Videla, la Ciudadanía y los Límites del Poder

-Jorge Rafael Videla-

En mayo de 1804 cuando Napoleón se autoproclama Emperador de Francia, Beethoven, que hasta entonces había sido su admirador, arranca lleno de ira la primera página de la Sinfonía Bonaparte que había compuesto en su honor, la rompe y la tira al piso diciendo: "¡Así que él no es más que un mortal común y corriente!" Más adelante el nombre de la obra sería modificado y hoy simplemente la conocemos como 'Sinfonía Heroica. Compuesta para celebrar la memoria de un gran hombre', sin alusión alguna a Napoleón. Esta anécdota debería servir para entender la naturaleza del poder y de quienes lo alcanzan, su capacidad de corromper incluso los ideales más nobles y que, por más grande que sea el líder, es a fin de cuentas un mortal común y corriente, con las mismas debilidades que nos caracterizan a todos los demás, o quizá incluso peor. La nueva condena a cadena perpetua del General y ex Presidente Argentino Jorge Rafael Videla es un recuerdo oportuno de los límites del poder y lo que debe ser nuestra actitud ante quienes lo ejercen.

Durante los años de 1976 a 1983 Argentina vivió el período conocido como Guerra Sucia durante el cual el gobierno militar se dio a la tarea de perseguir activistas de izquierda, periodistas, estudiantes, guerrillas Peronistas y Marxistas, entre muchos otros, así como a todo aquel con indicios de apoyar cualquier causa que estuviera en contra de su ideario económico y político. El saldo incluye varias decenas de miles de muertos y desaparecidos, así como un clamor permanente por parte de los familiares de las víctimas acerca de la verdad sobre lo ocurrido.

Este caso, desde luego, no es exclusivo de la Argentina de esos años; en ese entonces, el modelo de Nuevo Militarismo encarnado en la 'Operación Cóndor' fue un importante responsable del terrorismo de Estado que sufrió la región. La reaparición del Populismo Autoritario - con Menem, Fujimori, Chávez, Uribe y los Kirchner- indica que la región es aún presa fácil de modelos políticos en los cuales las libertades básicas de los ciudadanos se ven vulneradas con el argumento de un 'bien superior' y la presencia –real o infundada- de una amenaza importante. Así, comunismo, imperialismo, terrorismo, tráfico de drogas, o cualquier otra elección conveniente, parecieran justificar los abusos de poder.

El caso de Augusto Pinochet, que murió sin pagar un sólo día en cárcel por los crímenes cometidos durante la dictadura Chilena fue, sin duda, una señal desesperanzadora acerca de la posibilidad de juzgar y hacer pagar a los responsables del terrorismo de Estado en una de las épocas más aciagas de la región. Sin embargo, el caso del enjuiciamiento y condena a Alberto Fujimori, o la reciente nueva condena a Jorge Rafael Videla, son señales positivas para otras sociedades que en los últimos años hemos vivido bajo la presencia de regímenes que poco valoran los derechos humanos. No obstante, estas medidas sólo sirven como correctivo de errores pasados, y no como garante de que los abusos cometidos no vuelvan a ocurrir. Pero, más allá del carácter enceguecedor del poder, ¿qué es lo que lleva a resultados tan lamentables, que permite que veamos historias similares a lo largo de toda la región incluso en momentos tan diferentes?

Una respuesta inmediata es el apoyo de un poder extranjero cuyos intereses coinciden con los de algunas élites locales, como ciertamente ha ocurrido en múltiples casos. Sin embargo, y a pesar de la obviedad de esta explicación, hay otra que es resultado de la relación que los ciudadanos mantienen con sus gobiernos. Al analizar los casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ex presidentes que son juzgados en tribunales nacionales o internacionales, o los innumerables escándalos de este tipo que salen a la luz pública una vez estos dejan su mandato, todos –independientemente del modelo político que siguen, Nuevo Militarismo o Populismo Autoritario- comparten una característica: sus niveles de popularidad mientras ejercían el poder eran abrumadores. Es decir, el temor generalizado frente a una amenaza o el afán por alcanzar ciertos resultados económicos, parecieran hacer necesario pasar por encima de los derechos fundamentales de algunas minorías. Por su parte, la mayoría de la población -en muchos casos con información fabricada por los mismos gobiernos- celebra estas políticas e ignora el sufrimiento de aquellos a quienes se le vulneran sus derechos, mientras nuestros presidentes alcanzan un nivel de popularidad sólo comparable al de algunos cantantes, deportistas o actores de cine. Esto, desde luego, los hace sentir con el derecho de manejar las leyes a su antojo y sentirse amos y dueños de los destinos de aquellos a quienes gobiernan.

De esta forma, y dada la imposibilidad de cambiar el carácter de quienes están en el poder así como de cambiar los intereses y políticas externas de otros países, la tarea de evitar los abusos de poder queda muchas veces en manos de la ciudadanía. Es necesario que ella –desde abajo- le imponga límites claros a sus gobernantes, ejerza control político y, en últimas, defienda la democracia por encima del carisma y atractivo de sus gobernantes, por buenos que estos parezcan. La condena a Videla por los crímenes cometidos durante la dictadura militar es una prueba de que el poder tiene límites y la justicia está ahí para hacerlos respetar. Si esto es algo que los gobernantes -ciegos de poder- no están en capacidad de reconocer, es nuestra tarea como ciudadanos recordárselos permanentemente.

La labor de académicos, analistas y periodistas independientes debe apuntar en esa dirección, y es responsabilidad de la ciudadanía apoyar estas iniciativas de control político. Una alta popularidad no es excusa ni justificación para el abuso del poder, pero sí puede hacer sentir al gobernante con el derecho de hacerlo; al fin y al cabo, como diría Beethoven, ellos son mortales comunes y corrientes.

Adenda:
Aprovecho la oportunidad para reiterar mi total apoyo a Daniel Coronell en su permanente esfuerzo por sacar a la luz pública verdades incómodas y que aquellos con poco o nulo respeto por la democracia colombiana han tratado de acallar.

Comentarios al Libro “Colonialismo y Desarrollo Post-Colonial. La América Española en Perspectiva Comparada” de James Mahoney

Un problema importante en las ciencias sociales es el de entender los mecanismos por los cuales la historia tiene incidencia en la realidad contemporánea de las sociedades estudiadas. Si bien es ampliamente reconocido que muchas de las diferencias observadas al comparar países o entidades sub-nacionales encuentran su origen en períodos remotos de su historia, no es fácil alcanzar un consenso acerca de qué parte de esta historia es la que ha generado tales diferencias, ni el proceso por el cual estas surgen. Las instituciones sociales, políticas y económicas ofrecen una clara respuesta a estas preguntas pero no siempre es evidente la forma como tales instituciones prevalecen a lo largo del tiempo o se traducen en diferentes resultados observables.

Al tratar de entender el desarrollo comparativo de las naciones, muchos autores coinciden en apuntar a las diversas experiencias en su pasado colonial. Adam Smith, por ejemplo, señalaba los diversos estilos de los países colonizadores europeos como un determinante fundamental de su política colonial; en ese sentido, las colonias británicas estarían marcadas por un espíritu mucho más liberal que sus similares portuguesas o españolas, lo que a su vez se traduciría en sistemas legales favorables al desarrollo temprano del capitalismo y, posiblemente, al desarrollo económico y social de largo plazo. En un artículo influyente de 2001 en el American Economic Review, Acemoglu, Johnson y Robinson muestran que las instituciones coloniales que garantizan la protección de los derechos de propiedad son un causante del desarrollo de largo plazo y que su establecimiento en las colonias estuvo determinado por las condiciones geográficas y climáticas de las mismas. Así, a medida que la mortalidad de los colonizadores aumentaba, estos optaban por usar su colonia como una fuente para la extracción de recursos minerales, en lugar de utilizarla permanentemente para su asentamiento con lo cual se implantarían sus instituciones y se promovería el desarrollo.

El libro "Colonialismo y Desarrollo Post-Colonial" de James Mahoney, Profesor de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Northwestern, es una respuesta a estas dos visiones parciales de la historia. Desde su punto de vista fijarse únicamente en la identidad del colonizador o, alternativamente, en las condiciones pre-coloniales de los territorios conquistados por los europeos, es insuficiente para entender la verdadera relación entre el pasado colonial y el desarrollo de largo plazo. El análisis se centra en el estudio de los países continentales de América que hicieron parte del Imperio Español; desarrolla una teoría que muestra cómo se relacionan las diferentes experiencias coloniales que estos países vivieron durante cerca de trescientos años con sus niveles de desarrollo económico y social de largo plazo. A modo de aplicación se analizan brevemente los casos de los imperios británico y portugués, lo cual contribuye a mostrar la validez externa de la teoría.

Vale la pena señalar que este trabajo de Mahoney, al igual que su libro anterior, "Los Legados del Liberalismo: Dependencia de la Trayectoria y Regímenes Políticos en América Central", también contribuye de forma importante a la discusión en términos metodológicos. Utilizando herramientas del Análisis Histórico Comparativo, y con un detallado conocimiento de los hechos descritos, pone en tela de juicio la viabilidad de tener una aproximación rigurosa a estos temas con herramientas estrictamente cuantitativas, como se ha venido haciendo en los últimos años. En lo que sigue presento el argumento general del texto y posteriormente comento algunas de las ventajas metodológicas ofrecidas por el mismo.

Argumento Teórico
La teoría que se desarrolla en el texto enfatiza que al estudiar el efecto del período colonial en el desarrollo de las sociedades, más que la identidad del colonizador lo que verdaderamente importa son sus instituciones político-económicas; en particular, si estas son predominantemente mercantilistas o liberales. La contraparte, en términos del elemento que aportan los territorios colonizados, es la importancia del nivel de institucionalización económica, social y política de la población indígena existente antes de la colonia; por ejemplo, el grado de división del trabajo, si previamente existía o no una organización jerarquizada, la presencia de instituciones religiosas, etc. De acuerdo al argumento del autor, el nivel de complejidad institucional pre-colonial determina el grado de participación del poder imperial, apareciendo una relación positiva entre estas dos si el poder colonial es mercantilista, y negativa si su carácter es liberal.

El poder colonizador determina clivajes étnicos al interior de las regiones colonizadas, los cuales son fundamentales para entender el desarrollo económico y social de largo plazo; la profundidad de tales clivajes está a su vez determinada por el tipo de instituciones del colonizador. Así, una mayor intervención por parte de un poder mercantilista crea élites que se perpetúan a lo largo del tiempo y que representan un obstáculo al desarrollo de largo plazo, mientras que una mayor participación de un poder liberal tiende a estar más identificado con una sociedad sin clases y es, por consiguiente, favorable para el desarrollo. Es decir, el mecanismo de transmisión de las diferencias coloniales al desarrollo de largo plazo consiste en las instituciones económicas y sociales establecidas a lo largo del período colonial. A este respecto Mahoney establece:

"Instituciones aquí se entienden como instrumentos distribucionales que asignan recursos de forma desigual y que, de esta forma, ayudan a constituir actores colectivos asimétricos. Esta orientación pone las consideraciones de poder en el centro de la discusión, enfatizando el conflicto distribucional entre actores agregados como una fuerza motor de la historia" (Mahoney, 2010, 15).

En el caso de la España colonizadora se distinguen dos períodos fundamentales marcados por la monarquía en el poder: los Habsburgo, durante los primeros doscientos años de la colonia, y los Borbón, durante el último siglo de dominio Español. La monarquía de los Habsburgo, aparte de tener una visión mercantilista del sistema económico de acuerdo a la cual se imponían restricciones drásticas al comercio, favorecía las relaciones jerárquicas al interior de la sociedad y asignaba un rol preponderante a la Iglesia Católica, con las consabidas consecuencias en términos de propiedad de la tierra y respeto por la autoridad. Por su parte, desde inicios del siglo XVIII el primer monarca Borbón, Felipe V, inicia reformas que le dan un aire más liberal al imperio a través de la liberalización del comercio, la reducción de beneficios para la Iglesia, el desplazamiento del centro económico de la colonia de Cádiz a Barcelona donde la actividad comercial era mucho mayor y otras reformas similares orientadas a impulsar la ciencia, la literatura, el arte, etc.

En el primer período de la colonia (1492-1700) las condiciones pre-coloniales determinan por qué unos territorios son importantes centros de la colonia, mientras otros se ven relegados a la periferia y otros más ocupan una posición intermedia entre los dos extremos. Es así como regiones densamente pobladas y con instituciones complejas como México, Perú y Bolivia se constituyen en centros coloniales, lo que va en contra de la teoría que explica la ubicación en estos sitios como resultado exclusivo de sus riquezas minerales. De acuerdo al modelo mercantilista dominante durante el período Habsburgo, las regiones con estas características facilitaban la explotación de la mano de obra: a las poblaciones colonizadas, al estar acostumbradas a funcionar bajo un esquema jerárquico, les era más natural someterse a la explotación bajo otro jefe, que a las poblaciones donde tales jerarquías no existían. Es así como las muertes de Moctezuma y Atahualpa degeneran de forma rápida en la caída de los imperios Azteca e Inca, respectivamente, y sus poblaciones se convierten en mano de obra para la extracción de minerales. De acuerdo a Mahoney, la complejidad institucional pre-colonial y no las riquezas minerales, es el factor determinante para la ubicación de los centros coloniales. Al final del período Habsburgo y como resultado de la actividad colonial, estos centros se caracterizan por la presencia de élites cuyo poder provenía de monopolios comerciales, en general ligados a la tenencia de tierra, la explotación mineral y el control de poblaciones que trabajan bajo su mando.

Esta situación contrasta con la de Uruguay, Argentina y Chile, predominantemente habitados por cazadores y recolectores, y sin importantes asentamientos de población. Dada su baja complejidad institucional, estos territorios no ofrecían muchas posibilidades para el rápido enriquecimiento de los conquistadores vía extracción de minerales o recaudación de impuestos, por lo cual hicieron parte de la periferia colonial. Al final del período Habsburgo no se había introducido cambios substanciales en estas tierras y, en el mejor de los casos, pasaban a ser subsidiarias de lugares más importantes para el Imperio, como es el caso de Buenos Aires respecto a Potosí. Otros lugares que se constituyeron como periferias coloniales son los que corresponden hoy a Paraguay, Venezuela, El Salvador, Honduras, Chile y Costa Rica. En cada uno de ellos la debilidad de sus instituciones, la escasez de población indígena, su dispersión o, frecuentemente, sus muertes abundantes, redujeron el incentivo de los Españoles de establecerse masivamente en ellos y, así, establecer sus instituciones mercantilistas.

En una situación intermedia –la semi-periferia- se encuentran Guatemala, cuya posición estratégica en términos de su cercanía a México le sirvió para recibir una audiencia; Colombia, gracias a sus recursos minerales y su medianamente organizada población indígena; y Ecuador cuyo fuerte sector manufacturero atrajo a los Españoles. En estos casos se evidencia la aparición de una élite comerciante, con características similares a las de los centros coloniales.

Con la llegada del siglo XVIII se inicia la segunda etapa de la colonia bajo la monarquía de los Borbón. Dada su orientación hacia la estimulación del comercio exterior, la nueva monarquía se centra en regiones que tuvieran como condiciones necesarias: a) Una población indígena dispersa y un puerto comercial estratégico o, b) Un alto nivel de colonización y una nueva riqueza mineral significativa. Es así como cambia la importancia relativa de la mayoría de los territorios coloniales de acuerdo al legado de más de doscientos años de control Habsburgo y lo que estos ahora representan frente a los intereses del nuevo control Borbón.

De esta forma, los territorios que hoy pertenecen a Argentina, Uruguay y Venezuela abandonan su condición periférica y entran a jugar un papel más importante durante esta segunda etapa de la colonia -Argentina como centro colonial, mientras Uruguay y Venezuela ahora como semi-periferias. Cabe señalar que las élites creadas durante este período no estaban directamente asociadas a la tierra y, al mismo tiempo, el poder de los terratenientes no se basaba en la coerción tal como ocurría durante el período de control Habsburgo. Otro aspecto importante para estos nuevos centros coloniales es la homogeneidad étnica que aparece al interior de la población como resultado de la importante reducción de las comunidades indígenas y el proceso de mestizaje llevado a cabo entre los diferentes grupos raciales. Esta homogeneidad genera en el imaginario colectivo la idea de unidad y vincula a los diferentes grupos en un proyecto nacional en el que las diferencias étnicas o no existen o sólo alcanzan una importancia limitada. Como muestran Alesina y Glaeser (2006) esto también favorece las actitudes hacia el estado de bienestar y, por consiguiente, el papel del estado en la economía.

En términos de la importancia colonial durante el período Borbón, aparecen en un segundo grupo México, Colombia y Perú, que no abandonan su legado mercantilista pero que continúan jugando un papel importante para el imperio (mayor en México que en los otros casos). Se consolidan sociedades estratificadas y, en el caso del Perú, divididas étnicamente. Las élites continuaban ligadas a la tenencia de la tierra, eran protegidas con la concesión de monopolios en el comercio y no se interesaban por desarrollar una industria productiva.

Los casos de Bolivia, Ecuador y Guatemala representan aquellos territorios que jugaron un papel de centro o semi-periferia durante el período Habsburgo y pierden importancia durante el período Borbón, cayendo a la periferia colonial. En Bolivia una vez cae la producción de plata en Potosí, el modelo económico se transforma en uno de subsistencia, la población se fragmenta étnicamente y se obstruyen las pocas posibilidades de desarrollo existentes; algo similar ocurre en Guatemala. Ecuador, por su parte, sufre una depresión general en su actividad económica que sólo exceptúa al surgimiento de Guayaquil gracias al desarrollo de su puerto.

El resto de la región – Chile, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras-  mantiene la posición periférica que había tenido en el período anterior. Es decir, si bien estos territorios no se ven afectados por las instituciones mercantilistas que caracterizaban a los Habsburgo, tampoco se ven beneficiadas por las reformas liberales impulsadas por los Borbón. La actividad económica en estos territorios era bastante limitada luego de más de trescientos años de colonialismo español, y a pesar de algunas diferencias en términos de tamaño de la población o composición étnica, en ese momento era prácticamente imposible prever las grandes diferencias económicas y sociales que aparecieron posteriormente entre los países de este grupo. Por consiguiente, es necesario estudiar el período post-colonial para entender estas diferencias.

Una vez alcanzada la independencia, Nicaragua, El Salvador y Honduras, sumidos en sus disputas internas por el control de la República Federal de Centro América, encuentran serias dificultades para implementar reformas liberales que incentiven el crecimiento económico. Por el contrario, Costa Rica, que también es parte de esta República, gracias a estar en su periferia, no encuentra mayores obstáculos para la implementación de estas políticas, y desde el inicio de su vida independiente cuenta con un ambiente político favorable para llevar a cabo políticas orientadas al desarrollo. Al mismo tiempo, su escasa población indígena le garantizaba evitar convertirse en una economía de plantaciones extensas, como sería el caso de sus vecinos centroamericanos.

Al sur del continente las disputas internacionales también marcarían las diferencias entre aquellos países que no recibieron una importante influencia colonial durante los períodos Habsburgo y Borbón: Paraguay y Chile. En el caso del primero, su costosa guerra contra la Triple Alianza –Argentina, Brasil y Uruguay- (1864-1870), en la que su economía se vio totalmente devastada y los estimados de la pérdida de población masculina oscilan entre el 50% y el 90% del total, significaron un importante rezago frente a sus vecinos. Por su parte las dos victorias de Chile, primero frente a la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839) y más adelante en la Guerra del Pacífico (1879-1883), le dieron el impulso económico y moral que buscaba una sociedad creciente. Rápidamente llevó a cabo reformas liberales, desarrolló el puerto de Valparaiso y se convirtió en una sociedad orientada hacia el comercio. Sus logros en términos de desarrollo social, sin embargo, se vieron limitados a causa de sus estructuras sociales en cuanto a la posición favorable de los terratenientes.

Comentarios Metodológicos
El análisis de la interacción entre condiciones pre-coloniales, intensidad de la colonia durante el período Habsburgo e intensidad durante el período Borbón, le permiten a Mahoney construir una teoría sólida que relaciona el pasado colonial de los países de la América Española con sus niveles de desarrollo de largo plazo. En los casos donde el período colonial no genera una importante influencia en materia de instituciones sociales y económicas, los resultados serán contingentes a guerras y otros eventos en los años tempranos de la vida independiente de estas sociedades.

Metodológicamente el autor vuelve sobre técnicas que había trabajado de forma más detallada en sus obras anteriores. El concepto de fondo es el de Proceso Dependiente de la Trayectoria según el cual una vez un proceso histórico alcanza cierto curso, es prácticamente imposible que tome otra trayectoria y se aproxime a un estado diferente; en otras palabras, la historia importa (Arthur, 1994). Uno de los aspectos interesantes de esta aproximación es que las condiciones tempranas de los procesos estudiados marcan el desenvolvimiento que estos tendrán en el largo plazo, y tales condiciones iniciales pueden ser generadas por factores tan variados como una decisión acertada, un error de apreciación o, de forma quizá más interesante, el azar. Llama la atención, entonces, analizar esas coyunturas críticas que determinan la forma como se generan trayectorias diferentes: en el caso analizado en el libro de Mahoney, la forma como los diferentes tipos de colonización determinan trayectorias de desarrollo económico y social totalmente diferentes para cada país de la región.

Por otro lado, usar las técnicas del Análisis Histórico Comparativo ofrece notables ventajas en términos de la importancia de los detalles que diferencian a un país de otro, las diferentes coyunturas en las que, por ejemplo, ciertas políticas son importantes en una región pero no en otra, las variaciones en el tipo de instituciones establecidas en diferentes momentos y en diferentes lugares, así como la relación secuencial entre la suma de todos estos aspectos y los resultados que cada país alcanza en términos de desarrollo.

Contrasta este enfoque con el de trabajos como el de Acemoglu, Johnson y Robinson, que no permiten conocer las verdaderas instituciones coloniales que determinan el desarrollo de largo plazo, algo que, cómo mencioné al inicio, representa uno de los problemas fundamentales al tratar de entender los mecanismos por los cuales la historia incide en el desarrollo de las sociedades. Este enfoque metodológico presenta serias limitaciones; como lo menciona Mahoney, al tratar a cada país como una unidad homogénea en un análisis de regresión econométrica se pasa por encima de todos estos detalles. En este tipo de trabajos

"sus generalizaciones se esconden reportando los resultados en el formato de artículo que sólo aborda la historiografía de forma superficial. "Sus referencias a la historia son amplias y carecen de detalles acerca de los 'hechos históricos'; sus interpretaciones incluyen pocos datos históricos, análisis secuencial o estudios contextuales detallados" Como resultado "toman como dada la existencia de una realidad que, en muchos casos ha sido retada por estudios históricos." Claramente, sin embargo, para explicar resultados de desarrollo, toda teoría histórico-institucional que merezca ese nombre, debe ser compatible con los registros empíricos de países individuales, cuando se analizan con algo de detalle" (Mahoney, 2010, 19, citas de Alonso, 2007).

Claramente el trabajo de Mahoney en este texto ofrece una explicación mucho más profunda acerca de los factores históricos importantes para el desarrollo económico y social de largo plazo, así como los mecanismos por los cuales estos se transmiten.


Conclusiones
Lejos de caer en vagas generalidades sobre los hechos históricos y una repetición de la historia colonial de la América Española, este trabajo ofrece una teoría falseable acerca del papel de la colonia en el desarrollo de largo plazo. Su validez externa es puesta a prueba al analizar diferentes colonias inglesas así como diferentes regiones de Brasil bajo el dominio portugués, lo cual deja al lector con la satisfacción de no estar simplemente frente a un recuento de los hechos que sólo se ajusta a los casos estudiados a profundidad, sino frente a una teoría aplicable en diferentes contextos.

Por su detallado manejo de la historiografía, sus técnicas analíticas y su contribución al entendimiento del papel de la historia en el desarrollo de los pueblos, "Colonialismo y Desarrollo Post-Colonial. La América Española en Perspectiva Comparada" de James Mahoney, es, sin duda, una referencia obligada para los estudiosos de las ciencias sociales. Igualmente establece un estándar bastante alto en el estudio de la relación entre colonialismo y desarrollo post-colonial que supera ampliamente los estudios recientes sobre estos temas.

Nota: Como en ocasiones anteriores, en este momento preparo una reseña completa de este libro que espero publicar más adelante. El texto anterior puede tomarse como una "versión preliminar" de tal reseña.¡Ya les estaré contando!

La Perspectiva y los “Palos de Ciego” de la Diplomacia Colombiana

La opinión sobre muchos temas políticos en buena medida depende del punto desde donde se les mire. Uno de los reconocimientos más importantes al gobierno de Juan Manuel Santos ha sido su manejo de las relaciones internacionales en tanto ha disipado la tensión con los países vecinos y ha mostrado su interés en ejercer un liderazgo a nivel regional (1, 2). Pero es precisamente en estos sonados logros donde más se debe tener en cuenta la perspectiva. No en vano en su más reciente artículo sobre Colombia la revista The Economist antes de entrar a elogiar los avances de Santos en materia de relaciones internacionales señalaba que "No había nada de diplomático en Álvaro Uribe". Los hechos de las últimas semanas sugieren que el supuesto éxito en el manejo de las relaciones internacionales del actual gobierno es más una consecuencia del punto bajo dónde las dejó el gobierno pasado que el resultado de una clara orientación de la política internacional del país. Evidencia de esto, como muestro a continuación, es la divergencia entre el discurso y las acciones que el gobierno ha llevado a cabo, así como varios errores fundamentales en materia diplomática.

Los dos primeros reveses importantes en la política internacional del gobierno de Santos son los casos de Yair Klein y de María del Pilar Hurtado, en los que en cierta medida comparte su responsabilidad con el gobierno anterior. La negativa a la solicitud de extradición de Klein por parte de Colombia muestra la ineficiencia para traer ante la justicia Colombiana a uno de los responsables por el entrenamiento de grupos paramilitares, y la consiguiente violencia de los últimos años. El pésimo manejo de este asunto por parte del gobierno anterior –en particular por el vice-presidente Francisco Santos- no exonera al gobierno actual de tomar una posición más firme al respecto que la mostrada hasta ahora. En el caso de María del Pilar Hurtado –donde la responsabilidad del antiguo mandatario fue reconocida y defendida por él mismo- la débil respuesta por parte de la canciller María Ángela Holguín envía dos malas señales: por un lado deja claro que el expresidente Uribe puede seguir entorpeciendo el manejo de la política del país y que, al mismo tiempo, el sistema judicial colombiano no está en capacidad de juzgar a sus criminales, algo que Juan Manuel Santos y algunos de sus ministros han intentado desmentir. Las fallas que estos hechos evidencian en términos del funcionamiento de la justicia colombiana y del manejo de las relaciones internacionales son pésimas señales si el objetivo de ser un líder regional es algo más que el típico discurso de un gobierno entrante. Si ni siquiera se puede hacer cumplir las leyes nacionales a causa de la obstrucción que significa el comportamiento de otros países, hablar de liderazgo regional es menos que un mal chiste.

Pero las complicaciones no terminan allí. Esta semana Colombia integró un deplorable grupo de 19 países que decidieron ausentarse de la ceremonia simbólica de entrega del Premio Nobel de la Paz al Chino Liu Xiaobo, reconocido escritor y defensor de los derechos humanos en su país. Algunos argumentan motivos comerciales tras la decisión, mientras que el gobierno prefiere guardar silencio al respecto. Dada la naturaleza del premio a Xiaobo como un reconocimiento a su "larga y no-violenta lucha por los derechos humanos fundamentales en China", es ciertamente lamentable que Colombia haya decidido unirse a un grupo que incluye a países como Arabia Saudita, Cuba, Irán, Rusia, Sudán y Venezuela, todos con magros resultados en materia de derechos humanos, en lugar de ser un abanderado de estos temas, como haría el líder en el que el país dice tratar de convertirse. Si los lazos comerciales con la potencia emergente son más importantes que la defensa de libertades básicas, es claro que aquello de "venderse por un plato de lentejas" no se ha superado. Otra mala señal en materia de liderazgo regional y asuntos diplomáticos (Ver nota al final).

Hay otros dos temas adicionales donde este supuesto liderazgo queda muy mal parado: WikiLeaks y Palestina. Si bien el gobierno no está en la obligación de estar de acuerdo con las recientes filtraciones por parte de WikiLeaks, su respuesta a las filtraciones sí deja mucho que desear. En un comunicado escueto se solidariza con el gobierno estadounidense mientras unos funcionarios pasan a hablar de los problemas internacionales que las filtraciones podrían representar, (3) mientras otros deciden guardar silencio (4). Contrasta esta posición con la del Presidente Brasilero, Luiz Inacio Lula DaSilva, quien no solo muestra su total solidaridad con Julian Assange sino que al mismo tiempo condena la falta de manifestaciones alrededor del mundo en protesta por la persecución al fundador de WikiLeaks. Señala la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de las relaciones internacionales y critica la hipocresía de quienes juzgan a quienes divulgan los documentos en lugar de juzgar a quienes los escribieron. ¿Más pruebas de liderazgo? Algo similar ocurre respecto al anuncio que ya han hecho Argentina, Brasil y Uruguay de reconocer a Palestina como un Estado soberano a pesar de la incomodidad que estas decisiones han generado en varias partes del mundo. Colombia, nuevamente, guarda silencio frente a este tema.

Pero en lugar de tomar posiciones más firmes en todos estos asuntos que sin duda contribuirían a mejorar la imagen de Colombia en la región y ejercer un verdadero liderazgo, la diplomacia colombiana se concentra en la petición al gobierno de los Estados Unidos de inmunidad soberana para Álvaro Uribe, a fin de que este no sea juzgado por su vinculación a grupos paramilitares en asesinatos de sindicalistas en el caso de la Drummond. Pregunto, con tantos asuntos trascendentales como los mencionados antes, ¿debe ser esta la prioridad de la diplomacia colombiana?

Es claro que, más que éxitos, la diplomacia colombiana da palos de ciego. Su falta de compromiso en temas como la defensa de los derechos humanos evidencia una divergencia entre los hechos y el discurso, más cuando se escucha al Presidente Santos decir que el país se está convirtiendo en el "niño bueno" ante la comunidad internacional. De forma acertada un editorial de El Espectador esta semana señalaba la confusión –o fraude- que pueden sentir algunos de los países que dieron su voto para que Colombia ocupe una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Falta mucho para que Colombia coordine su discurso con sus actos y, peor aún, para que se convierta en un verdadero líder en el subcontinente. 

Los supuestos logros alcanzados en el manejo de las relaciones internacionales son resultado de la pésima perspectiva con que nos dejó el gobierno pasado y no de una diplomacia bien encaminada, con carácter de liderazgo, relaciones cordiales con sus vecinos, y que honra y respeta los derechos humanos fundamentales. Como dicen algunos amigos arquitectos: "antes de la perspectiva la vida era una distorsión de la realidad". Es hora de que la perspectiva en el manejo de las relaciones internacionales que heredamos del pasado gobierno no nos haga ver una realidad que no está ocurriendo y que, en este y otros campos, seamos capaces de tener una visión más balanceada de la misma.

Nota: Después de terminado este artículo, Colombia, a último momento, decidió cambiar su decisión y asistió a la ceremonia del Nobel a Liu Xiaobo. Decidí dejar la versión original del artículo con el anuncio hecho hasta poco antes de la ceremonia y, en lugar de modifaicrlo, agregar esta nota aclaratoria.

Comentarios al Libro “¡Basta de Historias!” de Andrés Oppenheimer

Lo primero que me llamó la atención al comprar en una librería colombiana el libro "¡Basta de Historias!" de Andrés Oppenheimer, fue ver la diferencia en su portada respecto a la versión que había visto antes por internet. En esta última aparecen caricaturas de seis presidentes latinoamericanos, vestidos con trajes típicos o alusivos a algún evento importante de sus países de origen, mientras que en la versión colombiana, una de las caricaturas -la de Juan Manuel Santos en uniforme militar- había desaparecido (Ver imágenes). Pensé entonces que la editorial consideraba que las ventas del libro se reducirían si a los lectores colombianos se les mostrara la imagen internacional que tiene el hoy popular líder, lo cual, a su modo de ver, justificaba las diferentes portadas. Seguido a esto me pregunté si el contenido del libro también mostraría sólo la parte conveniente de la historia y ocultaría otras "verdades incómodas", lo cual me predispuso hacia la lectura del texto. Como mostraré en lo que sigue, tras finalizar la lectura mi balance del libro es más positivo que negativo, y la elección y adaptación de portadas es, más bien, un gran desatino.

"¡Basta de Historias!" es el resultado de múltiples entrevistas del autor a personalidades en todo el mundo, las cuales giran en torno a temas directamente relacionados con la educación. Así, Oppenheimer indaga acerca de los logros alcanzados en los últimos años por diferentes países y la forma como los mismos afrontan, desde la educación, los retos de un mundo cada vez más globalizado. Siguiendo con ejemplos como los desarrollados en su libro anterior -"Cuentos Chinos"- el autor muestra algunos contrastes interesantes entre diferentes países en términos de su política educativa, estatus de la educación, y recursos para escuelas y universidades, al lado de marcados contrastes en términos de resultados en exámenes estandarizados, número de patentes, publicaciones internacionales, participación en empresas dedicadas a la ciencia y tecnología, etc. Los resultados para Latinoamérica, salvo contadas excepciones, son bastante desalentadores. Ejemplo de esto es que sólo una universidad latinoamericana -la Universidad Autónoma de México- se encuentra entre las mejores doscientas del mundo y ninguna entre las primeras cien. Más aún, la producción de conocimiento en la región no sólo es muy baja, sino que se encuentra concentrada en cuatro países: Brasil, México, Argentina y Chile. Nuestros países producen menos patentes por años que Finlandia, Corea del Sur, Israel o Singapur, y nuestros estudiantes siempre tienen un peor desempeño en exámenes de matemáticas y ciencia que sus similares de otros países.

Algunos de los casos que presenta Oppenheimer como contraste con la visión que se tiene de la educación en Latinoamérica pueden desanimar al lector y no servir como referencia para llevar a cabo las transformaciones necesarias en el modelo educativo prevaleciente. Por ejemplo, en el capítulo dedicado a Singapur, el autor muestra un sistema escolar bastante rígido y exigente, donde desde temprana edad los niños están sometidos a altos niveles de presión para tener un buen desempeño académico y en el que son duramente castigados al cometer errores. No sorprende esto en un país donde hay pocas libertades políticas, ciudadanos adultos son aún castigados con azotes y se encuentran altos niveles de corrupción y censura acompañados una de las tasas de suicidio más altas del mundo. De forma similar, en el caso de India donde la revolución educativa privilegió a las castas más altas, se promovía la educación científica para unos pocos mientras el país sufría de altos niveles de analfabetismo; esto, como era de esperarse, generó mayores desigualdades sociales, propias de una sociedad jerarquizada y que por consiguiente no es el referente que buscan sociedades con una necesidad impetuosa de reducir sus niveles de desigualdad. Otro aspecto cuestionable de la exposición es la repetida presentación de patrones culturales totalmente diferentes a los de Latinoamérica -idioma, religión, valores-  que, si bien se traducen en éxitos educativos, no sirven como guía para nuestras sociedades.

En este sentido resultan más interesantes los casos que Oppenheimer menciona acerca de los procesos que la misma Latinoamérica está actualmente llevando a cabo y que pueden servir como espejos más cercanos en los que mirarnos. Es el caso de Brasil, donde los sectores público y privado actúan de manera conjunta en la promoción de la educación, y esta se constituye como un objetivo mancomunado de toda la sociedad. Casos similares son los de Uruguay y Perú, que han tenido resultados exitosos en programas de asignación de un computador portátil con acceso a internet para cada niño, a pesar de los obstáculos que ha representado la reticencia a aprender por parte de sus profesores. Y finalmente, los casos de Chile, con una importante inversión pública en educación acompañada de la proliferación de universidades privadas en los últimos años, y de Colombia donde se ha empezado a reemplazar el modelo prevaleciente de los años setenta según el cual el mercado se encargaría de una asignación eficiente de recursos hacia la educación. De acuerdo al nuevo modelo, en las etapas iniciales de la formación de conocimiento es necesaria la intervención estatal para alcanzar cierto nivel mínimo que permita competir internacionalmente; una vez este nivel se alcanza es necesario incentivar a la empresa privada para que continúe el proceso a partir de su integración con los sectores académicos. Contrastan estos ejemplos con los casos de Argentina, donde las principales universidades se niegan a ser evaluadas nacional e internacionalmente; y México, donde un fuerte sindicato de educadores es decisivo en los resultados de elecciones presidenciales, va a huelga con frecuencia, es cómplice de compra y herencia de  puestos de maestros y se opone a cualquier tipo de modernización del sistema educativo.

En términos de la financiación de la educación, la evidencia recogida por Oppenheimer es bastante diversa. Si bien uno de sus objetivos es desvirtuar la idea de la necesidad de un sistema de educación gratuita, varios de sus casos muestran la conveniencia de un trabajo integrado de diferentes sectores de la sociedad en aras de alcanzar los resultados deseados. Ejemplos de esto son los pagos al final de la carrera -una vez el graduado consigue empleo- las becas ofrecidas por el sector privado e incluso la misma financiación por parte del Estado pero con criterios mucho más selectivos a los normalmente observados, como en el caso de Brasil. La crítica general es hacia el uso de recursos públicos para la financiación de estudiantes que no terminan sus carreras. Considera que el uso de los impuestos -incluidos los de los sectores más pobres- para la financiación de estudiantes permanentes de la clase media-alta, es una de las políticas más regresivas e ineficientes que existe y que, sin duda, debe ser corregida. Oppenheimer es también crítico de la brecha entre el número de estudiantes de carreras como filosofía y sicología, frente al mucho menor número en ingeniería y matemáticas. A su modo de ver es un error de nuestros gobiernos financiar carreras que no son acordes a las necesidades del mundo moderno.

Un aspecto importante de señalar de la visión que Oppenheimer tiene acerca de la educación es la forma como esta se percibe en diferentes sociedades. Mientras países como Singapur, China o Finlandia ven en la educación la salida a sus problemas, en Latinoamérica esta ocupa un lugar secundario en el orden de prioridades. A título personal, me atrevería a decir que uno de los causantes de esta situación es el énfasis exagerado que nuestros países ponen en el conocimiento teórico y que deja de lado el conocimiento práctico. Más aún, es normal ver teóricos que menosprecian este tipo de conocimiento, como lo menciona Oppenheimer al citar el caso de profesores universitarios en México, quienes: "ven el desarrollo comercial de nuevos productos como el equivalente a "venderse" a empresas con ánimo de lucro. Ellos dicen que están para producir ciencia básica. A ellos les interesa más un artículo que una patente,…" Sin embargo, si uno ve los artículos internacionales que publican y las citas que estos reciben, sus resultados no justifican su actitud.

Pero el problema del dilema teórico-práctico no se limita a la asociación de la academia con el sector privado sino que también se traduce en importantes problemas para el resto de la sociedad. El conocimiento aplicado -en el que ponemos tan poco énfasis- no sólo motiva al estudiante a aprender más, al ver que lo que estudia está directamente relacionado con su entorno, sino que, al traducirse en investigación de punta, ofrece respuestas a las necesidades de la sociedad, se convierte en fuente de ingresos para las universidades -por medio de la producción de patentes- y garantiza la disponibilidad de recursos para la educación de generaciones futuras. Al tener este impacto en la realidad de la sociedad, la educación alcanza un papel protagónico dentro de la misma. En Latinoamérica nos contentamos con discusiones teóricas "interesantísimas" que tienen poca o nula relevancia práctica para nuestras sociedades y que condenan la educación a un papel secundario (sobre este aspecto y su origen en el legado español pienso escribir más adelante).

"¡Basta de Historias!" termina con una serie de recomendaciones basadas en las experiencias de los países incluidos en la muestra de su autor. Quiero destacar la importancia del papel de la cultura en el modelo educativo: por ejemplo, la necesidad de integrar el sector educativo al resto del mundo; de dejarnos de "mirar el ombligo" y ponernos al tanto de la producción intelectual que se lleva a cabo en otros rincones del planeta. El aislamiento de nuestros profesores y nuestras instituciones son fallas fundamentales si se busca competitividad internacional y un diálogo continuo entre pares académicos. Es igualmente importante la "dosis de humildad" que le hace falta a Latinoamérica en términos de resultados académicos: mientras otras regiones son conscientes de sus falencias y se preocupan permanentemente por superarlas, nosotros tenemos una actitud triunfalista que impide cambiar nuestros mediocres resultados. Se le suma a esto la falta de responsabilidad social de la Universidad en Latinoamérica: contrario a lo que ocurre en otras latitudes, nuestras universidades no tienen que rendirle cuentas a la sociedad y estas se constituyen en círculos cerrados, sin conexión con el mundo exterior y en muchos casos blindadas frente al escrutinio público. Esto, combinado a innumerables tesis que sólo sirven para llenar "Egotecas", dejan a la educación en una posición lamentable y a nuestras futuras generaciones condenadas a seguir por el mismo camino. Desde luego, un problema fundamental para generar un impacto importante en materia educativa es convencer a nuestros políticos de la necesidad de invertir en educación, un rubro que genera retornos a mediano y largo plazo, y que por consiguiente no coincide con los intereses inmediatos de quienes están en el poder.

En general, "¡Basta de Historias!" es un llamado de atención acerca de la política educativa de nuestras sociedades, sus avances y mayores dificultades. Algunos ejemplos donde Oppenheimer ridiculiza a ciertos líderes de la región por la importancia dada a la historia en contraste con aquella dada al futuro - ¡e incluso el mismo nombre del libro!-, pueden desorientar un poco la lectura, por lo cual los considero totalmente innecesarios. No obstante, la comparación de las experiencias de varios países de la región, y la muestra del camino recorrido por otros países a lo largo del mundo desarrollado señalan los grandes retos en materia educativa que enfrentan nuestras sociedades y la necesidad de ubicar la agenda educativa en el punto más alto de nuestras prioridades. Como el autor lo señala, el primer paso debe ser empezar a mirar hacia adelante.

Democracia Representativa y Regla Fiscal en Colombia

Una de las virtudes de la democracia representativa sobre la democracia participativa es que en ella, como su nombre lo indica, el ciudadano hace una elección para que sea otro quien lo represente, lo cual promueve el debate y la deliberación de los representantes en torno a los temas que le preocupan a la sociedad. Es decir, si el grueso de la población participa de una elección, como en un referendo, es de esperarse que las decisiones de buena parte de los ciudadanos sean resultado de un bajo nivel de deliberación y, más bien, respondan a juicios subjetivos, preconcepciones y campañas publicitarias, en vez de ser el producto de un debate concienzudo. En un escenario representativo es de esperarse que un voto a favor o en contra de un proyecto de Ley tenga un sustento real, esté fundamentado en argumentos fuertes y pase por una etapa de deliberación abierta.

El día de hoy, la comisión primera del Senado de la República -a cargo, entre otros, de las reformas a la constitución- aprobó en su tercer debate el proyecto por el cual se busca elevar la sostenibilidad fiscal al nivel de derecho constitucional. Independientemente de los argumentos a favor y en contra de dicha propuesta -sobre lo que hablaré en los próximos días- queda un sinsabor respecto al mecanismo que generó este resultado.

La votación inicial se llevó a cabo ayer con un resultado de nueve votos a favor del proyecto de reforma constitucional y nueve en contra, lo que obligaba a la repetición de la votación en la sesión de hoy. Para molestia de más de uno de los asistentes, justo antes de dar su voto el Senador Juan Carlos Rizzetto del Partido de Integración Nacional (PIN) se levanta de su curul, permanece en el recinto y guarda silencio. Como resultado de esto, la votación queda con nueve votos a favor y ocho en contra, con lo cual el proyecto queda con vida para pasar a los siguientes debates en el Congreso.

Inmediatamente los Senadores Avellaneda del Polo Democrático y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal manifestaron su inconformismo respecto al procedimiento de la votación. Su argumento: el reglamento de la institución obliga a todos los Senadores presentes en el recinto a votar ya sea a favor o en contra de las propuestas sometidas a escrutinio; las abstenciones no son válidas. La respuesta del Senador Nestor Iván Moreno del Polo, no podía ser menor al decir que "Rizzetto le vendió su voto al gobierno".

Más allá de si hubo venta del voto o no, es muy lamentable la calidad del mecanismo por el cual se cambia un voto o, se genera una abstención -lo cual en este caso viene siendo lo mismo. Sin explicación alguna, estando presente en el recinto y violando la norma, Rizzetto se abstiene, cambia el resultado y el resto de los Congresistas aprueba la decisión prácticamente como si no hubiera pasado nada raro. Más aún, las voces de protesta de los Senadores en contra del procedimiento son totalmente ignoradas y, en palabras de Velasco, reflejando su molestia: "vamos a decirle al país que pasó lo que no pasó" (es decir, afirmar que Rizzetto estaba ausente en la votación, lo que sí justificaría su abstención).

Volviendo al argumento del inicio, me pregunto acerca de la legitimidad de una democracia representativa donde los mismos mecanismos generados para el proceso de toma de decisiones son violados tajantemente sin despertar un repudio por parte de la totalidad de la institución, y que dejan como única opción mentirle al país. ¿Acaso no son ellos representantes del pueblo para dar un debate serio y abierto acerca de la conveniencia de los proyectos para el país? ¿No es una reforma constitucional un asunto suficientemente importante, como para merecer una explicación clara acerca de la razón de un voto –o una abstención? ¿Es válido aceptar vicios de forma en los mecanismos por medio de los cuales se representa el querer del país?

Ahora, deja mucho que desear un proyecto de reforma a la constitución como el de incluir la sostenibilidad fiscal en ella, que da uno de sus primeros pasos con vicios de forma tan grandes como los vistos en el debate de hoy. Recordemos los enormes problemas generados a partir de este tipo de fallos de procedimiento (Yidis, Teodolindo,…), y el lastre tan lamentable que han dejado para el país. No es de sorprender que sea la Corte  Constitucional quien en muchos casos deba tomar una posición más firme sobre las decisiones que toman quienes están en deber de representarnos.

"I need an International Conflict: I have major interests to hide"

A few days ago I wrote about the dispute between Costa Rica and Nicaragua, using the argument that countries with low quality of their democracies have a higher risk of going to a conflict than the one that two democratic societies have to fight among themselves. In these days numerous articles on the subject have been written, and it is argued that Ortega has an interest in awakening the nationalism of his people at a time in which he advances political reforms that will allow him to run for the presidency again in 2011 and eventually remain in power (eg 1, 2). After reading the comments of the forum in the Nicaraguan newspapers, it is clear that the strategy has served its role fully. As I will show later, in Colombia this strategy also has applied effectively.

Nicaragua, the poorest country in the region after Haiti and in a continuous deterioration of its precarious democratic institutions, not only promotes instability in the relations with its southern neighbor, but now involves Mexico, Guatemala, Honduras, Panama and Colombia, in what Ortega has described as an attack against Nicaraguan sovereignty; if anyone thought that "conspiracy theories" were over, here is a clear counterexample.

However, things in Costa Rica are not very different: the new government of Laura Chinchilla is not very popular, so the nationalism aroused by the invasion of Nicaragua offers significant political benefits. Not in vain Dora Maria Tellez, dissident from the Sandinista National Liberation Front, explains: "five soldiers in a swamp is not an invasion, but it is not a friendly gesture or a correct way to solve problems either... in both governments there is an intention to prolong artificially and give a greater level of conflict to the issue because it is being used to polish the images of both, the government policies of Mrs. Laura Chinchilla and those of Ortega's." The unfortunate thing about all this is that the issue of the conflict -real or not- makes forget about the political reforms carried out in Nicaragua and that in case of their continuation will derail the democratic progress achieved in recent decades. Only when this happens the true dimension of the supposed differences between the two countries will be revealed.

An example of this, in another context, is the scandal that came to light this week in Colombia with the statement of Minister of Interior, German Vargas Lleras, according to whom "the previous administration left the pot scraped." Fabio Valencia Cossio, the former Minister, acknowledged the signing of contracts for more than 6 billion dollars in just four days, coincidentally this occurred right before the end of the government of Alvaro Uribe. Similarly, in an investigation of RCN, not precisely one that contradicts Mr. Uribe, it is shown the signing of contracts for 1.7 billion dollars during the last week of the previous government.

But what does all this have to do with the subject of international conflict? Well, while the various ministers of the previous government gave away contracts, committing future resources of the nation and making more difficult the financial situation of the incoming government, Colombians, full of that passion that distinguishes us, were thinking of the imminent possibility of a conflict with "evil" Chavez's Venezuela. That is, the argument of the new evidence about the presence of the FARC in Venezuelan territory just two weeks before the end of government was but a simple strategy to divert the attention of the public away from what really happened. At that time the central article from Semana, a Colombian news magazine, referring to the rupture of relations with neighboring Colombia, asked whether it "Was Necessary?". Well, the answer we have today is that it actually was very necessary to disseminate the idea of a war with Venezuela; it was the only way that the media and the public would be concerned with an unrealistic problem, so the government would be in position, in Vargas Lleras's words, of scraping the pot of state finances.

What the examples from Nicaragua and Costa Rica, Venezuela and Colombia, leave us is the typical manipulation of the people when their rulers have interests "above" those of them: political legitimacy, in the first case- economic benefits, in the second. Commenting on Nicaragua, Colombian newspaper El Espectador in an editorial this week mentioned the phrase of Laureano Gómez (a former conservative President): "Peace, peace on the inside. War, war on the borders" as an incentive for governments with political, economic and social difficulties. We just need to add to this phrase that the chauvinism that characterizes many of our people is, paradoxically, the key for their rulers to abuse them politically, economically and socially. A more cosmopolitan and, thereby, less patriotic attitude, will certainly be a guarantee of greater political control over those in power.

“Necesito un Conflicto Internacional: Tengo Importantes Intereses de por Medio”

En días pasados escribí acerca del diferendo entre Costa Rica y Nicaragua retomando el argumento según el cual los países con una baja calidad de sus democracias presentan un riesgo mayor de ir a un conflicto que el presentan dos sociedades democráticas de enfrentarse entre ellas. En estos días se ha escrito un gran número de artículos sobre el tema en los que se aduce el interés de Ortega de despertar el nacionalismo de su pueblo en un momento en que adelanta reformas políticas que le permitirán aspirar a la presidencia nuevamente en 2011 y eventualmente perpetuarse en el poder (ej. 1, 2). Al leer los comentarios de los foristas en los diarios nicaragüenses es claro que la estrategia ha cumplido su papel a cabalidad. Como mostraré más adelante, en Colombia esta estrategia también se ha sabido aplicar eficazmente.

Nicaragua, el país más pobre de la región después de Haití y en un continuo deterioro de sus precarias instituciones democráticas, no sólo propicia la inestabilidad en las relaciones con su vecino del sur, sino que ahora involucra a México, Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia, en lo que Ortega ha calificado como un atentado contra la soberanía nicaragüense; si alguien creía que las "teorías de conspiraciones" habían terminado, he aquí un claro contraejemplo.

Sin embargo, las cosas en Costa Rica no son muy diferentes: el nuevo gobierno de Laura Chinchilla no goza de gran popularidad, por lo cual el nacionalismo que ha despertado la invasión nicaragüense le ofrece importantes réditos políticos. No en vano Dora María Téllez, disidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, aclara: "cinco soldados dentro de un pantano no es una invasión, pero tampoco es un gesto amigable ni es una manera correcta de resolver los problemas,… en ambos gobiernos hay un intento de prolongar artificialmente y darle un mayor nivel de conflictividad al tema porque esto está sirviendo para pulir las imágenes políticas tanto del gobierno de doña Laura Chinchilla como del presidente Ortega". Lo lamentable de todo esto es que el tema del conflicto -real o no- hace pasar por encima las reformas políticas que se llevan a cabo en Nicaragua y que de continuar darán al traste con los avances democráticos alcanzados en las últimas décadas. Sólo cuando esto ocurra se entenderá la verdadera dimensión de las supuestas diferencias que hoy se ven entre los dos países.

Ejemplo de lo anterior, en otro contexto, es el escándalo que salió a la luz pública esta semana en Colombia con la declaración del Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, según la cual "la administración anterior de ese despacho dejó la olla raspada". Fabio Valencia Cossio, antiguo titular de esta cartera, reconoció la firma de contratos por más de 11 mil millones de pesos en sólo cuatro días; casualmente esto ocurrió justo antes del final del gobierno de Álvaro Uribe. De igual forma, en una investigación del canal RCN, no precisamente un contradictor de Uribe, se muestra la firma de contratos por 3.4 billones de pesos durante la última semana del anterior gobierno.

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de los conflictos internacionales? Pues que mientras las diferentes carteras del anterior gobierno regalaban contratos a diestra y siniestra, comprometían los recursos futuros de la nación y dificultaban la situación financiera del gobierno entrante, los colombianos, llenos de esa pasión que tanto nos caracteriza, pensábamos en la inminente posibilidad de un conflicto con la Venezuela del "malvado" Chávez. Es decir, el argumento de las nuevas pruebas acerca de la presencia de las FARC en territorio venezolano justo dos semanas antes del final del período de gobierno no era sino una simple estrategia para desviar la atención de la opinión pública frente a lo que de verdad ocurría. En ese momento la revista Semana se preguntaba en su artículo central y refiriéndose a la ruptura de relaciones de Colombia con el país vecino, si "¿Era Necesario?". Pues la respuesta que hoy tenemos es que efectivamente sí era muy necesario difundir la idea de una guerra con Venezuela; era la única forma de que los medios y la opinión pública estuvieran preocupados con un asunto irreal a fin de quedar con vía libre para, en palabras de Vargas Lleras, raspar la olla de las finanzas del Estado.

Lo que nos dejan los ejemplos de Nicaragua y Costa Rica, Venezuela y Colombia, es la típica manipulación de la que son víctimas los pueblos cuando sus gobernantes tienen intereses "por encima" de los de sus pueblos: legitimidad política -en el primer caso-, beneficios económicos -en el segundo. Refiriéndose al caso nicaragüense, el diario El Espectador en uno de sus editoriales de esta semana, menciona la frase de Laureano Gómez, "Paz, paz en el interior. Guerra, guerra en las fronteras" como aliciente para gobiernos con dificultades políticas, económicas y sociales. Faltaría por agregarle a esta frase que el chauvinismo que caracteriza a muchos de nuestros pueblos, paradójicamente, es la clave para que sus gobernantes abusen política, económica y socialmente de ellos. Una visión más cosmopolita y, por consiguiente, menos patriotera, será sin duda una garantía de mayor control político sobre quienes tienen el poder.

Los Primeros Cien Días,… de la Oposición

Esta semana el gobierno de Juan Manuel Santos cumple sus primeros cien días y, desde luego, con ello también se cumplen los primeros cien días de la oposición. Y es que sin duda durante estos meses la realidad política de Colombia ha mostrado hechos interesantes; la opinión pública dice estar gratamente sorprendida por las más sonadas políticas del nuevo gobierno y por algunos de los proyectos de ley que éste adelanta; su popularidad ronda por el 90%, y es indiscutible el cambio positivo en las formas frente al lamentable gobierno anterior.

Sin embargo, parece paradójico que uno de los reconocimientos que se le hace al gobierno de Santos frente a su antecesor -el respeto a la oposición- haya servido precisamente para que el papel de una verdadera oposición parezca desaparecer de la escena política. Hace pocos días en una de sus usuales salidas en falso, Antanas Mockus -quien tras su derrota en las elecciones presidenciales dijo que su Partido Verde haría parte de la oposición- afirmó: "Yo hubiera cuidado más la herencia de Uribe que Santos, pero la ironía de la vida es que Santos no está cuidando la herencia de Uribe como los "uribistas" lo suponían". ¿A qué herencia se refiere Mockus, que le preocupa tanto que Santos no haya cuidado? ¿La polarización del país, el ataque permanente a las Cortes, periodistas y oposición, o el riesgo permanente de un conflicto internacional como resultado de los caprichos personales de sus dirigentes? Más allá de esto, ¿es ese el tipo de oposición que Colombia se merece? Claramente no se equivocaban quienes en época de elecciones se referían a Mockus como "el cuarto candidato uribista".

Pero Mockus no es el único a ese lado de la orilla. La bancada del Partido de la U ha hecho explícito su inconformismo por la presencia del Partido Liberal y Cambio Radical en la Unidad Nacional lo cual, aducen, es una afrenta al "legado" de Uribe. Igualmente, en un reciente informe La Silla Vacía muestra la molestia que ha generado Juan Manuel Santos en varios sectores de ultra-derecha; algo impensable en tiempos de su antecesor. Así, ilustra las críticas de personalidades como Fernando Londoño y Enrique Gómez Hurtado al acercamiento entre Santos y Chávez, al igual que contra algunos de los proyectos estrella del gobierno como la Ley de Víctimas y la Ley de Tierras, a causa de su costo financiero. Otras críticas de origen similar son la elección de la terna para Fiscal, su "falta de lealtad" para con Uribe y sus devaneos con proyectos que califican como "de izquierda". Los conservadores, por su parte, están tan cómodos que esta semana propusieron un proyecto de ley para penalizar el aborto incluso en los tres casos en que actualmente se permite. ¡Bienvenidos a la edad media!

¿Y qué pasa al otro lado del espectro político? El acercamiento de Gustavo Petro a Juan Manuel Santos tras la elección de éste como mandatario de los colombianos, la decisión del Polo Democrático de no elegir a Petro como presidente de la colectividad y el inconformismo de éste ante la negativa de su partido, han tenido un efecto significativo sobre el papel de la oposición en este gobierno. A esto se le suman los escándalos desatados a partir del "carrusel de la contratación" que al principio parecía un problema exclusivo de la actual administración de Bogotá, pero del que ya hemos conocido su magnitud nacional, y los papeles de  los  gobiernos de Samuel Moreno -a nivel local- y de Alvaro Uribe -a nivel nacional- en la adjudicación de contratos y favorecimiento a los grupos empresariales responsables del descalabro. Sin duda, el papel de Gustavo Petro en las revelaciones sobre estos temas y sus ataques a Samuel e Iván Moreno, han marcado importantes diferencias al interior del Polo que ya algunos consideran insuperables.

Con la derecha y los Verdes añorando lo que pensaban sería el período de Uribe III, y el Polo dividido por sus pugnas internas, ¿dónde queda la verdadera oposición al gobierno de Juan Manuel Santos? Sería iluso pensar que el gobierno está haciendo las cosas tan bien que  el país simplemente no necesita oposición. Más aún, es claro que aparte de los avances obvios logrados por Santos frente a los anteriores ocho años de oscurantismo político, pareciera que los medios están más ocupados con los escándalos del gobierno anterior que poco a poco salen a la luz pública, que con los desaciertos del gobierno actual. Es claro que un elemento fundamental para el fortalecimiento de una democracia es el papel dinámico, crítico e independiente de la oposición (algo que claramente Uribe nunca entendió). Que el gobierno sea respetuoso de la oposición no es un logro en sí mismo, como se le está concediendo al gobierno de Santos; por el contrario, es una condición mínima para hablar de una democracia que merezca su nombre.

Así, es de destacar el papel casi solitario que algunos Senadores y Representantes del Polo Democrático como Jorge Robledo e Iván Cepeda han jugado al mostrar las fallas del gobierno actual. Sus posiciones en temas trascendentales de la vida del país deben ser entendidas como una señal de que las cosas no son como nos dicen las encuestas de popularidad; esto ya deberíamos haberlo aprendido. Su crítica ha girado en torno a temas como la reforma al modelo educativo según la cual la educación pasa de ser un derecho a ser una mercancía; el énfasis en la minería como "locomotora" del desarrollo en Colombia – con los costos humanos, ambientales y en términos de desarrollo de largo plazo que esto implica; las limitaciones y condicionamientos de la Ley de Víctimas en la versión llevada a la Cámara de Representantes en días pasados; el principio de sostenibilidad fiscal; y las prácticas del Fondo Agropecuario de Garantías –según Robledo, un escándalo mayor que el de Agro Ingreso Seguro.

En un país como Colombia las cosas no son color de rosa, y en lugar de atender a los cantos de sirena del gobierno actual, más vale mantener una posición independiente y crítica frente a la realidad política. Recordemos que la actitud condescendiente frente al gobierno pasado fue aprovechada para llevar a cabo todos los hechos que hoy generan tantos escándalos y que nos hacen reflexionar acerca del régimen que nos gobernó por ocho años. Ilusionarnos con un cambio de imagen y olvidarnos del pasado no es la clave para que estos u otros nuevos hechos oscuros no se repitan. Colombia se merece un buen gobierno; seguro. Pero no puede haber un buen gobierno sin una buena oposición. ¿Será que estamos esperando a que sea la derecha  la que juegue este papel?

Una de las "locomotoras" del gobierno de Santos.

"Democratic Peace" and Central America - Part I

-Immanuel Kant-

In his influential 1795 essay, Perpetual Peace, Immanuel Kant argued that in an international setting, a state that guarantees the principles of freedom, independence and equality is a necessary condition to achieve a true peace - a "perpetual peace". Under these conditions, when citizens are the ones who must weigh the costs of going to war, its difficulties and the fact that they are the ones who must fight it, they will always prefer peace to war. By contrast, in situations where is only a head of state the one who has to make this decision, going to war is much easier, since the ruler does not evaluate each of those consequences in the same way as citizens do. While Kant did not speak of democracies, but instead of constitutional republics -understood as states where the branches of power are separated- his arguments have led to what today is known as the Democratic Peace Theory: two democratic states do not go to war with one another.

The theory has been subjected to various empirical studies over the past decades and has generally left unscathed. Although many democratic states have been involved in various conflicts throughout history, these conflicts are, with a few exceptions, against undemocratic regimes. It is not surprising, then, to see authoritarian regimes fighting one another, (eg. Iran and Iraq during the eighties), or weighing war against democratic societies, not necessarily caused by those (eg. Iraq and the United States in the last two decades.) Following this line of analysis, it is not surprising to see the extent to which un-democratizing societies, increase the likelihood of going to war with others. Take the example of Venezuela and Colombia in recent years: while each of these countries watched their democratic institutions deteriorating, they increased the risk of entering into an armed confrontation.

The situation we see today between Costa Rica and Nicaragua, does not escape from this scenario. Costa Rica has been a country with a democratic history dating back to the last decade of the nineteenth century; no major domestic problems have threatened its political stability and  it has reached the point of considering not to need an army, but instead relying on multilateralism in the case of a possible aggression against its sovereignty. Nicaragua, meanwhile, has been a country with a very limited democratic experience; its process of democratization began in 1979 but still lacks basic political institutions. However, and despite the advances achieved in recent decades, during recent months Nicaragua has faced a series of maneuvers by the elite that governs it and seeks to perpetuate itself in power.

As we have seen, as democracy gives its way the likelihood of international conflict increases. In the latest days we have seen the development of a border dispute about the sovereignty over some parts of the San Juan River, which partially determines the borderline between the two Central American countries. Therefore, what Costa Rica considers an invasion of its territory, is regarded by Nicaragua as part of a plan to dredge the Rio San Juan and thus attract tourism. Similarly, Costa Rica condemns the environmental damage that its northern neighbor has caused and says the operations in the river are an attempt to change its course and, thus, change the border between the two countries, certainly in favor of Nicaragua.

Following the escalation in tension between the two countries -the Nicaraguan army and Costa Rican police troops have been moved to the border- the case has been brought to the Organization of American States (OAS), which has been successful in resolving conflicts between countries in the region. Thus, the OAS requested Managua to withdraw its troops from the border and stop any work that affects the territorial integrity of Costa Rican or its environmental heritage. Nicaragua justifies the presence of the army in this area as part of the war against drugs.

The text was rejected by Nicaragua on the grounds that the OAS has no jurisdiction over these matters and that it is the International Court of Justice (ICJ) the one that must make a decision in this case. It is worth noting that the dispute over the sovereignty of the Rio San Juan dates back to 1858, and last year the ICJ recognized the sovereignty of Nicaragua, but also perpetuated the right of navigation of Costa Rica for a distance of 140km.

The latest party involved in this dispute has been the company Google because, according to the Nicaraguan version, the so-called "invasion" to Costa Rica was due to an error in Google Maps, issue on which the company has remained silent.

The events in this matter are still developing which means that any conclusions drawn from it may be premature. What does call the attention is the reappearance of differences between these two countries and even the likelihood of a conflict, precisely at a time when one of the parties involved performs important political changes that undermine democracy. This type of events and their possible consequences -which hopefully will be avoided- invites to a serious reflection about the support offered to some authoritarian regimes, backed up by majorities who prefer a leader over the institutions of a country -this is not even true in many cases. We will certainly have a chance to see how these events develop.

"La Paz Democrática" y Centroamérica - Parte I

-Immanuel Kant-

En su influyente ensayo de 1795, la Paz Perpetua, Immanuel Kant argumentaba que en un escenario internacional, un Estado que garantice los principios de libertad, independencia e igualdad, es una condición necesaria para alcanzar una verdadera paz - una "paz perpetua". Bajo estas condiciones, y al ser los ciudadanos quienes deben sopesar los costos de ir a una guerra, sus dificultades y el hecho de que sean ellos mismos quienes deban pelearla, éstos siempre preferirán la paz al conflicto. Por el contrario, en situaciones donde es sólo un jefe de Estado quien debe tomar esta decisión -como en los regímenes autoritarios-, ir a la guerra es mucho más fácil ya que éste gobernante no evalúa cada una de las consecuencias anteriores de la misma forma como lo harían sus ciudadanos. Si bien Kant no hablaba de democracias, sino de repúblicas constitucionales -entendidas como Estados donde las ramas del poder están separadas-, sus planteamientos han dado lugar a lo que hoy se conoce como la Teoría de la Paz Democrática: dos Estados democráticos no van a una guerra entre ellos.

El argumento ha sido sometido a diferentes estudios empíricos a lo largo de las últimas décadas y en general ha salido bien librado. A pesar de que múltiples Estados democráticos se han visto involucrados en diferentes conflictos a lo largo de la historia, estos conflictos son, salvo contadas excepciones, en contra de regímenes no democráticos. No es sorprendente, entonces, ver cómo regímenes autoritarios se enfrentan entre sí (por ejemplo Irán e Iraq durante los ochenta) o entran en conflicto con sociedades democráticas -no necesariamente provocados por aquellos (Iraq y los Estados Unidos en las dos últimas décadas). Siguiendo con esta línea de análisis, no sorprende tampoco ver cómo, en la medida en que las sociedades se des-democratizan, se incrementa la probabilidad de que entren en conflicto con otras. Tomemos como ejemplo el caso de Venezuela y Colombia durante los últimos años: mientras cada una de estas sociedades veía cómo sus instituciones democráticas se deterioraban, se incrementaba el riesgo de que entraran en una confrontación armada.

La situación que vemos hoy entre Costa Rica y Nicaragua, no se escapa de este escenario. Costa Rica ha sido un país con un historial democrático que se remonta a la última década del siglo XIX, sin mayores problemas domésticos que amenacen su estabilidad política y ha llegado al punto de no considerar necesario un ejército, sino que confía en el multilateralismo en caso de una posible agresión en contra de su soberanía. Nicaragua, por su parte, ha sido un país con una limitada experiencia democrática, con un proceso de democratización que comienza en 1979 pero que aún carece de instituciones políticas básicas; sin embargo, y a pesar de los alcances logrados en las últimas décadas, en los meses recientes Nicaragua ha enfrentado una serie de maniobras por parte de la elite que lo gobierna, y que busca perpetuarse en el poder.

Como hemos visto, no es sorprendente que en la medida en que la democracia cede terreno, la probabilidad de un conflicto internacional aumente. En los últimos días se ha llevado a cabo una disputa fronteriza acerca de la soberanía sobre algunos tramos del Río San Juan, que determina parte de la frontera entre los dos países centroamericanos. Así, lo que Costa Rica considera una invasión a su territorio, es considerado por Nicaragua como parte de un plan para dragar el Río San Juan y de esta forma atraer turismo. Igualmente, Costa Rica condena el daño ambiental que su vecino del norte ha causado y señala las operaciones en el río como un intento por cambiar su cauce y, así, cambiar la frontera entre los dos países, desde luego a beneficio de Nicaragua.

Tras el escalamiento en la tensión entre los dos países -tropas nicaragüenses y policía costarricense se han movido a la frontera- el caso ya ha sido llevado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que en ocasiones pasadas ha sido exitosa en resolver conflictos entre países de la región. Así, la OEA le solicitó a Managua que retire sus tropas de la frontera y que suspenda cualquier obra que afecte la integridad territorial o el patrimonio ambiental costarricense -Nicaragua justifica la presencia de su ejército en el área como parte de la lucha contra el narcotráfico.

El texto fue rechazado por Nicaragua con el argumento de que la OEA no tiene competencia sobre estos asuntos y que es la Corte Internacional de Justicia (CIJ) quien debe tomar una decisión en este caso. Vale la pena señalar que la disputa por la soberanía del Rio San Juan se remonta a 1858, y que el año pasado, la CIJ le reconoció la soberanía a Nicaragua aunque también perpetuó el derecho de navegación de Costa Rica en un trecho de 140km.

El más reciente vinculado a esta disputa ha sido la compañía Google ya que, de acuerdo a la versión nicaragüense, la llamada "invasión" a Costa Rica se debería a un error en Google Maps, ante lo cual la compañía ha guardado silencio.

Los sucesos en este asunto aún están en desarrollo lo que implica que cualquier conclusión puede ser prematura. Lo que sí llama la atención es la reaparición de diferencias entre estos países con conatos de conflicto precisamente en un momento donde uno de los involucrados lleva a cabo importantes cambios políticos que atentan contra la democracia. Este tipo de sucesos y sus posibles consecuencias -que ojalá se eviten- invita a una seria reflexión acerca del apoyo que reciben regímenes autoritarios respaldados por mayorías que prefieren a un líder por encima de la institucionalidad de un país -esto a veces ni siquiera es cierto. Ya tendremos oportunidad de ver cómo avanzan estos hechos.

Some Thoughts on Referendums and Human Rights in Uruguay

One of the most complex problems for democratic societies is that of learning how to live with their past. This is particularly difficult when that past is full of atrocities including torture, disappearances, cases of sexual abuse, assassinations or any other systematic violations of human rights. During the military dictatorships of the seventies and eighties, the southern cone countries were victims of these facts and are still struggling to settle their accounts with that tortuous past. The latest weeks these weeks, we have seen Uruguay taking up the debate on the Expiry Law that blocks the investigation of members of the police and armed forces for the crimes committed from 1973 to 1985.

During these years, the Uruguayan armed forces -as a part of Operation Condor, led by Chile- took control of the various aspects of the life of the country, which sought to contain the spread of communism in the region. According to these standards, the case of Uruguay is not as dramatic as that of its neighbors, as the most common crimes by the state were "only" torture and unjust imprisonment, instead of massacres and disappearances as in the case of Argentina or Chile, for instance. However, according to some studies, the balance left by the dictatorship was the highest rate of political prisoners in the world, most of whom were tortured, as well as a large number of dead and desaparecidos.

Unlike the case of Argentina, where the military ceded power in a weak position after the defeat in the Falklands war, in Uruguay the power shift to civilian hands was primarily a negotiated agreement between equal partners. As a result, the military was able to impose drastic conditions, including the promulgation of the Expiry Law. This not only sought to equate the Amnesty Law that protected political prisoners, but that also meant a closure with the past, that is, an act of oblivion for the crimes of the dictatorship. Julio Maria Sanguinetti, president from 1985 to 1990 and from 1995 to 2000, believes the Expiry Law was necessary to ensure the consolidation of democracy in Uruguay, a view shared by large sectors of the population.

However, several civil society initiatives supported by international organizations of human rights, promoted a referendum in 1989 on the ratification of the controversial law. At that time the anti-impunity campaign lost the referendum by a vote of 56% to 44%, so it was considered that the crimes committed by state agents during the dictatorship would remain unpunished. Despite this defeat, the organizations of families of the victims of these crimes continued their mobilization. With the coming to power of leftist governments, they manage to call another referendum in 2009 that also failed to achieve the vote required to repeal the law.

The debate that we see these days in Uruguay is about the possibility of repealing the Expiry Act , this time not through a plebiscite, but by Congress. The position taken on this issue will be a major reference point for other countries in similar transitions like the one of Uruguay. However, there are several problems. On the one hand there is the decision of the primary constituent that in two occasions has rejected the repeal of the law; that could be taken as a clear decision of the people to close their accounts with the past. For some legislators, a decision different to this means ignoring the people's opinion and thereby overriding any democratic principle. The opposite argument is the recognition of the crimes committed by state agents during the years of dictatorship and a lawsuit against it by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), which begins hearing on November 15.

It has been emphasized that the search for Truth, Justice and Reparation is a transcendental condition when talking about processes of transition and consolidation of democracy as in processes of transition from a war situation to one of peace. Not only this, the IACHR considers that "...amnesty provisions are unacceptable, as well as provisions on prescription and the establishment of exemptions from liability that prevent the investigation and punishment of those responsible for serious violations of human rights such as torture, extrajudicial, summary or arbitrary execution and forced disappearance, all of them prohibited because they violate non-derogable rights recognized by the International Law of Human Rights "(1).

Given this, an eventual vote in Congress against the Expiry Law does not mean turning over democracy, as it has been made to believe in several media: all the contrary. Not only a true democracy is one that respects minorities -in this case the victims of State crimes and their families- but peace can only be guaranteed when the causes of violence have been clarified, when the truth of what happened has been established,  and when the necessary measures to compensate the victims have been adopted (2). Keeping the Expiry Law prevents that these three components are actually met, and makes it impossible for the victims and their families to make a real closing of accounts with the past. Thus, out of respect for true democracy, as a mechanism to guarantee peace, and as an example to other regimes with similar histories, the rejection of the Expiry Law is a necessary step in Uruguay. No matter if the majority think otherwise.

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Thanks to Mauricio Pérez and Bernardo Vela for their discussions with me on these topics, and for helping me clarify some legal concepts on the topics dealt with in this article. Any mistake or omission is my total responsibility.

(1) Cited in Vela, B. and Duarte, J. (2007) ¿Política de Estado de Paz o Política de Gubernamental de desmovilización? El conflicto armado colombiano y la precaria situación de las víctimas. En: Cátedra Unesco. Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza. El desplazamiento forzado interno en Colombia un desafío a los derechos humanos.

(2) Ibid.

Reflexiones Sobre Referendos y Derechos Humanos en Uruguay

Uno de los problemas más complejos de las sociedades democráticas es aprender a vivir con su pasado. Esto es particularmente difícil cuando ese pasado se encuentra lleno de hechos atroces como torturas, desapariciones forzadas, casos de abuso sexual, asesinatos selectivos o cualquier otro tipo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Los países del cono sur, durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta, fueron víctimas de estos hechos y aún hoy luchan por arreglar sus cuentas con ese pasado tortuoso. Durante estas semanas, Uruguay retoma el debate acerca de la Ley de Caducidad por medio de la cual se bloquea la investigación a miembros de la policía y las fuerzas armadas por los delitos cometidos de 1973 a 1985.

Durante estos años, las fuerzas armadas uruguayas -como parte del Plan Cóndor, liderado por Chile- tomaron control de los diferentes aspectos de la vida del país, con lo cual se buscaba contener el avance del comunismo en varios países de la región. De acuerdo con estos estándares, el caso de Uruguay no es tan dramático como el de sus vecinos, ya que los crímenes más comunes por parte del Estado fueron "sólo" torturas y encarcelamientos injustificados, y no masacres y desapariciones como en los casos de Argentina o Chile, por ejemplo. No obstante, de acuerdo con algunos estudios, el saldo que dejó la dictadura fue la mayor tasa de prisioneros políticos del mundo, la mayoría de los cuales fueron torturados, al igual que un importante número de muertos y desaparecidos.

A diferencia del caso Argentino, donde los militares cedieron el poder en una posición de debilidad tras la derrota en la guerra de las Malvinas, en Uruguay el paso del poder a manos civiles fue principalmente un acuerdo negociado entre partes iguales. Como consecuencia de esto, los militares estuvieron en capacidad de imponer condiciones drásticas para su renuncia al poder, en particular, la promulgación de la Ley de Caducidad. Esta no sólo buscaba equiparar la Ley de Amnistía que cobijaba a los presos políticos, sino que significaba un cierre de cuentas con el pasado; es decir, una ley de olvido por los crímenes de la dictadura. Julio María Sanguinetti, quien preside el país de 1985 a 1990 y de 1995 a 2000, considera que la Ley de Caducidad era necesaria para garantizar la consolidación de la democracia uruguaya, opinión que es compartida por amplios sectores de la población.

No obstante, varias iniciativas de la sociedad civil, respaldadas por organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos, promueven un referendo en 1989 acerca de la ratificación de la controvertida ley. En ese momento la campaña anti-impunidad pierde el referendo por una votación de 56% a 44%, por lo cual se considera que los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura quedarían impunes. A pesar de esta derrota, las organizaciones de familiares de las víctimas de estos crímenes continúan su movilización. Con la llegada al poder de gobiernos de izquierda, logran convocar otro referendo en 2009 que también fracasaría en alcanzar la votación necesaria para la derogación de la ley.

El debate que vemos durante estos días en Uruguay es acerca de la posibilidad de derogar la Ley de Caducidad ya no por medio de un plebiscito, sino por decisión del Congreso. La posición que se tome frente a este tema significará un importante punto de referencia para otros países en procesos de transición similares al uruguayo. Sin embargo, aparecen varios problemas. Por un lado se encuentra la decisión del constituyente primario que en dos ocasiones ha rechazado la derogación de la ley; esto podría tomarse como una clara decisión del pueblo de cerrar sus cuentas con el pasado. Para algunos congresistas, tomar una decisión contraria a esta es ignorar la opinión del pueblo y, de esa manera, pasar por encima cualquier principio democrático. El argumento opuesto radica en el reconocimiento de los crímenes cometidos por agentes del Estado durante los años de la dictadura y una demanda contra el mismo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual se inicia audiencia el próximo 15 de noviembre.

Se ha enfatizado que la búsqueda de la Verdad, Justicia y Reparación es una condición trascendental al hablar de procesos de transición y consolidación de la democracia, al igual que en procesos de transición de una situación de guerra a una de paz. No sólo esto; la CIDH considera que "...son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (1).

Teniendo en cuenta esto, una eventual votación del Congreso en contra de la Ley de Caducidad no significa pasar por encima de la democracia, como se ha hecho creer en varios medios: todo lo contrario. No sólo una verdadera democracia es aquella que respeta a las minorías -en este caso las víctimas de los crímenes de Estado y sus familiares- sino que la paz sólo se garantiza cuando se esclarecen las causas de la violencia, se establece la verdad de lo sucedido y se adoptan las medidas necesarias para reparar a las víctimas (2). Mantener la Ley de Caducidad impide que estos tres componentes realmente se cumplan, e imposibilita a las víctimas y sus familiares hacer un verdadero cierre de cuentas con ese difícil pasado. Así, por respeto a una verdadera democracia, como mecanismo de garantías para la paz y como ejemplo frente a otros regímenes con historiales similares, el rechazo a la Ley de Caducidad es un paso necesario en Uruguay. No importa si las mayorías piensan lo contrario.

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Agradezco la discusión de estos temas con Mauricio Pérez y Bernardo Vela, quienes me esclarecieron algunos conceptos legales sobre los temas aquí tratados. Cualquier error u omisión es mi total responsabilidad.

(1) Citado en Vela, B. y Duarte, J. (2007) ¿Política de Estado de Paz o Política de Gubernamental de desmovilización? El conflicto armado colombiano y la precaria situación de las víctimas. En: Cátedra Unesco. Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza. El desplazamiento forzado interno en Colombia un desafío a los derechos humanos.

(2) Ibid.