso con la democracia. Más allá del fortalecimiento de nuestras instituciones políticas, con opciones como ésta la ciudadanía muestra que está en capacidad de competir con los grandes negocios, que no está dispuesta a ser un simple agente pasivo de los intereses económicos y que está en capacidad de elegir el tipo de contenidos que quiere ver. Es la única forma de exigir que las verdades que muchas veces se busca ocultar salgan a la luz pública, y contar con un medio de televisión para hacerlo.

La apuesta de Hollman Morris y su equipo hoy abre la oportunidad histórica de tener un programa independiente financiado por la ciudadanía; el éxito de esta apuesta nos permitirá pensar mañana en un canal de televisión o estaciones de radio financiadas completamente por sus seguidores; no muy lejos de allí estaremos hablando del financiamiento de campañas políticas por parte de la ciudadanía; estamos hablando de empoderar a la población para que sea ésta quien decida por quién quiere ser gobernada y no que simplemente elija entre las pocas opciones que se le ofrecen. Que este tipo de prácticas aún estén poco desarrolladas en América Latina, no es razón para no empezar a llevarlas a cabo.

La democracia funciona mejor cuando la construyen los mismos ciudadanos. Una democracia es débil cuando es impuesta desde arriba y es el resultado de intereses políticos y económicos con los que los ciudadanos comunes y corrientes -nosotros- no estamos realmente identificados. Participar en esta propuesta es nuestra oportunidad de contribuir a la democracia más allá del depósito del voto que nos piden cada dos años; es la verdadera oportunidad de elegir lo que queremos ver; es un primer paso hacia la democracia que soñamos. Démonos la oportunidad de soñar.

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Más información aquí.

Comentarios al Libro "Gobiernos de Izquierda en Latinoamérica. Éxitos y Fracasos"

Uno de los temas políticos más complejos en Latinoamérica es el del papel de los partidos de izquierda, su relación con la sociedad, el modelo económico que representan, y su desempeño general una vez alcanzan el poder. Las dificultades que han vivido estos partidos en la región se remontan por lo menos al inicio de la guerra fría con la estrategia de contención del comunismo liderada por los Estados Unidos. Durante este período y gracias a su valor geopolítico, Latinoamérica sirvió de campo de ensayo de estrategias que buscaban detener el eventual avance de gobiernos de izquierda. Es así como aparecen el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala, a Salvador Allende en Chile, las dictaduras militares en varios países del sur del continente, y la represión generalizada a estudiantes, trabajadores, intelectuales y demás ciudadanos que se consideraran amenazas al modelo económico que se buscaba defender.

El fin de la guerra fría abre la posibilidad real de que partidos de izquierda puedan ascender al poder local y nacional en varios de los países de la región. La materialización de estas expectativas representa, sin duda, un hito en la historia reciente del continente. Sin embargo, luego de algunos años tras los primeros ascensos de la izquierda al poder, surgen (o retornan) algunas preguntas: ¿Qué intereses representa un gobierno de izquierda?; ¿Qué se puede esperar de un gobierno de izquierda?; ¿Bajo qué estándares se debe calificar a un gobierno de izquierda?; ¿Qué hace diferente a un gobierno de izquierda de sus competidores?

El libro "Gobiernos de Izquierda en Latinoamérica. Éxitos y Fracasos", editado por Kurt Weiland, Raúl L. Madrid y Wendy Hunter, intenta abordar algunas de estas preguntas a partir del estudio de cuatro países Latinoamericanos donde la izquierda ha llegado al poder en los últimos años: Bolivia, Brasil, Chile y Venezuela. Define a la izquierda por su interés en la búsqueda de equidad social, justicia y solidaridad; por oponerse a toda clase de diferencias por status, ser igualitaria, anti jerárquica y buscar la no-discriminación; finalmente, argumenta Weyland, los gobiernos de izquierda persiguen estos objetivos a través de una activa intervención del Estado. Desde luego, los gobiernos de Morales en Bolivia, Lula en Brasil, Lagos y Bachelet en Chile y de Chávez en Venezuela, en mayor o menor medida satisfacen estas características. El estudio se centra específicamente en los logros que estos gobiernos han traído a sus países.

El capítulo introductorio clasifica a los gobiernos en un continuo desde moderados a contestatarios de acuerdo a temas como sus relaciones con la oposición y con Estados Unidos, así como sus visiones en temas como respeto a las instituciones democráticas, globalización y neoliberalismo. De esta forma, ubica a Brasil y Chile dentro del grupo de moderados, y a Bolivia y Venezuela dentro de los contestatarios. El escenario en que se procede a evaluar a cada uno de estos países es en términos de desempeño económico de mediano y largo plazo, logros en materia social y tipo de democracia que favorecen (participativa o representativa).

En su análisis de Venezuela, Javier Corrales muestra que el gobierno de Chávez representa una ruptura frente al pasado en términos políticos pero una continuidad en temas económicos. La primera se hace manifiesta en la concentración de poderes por parte del ejecutivo, los costos crecientes de estar en la oposición, el deterioro de mecanismos de control político y la reducción en la libertad de prensa. Por su parte, la continuidad en el modelo económico se refiere a la dependencia del petróleo y la implementación de políticas similares a las que caracterizaron el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones que caracterizó a los gobiernos en la década de los 70s; en particular, el de Carlos Andrés Pérez. Adicionalmente, cuestiona el papel de las fuerzas armadas en el gobierno, el incremento en el gasto militar y su papel en cargos públicos, empresas estatales e incluso su capacidad de ser la única institución con poder de veto al presidente (al menos informalmente).

El autor cuestiona la sostenibilidad del modelo económico actual y critica la promoción de la democracia participativa con referendos y múltiples elecciones. De forma similar, le resta importancia a los avances en materia social y argumenta que los logros alcanzados son únicamente el resultado de mayores rentas petroleras y no de una mayor atención al gasto social. Sin embargo, a pesar de la importancia del petróleo en el gobierno de Chávez, el autor explica que la carencia del recurso no necesariamente significaría un colapso del mismo ya que, como muestra la literatura del tema, aunque la falta de recursos afecta duramente a las democracias, no ocurre lo mismo con regímenes autocráticos.

El capítulo dedicado a Bolivia -con seguridad el más débil del texto- cuestiona la agenda económica de Evo Morales y resalta las tensiones políticas que ha sufrido el gobierno durante estos años. Desde esta perspectiva, el debate político parece haberse convertido en un juego de suma cero, con temas sensibles como referendos para autonomía regional, nombramientos de jueces para la Corte Constitucional y la aprobación de una nueva constitución. En particular, resultan problemáticas las diferencias que aparecen entre las constituciones de las nuevas entidades autónomas y la constitución nacional. El autor cuestiona los avances en términos de desigualdad, competitividad, productividad y manejo de recursos naturales, y pone en duda la sostenibilidad de los avances logrados por la administración actual.

El caso de Chile es el que recibe un tratamiento más completo y, a la vez, el más favorable por parte de sus autores. Allí se destacan los logros en términos de reformas políticas frente al legado de los años de la dictadura de Pinochet, como la eliminación de la figura de Senadores vitalicios, reformas a leyes de financiamiento de campañas políticas en aras de generar mayor pluralismo y la subordinación del ejército a los civiles. Así mismo, se destacan logros en términos de reformas en el mercado de trabajo y en áreas de política social –Salud, Seguro de Desempleo y Pensiones, principalmente- al igual que el avance en la legislación en temas como el aborto y el divorcio donde las leyes Chilenas son las más conservadoras del continente. Todo esto va acompañado de una política económica conservadora, que sigue las restricciones internacionales y que persigue la estabilidad macroeconómica por encima de cualquier otro objetivo.

No obstante, prevalecen importantes dificultades en términos de los vínculos entre las élites de los partidos de izquierda y la sociedad civil, lo que dificulta la movilización de la población para fines políticos. Como lo explican los autores, esto es resultado de la experiencia durante la dictadura y las dificultades financieras que enfrentan estos partidos durante períodos diferentes a las campañas.

Por último, los dos capítulos dedicados a Brasil coinciden en atribuirle los logros de las administraciones de Lula a las políticas heredadas del gobierno de Fernando Henrique Cardoso e, incluso, de Fernando Collor de Melo. Para los autores, estos gobiernos establecieron un rumbo en términos del manejo económico y programas de asistencia social a los que el gobierno de Lula dio continuidad. Así, argumentan que Brasil durante los últimos años alcanzó éxitos moderados en términos de crecimiento, desempleo e inflación; logros mucho menores en temas políticos y peor aún en temas sociales, donde lo consideran una gran decepción. Igualmente cuestionan la legitimidad del gobierno de calificarse de izquierda al darle prelación a un modelo económico de acumulación capitalista donde las grandes compañías agroindustriales y financieras pudieron expandirse libremente.

La lectura de "Gobiernos de Izquierda en Latinoamérica" deja un doble sinsabor. Por un lado, se percibe cierta desconexión entre los capítulos: análisis diferentes, hipótesis diferentes (o la ausencia total de ellas), y afirmaciones sin mayor respaldo empírico o discusión. Sin embargo, al mismo tiempo se percibe cierta unanimidad de criterios para juzgar países con realidades históricas bastante diferentes como es el caso de Bolivia y Chile, aunque estos criterios no se apliquen en todos los casos. Por ejemplo, en el caso del primero, ignorar temas como la inclusión de pueblos indígenas, los cambios sociales y culturales así como en términos del impacto sobre la identidad nacional y las reivindicaciones históricas de estos pueblos, resulta una omisión trascendental.

Adicionalmente, el libro no hace una importante contribución en términos del entendimiento de la región y sus dificultades; la clasificación que hace es bastante estándar en la literatura y las apreciaciones sobre cada uno de los gobiernos son de conocimiento común. La ausencia de una hipótesis general sobre la cual se desarrollen los diferentes capítulos, acompañada de la superficialidad en algunos de ellos, hacen de la lectura un recuento de información más que un análisis sistemático de la misma.

Finalmente, dada la trascendencia del tema, la muestra incluida en el estudio es bastante limitada. Países como Argentina, Ecuador, Nicaragua y Uruguay quedan relegados a una breve sección del capítulo final, y sólo se hacen breves comentarios respecto a otros que en algún momento se han considerado de izquierda. (Contrasta esto con el caso de Brasil, al que se le dedican dos capítulos) Nuevamente, al no haber una clara hipótesis de trabajo (aparte de que a los moderados les va mejor), la validez interna y externa del estudio es bastante limitada.

Más allá de los problemas metodológicos del texto, la mayoría de los capítulos tienden a subestimar los logros alcanzados por la izquierda durante los últimos años y, en el peor de los casos, mostrarlos como el resultado esperado tras las políticas de gobiernos pasados. Si este es el caso, sería interesante ver un ejercicio contra-factual donde los partidos que hubieran asumido el poder fueran de una orientación ideológica diferente a la que realmente ocurrió. Es decir, ¿son los logros limitados de estos gobiernos el resultado de un abandono de la agenda política que los caracteriza (al menos a nivel teórico), o es este el desempeño esperado, dadas las restricciones políticas, económicas, sociales e históricas que estos enfrentan? Propongo un ejemplo: mientras en Brasil el coeficiente de Gini -que mide la desigualdad económica- cayó cerca de diez puntos durante el gobierno de Lula, en Colombia, donde durante estos años gobernó la derecha, este indicador creció en cerca de tres puntos. ¿Cuál habría sido el resultado en Brasil si las condiciones políticas hubiesen sido diferentes? El texto no responde este tipo de preguntas.

Para terminar, en cuanto a las conclusiones generales de la investigación, es claro que los gobiernos que han optado por estrategias más moderadas han tenido un mejor desempeño en temas sociales, políticos y económicos. Si bien esto no es una gran novedad, vale la pena tenerlo en cuenta como un referente respecto a los partidos y políticos que ofrecen cambios radicales frente al status quo, cuando son comparados con aquellos que proponen ajustes graduales. No es nuevo que el ajuste gradual suele brindar cambios más trascendentales que las revoluciones de un dia.